Entre tribus urbanas y derechos universales

10Por Adriana Cabrera Esteve

Hace unos meses, en medio de la campaña electoral departamental (LA REPÚBLICA 5/5/2015), escribí un artículo, La movilidad urbana y el derecho a la ciudad, en el que hablaba del derecho de los que eligen la bicicleta como medio de transporte y también de los que, potencialmente, podrían elegirlo. En ese entonces parafrasee a David Harvey quien considera, se trata del derecho de cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad.

El énfasis, entonces, radicaba en las motivaciones por las que cualquier mortal se sube a una bicicleta: para realizar ejercicio, para trasladarse y usar aquel escaso tiempo entre una obligación y otra en una actividad que le permita al mismo tiempo bajar el colesterol, obtener una mejor condición cardiovascular, incrementar su calidad de vida, eliminar el estrés, combatir la depresión segregando endorfinas, o sencillamente, mejorar los tiempos en desplazarse de un lugar a otro ya que está probado, son menores que los del transporte público y el automóvil particular.

Sin embargo, visto así, algunos podrían preguntarse por qué todos deben adaptarse a las exigencias de una minoría de ciclistas que como dicen por ahí, ni siquiera usan las escasísimas ciclovías y bicisendas existentes.

Por eso, en este artículo me gustaría no hablar sobre el derecho de los gobernados, ni sobre la solidaridad que debiera emerger de sus conciudadanos, ni sobre la obligación de dar respuesta a sus demandas por parte de los gobernantes, todas cosas que defiendo, sino de las obligaciones de estos últimos en sí. Ya que no es por tener en cuenta los derechos de una minoría que el tema de la movilidad ingresa en el campo de los derechos. Muy por el contrario, es por el derecho de las mayorías.

Algunas razones inherentes al mismo tránsito. Su enlentecimiento producto del aumento del parque automotor o la accidentabilidad. Otras, vinculados a la democratización del espacio público. Pero el más importante, a mi entender, es la sustentabilidad ambiental.

Todos aprendimos, los más jóvenes en el liceo, los más viejos en los diarios o en revistas científicas lo que supone el llamado efecto invernadero y su consecuente aumento de la temperatura de la atmósfera por la concentración de gases, muy especialmente el dióxido de carbono,que conforma una gruesa capa atrapando el calor del sol.

También todos sabemos sus consecuencias devastadoras, y si no, lo hemos oído o visto por televisión: inundaciones, nuevas plagas, picos nevados que ya no son tal, derretimiento de los glaciares, o sin ir muy lejos, los muy recientes incendios de más de miles de hectáreas luego de cuatro años de sequía en California.Y es que en los últimos cien años, la temperatura del planeta aumentó 0,8 °C, algo que no había sucedido antes en esa proporción. Esas, aparentemente pequeñas diferencias en la temperatura atmosférica, son una de las principales causas del cambio climático.

Las principales fuentes de emisión de CO2 son la actividad pecuaria y el suministro de energía a la industria y el transporte. El Frente Amplio ha impulsado un cambio en la matriz energética a favor de energías renovables como la eólica, la biomasa, o la solar o fotovoltaica. Y según el informe 2015 de Naciones Unidas se está muy cerca de cumplir la meta de llegar a un 50% de energía renovable para este año.

Sin embargo, y así también lo señala el informe “casi todo el consumo de energía del sector transporte está basado en combustibles fósiles, lo que se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero, agotamiento de recursos no renovables y otras emisiones contaminantes” por lo que nos sugiere “considerar medidas de eficiencia energética, así como priorizar formas de movilidad que generen menos emisiones y al mismo tiempo garanticen la igualdad de oportunidades para el conjunto de la población en sus desplazamientos”.

El informe también nos alerta sobre los costos que tendría el cambio climático en curso en nuestro país.

Para “priorizar formas de movilidad que generen menos emisiones” es necesario políticas públicas destinadas a tal fin. En ese sentido, la IV Agenda Ambiental de Montevideo 2013-2019 incluye impulsar una movilidad ambientalmente saludable. Para lo que se plantea “promover hábitos de movilidad sustentable (transporte colectivo, caminata y bicicleta) que minimicen el uso ineficiente del automóvil”, “fomentar el transporte activo con infraestructura adecuada y el Sistema de Bicicleta Pública”, “desarrollar campañas tendientes a fomentar el uso del transporte colectivo sobre el transporte privado”, “crear un sistema de bicicleta pública a escala barrial”, “promover actividades cotidianas que impliquen una movilidad a nivel local, generalizando la importancia de la actividad física y la concientización en el ahorro energético” y la “implementación de un sistema de control de emisiones vehiculares”.

En estos momentos, en que nos abocamos a elaborar los presupuestos nacionales, departamentales y municipales, vale tener en cuenta esta visión a largo plazo de la movilidad urbana y el medio ambiente y, lejos de visualizarnos como diferentes tribus urbanas, asumir una mirada universal y en forma conjunta defender la calidad de vida del único planeta que tenemos.

¡Sí, podemos!

4Por Adriana Cabrera Esteve*

Estas elecciones internas presentan un elemento nuevo en la realidad nacional: la mayor jerarquía de la cuestión de género. En primer lugar, porque una mujer es precandidata a la Presidencia de la República. En segundo lugar, porque se aplicará, por fin, la Ley 18.476 o Ley de Cuotas. En su segundo artículo, la Ley establece que tanto para elegir las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos como en las listas de candidatos para las elecciones nacionales y departamentales, las Juntas Departamentales, las Juntas Locales Autónomas, las Juntas Electorales y las Intendencias, se deberá incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes, por lo menos en los primeros quince lugares. Pero, en el artículo quinto, aclara que esta disposición sólo regirá para las elecciones nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente. Luego, la experiencia deberá ser evaluada. La Ley también llamada Ley de Ternas o de Participación Política Femenina, fue promulgada en 2009 luego de tres laboriosos años. Y hasta aquí lo que se logró.

Con sus carencias supone, sin duda, un cambio en calidad de la democracia uruguaya y un desafío para quienes han levantado la bandera de la equidad de género en el escenario político. Es también una prueba para todas aquellas que tengan la oportunidad de ocupar esos lugares ya que lo que hagan será mirado con lupa y no faltará quienes las exhorten a renunciar para ceder su lugar a un hombre. Lo fermental de este período sólo puede evaluarse si miramos la situación de la que venimos y en la que aún estamos.

El sufragio femenino en Uruguay fue aprobado recién en 1932 y se hizo efectivo en 1938. La primera mujer ministra, por un corto período, fue Alba Roballo, por el Partido Colorado, en 1968. En el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo la mayor cantidad de mujeres Secretarias de Estado llegando a haber cinco en algún momento del período.  En el segundo gobierno del FA supo haber una en trece (actualmente hay dos). Sólo para tener en cuenta, en Suecia, la presencia femenina en el Gabinete Ministerial es del 52%.

En lo que refiere a la presencia femenina en el Parlamento, esta ha ido, felizmente, en aumento, aunque nada que entusiasme demasiado. De un 4.6% en 1989 pasamos en 2009 a un 13%, año en el que fueron electas cuatro senadoras y quince diputadas. Y entre tanto, durante el primer gobierno frenteamplista, tuvieron que digerir el veto presidencial a una demanda histórica del movimiento de mujeres como fue el artículo que legalizaba el aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Algo que tuvo que subsanarse en la segunda legislatura frenteamplista.

En lo departamental, en 2010 se dio un gran salto al ser electas tres mujeres como Intendentas. Y en las Juntas Departamentales, el porcentaje pasó de un 15.3% en 2005 a un 17.1% en 2010.

La creación del tercer nivel de gobierno abrió nuevas posibilidades a la participación de mujeres en instancias de gestión de la cosa pública. Cada Municipio con un mínimo de cinco mil habitantes tiene un gobierno municipal formado por cinco concejales de los cuales el más votado es el alcalde o alcaldesa y preside el concejo. De 89 municipios, 23 están encabezados por mujeres.

A nivel internacional, América Latina tiene actualmente, tres presidentas mujeres. Según el informe 2013 del Foro Económico Mundial la participación política de las mujeres ha mejorado en los últimos años sustantivamente, Nicaragua, por ejemplo, ocupa el quinto lugar mundial luego de los países nórdicos. Pero Uruguay se encuentra entre los peores de Latinoamérica junto a Paraguay, Honduras, Perú y República Dominicana.

Históricamente, la división del trabajo ha destinado las mujeres al espacio privado y los hombres al ámbito público. A lo largo de los siglos, los saberes y destrezas de ellas se han desarrollado en la esfera del hogar y cuando salieron al mercado de trabajo lo hicieron mayoritariamente en el área de los servicios. Hospitales y escuelas están llenos de personal femenino. Mientras tanto, los hombres adquirían saberes y destrezas en el espacio público. La política ha sido un espacio de poder masculino por excelencia y los liderazgos tanto de partidos políticos, organizaciones sociales o incluso en el ámbito empresarial han recaído mayoritariamente sobre hombres. La toma de decisiones sobre el conjunto de la sociedad, también el 52% femenino, ha estado en sus manos. Por eso fue necesaria una norma que diera un giro contundente a la postergación de género. Postergación que trajo consigo la invisibilidad de lo que le ocurre a gran parte de la población, no sólo las mujeres si no también los que estaban a su cargo, niños, niñas, adultos y adultas mayores, discapacitados y discapacitadas. Por ejemplo, datos recientes de la II Encuesta de Salud Adolecente indican que en nuestro país 8,6 % de las niñas y muchachas de 13 a 16 años han sufrido agresiones sexuales y también 4,8 % de los varones de la misma edad. ¿Era esto relevante antes? No. ¿Se denunciaba? Tampoco.

La desnaturalización de la violencia doméstica, de la trata de niños y niñas, de las condiciones del trabajo doméstico no remunerado, de la discriminación por etnias u orientación sexual son algunos de los avances que han acompañado la incorporación de la mujer a la política nacional. Pero además, a la política uruguaya le ha hecho falta la mirada femenina también para los problemas que atañen a la población masculina y los grandes temas de la sociedad.

Tendremos que recuperar el tiempo perdido. Comienza un quinquenio en el que habrá que hacer la diferencia, dejar nuestra marca en la historia. Para eso, es necesario que aprendamos a hacer política también entre nosotras y con otras. Construir cada una su espacio. Cambiar las relaciones de competencia que nos impone el sistema por relaciones de solidaridad. Necesitamos destinar toda nuestra energía a lo mucho que hay para hacer.

*Editorial de Cuadernos de Compañero Nro.15