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Modelo para armar

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Por Adriana Cabrera Esteve5

La propuesta de la Unidad de Derechos Humanos, Participación y Compromiso de la Comisión de Programa del FA ratifica la histórica obligación de nuestra fuerza política con la reparación integral de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el pasado reciente, entiéndase por tal: la memoria, la verdad y la justicia. Reafirma el carácter universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos abordando en forma integral nuestra responsabilidad para con ellos. Y plantea la reforma del Poder Judicial. Por el rol fundamental del sistema judicial en la protección de las libertades y los derechos de la ciudadanía esta propuesta resulta central a la hora de pensar no sólo los derechos humanos sino también la calidad del estado que queremos en términos democráticos y también funcionales.

 Varias razones hacen imperiosa esta reforma. Por un lado la situación en materia de seguridad pública. Permanentemente se piensa la falta de represión policial como factor unicausal de la inseguridad. Sin embargo, varios datos de la realidad demuestran que es un tema polémico  y plagado de contradicciones. Mientras la derecha reclama más represión o la baja de la edad de imputabilidad, la izquierda históricamente ha apostado a las políticas sociales. No por eso, el gobierno frenteamplista ha sido ingenuo. Nunca  como durante el gobierno frenteamplista se ha perseguido tanto a los grande narcotraficantes y a los delincuentes de guante blanco. Tampoco la fuerza política lo ha sido. Durante 2012, a instancias del Presidente Mujica, la Estrategia por la Vida y la Convivencia fue fruto de una discusión generalizada intentando remover patrones culturales de larga data como la violencia doméstica, responsable del 2,9% de las muertes violentas; o los suicidios, culpables del 43,4%, o los accidentes de tránsito que suponen, nada más ni nada menos, que el 36.7% de las muertes violentas en nuestro país.

 El cuello de botella

 En comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más bajas, 6.1 cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países del continente como Venezuela encontramos tasas de 57 cada 100.000 o en Colombia, 20 cada 100.000. Sin embargo la percepción de la ciudadanía, crónica roja de por medio, no incorpora esos datos  y la sensación de inseguridad llega a amplios sectores de la población   presionando sobre los jerarcas del Ministerio del Interior. Tampoco incorpora que el homicidio es el delito con menor brecha de procesamiento. Es decir que la gran mayoría son encarcelados. El problema es que, sin importar la causa,  la gran mayoría de los presos no tienen sentencia. Sólo el 37% de los privados de libertad son penados. Este dato de la realidad, no sólo cuestiona la eficiencia del Poder Judicial, también deja en evidencia la desprotección del 63% de los encarcelados que podrían, eventualmente, ser considerados inocentes al finalizar el juicio. Mientras tanto, el tiempo de prisión no es inofensivo. El 59% de reincidentes contabilizados en 2012 nos dan la idea de que para muchos, la cárcel resulta ser una “escuela del crimen” en vez de un lugar de rehabilitación. Al mismo tiempo, mientras que hay 7.664 plazas en las cárceles, hay 9.413 presos. A 1.749 presos, también se les están violando sus derechos porque estar privado de libertad no quiere decir estar hacinado. La lentitud en los plazos judiciales es extensiva a la justicia no penal, por ejemplo a los juicios laborales.

Evitaría el hacinamiento, un Poder Judicial más eficaz que resolviera ágilmente las causas judiciales y que usara penas alternativas.

La impunidad

Otro ejemplo de ineficiencia judicial la encontramos en los juicios vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de estado. El Observatorio Luz Ibarburu creado recientemente contabilizó 215 causas por violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría presentadas entre 2011 y 2012 pero también un número importante datan de la salida a la dictadura. La información que brinda sobre las causas no es nada menor. Las principales son la tortura, el asesinato, la privación de libertad y la desaparición forzada. Todos delitos graves. Sin embargo, de todas ellas 169 (78%) se encuentran en etapa de presumario, 32% fueron archivadas, 15% están en etapa de sumario, y sólo un 1% ha tenido sentencia. Mientras tanto, el tiempo pasa y garantiza a los responsables de crímenes de lesa humanidad, su impunidad.

Mirándola de adentro

Paralelamente, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) viene denunciando la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial y en la formación de los magistrados. Repetidamente ha manifestado su preocupación ante distintos ámbitos del gobierno. Reclaman la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura dando garantías en el ingreso, ascenso y calidad técnica de los magistrados. Como forma de lograrlo exigen sustituir la antigüedad por el concurso. También piden una política de descentralización en concordancia con otras áreas del Estado. En ese sentido proponen la reinstalación de la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo y la creación de Tribunales de Apelaciones en las regiones alejadas del interior del país, muy en particular en el norte. Además, han expresado su preocupación por la superintendencia administrativa que ejerce la SCJ que aunque delega funciones en la Dirección Nacional y en las Divisiones, modifica sus decisiones, con un resultado de marchas y contramarchas que tienen como consecuencia la inercia de los mandos medios.

Todos los caminos conducen a Roma

 Cabe señalar que, recientemente, ante la decisión de la SCJ, sin fundamento, de trasladar a la Jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió un comunicado sobre la administración de justicia y los derechos humanos en el que aconsejaba actualizar al sistema judicial acorde a los instrumentos internacionales de manera de convertirse en un verdadero garante del estado de derecho. En ese sentido aconsejaba la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la sanción de un nuevo Código del Proceso Penal actualmente en trámite en el Parlamento.

La INDDHH tiene entre sus funciones la de “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales” y es en base a esta potestad que realiza sus propuestas.

 La propuesta  

Asegurando la garantía de independencia al Poder Judicial en tanto poder del estado, parece imprescindible encarar una serie de cambios en el sentido de dotarlo de transparencia y a su vez de solvencia. En ese sentido la propuesta programática debería considerar la creación de un Consejo Superior de la Magistratura que asuma las funciones administrativas y asegure la carrera judicial incluyendo la convocatoria a los magistrados, su selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados, régimen disciplinario y especialización técnica; y un Tribunal Constitucional que atienda los temas relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ambas medidas requieren reformas constitucionales. De esta forma se liberaría a la SCJ de la superposición de funciones, principal factor de ineficiencia, permitiéndole concentrarse en la tarea jurisdiccional. Además se propone la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura de forma de que se establezca un sistema transparente de ingresos, ascensos y movilidad de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Otra propuesta es la reforma del Ministerio Público y Fiscal con la idea de garantizar a los magistrados fiscales su carrera profesional, tanto en la convocatoria como en la selección, capacitación, especialización, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario.

Por último, la formación en derechos humanos es una preocupación del programa de gobierno propuesto tanto para los funcionarios del sistema judicial como para otros actores de la sociedad para lo que se propone un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.13

Errando el bizcochazo

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Por Adriana Cabrera Esteve

Llamadas 2012

La eficiencia y la eficacia del gobierno en materia de seguridad es uno de los principales caballitos de batalla de la derecha fielmente seguida por algunos de los medios de prensa privados. Cada hecho delictivo, especialmente si es muy truculento, suscita comentarios malevolentes de todo tipo y color  contra toda la administración frenteamplista. No porque sí, ya en 2011, una medición de opinión pública realizada por Equipos Mori, mostraba a la inseguridad como la preocupación más importante de la población.

Ahora bien, si el Ministerio del Interior fuera ineficaz en materia de represión al delito, no habría 9.413 personas privadas de libertad. En el 2000, había 4.369. En una década la población carcelaria se duplicó. Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, hay 2.409 presos más. Tenemos una de las tasas más altas de presos por habitante y a pesar de las cárceles construidas, los presos superan en 1.749 las plazas disponibles. El hacinamiento sigue siendo un hecho a superar y el uso de penas alternativas a la prisión sigue siendo también un enorme debe del Poder Judicial.

El debate en torno a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, impulsada por el gobierno a partir de mediados del año pasado, sirvió para deconstruir algunos de los mitos en torno al tema de la seguridad. Por ejemplo, salió a luz que las principales causas de muertes violentas en nuestro país no eran los delitos sino los suicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y la violencia doméstica. Todos problemas a resolver lejos del ámbito del Ministerio del Interior y muy cerca de nuestros patrones culturales.

El Reporte Social 2013, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas vuelve a darnos información relevante. Para empezar, confirma algo que desde la izquierda se ha repetido hasta el hartazgo y es que los gobiernos frenteamplistas han tenido que lidiar con la inseguridad gestada en las políticas económicas blanquicoloradas. Un estudio de la población carcelaria nos dice que en 2004, inmediatamente después de la mayor crisis económica de las últimas décadas, el 58% de los presos eran primarios. O sea incubados en la desocupación, la pobreza y la marginación que asoló a nuestra población. Expulsados de la sociedad por las políticas del último gobierno del Partido Colorado. En 2012, casi la misma cantidad (59%) son reincidentes, son los que no han podido salir del entramado de criminalidad tejido en ese período y que atraviesa nuestra sociedad, desde los que con cuello blanco se dedican al lavado de dinero hasta los que le venden “lágrimas” o “chasquis” de pasta base en cualquier “boca” del barrio a nuestros jóvenes.

Otro dato interesante está vinculado a sus probabilidades de salir de ese entramado de violencia. Según el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que tiene como objetivo la readaptación e inclusión de los detenidos brindando asesoramiento jurídico y psicológico, capacitación e inserción laboral, apoyo en gestión de trámites, entre otras cosas; de los pocos presos que ingresan al programa, el 79% no reinciden. O sea que con programas de inclusión adecuados la reincidencia también es atacable.

Pero el dato que resulta más inquietante y que obliga a llevar la mira a otra dirección cuando hablamos de represión al delito (porque está claro que la inseguridad no es sólo un problema de represión sino de prevención), es que de las personas privadas de libertad están penadas sólo el 35,3%, el resto están detenidos en forma preventiva a la espera de que la justicia decida sobre su culpabilidad. Un problema endémico, por cierto. En el 2004, los hermanos Peirano Basso se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a ser juzgados, visto el tiempo que habían permanecido en prisión sin condena. Así que esta película ya la vimos y nos habla del grado de eficiencia y eficacia del sistema judicial al que de una vez por todas hay que hincarle el diente. Una Suprema Corte de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, que además de “juzgar a todos los infractores de la Constitución” debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, además de elaborar presupuestos, nombrar Jueces, nombrar Defensores de Oficio, Jueces de Paz y “nombrar, promover y destituir por sí” a los demás empleados del Poder Judicial, entre otras cosas, no puede ser otra cosa que ineficiente. Pensar la estructura del sistema judicial en clave de justicia, dotarla de agilidad y tratar de resolver ese cuello de botella conformado por la superposición de funciones parece ser una de las necesidades de la próxima etapa. Crear un Tribunal que se encargue de la administración de Justicia y un Consejo que sea responsable de la administración es una de las propuestas. El próximo programa del Frente Amplio deberá contemplarlo.

(El entrecomillado pertenece a la Constitución de la República)

Publicado en La República el 6/9/2013

Una vez más, ser joven no es delito

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El viernes 8 de setiembre tuvo lugar una nueva carrera bajo la consigna SER JOVEN NO ES DELITO. Miles de jóvenes provenientes de todo el país y de diferentes barrios de Montevideo se agolparon en 18 de julio. Esta vez, fueron 21.000 los inscritos en el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). Año tras años son más. Como son más los que se dan cuenta que la estigmatización que sufren los jóvenes no tiene lugar en una sociedad democrática y humanista. Al fin y al cabo, ¿para qué estamos si no es para dejar un mejor planeta y una mejor sociedad para las nuevas generaciones? ¡Tratémoslos a ellos mucho mejor de lo que nos trataron a nosotros!  Simplemente de eso se trata.

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A 40 años del golpe de estado ¡Nunca más!

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Participación como panelista en las jornadas organizadas por la Universidad de la República, el PIT-CNT y el Instituto Cuesta-Duarte con motivo de los 40 años del golpe de estado en la mesa redonda sobre memorias políticas y políticas de memoria, coordinada por Diego Sempol e Isabel Wschebor. Estuvieron en la mesa también Aldo Marchesi, Carla Larrobla y Elbio Ferrario

La memoria como reparación

Pensamos la memoria como la capacidad de conservar determinadas informaciones, con ellas definimos nuestra identidad, decidimos nuestro presente, planificamos nuestro futuro e interactuamos con nuestro entorno.

1. La memoria desde el sujeto

En primer lugar creo que la memoria es inestable, maleable, frágil, es subjetiva y se reconstruye día a día.

Voy a poner dos ejemplos personales. A los pocos días del secuestro de mi padre, Ary Cabrera Prates. León Duarte, hoy también desaparecido, se acercó a contarme lo que habían podido averiguar sobre su detención. Me contó que los militares habían cercado su casa. Que había habido un tiroteo de varias horas, que mi padre estaba sólo y que finalmente lo habían sacado a rastras del lugar. Ese último tramo del relato fue borrado inmediatamente de mi memoria. Si lo habían sacado a rastras significaba que estaba herido y que por lo tanto tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Muchos meses después, en un encuentro con Enrique Rodríguez Larreta, él volvió a contarme lo mismo. Al principio fue como si lo oyera por primera vez. Recién al rato pude juntar los dos recuerdos. En ese entonces yo tenía 21 años. Luego he vuelto a escuchar el mismo relato en boca de mis familiares y hace muy poco en boca de una vecina con un recuerdo muy vívido de esa noche.

Un episodio similar me sucedió hace pocos años.  Nausicaa Palomeque me hizo una entrevista con motivo de la presentación de la denuncia sobre el llamado Segundo Vuelo. Entre las preguntas, quiso saber cuándo había visto a mi padre por última vez. Al responder le conté que habíamos almorzado juntos y habíamos ido juntos a la parada del colectivo. Y que el último recuerdo de él era cuando se despedía con una sonrisa alejándose en el colectivo. Y así era la imagen que tenía en mi memoria. Inmediatamente me di cuenta de que había un error. Mi padre siempre nos acompañaba a mi hijo y a mí a la parada, esperaba a que tomáramos el ómnibus y siempre era yo la que me iba primero. Era él el que me decía adiós desde la parada. Y así se lo aclaré a la periodista. En el momento me sentí disminuida como si mi testimonio perdiera fuerza por ese traspié de mi memoria. Sin embargo no necesitaba ni treinta segundos de terapia para saber que mi inconsciente había cambiado el lugar de cada uno porque en realidad era mi padre el que se había ido y yo estaba viva. ¿En un Ford Falcon tirado en el piso? ¿O en un avión hacia los vuelos de la muerte? ¿O en una combi blanca hacia un asesinato masivo, como surge de la investigación realizada por Roger Rodríguez? Un medio de transporte y su desaparición eran los componentes de mi recuerdo.

Ha habido siempre un espacio de tensión entre nuestra subjetividad y nuestra racionalidad. Podría aburrirlos contando otras anécdotas.  De los sobrevivientes de los centros clandestinos de reclusión o de las personas que trabajan en derechos humanos. De los protagonistas, de los testigos y de los investigadores. Y lo que construimos es el producto de un filtro de nuestro inconsciente y nuestro consciente, consensuado por la repetición, la coincidencia de apreciaciones o la existencia de material probatorio.

2. La memoria social

Abordar el horror despierta resistencias en la psique. Nos cuesta creer que un ser humano sea capaz de hacerle a otro ser humano cosas tan terribles. La tortura, el asesinato, la desaparición, la trata de vientres, el robo de bebes. Todo eso ocurría en espacios llenos de cotidianeidad. “Allí se preparaban las mamaderas” contaban los sobrevivientes del Centro Clandestino de Reclusión Automotoras Orletti cuando entramos al CALEN. “Y allí estaba el tacho”. “Y allí comían los milicos”.

A nivel colectivo la memoria presenta censuras igual que a nivel personal. En Ensayo sobre la ceguera, José Saramago narra metafóricamente lo que puede suceder con una sociedad que deja de ver. Durante los años de dictadura a muchos les costaba ver. Gabriel García Márquez deja caer sobre Macondo una lluvia que provoca la amnesia, los vecinos deben escribir qué es cada cosa para no quedar completamente aturdidos. No ver, no recordar, no creer que algo grave pueda llegar a suceder son manifestaciones de los mismos procesos de construcción de la memoria individuales y colectivos. Por eso la denuncia recayó siempre en las víctimas, sus familiares, sus compañeros, los que no podían olvidar.

Supongo que por esa suerte de ingenuidad, ese no poder creer, la memoria ha sido un espacio de control y de poder de la sociedad. El pacto de silencio entre los civiles y los militares de la dictadura no sólo ha sido un factor de impunidad, también ha sido un factor de poder. Controlar el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación y de los discursos aparentemente optimistas de mirar hacia adelante o “no tener ojos en la nuca” de los políticos de derecha fue también una forma de mantenerse en el gobierno. Que los uruguayos no recuerden que hubo blancos y colorados en el Consejo de Estado de la dictadura es producto de una gran operación de manipulación de la memoria colectiva. Que no sepan lo que sucedió, también. Que haya archivos sin desclasificar nos habla de la supervivencia de espacios de poder de la derecha. Porque vigilar cierto tipo de información, encapsularla, invisibilizarla lo hace quien tiene poder. La construcción de la memoria deviene de una confrontación de intereses. Fue así en la construcción del ser nacional y lo sigue siendo a la hora de recordar nuestro pasado reciente. Quizá esa sea la gran ironía de la teoría de los dos demonios, visualizar la reparación integral como una dádiva hacia las víctimas y no como una necesidad imperiosa de la construcción de una democracia humanista y solidaria. Democratizar la memoria ha sido hasta ahora una batalla impulsada por una parte de la sociedad: ex presos, familiares, testigos, historiadores, periodistas, antropólogos. Y si habrá sido importante. Nada más fuerte en la construcción de la memoria colectiva, que ver los huesos de los desaparecidos emanar de la tierra, contarnos cómo los asesinaron, hablarnos de lo que sufrieron.

Sin embargo, no alcanza con el impulso desde la sociedad, son necesarias políticas de Estado.

3. La memoria como garantía de no repetición

“Toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor”. Así comienza el Informe final elaborado y revisado por Louis Joinet en el que también participara Theo van Boven, [1] La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Cabe constatar que en el 2005 este documento fue modificado pero tal como fue escrito inicialmente sigue marcando una ética en materia de derechos humanos.

Con respecto a la memoria como garantía de no repetición se afirma “No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo”. Para lograrlo, la subcomisión recomendaba la formación de comisiones de investigación y la preservación de los archivos, evitando la sustracción, la destrucción u ocultamiento. “El derecho de saber implica que sean preservados los archivos. Se han de tomar una serie de medidas técnicas y de sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, perpetradas principalmente con la finalidad de asegurar la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”. No voy a entrar aquí a hablar sobre el derecho a la justicia, pero sí quiero decir que los derechos son indivisibles. Como hemos repetido muchas veces no se puede recordar lo que no se sabe, no se puede saber ni tampoco juzgar lo que no se investiga. El derecho a la verdad, la justicia y la memoria, es la garantía de no repetición. Enseñar a reconocer los signos de un proceso de violación de los derechos humanos y desalentar los crímenes son algunas de las bondades que atribuimos a la memoria.

4. La memoria como reparación moral

También la memoria y la verdad son parte de la reparación moral de las víctimas. Machaconamente los informativos, los comunicados de las fuerzas conjuntas y hasta los textos de estudio, estigmatizaron a los opositores de la dictadura. Pensar lo que ha sido para los hijos crecer en un medio que degradaba a sus padres nos da la dimensión de la necesidad de este tipo de reparación. Devolver a las víctimas su dignidad es crucial, como también lo es, hacerlo en forma pública. Es un derecho del desaparecido o el asesinado ser recordado de acuerdo a sus valores. Como reza una vieja consigna de Familiares, todos los desaparecidos son culpables de querer un mundo mejor. Cuarenta años después, pensar los valores ideológicos que llevaron a una generación a entregar su vida por el bienestar del prójimo es difícil, sin embargo no debiera ser más difícil que entender que en nuestro país haya habido quien entregara su vida por la revolución artiguista. Es reparador para los familiares poder entender sus opciones, sus ausencias, sus postergaciones y en caso de no entenderlas, poder respetarlas, situarlas en un tiempo histórico.

5. Lo hecho

Con el gobierno frenteamplista, se ha avanzado en la búsqueda de la verdad, a través de la coordinación desde Presidencia con los equipos de historiadores y antropólogos de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Secretaría de Seguimiento de la COPAZ, futura Secretaría de Derechos Humanos y de las investigaciones vinculadas a las causas judiciales. Es necesario consignar la baja asignación de recursos económicos, materiales y humanos destinados a estos fines y la ausencia de políticas de memoria desde el Estado salvo las exigidas por la CIDDHH. De la misma forma que el grueso de las investigaciones se ha basado en el testimonio de las víctimas, la iniciativa de construir memorias a través de actos conmemorativos, fechas simbólicas, monumentos, elementos del paisaje urbano a los que se le asignen nombres de personas o hechos vinculados a la resistencia a la dictadura (calles, plazas, parques, escuelas, edificios públicos) o la construcción de museos en los lugares de reclusión o lugares de enterramiento, ha descansado sobre la sociedad civil. La Escuela Elena Quinteros o  la instalación de la placa recordatoria de María Claudia García de Gelman en el CALEN, exigida por la Sentencia de la CIDDHH, son algunas de las escasas excepciones. La Marcha del Silencio ha sido promovida desde las organizaciones de derechos humanos; el Memorial de los Desaparecidos desde la Comisión Pro Memorial; el  Museo de la Memoria fue impulsado por las organizaciones de ddhh en el ámbito de la Intendencia de Montevideo, al igual que los cambios en el nomenclátor departamental. Si bien se han hecho esfuerzos en la formación de docentes en temas vinculados al pasado reciente sigue quedando a criterio de cada uno la forma de abordarlos en el aula al no existir, por ejemplo, una fecha conmemorativa que obligue a explicar ese período histórico.

6. Lo que resta por hacer

Nos falta una política de Estado propia y enérgica en materia de reparación integral que incluya la construcción de la memoria como un elemento de consolidación de la democracia. Ningún período histórico termina cuando se mueren sus protagonistas, la construcción del NUNCA MÁS requiere de la objetivación de los procesos históricos, sus actores, los hechos, el contexto, las consecuencias. Experiencias comparadas hay. Sin ir muy lejos, en la otra orilla. En el que la fecha del Golpe de Estado marca un punto de reflexión en los centros de estudio sobre la dictadura o el Instituto Espacio Memoria se ocupa de “resguardar y transmitir la memoria y la historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado” con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores solidarios de la vida, la libertad y la dignidad humana”. La transformación de los centros de reclusión en museos, es otro de los ejemplos a seguir de nuestros compañeros de infortunio.

7. El desafío de la felicidad

Por último quisiera agregar que hay un efecto sanador en nuestras vidas personales cuando el Estado cumple con su deber de reparar según lo que establecen las normas internacionales, pero también pienso que ser resilientes supone lograr construir la felicidad propia y colectiva. Esa derrota o esa victoria, se juega en nuestras cabezas.

[1] En aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos. “LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DETENIDOS”

Publicado en La República

La situación después de la Sentencia de la CIDDHH

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Intervención de Adriana Cabrera Esteve a nombre de HIJOS URUGUAY con motivo de la Presentación de Cortos del 18 de abril de 2013, en el Centro Cultural de España (Versión resumida)

El campo de tensiones en lo que refiere a la búsqueda de una reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado se ha desplazado a diferentes escenarios según los momentos históricos. Pero los resultados en torno a la memoria, la verdad, la justicia y hasta la reparación económica han sido siempre magros, conseguidos con enormes dificultades algunos y siempre diferidos en el tiempo, algo que sin duda, beneficia a los victimarios.

1. Los familiares de los desaparecidos, hijos inclusive, jugamos un rol importante en la resistencia al terrorismo de Estado, impulsando las denuncias tanto en el exterior con la creación de Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) y del Secretariado Internacional de Juristas (SIJAU), como en el país con Luz Ibarburu, Martía Esther Gatti y Violeta Malugani a la cabeza. Además de las denuncias por desaparición también se denunciaban las torturas, la condiciones de detención y las prisiones prolongadas, algo que caracterizó el tipo de represión en nuestro país. Al mismo tiempo desde ese entonces había un reclamo de nunca más. Leyendo hace poco, declaraciones de Blanca Artigas en el 83, ella decía “Quisiera que nunca más las madres, las abuelas sufran lo que estamos sufriendo con estas desapariciones de nuestros hijos. Quiero que nunca más en la vida pase esto.” Esa sensación de que no le deseábamos a nadie lo que nos estaba sucediendo a nosotros, de que no queríamos ser como ellos, los victimarios, fue tomando fuerza y encontró sustento teórico en la interacción con juristas de primer nivel en ddhh que oían nuestras denuncias y nos abrían posibilidades de acción antidictatorial desde el mundo del derecho en un diálogo en que todos los protagonistas aprendíamos. Las normas internacionales de DDHH fueron así incorporadas a la lucha antidictatorial como grandes avances en la lucha de los pueblos, que contribuían al aislamiento de los regìmenes dictatoriales pero también enriquecían las propuestas alternativas desde el campo democrático…

En todo este período los polos en el campo de tensiones estaban muy claros, la ultraderecha actuando con todo el poder del Estado tomado por la fuerza de las armas y la sociedad, organizada social o políticamente reclamando derechos de primera generación: el derecho a la vida, fundamentalmente.

2. La salida de la dictadura significó un nuevo escenario. Se vivió con la esperanza de que por fin, se desarrollaran políticas reparatorias. Los familiares presentamos denuncias ante el Poder Judicial, asesorados por el grupo de abogados nucleados en IELSUR y a nivel parlamentario se formó la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre la Desaparición de Personas a donde acudieron las víctimas y los testigos en busca de verdad y justicia. Las tensiones en esta etapa, fueron entre los civiles cómplices de la dictadura que ocupaban cargos de gobierno y los sectores progresistas empeñados en profundizar la democracia. Desde el inicio de esa etapa predominaron las opciones conservadoras. La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado fue una de las construcciones de los partidos tradicionales que tuvo en la Ley de Caducidad uno de sus vértices pero que se extendió a múltiples componentes culturales de ocultamiento y desmemoria, que ampararon las raíces económicas, políticas e ideológicas del régimen dictatorial.

Si en la lucha por el No, la sociedad civil se había puesto a sus hombros la lucha por la democracia. La Ley de Caducidad la obligó a ser protagonista una vez más de la oposición a través del Referendum. El resultado de esta consulta popular generó un enorme retroceso en las luchas populares. El gran movimiento por los derechos humanos se sumió en la desmoralización y la perplejidad…

De la evaluación del fracaso del Referendum, se destaca como error, señalado especialmente por la comunidad de ddhh en Argentina, el de que los ddhh no se plebiscitan. Como factores positivos, fue importante la divulgación que de los crímenes de la dictadura se realizó, hasta entonces desconocidos por el grueso de la población, y la gran movilización de masas que se produjo en pos de ese objetivo. Sin embargo los años posteriores a la derrota del Referendum, fueron años oscuros que empezaron a revertirse recién con las marchas de los 20 de mayos, el reagrupamiento de los familiares de desaparecidos y la aparición en la escena internacional del Juez Garzón aplicando los últimos avances de la normativa internacional y abriendo camino a nuevos procesos de cambio. La búsqueda de respaldo jurìdico para la presentación de nuevas denuncias o la solicitud de reapertura de las mismas encontraron sustento, por ejemplo en el Pacto de San José de Costa Rica que definía el delito de desaparición forzada como un delito continuado y permanente ya en noviembre de 1969. Y en la imprescribilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo todas esas causas tuvieron la misma suerte: el archivo amparado en la Ley de Caducidad. Tristemente célebre fue el fiscal Enrique Moller que aconsejó archivar todas las denuncias realizadas por los familiares…

Al mismo tiempo se fue creando una cultura de impunidad hegemònica en la población uruguaya que impedía hablar, proscribía términos como democracia, justicia, desaparecidos y también ponía bajo sospecha a los que osabamos pronunciarlas. La estigmatización de las víctimas tenía respaldo popular. Ganaba la idea de no volver al pasado y una suerte de reafirmación de la derrota en la consulta popular. “Ese tema ya se saldó” parecía ser el lema de la derecha con todos sus actores: partidos y prensa. La derrota más grande había tenido lugar en la cabeza de los uruguayos.

Otro caso emblemàtico fue la denuncia de la desaparición de Elena Quinteros no sólo por su heroicidad en el momento del secuestro, sino por sus consecuencias: la ruptura de relaciones entre Venezuela y Uruguay, la tenacidad y popularidad de Tota Quinteros y una voluminosa investigación realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores que nutrió la causa y que tuvo como consecuencia el procesamiento de Juan Carlos Blanco por el juez Eduardo Cavalli y la fiscal Mirtha Guianze, visto que los civiles no estaban amparados en la Ley de Caducidad. Esta causa fue la primera causa de derechos humanos que marginó a un juez, Alejandro Recarey por ser demasiado activo en la investigación y no detenerse a la hora de llamar a declarar a los responsables del secuetro, mientras suplía a el Juez Cavalli enfermo de cáncer. Cavalli fue obligado a levantarse de su lecho de enfermo para retomar el caso de Elena.

3. Un tercer escenario es el que se configura con el gobierno de Batlle, primer presidente en recibir a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Al decir de Carlos Ramela, “el tema de los derechos humanos se nos venía encima” y como solución, el gobierno de Batlle se comprometió a investigar el destino de los desaparecidos mediante al Comisión para la Paz formada por Luis Perez Aguirre (Perico), Gonzalo Fernandez, Carlos Ramela, José Claudio Williman, Nicolás Cotugno y José D´Elía. La inicial promesa de investigar terminó consignada en el acta de intención de la comisión como “averiguar” y se fue debilitando progresivamente hasta funcionar con recursos mínimos en la Casa de Gobierno. A pesar de las expectativas ingenuas de lograr información por parte de los militares a los que se les ofreció el anonimato y la no inculpación, los resultados en la construcción de la verdad fueron demasiado magros, sin embargo por primera vez el Estado uruguayo reconoció la existencia del terrorismo de Estado en el pasado reciente.

4. Los gobiernos progresistas en la región suponen un nuevo escenario. Con la derogación y posterior declaración de nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final en Argentina, los familiares y los hijos, volvimos a presentar denuncias y a reactivar las ya existentes. Esas causas tuvieron como resultado los juicios que se están llevando a cabo en estos momentos: ¨Primer Cuerpo Ejército¨ que incluye la prisión clandestina Automotoras Orletti, ¨Plan Sistemático¨ que juzgó la desaparición de niños y la trata de vientres y la causa del ¨Plan Condor¨ actualmente en curso. Poco después, se presentaron en nuestro país, la Causa del ¨Segundo Vuelo¨ que incluye la desaparición de algunos de nuestros familiares y que luego fue acordonada con la causa por el secuestro de Adalberto Soba y de Bernarndo Arnone. Conjuntamente con las causas por los traslados del 77 y 78, ambas supusieron en 2009, la condena a 25 y 35 años de prisión de los mandos, el Goyo Alvarez, Juan Carlos Larcebeau, Nino Gavazzo, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Luis Maurente y José Sande Lima. Resultaron prófugos Manuel Cordero, actualmente en Argentina y Jorge Troccolli. A estas siguió una oleada de denuncias y la lista de acusados no ha dejado de crecer.

A pesar de las mentiras de los militares por primera vez la sociedad civil entró a los cuarteles y comenzó la búsqueda de restos, impulsados desde Presidencia. Al mismo tiempo, un grupo de historiadores fue contratado para investigar en los archivos de la represión aunque los resultados de la investigación –publicado en cinco tomos por presidencia y luego por la UDELAR– tuvo como fuente primaria más importante los testimonios de las víctimas y un acceso muy recortado a los archivos además de la inaccesibilidad a los archivos de la DI.NAC.I.E.

La iniciativa de anular la Ley de Caducidad fue precedida de una dura polémica dentro de las organizaciones de derechos humanos y del Frente Amplio, que se fueron saldando a lo largo de la campaña y sobre todo en su última etapa. La apelación a la movilización popular fue generando una acumulación politica y cultural .

Tanto la recolección de firmas como la consecución de adhesiones al voto rosado fueron dificultosos y demandaron un gran esfuerzo militante. Uno de sus puntos débiles fue la coexistencia con las elecciones nacionales que condicionó el apoyo de los partidos políticos.

A pesar de los errores el resultado del plebiscito de un 48% de los votos dejó la bandera del plebiscito en una situación diferente a la derrota del voto verde ya que al no existir votos en contra, las posiciones contrarias a la anulación de la Ley de Caducidad se sumaban a los que no se pronunciaban.La participación masiva de jóvenes en las últimas etapas de la movilización fue un hecho relevante. Sin minimizar los efectos políticos de la derrota recibida, ni sus causas tanto las puntuales como las más profundas.

5. Un nuevo campo de tensiones se crea a partir de la Sentencia de la CIDDHH sobre el caso Gelman, por un lado entre el derecho interno y las normas internacionales. Contradicción que fue allanada por la Ley 18.831, el decreto presidencial que dejaba sin efecto las decisiones administrativas de gobiernos anteriores que amparaban las causas en la Ley de Caducidad y el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos según lo exigía la Sentencia de la CIDDHH. Cabe destatar como esfuerzo de la sociedad civil, la creación del Observatorio, el cual integramos, y que tiene como objetivo el acompañamiento de las causas judiciales logrando reestablecer la coordinación de las organizaciones de derechos humanos.

Entre los hechos positivos del último período vemos la promulgación de la ley que establece el derecho al acceso a la información pública, vieja reivindicación de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la búsqueda de la verdad y a la veracidad de la información; la búsqueda de los restos y la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

6. El Poder Judicial es, por fin, el último campo de tensiones a abordar. Por un lado ha tenido un rol contradictorio. La SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en plena campaña por el voto rosado en 2009. Simultáneamente fueron surgiendo jueces y fiscales que tomaron las causas de las víctimas del terrorismo de Estado con energía y convicción al tiempo que se fueron formando en las normas internacionales de derechos humanos y como en el caso de la Jueza Mariana Mota, utilizando los recursos más avanzados. Las resoluciones de la SCJ por mayoría, estableciendo la inconstitucionalidad de los articulos 2 y 3 de la ley 18.831 relativas a la no prescripción de los delitos y a su condición de crímenes de lesa humanidad son un golpe duro a los avances en materia de verdad y justicia. Al mismo tiempo el traslado de la jueza Mariana Motta a un juzgado civil conforma una amenaza directa a jueces y fiscales actuantes en causas de DDHH. Por otro lado las contradicciones dentro del Poder Judicial siguen apareciendo. Las últimas declaraciones del Tribunal de Apelaciones contrarias a la sentencia de la SCJ, la recusación de las sentencias de cuatro miembros de la SCJ a partir de las declaraciones de Ruibal Pino, constitutivas de prejuzgamiento, por cuatro fiscales así lo demuestran. Por un lado se avanzó en el sentido de que la Ley de Caducidad ya no tiene efecto en la actualidad, por otro lado se crea la imposibilidad de juzgar negando el caracter de delitos de lesa humanidad que hace imprescriptibles a los crímenes de la dictadura al tiempo que desconoce el principio de que al impedido no le corre término, por lo que deja a todos aquellos que durante años fueron impedidos de contar y denunciar sus dramas personales sin acceso a la justicia, derecho establecido en nuestra Constitución.

Creemos, y lo dijimos en la Asamblea de la INDDHH, que la posición del Consejo de dicha institución luego del traslado de la jueza Mariana Mota afirmando la necesidad de democratizar el Poder Judicial define la estrategia de la próxima étapa. En ese sentido nos pronunciamos en su momento.

Para lograrlo creemos necesario articular con las diferentes organizaciones sociales y políticas.

En resumen, cuando decimos NUNCA MÁS, QUÉ? Nos referimos a lo que falta por saber. No hemos olvidado nuestros reclamos históricos de verdad y justicia. Sí, nos sucede que el tiempo trancurrido, los vaivenes de un sistema adormecido en la impunidad, nos traen a la cabeza, una y otra vez, la voz de León Felipe. Como Hijos podemos decir:

Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan
con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre…
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos…
y sé todos los cuentos.

Somos conscientes de que quienes aquí están comparten nuestra indignación y hartazgo por eso saludamos la iniciativa esperando que foros como estos, nos devuelvan al camino de democratización que habíamos comenzado y que hoy desde la SCJ se obstruye. Con él nos comprometemos.

Encuentro-despedida

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Ayer acompañamos los restos de Alberto “Pocho” Mechoso. Desde el 26 de setiembre de 1976 estaba desaparecido. Lo habían secuestrado en Buenos Aires en el marco de la represión al Partido por la Victoria del Pueblo. Había sido visto en Automotoras Orletti, uno de los tantos centros de detención clandestinos de las dictaduras del Cono Sur. Luego de ser salvajemente torturado el 14 de octubre del mismo año fue tirado junto a otros siete detenidos en tambores metálicos al Canal San Fernando de la Provincia de Buenos Aires. Sus cuerpos fueron cubiertos de cal y cemento. Los otros restos identificados hasta el momento en las mismas circunstancias fueron los de Marcelo Gelman y María del Carmen Pérez,  embarazada de nueve meses. Tiempos de horror.

Aunque la tristeza no sea menos tristeza, hoy ya no está desaparecido como quisieron sus secuestradores y sus asesinos tampoco están impunes.

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De todas maneras va

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El hallazgo de hierro en nuestro territorio motivó una amplia gama de opiniones provenientes  tanto de las organizaciones sociales como del espectro político. Desde los que alentaban la esperanza de desarrollar una industria siderúrgica pujante, pasando por los que alertaban contra las concepciones extractivistas hasta los que denunciaban potenciales daños irreversibles en nuestro ecosistema. La minera Zamin Ferrous enlenteció su instalación en nuestro medio sorprendida ante una comunidad cívica acostumbrada al ejercicio democrático de debatir todos sus pasos. Sin embargo, la envergadura de los yacimientos de hierro que aparentemente posibilitaría convertir al país en el octavo productor de hierro en el mundo  y el proyecto de ley que está a discusión en el Parlamento permiten afirmar que el emprendimiento de todas maneras sigue adelante.  

Ya desde 1950 Uruguay viene investigando la existencia de yacimientos de hierro en Valentines, un viejo poblado entre los departamentos de Florida y Treinta y Tres que apenas superaba los doscientos habitantes. Primero fue el Estado, luego un grupo de geólogos alemanes, y desde 2007 la empresa minera Zamin Ferrous. Como consecuencia de la última y exitosa investigación surgió el proyecto de explotación de hierro Aratirí que, según sus promotores, permitiría la exportación de 18 millones de toneladas de mineral de hierro por año lo que supondría el ingreso anual de 1.400 millones de dólares durante veinte o treinta años e implicaría la inversión de tres mil millones de dólares. Los ingresos para la empresa serían de 2.790 millones de dólares anuales.

De qué hablamos cuando hablamos de Aratirí

Aratirí  incluiría un complejo minero, conformado por cinco minas de extracción a cielo abierto y una planta de beneficiamiento donde se separaría el hierro de la roca por trituración y métodos magnéticos, algo posible por el tipo de mineral existente en la zona, la magnetita, ambos ocuparían unas 6.210 hectáreas; un mineroducto de 212 km de longitud que comunicaría la planta con la terminal portuaria; un puerto multipropósito de aguas profundas, el primero del Cono Sur, previsto inicialmente para La Angostura y actualmente planificado para la franja costera que va entre El Palenque y Puerta del Sol en el departamento de Rocha, más la instalación de líneas de alta tensión y un emisario subacuático para vertido de aguas hacia el océano.

A nivel político partidario, a instancias de Presidencia y con participación del Poder Ejecutivo, se conformó en 2011, una Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte. Lo acordado es la base del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento y hoy a discusión de la Cámara de Diputados. Actualmente la Cámara definió la conformación de una Comisión Especial para el estudio de la mega minería integrada por nueve diputados, cinco frenteamplistas y cuatro de la oposición que tendría plazo hasta el 31 de marzo para estudiar el proyecto, incorporar agregados o realizar observaciones al texto inicial.

El marco legal

El proyecto de ley viene a completar un sistema de normas conformado por el Código de  Minería de 1982 y los ajustes realizados mediante la Ley 18.813 de 2011. En el mismo se expresa la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental y visto que el hierro es un recurso no renovable, de un plan de cierre para el reacondicionamiento de la zona que garantice el uso sustentable del lugar donde se realizó la extracción. El plan de cierre implica también la recomposición en caso de haber daños del ambiente. Se establece la firma de un Contrato de Concesión entre el Poder Ejecutivo y la firma titular del proyecto. Define que el Estado debe participar de las rentas de la explotación visto que es el propietario del subsuelo por lo que se incorpora un adicional al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Entre otras cosas, el proyecto de ley también establece qué se hará con los ingresos tributarios y el canon de producción obtenido por el Estado por  la Minería de Gran Porte: el 70% se destinaría a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII) y el 30% restante se destinaría a los objetivos trazados por la Multipartidaria y al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los organismos de control y seguimiento de proyectos.

Otro paso en el intento de puesta a punto ante el inminente desarrollo de la actividad minera de gran porte, fue dado por el Ministerio de Trabajo que ha tomado la iniciativa de ratificar el Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en la Minería, vigente desde 1998 pero desjerarquizado dada la escasa actividad minera en nuestro país. El mismo establece que el Ministerio podrá “suspender o restringir, por motivos de seguridad y salud, las actividades mineras y el establecimiento de procedimientos eficaces que garanticen el ejercicio de los derechos  de los trabajadores”.

El Estudio de Valoración Económica Ambiental

Una etapa culminada es la elaboración de los estudios solicitados a Aratirí por parte de la Dirección Nacional de Medioambiente (DINAMA) entre los cuales está el “Estudio de Valoración Económica Ambiental del Proyecto Valentines” realizado por el Ec. Gustavo Bittencourt.

En entrevista con Cuadernos de Compañero, Bittencourt consideró a Aratirí como “un proyecto novedoso en cuanto a su ingeniería, bastante bien pensado. Tiene mucha inversión de dinero y presenta soluciones que parecen razonables, por lo menos todo lo que aparece como posible impacto ambiental puede ser mitigable con las medidas que están previstas. Por supuesto que hay riesgos ambientales, por ejemplo, la emisión de material particulado, por eso esa zona se estaría regando permanentemente. Si no se hiciera podría ser riesgoso para la salud humana en las zonas aledañas aunque estaría dispersando materiales no tóxicos, sin embargo no sería más riesgo que vivir en la ciudad. Hay que tener algunas estaciones de monitoreo que den cuenta de que se está haciendo bien. De todas maneras tendría menos impacto ambiental negativo que un tambo de dos mil cabezas al estilo de los que se están implementando y no se sabe qué hacer con los residuos sólidos”.

Con respecto al mineroducto, Bittencourt cree que no genera riesgos y en cuanto al puerto de aguas profundas, la construcción costera se había planeado en un principio “en algún lugar que hoy no tiene uso turístico, nosotros lo valoramos como si tuviera valor turístico pero eran playas profundas y peligrosas. Se hicieron estudios con biólogos, se contrataron barcos y se llegó a tener un conocimiento de la biología marina que no se tenía antes. Habría que hacer un dragado pero según los biólogos no transformaría la biología marina de la zona. Tampoco había casi impactos visuales desde los lugares donde hay turismo actualmente. En general, los costos ambientales del proyecto si las medidas de mitigación se hacen bien, no parecen ser elevados.”

El impacto en el desarrollo

En lo que refiere al impacto sobre el desarrollo, considera que cambiaría “una zona que está muy deprimida generando empleo. Sería un impacto grande durante la instalación que después se perdería al estar funcionando”. Para el economista lo más interesante es la parte de la que se apropia el Estado mediante los impuestos, “a diferencia de las plantas de celulosa que están en zona franca, acá habría una recaudación fiscal superior a lo que se cobra a todo el sector agropecuario junto. Depende de lo que se haga con eso, pero se podría destinar a la educación o a cualquier proceso que mejore las capacidades sociales. Podría ser un fondo de desarrollo interesante para un montón de cosas. Se abre la posibilidad de tener actividades conexas como usar el hierro como materia prima o un proyecto vinculado a la venta de servicios logísticos asociados al puerto de aguas profundas. En términos de crecimiento económico esto implica un salto por una vez, de golpe empezaríamos a exportar mil y pico de millones de dólares en hierro. El grueso se lo lleva la empresa, la otra parte se la queda el Estado y la otra sería los sueldos de los trabajadores. Si se usan esos recursos fiscales de una manera razonable sería como agregar una quinta pata a lo primario: la celulosa, la soja, la carne y los lácteos.”

Con respecto a los puntos débiles del proyecto Bittencourt opina que son los mismos que tiene cualquier proyecto asociado a la primarización “que por sí mismo no transfieren al resto de la economía una alta tasa de crecimiento a largo plazo. El desarrollo está asociado a la producción con agregado de conocimientos. Este proyecto no suma a esa idea de desarrollo. Lo que aporta es un fondo de recursos fiscales que se puede aplicar a esta otra idea de desarrollo. Que tengamos ahora la tasa de desempleo que tenemos tiene que ver con que tengamos 5.000 trabajadores en Conchillas trabajando para Montes del Plata. Pero a largo plazo no es en la primarización donde está el desarrollo.”

No todas son rosas

Al preguntarle sobre los riesgos intrínsecos a este proyecto, mencionó la llamada enfermedad holandesa, “o sea que el ingreso de muchos dólares ya sea por las exportaciones o por la propia inversión que se realiza termine deprimiendo el tipo de cambio, los efectos no se puedan neutralizar y eso quite rentabilidad a las actividades y disminuya la posibilidades de diversificación de la economía hacia otras actividades con mayor agregado de valor o de mayor conocimiento.” Sin embargo, en su opinión eso depende de cómo se maneje el fondo fiscal. “Creo que es una oportunidad importante” agregó, “pero no es la transformación del país. Las reglas que se les están poniendo en términos de recaudación fiscal son bastante diferentes que las de las papeleras y ahí es donde está la gran diferencia. Pero tenemos un déficit de planificación.”

Una visión diferente es la que aporta Carlos Anido, ingeniero, asesor del PIT-CNT y de REDES. Para Anido, la demanda de hierro se inscribe en el marco de “una especulación desatada luego del 2008 cuando los papeles se fundieron debido a las hipotecas basura de EEUU que intoxicaron todo el sistema mundial de bancos y fondos de inversión. La especulación a corto plazo que da la máxima ganancia se desplazó a las materias primas, los alimentos y el acaparamiento de tierras”. Según Anido esta sería la razón por la que los precios “de los metales se multiplicaron por 4 o 5 veces. Esto ni era ni es estable, forma parte de las burbujas del casino mundial en que se ha convertido el capitalismo global que van explotando sucesivamente, primero las inmobiliarias, luego las hipotecas, está llegando el momento de los metales, salvo el oro que está siendo tomado como moneda de reserva, no por su uso tecnológico que es comparativamente pequeño.”

La opinión de los ambientalistas

Para el asesor del PIT-CNT “la gran demanda de hierro proviene sobretodo de la expansión urbana mundial por la transferencia de gente del campo a la ciudad, por la construcción edilicia especulativa (torres y habitaciones donde invertir fondos de obscuro origen) y el transporte aumentado”.

“La minería también tiene sus tiburones financieros” alerta, “y estos depredadores aparecen como empresas llamadas “junior” que pescan en aguas internacionales, en general operando para otras empresas mineras más grandes, consiguiendo los permisos de explotación y haciendo el gasto político, social, de cooptación o compra de funcionarios y ex funcionarios y en general todo el trabajo sucio necesario para la obtención si es posible de la llamada “licencia social”.”

En ese contexto, Anido afirma que “América Latina está invadida de estos “proyectos” y Uruguay no es la excepción. Lo que sí es diferente es que es el único caso donde estos especuladores se intentan instalar en una planicie agrícola rica que forma parte de uno de los llamados graneros del mundo”.

Para Anido, Zamin Ferrous sería una de las empresas “junior”, “no tiene antecedentes mineros y lo que sí ha hecho en Brasil es conseguir permisos para una mina y venderlo luego a otra empresa internacional de las grandes que no ha hecho otra cosa que especular, con ganancias fáciles”, afirma. “Pensamos que un negocio similar pero más grande especulativamente se intenta aquí. Las cantidades inusuales planteadas para la extracción, las inexactitudes en la evaluación y el proyecto, los efectos sobre el campo denunciado (como tres millones de hectáreas para todos los metales, 120.000 solo para Aratirí), la costa turística y paisajística de alto valor inmobiliario y sustentable, muestran un negocio a corto plazo, no más de doce años, subsidiado en energía y en infraestructura que la rodee, todo inconveniente para el país por los empleos agrícolas y de todo tipo, incluso industriales que se pierden.”

Por último concluye que “solo manteniendo un volumen limitado se podría intentar explotar una minera no renovable que pueda articular con la producción agrícola, para ser objeto de una explotación racional, multigeneracional, poniéndole reglas al capital y al mercado, lo más sustentables posibles, haciéndose cargo de todos los costos ocultos que hoy le pasan a la sociedad, sin subsidios energéticos, con transparencia de funcionamiento y sin corrupción”.

El debate aún está abierto. Habrá seguramente más opiniones e información para enriquecerlo y probablemente nos ocupe el próximo período no sólo cuando definamos qué hacer con el yacimiento de hierro encontrado sino cuando evaluemos los resultados.

Publicado en la revista Cuadernos de Compañero Nro.10

El miedo como herramienta

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El debate sobre convivencia y seguridad ciudadana fue precedido de una dura campaña de la derecha que tenía como objetivo convencer a los uruguayos de que nos encontrábamos en un mar de sangre de la que los adolescentes eran sus principales protagonistas. Un escenario especialmente elegido por la derecha en toda América Latina. Resulta relevante que uno de los siete puntos esgrimidos por la derecha paraguaya para realizar un juicio sumario al presidente democráticamente electo Fernando Lugo, fue el de no haber podido manejar la inseguridad ciudadana. En nuestro país tomó la forma de plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad y se impulsó sin ningún problema ético por estigmatizar a las nuevas generaciones como posibles peligros para la sociedad.

¿Puede llamar la atención? No. La derecha tiene una amplia experiencia en usar el miedo como mecanismo de manipulación de las masas. En los 70 y 80, la persecución del “enemigo interno” personificado en jóvenes de barba, bigotes, jeans y pelo largo o jovencitas de cabello lacio, zapatos Incalcuer y mongómerys  unificó a civiles y militares en contra de un enemigo común.  La prensa y los discursos de los gobernantes supieron sembrar en la ciudadanía la desconfianza hacia todo lo que pudiera simbolizar un cambio a los modos conservadores de convivencia. La división entre izquierdas y derechas tuvo también un terreno de prejuicios y temores fomentados desde la voz de los gobernantes. El “enemigo interno” tomó forma de pueblo y de organización. Pero el miedo siguió siendo la principal herramienta de la derecha. El terrorismo de Estado inculcó el miedo a la tortura, a la desaparición forzada, a la prisión prolongada. La fórmula para no ser sujeto de sospecha era “el hacé la tuya” y para los padres, el “cuide bien que su hijo no se meta en cosas raras”.

Pasada la dictadura, se las ingeniaron para mantener en la cabeza de los uruguayos el recuerdo vívido de lo sucedido y el miedo a que surgiera un grupo de militares nostálgicos a los que se les ocurriera volver.

Cuando todas esas fórmulas fascistoides empezaron a caer en el vacío, tuvieron que inventar un nuevo enemigo interno. Algunos ensayos durante la crisis del 2002 le dieron la pauta de que el miedo seguía siendo una buena herramienta de manipulación del pueblo. Es así que todos los montevideanos fuimos testigos de la maniobra con la que se convenció a todo el mundo de que venían hordas salvajes atravesando el arroyo Pantanoso y todos debían volver a sus hogares para defender sus propiedades y su familia. La efectividad del manejo del rumor, ese que suele ser de origen desconocido y basado en los prejuicios y temores del común denominador de la gente, se demostró en que a las cuatro de la tarde todo el mundo se encerró en su casa.  Cuando la prensa intentó rastrear las fuentes de la información, sólo pudieron confirmar que algunos policías habían recorrido los negocios del centro de la capital aconsejando a sus propietarios cerrar para evitar las posibles consecuencias. El resultado de la experiencia era claro: el miedo seguía surtiendo efecto.

Con el gobierno frenteamplista, arreciaron entonces los discursos alarmantes sobre la delincuencia. La misma que los gobiernos blancos y colorados no habían podido controlar ni solucionar. Por el contrario, las crisis económicas con base a las políticas neoliberales no habían hecho más que aumentarla. Lo único que los dejaba en falsa escuadra era que nunca como durante el gobierno del Frente Amplio, habían sido encarcelados tantos narcotraficantes de gran porte. Anteriormente no habían existido tampoco procesamientos por lavado de dinero ni por trata de blancas. Pero ante la duda, avanzaron, y los sectores más conservadores de los partidos tradicionales volvieron a hacer lo que saben hacer: inculcar el miedo a un nuevo enemigo interno, esta vez, todos los menores de dieciocho años.

Por eso la virtud del discurso del Presidente Mujica, del 19 de junio, fue la de deconstruir el discurso de la derecha. Primero asumiendo la responsabilidad ante la inseguridad ciudadana, segundo, planteando la responsabilidad compartida de todos y todas como sujetos de derecho pero también de obligaciones y por último exhortando a la ciudadanía a debatir sobre qué tipo de convivencia deseamos construir.

Lo primero que se impuso para el debate fue el objetivar con números la realidad. Algunos datos interesantes surgieron de las exposiciones de un equipo de investigadores colombianos  que con apoyo del BID realizaron diferentes encuestas sobre cultura ciudadana en diferentes ciudades latinoamericanas. Uno de los datos interesantes que presentaron fueron los de las tasas de homicidios. Colombia presentaba su éxito de haber bajado la tasa de homicidios de 37 cada 100.000 hab. a 20 cada  100.000 hab. Venezuela tiene 52 homicidios cada 100.000 hab. Y Uruguay tiene 6.1 cada 100.000 hab. Cifra que según el Ministerio del Interior habría bajado aún más el último año. Antanas Mockus, uno de los investigadores, comentó, “nos sentimos como quien trae leña al bosque”, al elogiar el trabajo iniciado por el gobierno en cuanto a la seguridad y la convivencia.

Pero yendo a los números nacionales ofrecidos por el Ministerio del Interior, resulta que del total de muertes violentas, el 43,4% son por suicidios; el 36,7% por accidentes de tránsito; el 4% por accidentes de trabajo; el 2.9% por violencia doméstica; el 1,7% por homicidios en el marco de hurtos y rapiñas protagonizados por adultos y el 0.6% de los homicidios también en el marco de hurtos y rapiñas, son protagonizados por menores. Más un 10,7% de otros homicidios.

Resulta claro entonces, que sean 15 o 20 medidas las que se tomen para evitar la inseguridad de la población, los menores de dieciocho años están lejos de ser el principal factor de preocupación. Y sí son nuestra principal responsabilidad. Decidir qué mundo queremos dejar a las nuevas generaciones no pasa por agrandar las cárceles si no por crear modelos de convivencia más saludables y continentes.

 Publicado en La República el 5 de octubre de 2012