Por fin! No más ley de caducidad.

Muchas cosas están sucediendo en estos días en nuestro país. Esta es una. Por fin no hay más ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Ahora somos todos iguales ante la ley. Ahora los poderes del Estado volvieron a ser independientes. Recién ahora estamos respetando la Constitución. Fueron necesarias muchas cosas. La presentación de denuncias por parte de los familiares. La búsqueda de los desaparecidos. El juicio a los criminales de lesa humanidad. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia diciendo que la Ley de Caducidad era inconstitucional. El esfuerzo de testigos, periodistas, historiadores, militantes de derechos humanos y antropólogos deconstruyendo la historia oficial para enfrentarnos a la verdadera historia reciente. La sentencia de la CIDH. Los decretos de Presidencia que dejaron sin efecto las dictámenes de los gobiernos blancos y colorados que sistemáticamente ampararon en la impunidad a los criminales de lesa humanidad. Faltaba una señal del sistema político que se expresa en el Legislativo. Hasta encontrarlos a todos!

Proactividad en derechos humanos


Dos grandes preocupaciones quedaron planteadas el martes 21 a la noche en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo durante la mesa redonda organizada por la organización de derechos humanos “Iguales y punto”. La primera, la prescripción, en noviembre próximo, de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la dictadura. La segunda, la tardanza por parte del gobierno en comunicar e implementar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman pero que hizo extensivo a todos.  Las exposiciones estuvieron a cargo de los abogados Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargonia y Juan Errandonea.

En el ordenamiento internacional, crímenes como la tortura y la desaparición forzada son considerados delitos de lesa humanidad. Eso significa que son tan aberrantes que al cometerlos se violenta al conjunto de los seres humanos. Este tipo de crímenes son considerados imprescriptibles. En el caso de la desaparición forzada, también es considerado un delito permanente, visto que al permanecer los detenidos en condición de desaparecidos el delito se comete aún hoy. Así lo establece, también en nuestra legislación, la Ley 18.026 votada en 2006. Sin embargo la única jueza que hasta ahora aplica estas normas del derecho internacional, es la Dra. Mariana Mota, razón por la cual, se ha montado contra ella una dura campaña desde hace ya varios meses. Para los demás jueces, las causas de violación a los derechos humanos debieran archivarse el próximo noviembre cuando prescriban. Para garantizar el derecho de las víctimas, el Dr. Álvarez Petraglia propone que el Poder Legislativo vote, en el corto plazo, una ley que suspenda los plazos de prescripción para todos los casos de delitos de lesa humanidad, algo que ya se ha hecho en otros países. Alemania lo implementó para los responsables del holocausto judío, por ejemplo.

“El tiempo no puede ser un refugio de criminales de lesa humanidad. El violador de derechos humanos sigue controlando el tiempo. Según la CIDH, ese tiempo no surge de la juridicidad sino de la antijuridicidad”, sostuvo el Dr. Pablo Chargonia, y agregó, “ninguna denuncia puede quedar sin investigar”.

Para los abogados es urgente y perentoria una decisión de este tipo y es también, la forma de implementar el fallo de la CIDH. En marzo de este año, la Corte estableció que el Estado uruguayo “debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos”. Uruguay está obligado a cumplir todos los pasos de la resolución y el gobierno debe ser proactivo en garantizar los derechos humanos en nuestro país. El Dr. Juan Errandonea recordó que, para empezar, el Poder Ejecutivo debiera notificar en el plazo de seis meses a los  otros dos poderes del Estado el fallo de la CIDH, algo que luego de cuatro meses aún no ha hecho. Para continuar los tres poderes del Estado están obligados a cumplirlo.

¿Cómo pueden cumplirlo? En esto los tres abogados están de acuerdo.

El Poder Ejecutivo debe revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores que hayan incluido en la Ley de Caducidad casos de crímenes de lesa humanidad. Este gobierno lo hizo en el caso Alvaro Balbi, sin embargo para el Dr. Chargonia, los particulares han cargado con una responsabilidad que es del Estado por lo que la resolución debiera tomarse de oficio y en cumplimiento con el fallo de la CIDH.

El Poder Legislativo debiera legislar suspendiendo la prescripción de las denuncias y derogando la Ley de Caducidad. La derogación de la Ley de Caducidad no es para el Dr. Juan Errandonea relevante jurídicamente pero sí lo es políticamente. Sería un mensaje político del Poder Legislativo. En su opinión no se debe dejar sólo al Poder Judicial algo que el sistema político viene haciendo hasta ahora.

Por último el Poder Judicial debiera establecer cómo se va a cumplir con la resolución de la CIDH, algo privativo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los jueces hacer un “control de convencionalidad”. Es decir que en cada caso los jueces están obligados a analizar cuáles son las normas internacionales que aplican para el mismo y cómo se relacionan con las normas jurídicas internas. En cumplimiento con lo establecido por la CIDH, en los casos de delitos de lesa humanidad los jueces ya no deberían enviar la denuncia al Poder Ejecutivo y pedirle permiso para actuar como establecía la Ley de Caducidad sino que al carecer ésta de efectos sencillamente no debe ser tenida en cuenta.  De esta manera el Poder Judicial recuperaría su independencia tal cual lo exige la Constitución de la República. Esta actitud sería coherente también con las repetidas resoluciones de la SCJ que ha declarado inconstitucional la Ley de Caducidad en varias oportunidades.

Otro capítulo jerarquizado de la resolución de la CIDH fue la destinada a la búsqueda de la verdad. Se debe dar satisfacción a la dimensión colectiva del derecho a la verdad. Los uruguayos estamos obligados a construir un nuevo relato histórico.

Preocupa entonces que luego de que el gobierno pateara el tablero y expresara a los legisladores su opinión contraria a la Ley Interpretativa con la cual se pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad, no se hayan dado aún pasos significativos en la búsqueda de soluciones. Por ahora lo único que pasa es el tiempo. Acordamos con lo que se decía desde la mesa, “el tiempo no puede ser el refugio de los criminales de lesa humanidad”.

No pensaron que…

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Los que votaron la Ley de Caducidad no pensaron que era inconstitucional

Los que impulsaron el Referéndum no pensaron que los derechos humanos no se deben someter a consulta popular

Los que fueron indiferentes durante más de veinte años no pensaron que amparaban crímenes de lesa humanidad

Los que impulsaron el Plebiscito no pensaron que se podía perder otra vez

Los que lo mezclaron con las elecciones no pensaron que podía tener efectos negativos

Los que se sumaron a último momento no pensaron que para ganar una campaña se requiere más que un gesto

Los que soplaron para arriba no pensaron que lo que no suma, resta

Los que no votaron no pensaron que también les podía caer encima

Los que siguieron insistiendo no pensaron en los plebiscitos futuros

Los que aún no insisten no pensaron en las víctimas ni en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Los que no votaron la Ley Interpretativa no pensaron que eliminar la Ley de Caducidad era una promesa establecida en el programa de gobierno electo por la ciudadanía

Los que hacen campaña en contra de la Ley Interpretativa no pensaron que suman con los cultores de la impunidad

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Ley de caducidad

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Supongo que es tiempo de verbalizar algo.

Que perdimos. Eso está claro. Por lo menos para las reglas de juego que aceptamos al impulsar un plebiscito. O sea que necesitábamos el 50% más uno de los votos. No creo que hubiéramos perdido si el mecanismo hubiera sido distinto. Las estadísticas dieron siempre un amplio porcentaje de diferencia entre los que deseaban anular la ley y los que deseaban mantenerla a favor de eliminar la ley de caducidad de nuestra legislación. Pero también daban números demasiado grandes de gente que no sabía qué votar o que ni siquiera sabía para qué era el plebiscito. Y para cubrir ese vacío de indecisión y desinformación nuestras fuerzas no fueron suficientes. ¿Es la primera vez? No.

Los familiares hemos visto cerrarse ante nuestros ojos muchas puertas, una y otra vez.

También hemos visto abrirse otras. Vimos abrirse las puertas de la justicia cuando decidimos aprovechar los “errores” existentes en la ley de caducidad y usarlos a nuestro favor. Así fueron condenados los mandos militares. Decíamos en esa época que la ley estaba mal escrita para los fines que perseguía y que había necesitado de la complicidad del sistema político para garantizar la impunidad. Cuando esa complicidad dejó de existir, una lectura cabal del texto de la ley obligaba al Poder Judicial a juzgar  a los criminales en varias oportunidades. Por ejemplo, los que dieron las ordenes ya que la ley solo encubría a los que habían obedecido órdenes.

También vimos abrirse las puertas de la verdad cuando la Comisión para la Paz reconoció por primera vez en la historia, que en nuestro país se habían cometido delitos de lesa humanidad en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el terrorismo de Estado impulsados durante la dictadura.

Mucha más verdad vimos cuando el actual gobierno permitió que un equipo de antropólogos ingresara a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos y un grupo de historiadores tuvo la oportunidad de reescribir nuestra historia reciente con información veraz que provenía de treinta años de búsqueda llevada adelante por las organizaciones de derechos humanos pero también por el acceso, por primera vez, a algunos archivos del Estado.

También la construcción de la memoria  ha tenido sus momentos altos. La construcción del Museo de la Memoria, del Memorial de los Desaparecidos, los múltiples homenajes a los desaparecidos que, año a año, se realizan en diferentes barrios de Montevideo y ciudades del Interior.

En resumen, la impunidad no es “total” ni “absoluta”. Por el contrario, existe una ley inmoral, nula y anticonstitucional que no ha podido garantizarla porque además de inmoral está mal escrita. Aún tenemos que sacarla por eso, porque es una de las últimas secuelas de la dictadura. Y demuestra eso, la brutalidad de amparar crímenes terribles y la brutalidad con que fue redactada. Tenemos que terminar de una vez por todas con el tiempo del miedo y también con el tiempo de la ignorancia.  A este emprendimiento se han sumado las nuevas generaciones.

Pero no estamos de luto. Porque estamos del lado de la vida, porque respetamos la diversidad de pensamientos que se expresa en las consultas populares y porque estamos convencidos que como dice uno de mis personajes: “no hay puerta que un buen cerebro no pueda abrir”.

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