Esta vez no



Para analizar la relación entre vivienda y género, nuestro primer intento fue recurrir al análisis de la propiedad de la vivienda según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2008. A pesar de que esperábamos que en este campo también las cifras mostraran una situación desfavorable para las mujeres, nos encontramos con que esta vez no sucedía lo mismo. Por el contrario, la brecha de género en la propiedad de la vivienda es a favor de la mujer. Para completar el panorama hablamos también con Silvana Pissano, arquitecta consultora del PNUD para el Programa de Mejoramiento de Barrios del MVOTMA.

Según la ECH el 15.7% de todas las mujeres de cero a 98 años, son propietarias únicas de sus viviendas frente al 9.3% de los varones mientras que la copropiedad es más o menos similar, 19.1% de las mujeres frente a un 20,8% de los hombres.

La brecha a favor de la mujer se mantiene sin importar la edad ni la raza ni el nivel de ingreso. La razón podría ser que hay más viudas que viudos y la proporción de las personas viudas que son propietarias de su vivienda es mayor que en otros estados civiles. El 60,9% de las personas viudas, el 49,6 % de las divorciadas y el 36,3% de las casadas son propietarias de sus viviendas. Y hay seis viudas para cada viudo.

La otra variable que importa es la edad. Como es de esperar, a mayor edad, mayor porcentaje de propietarios. Y a mayor edad, mayor es la brecha de géneros. Mientras que la brecha entre propietarios menores a 24 años es de 0,2% a favor de la mujer, entre los mayores de 65 años es de 6,9%.

Como también  es esperable, a mayor ingreso per capita de los hogares mayor es la cantidad de propietarios de la vivienda.

La brecha a favor de la mujer se mantiene aunque levemente cuando se analiza la propiedad de bienes de capital que generan renta sin adición de trabajo, por ejemplo las viviendas en alquiler.

Esta realidad se da en el 65,6% de los hogares de los uruguayos ya que este es el porcentaje de propietarios de sus viviendas. Sin embargo, no todas las personas que viven en esos hogares son propietarios del mismo.

¿Cómo incide la perspectiva de género entre los que no son propietarios de su vivienda?, ¿de qué otras formas incide el género en el acceso a soluciones habitacionales? Nos encontramos con que en el MVOTMA existe una Comisión de Género, Vivienda y Hábitat destinada a elaborar políticas con este perfil. “Ya en el 2007 surgió la voluntad del gobierno de institucionalizar los mecanismos de género para visibilizar la problemática de las mujeres en las políticas públicas. Trabajando en el PIAI en la prevención de asentamientos teníamos un programa de alquileres para personas que no tenían garantías. A él llegaban muchas mujeres por violencia doméstica que estaban ancladas en el lugar donde eran victimizadas. Uno de sus problemas era la falta de garantía para alquilar. En ese momento yo estaba como asesora en temas de género. En la Dirección Nacional de Vivienda había compañeras que también veían la necesidad de formar un mecanismo de género desde el Ministerio. Le solicitamos al entonces Ministro Arana una resolución al respecto. Fue muy interesante porque eso nos permitió convocar a todos los departamentos y programas del Ministerio. Se les pidió representantes y empezamos a funcionar” nos cuenta Silvana Pissano.

En colaboración con el MIDES tienen un programa de soluciones habitacionales para mujeres que sufren violencia doméstica. Está destinado a mujeres que están en un proceso de salida de esta situación y cuentan con apoyo psicológico, a través de alguno de los servicios de Inmujeres, Comunas Mujer u otras organizaciones no gubernamentales. No es la primera solución habitacional para la situación de emergencia. Actualmente se está trabajando en un proyecto de refugio como solución transitoria. Estas mujeres son derivadas al equipo técnico del Instituto de la Mujer. En una comisión compuesta por este equipo y técnicos de la Dirección de Vivienda del MVOTMA se resuelven cuáles son las situaciones que ingresan al programa, obteniendo un subsidio para alquilar durante dos años. Luego se evalúa la situación incluyendo las posibilidades de la mujer de hacerse cargo de su alquiler, entonces se decide si renovar o no el subsidio a través del programa del MVOTMA para situaciones críticas. Este programa empezó como un proyecto piloto y con este gobierno se decidió que tuviera carácter nacional. El primer convenio que se firmó con MIDES y que puso operativo el programa, en el 2009 preveía 100 soluciones para Montevideo, Canelones y Salto. En el 2010 se amplió a todo el país.

“Otro programa” nos sigue contando Silvana, “es el de capacitación a la interna del Ministerio en temas de medio ambiente y género. Hemos hecho cursos y elaborado informes con perspectiva de género por ejemplo en temas como la megaminería a cielo abierto y analizado cómo incide desde una perspectiva de género. También estamos vinculados al Sistema de Cuidados que ha sido un reclamo histórico del Movimiento de Mujeres”.
Por otra parte, el 8 de marzo, Graciela Muslera, Ministra de Vivienda, se comprometió a incluir la perspectiva de género en el programa de vivienda de autoconstrucción. El programa la incluye como eje orientador y da algunos lineamientos que la comisión de género está intentando concretar en acciones específicas y aplicadas al programa. Esto también se extendió al programa de relocalizaciones que lleva adelante esta administración y al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.

*Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.6

Plan Juntos

Dar es dar

Cuando el mundo te pregunta

del por qué por qué por qué

por qué da vuelta la rueda

por qué no te detenés

yo te digo que dar es dar

Fito Paez

Ver surgir viviendas en medio del rancherío era algo de lo que queríamos cuando empezamos a militar allá por los años setenta. Es también, muy probablemente, lo que desearon muchos de los que ya no están para verlo. Y si esas viviendas son construidas por los mismos vecinos organizados en torno a una política de Estado que tiene como objetivo no sólo un hábitat digno sino una actitud protagónica en la construcción de los cambios, entonces estamos ante un hecho transformador. Eso es lo que se propone el Plan Juntos.

En 2008, según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente (MVOTMA), había en Uruguay 240.000 personas viviendo en lo que definían como situación de precariedad habitacional. Es esta la razón por la cual al asumir el segundo gobierno del Frente Amplio se decide declarar la situación de emergencia para esta población. Con el propósito de llevar adelante políticas de impacto socio-habitacional se promulgó el decreto 171/010 del 24 de mayo de 2010, que creaba el Plan Nacional de Integración Socio habitacional JUNTOS en el marco de Presidencia y en coordinación con el MOVTMA y el MIDES. Casi un año y medio después, el 19 de octubre, se votó la Ley Nro. 18.829 que completó el marco legal.

JUNTOS funciona en un local de la Rambla 25 de agosto de 1825 y Guaraní. Un edificio de cuatro pisos del que sólo se utilizan dos. Espacios austeros, algunos escritorios, el equipamiento mínimo y personal comprometido con los objetivos del plan caracterizan esos espacios.

La Comisión Directiva está integrada por los arquitectos Ricardo Muttoni, y Carlos Acuña y la asistente social Delia Soria quienes trabajan en coordinación con el Gabinete Social y el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales del Poder Ejecutivo.

 Juntos pero no solos

 La coordinación es uno de los pilares del plan. Algo que definió estructuralmente el programa fue la percepción de que era necesario mejorar la llegada de las políticas sociales al territorio y su articulación. JUNTOS se propone que las políticas de estado estén integradas a la vida diaria de la gente. Para lograrlo consideran necesaria “la coordinación interinstitucional pública de todos los organismos competentes tanto del gobierno central, departamental, municipal como los entes autónomos y las empresas y servicios descentralizados”.

El Gabinete Social ha conformado Mesas Interinstitucionales presididas por el MIDES en las que participa JUNTOS. El Plan interviene por demanda de las instituciones, por demanda de la población o por decisión propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística que brindan un mapa de la pobreza en el Uruguay.

 Los vecinos como protagonistas

 Lo que llaman “población participante” surge de los hogares que viven en condiciones de indigencia y precariedad habitacional. Con la vivienda como eje, el plan se propone disparar la red existente de políticas públicas y privadas. El objetivo es desencadenar un proceso de apropiación y producción social del hábitat sin fines de lucro y con el propósito de construir ciudadanía. Consideran que el “papel protagónico es el de los vecinos involucrados en este proceso”. La población con la que trabajan es la que no tiene acceso a créditos ni tampoco acceso a otra línea de políticas de vivienda. La idea es la cogestión con la población. Entre todos se decide cuánto da el Estado y cuánto se comprometen ellos. JUNTOS se propone la organización de cada barrio por sus propios habitantes. Recogen la experiencia de los viejos conceptos de vivienda social  que servían para que ganaran las empresas con la triste consecuencia de que como no había un proceso de apropiación de la vivienda muchas veces sus beneficiarios las vendían y volvían a su viejo barrio.

La intervención social en el territorio comienza con una convocatoria a una asamblea general de vecinos. Al principio suelen ser reticentes y predomina la desconfianza, pero luego, poco a poco se integran. En las asambleas se proponen las obras a realizar. También se hacen asambleas de cuadra y en ellas se elige entre los vecinos referentes o delegados para integrar una comisión de obra de todo el barrio. Allí también participa JUNTOS. Es en esta instancia donde se decide por ejemplo, quiénes serán los vecinos que ocuparan las primeras casas dependiendo de las necesidades de cada uno. La idea es llegar a los más carenciados favoreciendo la autoconstrucción. Se tienen en cuenta no sólo la vulnerabilidad en el tema vivienda sino también la desafiliación social. La intervención en el territorio incluye los aspectos materiales de la vivienda pero no se limita a ellos, supone la participación de todas las políticas sociales. Esta perspectiva es un aporte en materia de trabajo social en el territorio y constituye una de las fortalezas del plan. Se proponen ir al encuentro de las necesidades de la gente, creen en la capacidad y los recursos de las personas para resolver sus problemas, aspiran a favorecer los procesos colectivos y las condiciones organizacionales, procuran un proceso de integración social que deconstruya la fragmentación social con la gente como principal actor en vez del Estado.

Entienden que la gran mayoría de los sectores que viven en condiciones de precariedad saben lo que es el esfuerzo y pueden buscar o construir estrategias de sobrevivencia. En el trabajo colectivo los vecinos se apropian de nuevos saberes que les permiten capacitarse y adquirir nuevas destrezas útiles para acceder al mercado de trabajo o resolver otros de sus problemas.

 Aquella vieja solidaridad

 Otro de los pilares del plan es “la solidaridad de la sociedad toda” que entre otras formas deberá expresarse en el voluntariado. Para que haya brigadas de voluntarios fue necesaria la Ley de Voluntariado que creó una forma de contrato específica.

En cuanto a solidaridad, Pepe Mujica dio el primer paso donando una retroexcavadora y el 70% de su sueldo. A él le siguieron otros. Actualmente el Plan tiene una lista de proveedores. Recién hace dos meses que están pudiendo disponer de los 105 millones anuales de pesos que les fue adjudicado por el Presupuesto Nacional. Hasta ahora contaban con  donaciones que se pueden realizar a través de las cuentas que se encuentran en la página web de JUNTOS. Distintos aportes se realizan en coordinación con otros organismos del Estado, por ejemplo el hierro producto de la fundición de armas del Ministerio del Interior se dedica al Plan Juntos. Algunos organismos del Estado como ANCAP dan el portland sin costo, ciertas empresas donan algunos productos o les hacen precio especial. En convenio con el Ministerio del Interior y el Patronato de Cárceles, los presos fabrican bloques. Aunque en cada uno de los barrios, los vecinos organizan su propia fábrica de bloques.

La edificación de casas supone también un proceso de urbanización que permita resolver el hacinamiento, por eso algunas familias pueden construir sus casas en el mismo lugar donde viven y otras deben trasladarse. En principio se intenta que los traslados sean en el mismo barrio aunque no siempre hay disponibilidad de terrenos en el lugar.  Son los vecinos en sus asambleas de cuadra los que deciden quién se queda y quién se reubica. La construcción de calles se realiza en convenio con el MTOP. JUNTOS pone la asistencia técnica y el material, la mano de obra la ponen los vecinos. El diseño del plan es participativo por lo que el que no participa no accede a la nueva casa.

 Y en resumen qué

 A sólo un año y medio de funcionar hay varios proyectos en marcha. Al barrio 1⁰ de Mayo de Casavalle, JUNTOS fue convocado para reconstruir un salón comunal que se incendió. Actualmente en él está en marcha un programa que abarca a 180 familias del que ya se han construido 60 viviendas entre las calles Matilde Pacheco, Capitán Tula, San Martín y Camino Mendoza.

Una segunda intervención tuvo lugar a solicitud del CCZ17 en un asentamiento en la ex fábrica COLAGEL. Esas familias tuvieron que ser trasladadas a Cerro Norte porque la zona que ocupaban estaba prevista para el plan de movilidad urbana. Al principio no querían trasladarse. Actualmente hay catorce viviendas construidas, seis de ellas ya están ocupadas y hay otras en construcción.  Otras intervenciones están teniendo lugar en Nuevo París, en Verdisol y en Luis Batlle Berres y la Ruta 5. Esta última se realiza en convenio con el Ministerio de Defensa Nacional en terrenos que antes eran del Ministerio de Ganadería. JUNTOS paga el combustible y una compensación a los soldados del Batallón de Ingenieros. Una de las preocupaciones es mixturar la población, no crear guetos de pobres. Por eso en este caso de 426 viviendas, 50 serán para la tropa, 200 para el Plan Juntos y el resto para 5 cooperativas de FUCVAM. El ejército también participa en el proceso de urbanización. En el mismo lugar y en coordinación con el Hogar Bonne Garde, hay otras catorce viviendas planificadas, siete son para la tropa y siete para el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU) destinado a mujeres con hijos.

En el Municipio F se está trabajando con 105  familias del asentamiento Las cabañitas situado en Flor de Maroñas próximo a las calles Pantaleón Pérez y E.Ravignani. En este caso el realojo de veinte familias es obligatorio y se realizará en tierras de la IM próximas al barrio y en acuerdo con los vecinos.

En COVISOCIAL, en la zona de La Cruz  sobre Joaquín de la Sagra y Monzón, hay unas 36 familias que se organizaron en forma de cooperativa en el año 2003  El terreno actual en que están asentados da para catorce casas y se consiguió otro predio para realojar al resto.

En los terrenos del Hospital Saint Bois, ASSE donó un predio para realojar al asentamiento de Torre 8. Es necesario urbanizar seis hectáreas y media al estilo de lo que se hizo en Batlle Berres. Actualmente está trabajando el ejército para acondicionar el terreno.

Otros proyectos se realizan en convenio con la Universidad de la República y el último al que están abocados es en torno a la Policlínica Municipal de Casavalle en coordinación con la División de Salud de la IM. A través del Plan Aduana que da seguimiento a los recién nacidos hasta los tres años, la pediatra, la enfermera y el asistente social de la policlínica diagnostican los hogares en situación de extrema precariedad. A estos hogares llegan luego los técnicos en saneamiento de la IM y los técnicos de JUNTOS para encarar con los vecinos su situación habitacional.

En cuanto al interior, en Canelones por ejemplo, están en Barros Blancos, en Toledo, en las proximidades de la Estación Melgarejo, en Villa Ilusión cerca de Las Piedras y tienen también un equipo volante que atiende situaciones extremas. En Tacuarembó, a través de la Mesa Interinstitucional se trabaja en el Barrio Godoy. Se actúa en casos de emergencia individual, por ejemplo en Salto se está construyendo una casa para una niña trasplantada de Colonia Garibaldi.

En Artigas, en el Barrio Cala en un predio de AFE, 34 familias ocupan alrededor de la vía. Actualmente ya hay 18 viviendas techadas realizadas en coordinación con la Intendencia de Artigas.

Aunque haya sido controversial, todo parecería indicar que un acierto del plan habría sido arrancar a pesar de los pocos recursos. A la razón y al corazón habrá que darle una mano para poder redoblar la apuesta.

*Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.6