Hijas de Vidriero

Comunicado de Prensa

Durante el mes de mayo estará instalada en la Plaza “1 de Mayo” la intervención urbana “Hijas de Vidriero” consistente en quince gigantografías de mujeres trabajadoras. Se trata de una producción fotográfica del Colectivo En Blanca y Negra, integrado por cinco mujeres fotógrafas, Sandra Araujo, Adriana Cabrera Esteve, Ana Casamayou, Lilian Castro Soto y Estela Peri.

La misma tiene como objetivo ayudar a deconstruir la invisibilidad de la mujer en la sociedad uruguaya desde una perspectiva de género. Siendo la mujer el cincuenta por ciento de la población, esto muchas veces no se ve reflejado en los diferentes relatos de nuestra historia ni en el reconocimiento social y/o profesional.

Al mismo tiempo, crear espacios de reflexión en los espacios públicos, buscar lugares de diálogo entre el arte, la ciudad y su gente, son formas de democratizar la cultura y la ciudad. A ello contribuyen las intervenciones urbanas como esta. A hacer visible lo que a fuerza de costumbre se tornó invisible. Hijas de Vidriero se propone poner en diálogo la inequidad de género con la imagen y el escenario donde se produce. Exponer en un espacio no convencional supone rescatar e interpelar ese lugar y sus símbolos.

Es en la Plaza de los Mártires de Chicago, en el acto del Día de los Trabajadores, en una jornada emblemática de lucha obrera, donde esta intervención urbana pone de manifiesto a las mujeres trabajadoras en las más diversas áreas.

Si bien las mujeres cumplen una gran cantidad de roles en la sociedad y la inequidad de género aparece de muchas formas, la reivindicación de la mujer trabajadora es un aspecto medular de su visibilidad pendiente.

Contactos:

Sandra Araujo: 099 125 405

Adriana Cabrera Esteve: 099 535 754

Ana Casamayou: 098 625 350

Lilian Castro: 094 131 778

Estela Peri: 099 115 571

Dirección electrónica: colectivoenblancaynegra@gmail.com

Página web: http://www.enblancaynegrablog.wordpress.com

¡Sí, podemos!

4Por Adriana Cabrera Esteve*

Estas elecciones internas presentan un elemento nuevo en la realidad nacional: la mayor jerarquía de la cuestión de género. En primer lugar, porque una mujer es precandidata a la Presidencia de la República. En segundo lugar, porque se aplicará, por fin, la Ley 18.476 o Ley de Cuotas. En su segundo artículo, la Ley establece que tanto para elegir las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos como en las listas de candidatos para las elecciones nacionales y departamentales, las Juntas Departamentales, las Juntas Locales Autónomas, las Juntas Electorales y las Intendencias, se deberá incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes, por lo menos en los primeros quince lugares. Pero, en el artículo quinto, aclara que esta disposición sólo regirá para las elecciones nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente. Luego, la experiencia deberá ser evaluada. La Ley también llamada Ley de Ternas o de Participación Política Femenina, fue promulgada en 2009 luego de tres laboriosos años. Y hasta aquí lo que se logró.

Con sus carencias supone, sin duda, un cambio en calidad de la democracia uruguaya y un desafío para quienes han levantado la bandera de la equidad de género en el escenario político. Es también una prueba para todas aquellas que tengan la oportunidad de ocupar esos lugares ya que lo que hagan será mirado con lupa y no faltará quienes las exhorten a renunciar para ceder su lugar a un hombre. Lo fermental de este período sólo puede evaluarse si miramos la situación de la que venimos y en la que aún estamos.

El sufragio femenino en Uruguay fue aprobado recién en 1932 y se hizo efectivo en 1938. La primera mujer ministra, por un corto período, fue Alba Roballo, por el Partido Colorado, en 1968. En el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo la mayor cantidad de mujeres Secretarias de Estado llegando a haber cinco en algún momento del período.  En el segundo gobierno del FA supo haber una en trece (actualmente hay dos). Sólo para tener en cuenta, en Suecia, la presencia femenina en el Gabinete Ministerial es del 52%.

En lo que refiere a la presencia femenina en el Parlamento, esta ha ido, felizmente, en aumento, aunque nada que entusiasme demasiado. De un 4.6% en 1989 pasamos en 2009 a un 13%, año en el que fueron electas cuatro senadoras y quince diputadas. Y entre tanto, durante el primer gobierno frenteamplista, tuvieron que digerir el veto presidencial a una demanda histórica del movimiento de mujeres como fue el artículo que legalizaba el aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Algo que tuvo que subsanarse en la segunda legislatura frenteamplista.

En lo departamental, en 2010 se dio un gran salto al ser electas tres mujeres como Intendentas. Y en las Juntas Departamentales, el porcentaje pasó de un 15.3% en 2005 a un 17.1% en 2010.

La creación del tercer nivel de gobierno abrió nuevas posibilidades a la participación de mujeres en instancias de gestión de la cosa pública. Cada Municipio con un mínimo de cinco mil habitantes tiene un gobierno municipal formado por cinco concejales de los cuales el más votado es el alcalde o alcaldesa y preside el concejo. De 89 municipios, 23 están encabezados por mujeres.

A nivel internacional, América Latina tiene actualmente, tres presidentas mujeres. Según el informe 2013 del Foro Económico Mundial la participación política de las mujeres ha mejorado en los últimos años sustantivamente, Nicaragua, por ejemplo, ocupa el quinto lugar mundial luego de los países nórdicos. Pero Uruguay se encuentra entre los peores de Latinoamérica junto a Paraguay, Honduras, Perú y República Dominicana.

Históricamente, la división del trabajo ha destinado las mujeres al espacio privado y los hombres al ámbito público. A lo largo de los siglos, los saberes y destrezas de ellas se han desarrollado en la esfera del hogar y cuando salieron al mercado de trabajo lo hicieron mayoritariamente en el área de los servicios. Hospitales y escuelas están llenos de personal femenino. Mientras tanto, los hombres adquirían saberes y destrezas en el espacio público. La política ha sido un espacio de poder masculino por excelencia y los liderazgos tanto de partidos políticos, organizaciones sociales o incluso en el ámbito empresarial han recaído mayoritariamente sobre hombres. La toma de decisiones sobre el conjunto de la sociedad, también el 52% femenino, ha estado en sus manos. Por eso fue necesaria una norma que diera un giro contundente a la postergación de género. Postergación que trajo consigo la invisibilidad de lo que le ocurre a gran parte de la población, no sólo las mujeres si no también los que estaban a su cargo, niños, niñas, adultos y adultas mayores, discapacitados y discapacitadas. Por ejemplo, datos recientes de la II Encuesta de Salud Adolecente indican que en nuestro país 8,6 % de las niñas y muchachas de 13 a 16 años han sufrido agresiones sexuales y también 4,8 % de los varones de la misma edad. ¿Era esto relevante antes? No. ¿Se denunciaba? Tampoco.

La desnaturalización de la violencia doméstica, de la trata de niños y niñas, de las condiciones del trabajo doméstico no remunerado, de la discriminación por etnias u orientación sexual son algunos de los avances que han acompañado la incorporación de la mujer a la política nacional. Pero además, a la política uruguaya le ha hecho falta la mirada femenina también para los problemas que atañen a la población masculina y los grandes temas de la sociedad.

Tendremos que recuperar el tiempo perdido. Comienza un quinquenio en el que habrá que hacer la diferencia, dejar nuestra marca en la historia. Para eso, es necesario que aprendamos a hacer política también entre nosotras y con otras. Construir cada una su espacio. Cambiar las relaciones de competencia que nos impone el sistema por relaciones de solidaridad. Necesitamos destinar toda nuestra energía a lo mucho que hay para hacer.

*Editorial de Cuadernos de Compañero Nro.15

Aborto: Quién decide, qué decide y por quién decide

Por Adriana Cabrera Esteve*

Es curioso que la campaña en contra de la Ley Nº 18.987 o de Interrupción Voluntaria del Embarazo se base en el viejo eslogan publicitario de los plebiscitos: votar para que el pueblo decida. Más que curioso resulta demagógico o expresamente manipulador. ¿Por qué? Porque por primera vez una ley sobre salud sexual y reproductiva le da a la ciudadanía la potestad de decidir. Y así lo expresa al decir “El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Por si fuera poco la ley establece un plazo de cinco días de reflexión, plazo mayor al clásico período de veda preelectoral para decidir los destinos de nuestra ciudadanía.

Era por tanto, esta posibilidad de decidir seria y responsablemente lo que la legislación anterior prohibía obligando a mujeres y también a hombres, a buscar soluciones clandestinas ante problemas que el Estado invisibilizaba. Clandestinamente, los pobres abortaban como pobres, o en condiciones inadecuadas, y los ricos abortaban como ricos o en condiciones de higiene, con instrumental estéril, con profesionales formados por la Universidad de la República, que cobraban por dicho procedimiento. Y los que no eran ricos, pero sí conscientes de los riesgos sanitarios, solicitaban préstamos a padres, tías o abuelas para salir del paso. Es decir, el aborto era motivo de comercialización y lucro. Existía así, un mercado como único regulador: el mercado del acto médico clandestino. Y como en todo mercado no controlado, el aborto se daba en mayor número ya que las mujeres o las parejas accedían a él sin mediar ni el asesoramiento, ni la contención psicológica, ni la oferta de alternativas posibles como la adopción. De parte del usuario, estaba la urgencia, y de parte del profesional o seudo profesional, el “click caja”.

¿Se evitaban los abortos? No.

¿Disminuía así el número de abortos? No.

Según una investigación realizada por Fabián Rodríguez y publicada en “Iniciativas Sanitarias”, libro compilado por Leonel Briozzo en 2007, el 22% del total de embarazos terminaban en abortos provocados, de ellos, la mitad eran abortos inseguros o realizados en condiciones inadecuadas.

¿Estos abortos dejarían de realizarse si no existiera la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? No.

Para empezar porque estos datos son anteriores a la ley. Pero además porque los que no están especulando electoralmente con este referendum y realmente desean evitar los abortos, deberían saber que en los países en los que la interrupción del embarazo está despenalizada el número de abortos, luego de un ascenso probablemente debido a un mejor registro, disminuyó drásticamente. Según la misma fuente existen veinticinco países que habían legalizado el aborto entre los años 1975 y 1996 y que cuentan con estadísticas aceptables que demuestran que el número de abortos experimentó un descenso sostenido luego de despenalizado. Y cito: “Al contrario de lo que podría pensarse, la introducción de legislaciones liberales que se acompañan de cambios en el sistema de atención integral de la mujer transversalizados por políticas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un efecto de disminución en el número de abortos, como sucedió en  Francia e Italia”.  La evidencia científica indica entonces que si alguien quiere disminuir el número de abortos, debe sin lugar a dudas, despenalizarlo. Ese debería ser el punto de consenso. Como fue el punto de consenso para los parlamentarios que votaron la ley y que expresaron la voluntad de la ciudadanía luego de un laborioso debate de décadas. Por eso, el 23, nos quedaremos en casa. Para que amparados en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las uruguayas y los uruguayos podamos decidir sin miedo.

*Escritora

Publicado en La República

Todos iguales ante la Ley

 Marcha de la diversidad 2012 224

Por Adriana Cabrera Esteve

El matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo fue uno de los últimos temas de debate en el 2012 al votarse el proyecto que lo reconocería como legal en la Cámara de Diputados. Postergado a solicitud de los Partidos Blanco y Colorado promete convertirse en uno de los primeros temas del 2013 visto el compromiso de ser tratado por la Cámara de Senadores a comienzos de este año. Se trata de una temática relativamente reciente: los Países Bajos fueron los primeros en reconocerlo en 2001 aunque en la antigüedad parece haber sido una unión natural entre chinos, griegos y romanos. A Holanda le siguieron Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca. De votarse, Uruguay se convertiría en uno de los países vanguardia en materia de derechos sexuales.

Michelle Suarez comenzó a militar en Ovejas Negras en el 2010. Abogada de profesión, encontró que existía un vacío legal en el derecho nacional en lo referente al matrimonio igualitario. Entiende la Ley como un instrumento social por eso considera que es desde la sociedad de donde pueden surgir las normas y las iniciativas que vengan a solucionar sus problemas. Coincide con esta opinión el Diputado Luis Puig, quien preside la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y considera que “la aprobación de las leyes es consecuencia de la coyuntura histórica y la movilización social que las impulsa”.

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto sobre matrimonio igualitario estuvo precedida de un prolongado esfuerzo de colectivos sociales como Ovejas Negras que viene trabajando desde hace años contra la discriminación y por la igualdad de derechos”, afirma Puig.

Desde abajo

ENTREVISTAS edMichelle nos cuenta cómo surgió la iniciativa. Según ella, en Uruguay se ha recorrido el camino inverso a otros países, primero se acordó el derecho a la identidad, luego el de adopción y no se había abordado aún el derecho al matrimonio igualitario. En otros países el recorrido había sido a la inversa. Por eso Michelle decidió escribir un texto y pidió la evaluación técnica de sus colegas de la Facultad de Derecho. Con humildad pensó que le lloverían críticas pero en su lugar fue muy bien recibido e incluso le llegaron propuestas de agregados al proyecto de ley. “El derecho y la ley no van por carriles separados”, nos dice, “hay que empezar a democratizarlo”.

El Colectivo Ovejas Negras, encontró inicialmente la reacción del “no se puede”. Sin embargo luego se tomaron decisiones sustantivas de respaldo al proyecto y el 28 de junio de 2011 se lanzó la campaña por el matrimonio igualitario logrando instalarlo en el debate público. El Colectivo se entrevistó con todos los grupos que trabajan en el interior del país por la diversidad sexual y con todos los legisladores que desearon recibirlos. La mayor receptividad la encontraron en la bancada del FA que con una docena de firmas lo ingresó a la Comisión de Constitución y Código.

Por su parte el Diputado Luis Puig es optimista con respecto a los resultados legislativos. “Uruguay va en camino de sumarse a un pequeño grupo de países en el mundo que ya cuentan en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proceso de discusión al que asistimos en la región con la sanción en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario nos muestra hasta qué punto la iglesia católica y demás referentes conservadores de la sociedad están dispuestos a obstaculizar este avance en materia de derechos humanos. Estos mismos componentes están planteados en nuestro país”, afirma.

Los argumentos en contra

Entre los escollos que encontraron las organizaciones sociales durante la discusión parlamentaria estuvo el del origen etimológico. La palabra matrimonio viene de mater y está asociada a la maternidad. “Este argumento tiene que ver con una idea platónica”, discute Michelle, “de que las palabras son inmutables a través del tiempo. Lo cual parece tener poco asidero porque el derecho en sí es un instrumento de convivencia social que debe adaptarse a la sociedad en el momento de evolución que la misma está teniendo. No debe haber un divorcio entre el deber ser y el ser. Si la institución matrimonio no hubiera tenido cambios a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que nuestro derecho es de fines del Siglo XIX, las mujeres casadas serían todas incapaces y estarían sometidas a la potestad marital. No existiría el divorcio y los hijos fuera del matrimonio seguirían siendo castigados por la inmoralidad de sus padres y se les consagrarían menos derechos que a los hijos legítimos. O sea que del instituto original nos queda nada más que el nombre ya que sus características más importantes fueron desapareciendo”. Lo mismo sucede con la institución familia, agrega, que proviene del derecho romano.

El otro argumento en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario fue la existencia de la Ley de Unión Concubinaria. Para la abogada este “es un error técnico bastante grande. Cuando existen dos institutos que consagran lo mismo y ambos están vigentes uno de los dos debe dejar de existir por el principio de no contradicción y el instituto más nuevo derogaría en forma tácita al matrimonio, cosa que no se pretende. Son institutos concebidos esencialmente diferentes. Uno es un acto solemne con mínimas formalidades y el otro es un hecho social al cual la ley le da relevancia jurídica. Cuando uno se va a casar no se le pregunta si hace cinco años que está con su pareja, no se le pregunta si esa relación es estable, singular, exclusiva, pública y de índole sexual. Nunca se tiene que probar ante un juez con testigos si esas dos personas tienen relaciones sexuales”. La unión concubinaria, agrega, supone “meses de juicio público al que se llevan testigos y pruebas y si el juez no se siente lo suficientemente ilustrado puede denegar la unión. Fue consagrada para dar amparo a quienes no eligen el matrimonio por su filosofía de vida. Fue para tratar de satisfacer necesidades de parejas heterosexuales. Lentamente y de atrás se introdujeron las parejas del mismo sexo tratando de encontrar algún amparo ya que no tienen la posibilidad de elegir” entre ambas instituciones.

La última postura discordante fundamentaba “que no era un tema prioritario y eso es como no entender que los derechos humanos son complementarios e indivisibles”. “Las sociedades son como un árbol, no nos podemos distraer en épocas de bonanza con el tronco o la copa frondosa y dejar de lado sus raíces. Las raíces son las instituciones y las leyes. Si las instituciones y las leyes son injustas, son malas, no respaldan un sentimiento de justicia y esta se le niega a una parte importante de la población, ese árbol tiene mal las raíces y ante el primer empujón se cae. Nosotros ya tenemos la experiencia de una etapa triste con un Estado de Derecho que fue inoperante para responder a la realidad social a través de sus instituciones”.

Las raíces del patriarcado

En cuanto al debate en torno a la adopción que rodeó la aprobación del proyecto en diputados, la abogada aclara que “la adopción está saldada por una norma anterior”, el proyecto de matrimonio igualitario no está atado a la adopción como sucedió en otros países. “Sí, hubo un debate sobre los nombres y tiene que ver con el ámbito filiatorio desde el momento que si dos mujeres deciden tener un hijo no podemos seguir hablando de la jerarquía del apellido del padre sobre el de la madre si hay dos mamás o dos papás, entonces se da la opción de que esa pareja elija el orden de los apellidos que quiera. Por lo tanto se debe dar la opción de que el orden de los apellidos no esté jerarquizado tampoco si es un señor y una señora”. Esto se incorporó en este proyecto de ley y cuando lo propusieron “fue como tocar las raíces del patriarcado”, nos dice Michelle Suarez.

El Diputado Puig también nos habla de las dificultades que se presentaron en el tratamiento parlamentario. “En el marco de la discusión realizada en la Cámara de Representantes, representantes de partidos tradicionales pretendieron cambiar los ejes de discusión sosteniendo que el proyecto alternativo de unión civil por ellos presentado, contenía los mismos derechos sucesorios y patrimoniales que el de matrimonio igualitario presentado por el Frente Amplio. Lo que no lograron o quisieron entender aún es que este debate no trata de derechos patrimoniales o sucesorios sino que este es un debate de derechos humanos en toda su dimensión”, sostiene.

De ida y vuelta

Para Michelle Suarez “La buena salud del Estado de derecho tiene que ver con la confianza que la ciudadanía tenga en él” y para que esto se cumpla todos los derechos humanos deben ser respetados por igual. En la misma línea razona el parlamentario. “Falta aún la aprobación del proyecto por parte del Senado. Hacerlo sin más demoras ni modificaciones es un compromiso asumido por el Frente Amplio. Sin embargo, la aprobación parlamentaria del proyecto y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo no culmina este proceso”, opina. “Por el contrario, el verdadero debate en la sociedad recién comienza. La aprobación de la Ley es una condición necesaria pero insuficiente. Acortar la distancia entre la letra de la ley y la vida cotidiana es mucho más complejo y dificultoso que un mero trámite parlamentario. Los cambios en la construcción cultural de una sociedad no se realizan en un solo acto. Lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que la componen implica enfrentar la hipocresía de una sociedad pacata y machista. Incorporar el tema de la diversidad sexual como un tema central a la agenda de preocupaciones de, por ejemplo, quienes son la columna vertebral de la lucha por los derechos humanos, los trabajadores organizados, no será tarea sencilla”, afirma. Su experiencia personal, es que “tardó muchos años (tal vez demasiados) en comprender e incorporar este tema como parte integral de los derechos humanos”, confiesa. Reafirmando esta postura nos cuenta que al otro día de ser aprobado el proyecto de ley en diputados “arreciaban las bromas en las fabricas y lugares de trabajo”. Considera un desafío cultural de primer orden “que la clase trabajadora incorpore la lucha contra la discriminación en sus diferentes manifestaciones”. El camino a seguir según Puig es profundizar el intercambio y la coordinación entre las distintas formas de organización popular.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nr.11

Esta vez no



Para analizar la relación entre vivienda y género, nuestro primer intento fue recurrir al análisis de la propiedad de la vivienda según la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2008. A pesar de que esperábamos que en este campo también las cifras mostraran una situación desfavorable para las mujeres, nos encontramos con que esta vez no sucedía lo mismo. Por el contrario, la brecha de género en la propiedad de la vivienda es a favor de la mujer. Para completar el panorama hablamos también con Silvana Pissano, arquitecta consultora del PNUD para el Programa de Mejoramiento de Barrios del MVOTMA.

Según la ECH el 15.7% de todas las mujeres de cero a 98 años, son propietarias únicas de sus viviendas frente al 9.3% de los varones mientras que la copropiedad es más o menos similar, 19.1% de las mujeres frente a un 20,8% de los hombres.

La brecha a favor de la mujer se mantiene sin importar la edad ni la raza ni el nivel de ingreso. La razón podría ser que hay más viudas que viudos y la proporción de las personas viudas que son propietarias de su vivienda es mayor que en otros estados civiles. El 60,9% de las personas viudas, el 49,6 % de las divorciadas y el 36,3% de las casadas son propietarias de sus viviendas. Y hay seis viudas para cada viudo.

La otra variable que importa es la edad. Como es de esperar, a mayor edad, mayor porcentaje de propietarios. Y a mayor edad, mayor es la brecha de géneros. Mientras que la brecha entre propietarios menores a 24 años es de 0,2% a favor de la mujer, entre los mayores de 65 años es de 6,9%.

Como también  es esperable, a mayor ingreso per capita de los hogares mayor es la cantidad de propietarios de la vivienda.

La brecha a favor de la mujer se mantiene aunque levemente cuando se analiza la propiedad de bienes de capital que generan renta sin adición de trabajo, por ejemplo las viviendas en alquiler.

Esta realidad se da en el 65,6% de los hogares de los uruguayos ya que este es el porcentaje de propietarios de sus viviendas. Sin embargo, no todas las personas que viven en esos hogares son propietarios del mismo.

¿Cómo incide la perspectiva de género entre los que no son propietarios de su vivienda?, ¿de qué otras formas incide el género en el acceso a soluciones habitacionales? Nos encontramos con que en el MVOTMA existe una Comisión de Género, Vivienda y Hábitat destinada a elaborar políticas con este perfil. “Ya en el 2007 surgió la voluntad del gobierno de institucionalizar los mecanismos de género para visibilizar la problemática de las mujeres en las políticas públicas. Trabajando en el PIAI en la prevención de asentamientos teníamos un programa de alquileres para personas que no tenían garantías. A él llegaban muchas mujeres por violencia doméstica que estaban ancladas en el lugar donde eran victimizadas. Uno de sus problemas era la falta de garantía para alquilar. En ese momento yo estaba como asesora en temas de género. En la Dirección Nacional de Vivienda había compañeras que también veían la necesidad de formar un mecanismo de género desde el Ministerio. Le solicitamos al entonces Ministro Arana una resolución al respecto. Fue muy interesante porque eso nos permitió convocar a todos los departamentos y programas del Ministerio. Se les pidió representantes y empezamos a funcionar” nos cuenta Silvana Pissano.

En colaboración con el MIDES tienen un programa de soluciones habitacionales para mujeres que sufren violencia doméstica. Está destinado a mujeres que están en un proceso de salida de esta situación y cuentan con apoyo psicológico, a través de alguno de los servicios de Inmujeres, Comunas Mujer u otras organizaciones no gubernamentales. No es la primera solución habitacional para la situación de emergencia. Actualmente se está trabajando en un proyecto de refugio como solución transitoria. Estas mujeres son derivadas al equipo técnico del Instituto de la Mujer. En una comisión compuesta por este equipo y técnicos de la Dirección de Vivienda del MVOTMA se resuelven cuáles son las situaciones que ingresan al programa, obteniendo un subsidio para alquilar durante dos años. Luego se evalúa la situación incluyendo las posibilidades de la mujer de hacerse cargo de su alquiler, entonces se decide si renovar o no el subsidio a través del programa del MVOTMA para situaciones críticas. Este programa empezó como un proyecto piloto y con este gobierno se decidió que tuviera carácter nacional. El primer convenio que se firmó con MIDES y que puso operativo el programa, en el 2009 preveía 100 soluciones para Montevideo, Canelones y Salto. En el 2010 se amplió a todo el país.

“Otro programa” nos sigue contando Silvana, “es el de capacitación a la interna del Ministerio en temas de medio ambiente y género. Hemos hecho cursos y elaborado informes con perspectiva de género por ejemplo en temas como la megaminería a cielo abierto y analizado cómo incide desde una perspectiva de género. También estamos vinculados al Sistema de Cuidados que ha sido un reclamo histórico del Movimiento de Mujeres”.
Por otra parte, el 8 de marzo, Graciela Muslera, Ministra de Vivienda, se comprometió a incluir la perspectiva de género en el programa de vivienda de autoconstrucción. El programa la incluye como eje orientador y da algunos lineamientos que la comisión de género está intentando concretar en acciones específicas y aplicadas al programa. Esto también se extendió al programa de relocalizaciones que lleva adelante esta administración y al Programa de Integración de Asentamientos Irregulares.

*Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.6