Vivas nos queremos
Etiqueta: Género
A ella le gusta
“Cada vez que el tipo llega a la casa, se oyen los golpes a través de las paredes. La oigo rebotar contra las cosas”, me cuenta mi compañera. “¡Denuncialo!”, le digo. “¿Y si se la agarra conmigo o con mis hijos?”, contesta. Reconozco la onda expansiva del miedo, la misma que se extiende en el espacio y en el tiempo y sostiene a las dictaduras primero y a la impunidad después. Un poder que se ejerce contra unos, pero les llega a todos. Por eso, no me sorprende cuando oigo a Boaventura de Sousa Santos hablar del fascismo que viven algunas mujeres al volver a sus casas. Pueden ejercer sus derechos civiles, pueden votar, dice, pero viven bajo el poder patriarcal en sus hogares. No se pueden comparar los dramas, pero las cifras también traen a nuestra mente analogías.
Se cuentan por centenas las muertes en una década. Es un hecho que las mujeres están subrepresentadas en la política uruguaya, algo que interpela nuestro sistema democrático. Pero también la violencia de género debe interpelarlo.
Pensar la calidad de la democracia analizando los datos de violencia de género y generaciones es obligatorio para quienes pensamos que la justicia social no es sólo una cuestión entre los que venden su fuerza de trabajo y los que detentan los medios de producción. Eliminar las desigualdades no supone sólo eliminar las económicas, sino también no considerar como subalterna o de segunda a la mitad femenina de la población y a todo el que no sea blanco ni adulto heterosexual.
La democracia no es un estado, es un proceso. De los actores políticos y sociales depende hacia dónde transitamos. Fue gracias a las organizaciones feministas que en la última década se cuantificaron los feminicidios y el problema comenzó a tener dimensión pública. Hasta entonces, la violencia intrafamiliar estaba naturalizada y el imaginario colectivo estaba plagado de frases como “a ella le gusta”, “algo habrá hecho”, “arrimale la ropa al cuerpo que se le terminan las pavadas”, “que se joda por infeliz”. El problema, siempre de “otras”, pertenecía al ámbito de lo privado. Les sucedía a las infelices, a las ignorantes, a las sumisas y, por tanto, a las despreciables. Las víctimas quedaban así bajo sospecha, revictimizadas, no generaban solidaridades ni políticas de gobierno destinadas a respetar sus derechos humanos.
Fue necesario estudiar los datos para visualizar que la violencia atravesaba a toda la sociedad y que el lugar más inseguro para muchas y muchos era el propio hogar. Sí, muchos, porque nuestra sociedad no sólo es androcéntrica, sino también adultocéntrica. Sobre los niños, las niñas y los adultos mayores suelen también reproducirse prácticas de violencia doméstica naturalizadas en nuestra cultura, entre otras cosas porque suelen ser colectivos sin voz, con nulas o escasas posibilidades de convertirse en grupos de poder. Recordemos aquello de que la letra con sangre entra.
La violencia doméstica tiene características propias, se produce la mayoría de las veces en el ámbito familiar o en el marco de una relación de pareja. En la víctima suele predominar un deseo de transformar al victimario, no de alejarse, mediado por sentimientos de vergüenza, culpa, apego o amor, acompañado por un creciente aislamiento o la destrucción de otros vínculos. Se produce como resultado de un mandato cultural que impone la idea de que la mujer es propiedad del hombre y establece roles a cumplir, una idea de lo femenino y lo masculino basada en las inequidades con fuertes raíces en nuestra cultura. De esto surge que la obligación de denunciar no debe recaer en la víctima solamente. Compete al Estado acompañar las luchas de las organizaciones sociales y reconocer en la violencia doméstica un grave problema de seguridad ciudadana, garantizar los derechos de las víctimas y educar a la población en vínculos no violentos. Ni físicos, ni psicológicos, ni sexuales, ni patrimoniales.
En Uruguay, los esfuerzos realizados para concretar una estrategia contra la violencia basada en género y generaciones, unida a la mayor visibilización del problema que han logrado organizaciones como la Coordinadora de Feminismos, que al grito de “Ni una menos” toman las calles a cada nuevo crimen, han tenido como resultado una mejor caracterización del problema, el aumento del número de denuncias, una mayor formación de funcionarios públicos y privados, una mayor capacidad de respuesta, una creciente alerta ante casos de violencia y un Plan de Acción del Gobierno. Sin embargo, estamos lejos de generar una contracultura capaz de revertir el número de víctimas.
El informe 2015 del Ministerio del Interior registra un aumento sostenido de las denuncias por violencia doméstica. Mientras que en 2005 se registraron 5.612 denuncias, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. Si se suman los asesinatos de mujeres a las tentativas de homicidio, resulta que el año pasado cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer mediante violencia doméstica. La mitad de los homicidios de mujeres se da en el ámbito doméstico. Sin morbo, que 35% de las muertes se dieran por golpes con pies y manos o estrangulación denota la brutalidad de la situación. En los últimos tres años, según la misma fuente, suman 61 las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja (22 en 2013, 13 en 2014 y 26 en 2015).
Hay una disputa hacia más o menos democracia. Coexisten autoritarismos normativos, sociales y culturales, como el racismo y el patriarcado. En ese marco, la eliminación de la violencia doméstica es ir contra la cultura hegemónica. Tratar de detener un flagelo que promedia las dos muertes mensuales supone una agenda común de organizaciones sociales, partidos políticos y el gobierno.
Publicado en “Dínamo”, La Diaria, el 12 de setiembre de 2016
Ni una menos
Marcha desde la explanada de la Universidad contra la violencia doméstica. Tocan a una, tocan a todas.
Instalación de la intervención urbana Hijas de Vidriero del colectivo En Blanca y Negra
Hijas de Vidriero
Comunicado de Prensa
Durante el mes de mayo estará instalada en la Plaza “1 de Mayo” la intervención urbana “Hijas de Vidriero” consistente en quince gigantografías de mujeres trabajadoras. Se trata de una producción fotográfica del Colectivo En Blanca y Negra, integrado por cinco mujeres fotógrafas, Sandra Araujo, Adriana Cabrera Esteve, Ana Casamayou, Lilian Castro Soto y Estela Peri.
La misma tiene como objetivo ayudar a deconstruir la invisibilidad de la mujer en la sociedad uruguaya desde una perspectiva de género. Siendo la mujer el cincuenta por ciento de la población, esto muchas veces no se ve reflejado en los diferentes relatos de nuestra historia ni en el reconocimiento social y/o profesional.
Al mismo tiempo, crear espacios de reflexión en los espacios públicos, buscar lugares de diálogo entre el arte, la ciudad y su gente, son formas de democratizar la cultura y la ciudad. A ello contribuyen las intervenciones urbanas como esta. A hacer visible lo que a fuerza de costumbre se tornó invisible. Hijas de Vidriero se propone poner en diálogo la inequidad de género con la imagen y el escenario donde se produce. Exponer en un espacio no convencional supone rescatar e interpelar ese lugar y sus símbolos.
Es en la Plaza de los Mártires de Chicago, en el acto del Día de los Trabajadores, en una jornada emblemática de lucha obrera, donde esta intervención urbana pone de manifiesto a las mujeres trabajadoras en las más diversas áreas.
Si bien las mujeres cumplen una gran cantidad de roles en la sociedad y la inequidad de género aparece de muchas formas, la reivindicación de la mujer trabajadora es un aspecto medular de su visibilidad pendiente.
Contactos:
Sandra Araujo: 099 125 405
Adriana Cabrera Esteve: 099 535 754
Ana Casamayou: 098 625 350
Lilian Castro: 094 131 778
Estela Peri: 099 115 571
Dirección electrónica: colectivoenblancaynegra@gmail.com
Página web: http://www.enblancaynegrablog.wordpress.com
El día de la mujer junto a La Melaza
¡Sí, podemos!
Por Adriana Cabrera Esteve*
Estas elecciones internas presentan un elemento nuevo en la realidad nacional: la mayor jerarquía de la cuestión de género. En primer lugar, porque una mujer es precandidata a la Presidencia de la República. En segundo lugar, porque se aplicará, por fin, la Ley 18.476 o Ley de Cuotas. En su segundo artículo, la Ley establece que tanto para elegir las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos como en las listas de candidatos para las elecciones nacionales y departamentales, las Juntas Departamentales, las Juntas Locales Autónomas, las Juntas Electorales y las Intendencias, se deberá incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes, por lo menos en los primeros quince lugares. Pero, en el artículo quinto, aclara que esta disposición sólo regirá para las elecciones nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente. Luego, la experiencia deberá ser evaluada. La Ley también llamada Ley de Ternas o de Participación Política Femenina, fue promulgada en 2009 luego de tres laboriosos años. Y hasta aquí lo que se logró.
Con sus carencias supone, sin duda, un cambio en calidad de la democracia uruguaya y un desafío para quienes han levantado la bandera de la equidad de género en el escenario político. Es también una prueba para todas aquellas que tengan la oportunidad de ocupar esos lugares ya que lo que hagan será mirado con lupa y no faltará quienes las exhorten a renunciar para ceder su lugar a un hombre. Lo fermental de este período sólo puede evaluarse si miramos la situación de la que venimos y en la que aún estamos.
El sufragio femenino en Uruguay fue aprobado recién en 1932 y se hizo efectivo en 1938. La primera mujer ministra, por un corto período, fue Alba Roballo, por el Partido Colorado, en 1968. En el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo la mayor cantidad de mujeres Secretarias de Estado llegando a haber cinco en algún momento del período. En el segundo gobierno del FA supo haber una en trece (actualmente hay dos). Sólo para tener en cuenta, en Suecia, la presencia femenina en el Gabinete Ministerial es del 52%.
En lo que refiere a la presencia femenina en el Parlamento, esta ha ido, felizmente, en aumento, aunque nada que entusiasme demasiado. De un 4.6% en 1989 pasamos en 2009 a un 13%, año en el que fueron electas cuatro senadoras y quince diputadas. Y entre tanto, durante el primer gobierno frenteamplista, tuvieron que digerir el veto presidencial a una demanda histórica del movimiento de mujeres como fue el artículo que legalizaba el aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Algo que tuvo que subsanarse en la segunda legislatura frenteamplista.
En lo departamental, en 2010 se dio un gran salto al ser electas tres mujeres como Intendentas. Y en las Juntas Departamentales, el porcentaje pasó de un 15.3% en 2005 a un 17.1% en 2010.
La creación del tercer nivel de gobierno abrió nuevas posibilidades a la participación de mujeres en instancias de gestión de la cosa pública. Cada Municipio con un mínimo de cinco mil habitantes tiene un gobierno municipal formado por cinco concejales de los cuales el más votado es el alcalde o alcaldesa y preside el concejo. De 89 municipios, 23 están encabezados por mujeres.
A nivel internacional, América Latina tiene actualmente, tres presidentas mujeres. Según el informe 2013 del Foro Económico Mundial la participación política de las mujeres ha mejorado en los últimos años sustantivamente, Nicaragua, por ejemplo, ocupa el quinto lugar mundial luego de los países nórdicos. Pero Uruguay se encuentra entre los peores de Latinoamérica junto a Paraguay, Honduras, Perú y República Dominicana.
Históricamente, la división del trabajo ha destinado las mujeres al espacio privado y los hombres al ámbito público. A lo largo de los siglos, los saberes y destrezas de ellas se han desarrollado en la esfera del hogar y cuando salieron al mercado de trabajo lo hicieron mayoritariamente en el área de los servicios. Hospitales y escuelas están llenos de personal femenino. Mientras tanto, los hombres adquirían saberes y destrezas en el espacio público. La política ha sido un espacio de poder masculino por excelencia y los liderazgos tanto de partidos políticos, organizaciones sociales o incluso en el ámbito empresarial han recaído mayoritariamente sobre hombres. La toma de decisiones sobre el conjunto de la sociedad, también el 52% femenino, ha estado en sus manos. Por eso fue necesaria una norma que diera un giro contundente a la postergación de género. Postergación que trajo consigo la invisibilidad de lo que le ocurre a gran parte de la población, no sólo las mujeres si no también los que estaban a su cargo, niños, niñas, adultos y adultas mayores, discapacitados y discapacitadas. Por ejemplo, datos recientes de la II Encuesta de Salud Adolecente indican que en nuestro país 8,6 % de las niñas y muchachas de 13 a 16 años han sufrido agresiones sexuales y también 4,8 % de los varones de la misma edad. ¿Era esto relevante antes? No. ¿Se denunciaba? Tampoco.
La desnaturalización de la violencia doméstica, de la trata de niños y niñas, de las condiciones del trabajo doméstico no remunerado, de la discriminación por etnias u orientación sexual son algunos de los avances que han acompañado la incorporación de la mujer a la política nacional. Pero además, a la política uruguaya le ha hecho falta la mirada femenina también para los problemas que atañen a la población masculina y los grandes temas de la sociedad.
Tendremos que recuperar el tiempo perdido. Comienza un quinquenio en el que habrá que hacer la diferencia, dejar nuestra marca en la historia. Para eso, es necesario que aprendamos a hacer política también entre nosotras y con otras. Construir cada una su espacio. Cambiar las relaciones de competencia que nos impone el sistema por relaciones de solidaridad. Necesitamos destinar toda nuestra energía a lo mucho que hay para hacer.
*Editorial de Cuadernos de Compañero Nro.15
Aborto: Quién decide, qué decide y por quién decide
Por Adriana Cabrera Esteve*
Es curioso que la campaña en contra de la Ley Nº 18.987 o de Interrupción Voluntaria del Embarazo se base en el viejo eslogan publicitario de los plebiscitos: votar para que el pueblo decida. Más que curioso resulta demagógico o expresamente manipulador. ¿Por qué? Porque por primera vez una ley sobre salud sexual y reproductiva le da a la ciudadanía la potestad de decidir. Y así lo expresa al decir “El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.
En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Por si fuera poco la ley establece un plazo de cinco días de reflexión, plazo mayor al clásico período de veda preelectoral para decidir los destinos de nuestra ciudadanía.
Era por tanto, esta posibilidad de decidir seria y responsablemente lo que la legislación anterior prohibía obligando a mujeres y también a hombres, a buscar soluciones clandestinas ante problemas que el Estado invisibilizaba. Clandestinamente, los pobres abortaban como pobres, o en condiciones inadecuadas, y los ricos abortaban como ricos o en condiciones de higiene, con instrumental estéril, con profesionales formados por la Universidad de la República, que cobraban por dicho procedimiento. Y los que no eran ricos, pero sí conscientes de los riesgos sanitarios, solicitaban préstamos a padres, tías o abuelas para salir del paso. Es decir, el aborto era motivo de comercialización y lucro. Existía así, un mercado como único regulador: el mercado del acto médico clandestino. Y como en todo mercado no controlado, el aborto se daba en mayor número ya que las mujeres o las parejas accedían a él sin mediar ni el asesoramiento, ni la contención psicológica, ni la oferta de alternativas posibles como la adopción. De parte del usuario, estaba la urgencia, y de parte del profesional o seudo profesional, el “click caja”.
¿Se evitaban los abortos? No.
¿Disminuía así el número de abortos? No.
Según una investigación realizada por Fabián Rodríguez y publicada en “Iniciativas Sanitarias”, libro compilado por Leonel Briozzo en 2007, el 22% del total de embarazos terminaban en abortos provocados, de ellos, la mitad eran abortos inseguros o realizados en condiciones inadecuadas.
¿Estos abortos dejarían de realizarse si no existiera la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? No.
Para empezar porque estos datos son anteriores a la ley. Pero además porque los que no están especulando electoralmente con este referendum y realmente desean evitar los abortos, deberían saber que en los países en los que la interrupción del embarazo está despenalizada el número de abortos, luego de un ascenso probablemente debido a un mejor registro, disminuyó drásticamente. Según la misma fuente existen veinticinco países que habían legalizado el aborto entre los años 1975 y 1996 y que cuentan con estadísticas aceptables que demuestran que el número de abortos experimentó un descenso sostenido luego de despenalizado. Y cito: “Al contrario de lo que podría pensarse, la introducción de legislaciones liberales que se acompañan de cambios en el sistema de atención integral de la mujer transversalizados por políticas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un efecto de disminución en el número de abortos, como sucedió en Francia e Italia”. La evidencia científica indica entonces que si alguien quiere disminuir el número de abortos, debe sin lugar a dudas, despenalizarlo. Ese debería ser el punto de consenso. Como fue el punto de consenso para los parlamentarios que votaron la ley y que expresaron la voluntad de la ciudadanía luego de un laborioso debate de décadas. Por eso, el 23, nos quedaremos en casa. Para que amparados en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las uruguayas y los uruguayos podamos decidir sin miedo.
*Escritora
Publicado en La República
Todos iguales ante la Ley
Por Adriana Cabrera Esteve
El matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo fue uno de los últimos temas de debate en el 2012 al votarse el proyecto que lo reconocería como legal en la Cámara de Diputados. Postergado a solicitud de los Partidos Blanco y Colorado promete convertirse en uno de los primeros temas del 2013 visto el compromiso de ser tratado por la Cámara de Senadores a comienzos de este año. Se trata de una temática relativamente reciente: los Países Bajos fueron los primeros en reconocerlo en 2001 aunque en la antigüedad parece haber sido una unión natural entre chinos, griegos y romanos. A Holanda le siguieron Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca. De votarse, Uruguay se convertiría en uno de los países vanguardia en materia de derechos sexuales.
Michelle Suarez comenzó a militar en Ovejas Negras en el 2010. Abogada de profesión, encontró que existía un vacío legal en el derecho nacional en lo referente al matrimonio igualitario. Entiende la Ley como un instrumento social por eso considera que es desde la sociedad de donde pueden surgir las normas y las iniciativas que vengan a solucionar sus problemas. Coincide con esta opinión el Diputado Luis Puig, quien preside la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y considera que “la aprobación de las leyes es consecuencia de la coyuntura histórica y la movilización social que las impulsa”.
“La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto sobre matrimonio igualitario estuvo precedida de un prolongado esfuerzo de colectivos sociales como Ovejas Negras que viene trabajando desde hace años contra la discriminación y por la igualdad de derechos”, afirma Puig.
Desde abajo
Michelle nos cuenta cómo surgió la iniciativa. Según ella, en Uruguay se ha recorrido el camino inverso a otros países, primero se acordó el derecho a la identidad, luego el de adopción y no se había abordado aún el derecho al matrimonio igualitario. En otros países el recorrido había sido a la inversa. Por eso Michelle decidió escribir un texto y pidió la evaluación técnica de sus colegas de la Facultad de Derecho. Con humildad pensó que le lloverían críticas pero en su lugar fue muy bien recibido e incluso le llegaron propuestas de agregados al proyecto de ley. “El derecho y la ley no van por carriles separados”, nos dice, “hay que empezar a democratizarlo”.
El Colectivo Ovejas Negras, encontró inicialmente la reacción del “no se puede”. Sin embargo luego se tomaron decisiones sustantivas de respaldo al proyecto y el 28 de junio de 2011 se lanzó la campaña por el matrimonio igualitario logrando instalarlo en el debate público. El Colectivo se entrevistó con todos los grupos que trabajan en el interior del país por la diversidad sexual y con todos los legisladores que desearon recibirlos. La mayor receptividad la encontraron en la bancada del FA que con una docena de firmas lo ingresó a la Comisión de Constitución y Código.
Por su parte el Diputado Luis Puig es optimista con respecto a los resultados legislativos. “Uruguay va en camino de sumarse a un pequeño grupo de países en el mundo que ya cuentan en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proceso de discusión al que asistimos en la región con la sanción en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario nos muestra hasta qué punto la iglesia católica y demás referentes conservadores de la sociedad están dispuestos a obstaculizar este avance en materia de derechos humanos. Estos mismos componentes están planteados en nuestro país”, afirma.
Los argumentos en contra
Entre los escollos que encontraron las organizaciones sociales durante la discusión parlamentaria estuvo el del origen etimológico. La palabra matrimonio viene de mater y está asociada a la maternidad. “Este argumento tiene que ver con una idea platónica”, discute Michelle, “de que las palabras son inmutables a través del tiempo. Lo cual parece tener poco asidero porque el derecho en sí es un instrumento de convivencia social que debe adaptarse a la sociedad en el momento de evolución que la misma está teniendo. No debe haber un divorcio entre el deber ser y el ser. Si la institución matrimonio no hubiera tenido cambios a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que nuestro derecho es de fines del Siglo XIX, las mujeres casadas serían todas incapaces y estarían sometidas a la potestad marital. No existiría el divorcio y los hijos fuera del matrimonio seguirían siendo castigados por la inmoralidad de sus padres y se les consagrarían menos derechos que a los hijos legítimos. O sea que del instituto original nos queda nada más que el nombre ya que sus características más importantes fueron desapareciendo”. Lo mismo sucede con la institución familia, agrega, que proviene del derecho romano.
El otro argumento en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario fue la existencia de la Ley de Unión Concubinaria. Para la abogada este “es un error técnico bastante grande. Cuando existen dos institutos que consagran lo mismo y ambos están vigentes uno de los dos debe dejar de existir por el principio de no contradicción y el instituto más nuevo derogaría en forma tácita al matrimonio, cosa que no se pretende. Son institutos concebidos esencialmente diferentes. Uno es un acto solemne con mínimas formalidades y el otro es un hecho social al cual la ley le da relevancia jurídica. Cuando uno se va a casar no se le pregunta si hace cinco años que está con su pareja, no se le pregunta si esa relación es estable, singular, exclusiva, pública y de índole sexual. Nunca se tiene que probar ante un juez con testigos si esas dos personas tienen relaciones sexuales”. La unión concubinaria, agrega, supone “meses de juicio público al que se llevan testigos y pruebas y si el juez no se siente lo suficientemente ilustrado puede denegar la unión. Fue consagrada para dar amparo a quienes no eligen el matrimonio por su filosofía de vida. Fue para tratar de satisfacer necesidades de parejas heterosexuales. Lentamente y de atrás se introdujeron las parejas del mismo sexo tratando de encontrar algún amparo ya que no tienen la posibilidad de elegir” entre ambas instituciones.
La última postura discordante fundamentaba “que no era un tema prioritario y eso es como no entender que los derechos humanos son complementarios e indivisibles”. “Las sociedades son como un árbol, no nos podemos distraer en épocas de bonanza con el tronco o la copa frondosa y dejar de lado sus raíces. Las raíces son las instituciones y las leyes. Si las instituciones y las leyes son injustas, son malas, no respaldan un sentimiento de justicia y esta se le niega a una parte importante de la población, ese árbol tiene mal las raíces y ante el primer empujón se cae. Nosotros ya tenemos la experiencia de una etapa triste con un Estado de Derecho que fue inoperante para responder a la realidad social a través de sus instituciones”.
Las raíces del patriarcado
En cuanto al debate en torno a la adopción que rodeó la aprobación del proyecto en diputados, la abogada aclara que “la adopción está saldada por una norma anterior”, el proyecto de matrimonio igualitario no está atado a la adopción como sucedió en otros países. “Sí, hubo un debate sobre los nombres y tiene que ver con el ámbito filiatorio desde el momento que si dos mujeres deciden tener un hijo no podemos seguir hablando de la jerarquía del apellido del padre sobre el de la madre si hay dos mamás o dos papás, entonces se da la opción de que esa pareja elija el orden de los apellidos que quiera. Por lo tanto se debe dar la opción de que el orden de los apellidos no esté jerarquizado tampoco si es un señor y una señora”. Esto se incorporó en este proyecto de ley y cuando lo propusieron “fue como tocar las raíces del patriarcado”, nos dice Michelle Suarez.
El Diputado Puig también nos habla de las dificultades que se presentaron en el tratamiento parlamentario. “En el marco de la discusión realizada en la Cámara de Representantes, representantes de partidos tradicionales pretendieron cambiar los ejes de discusión sosteniendo que el proyecto alternativo de unión civil por ellos presentado, contenía los mismos derechos sucesorios y patrimoniales que el de matrimonio igualitario presentado por el Frente Amplio. Lo que no lograron o quisieron entender aún es que este debate no trata de derechos patrimoniales o sucesorios sino que este es un debate de derechos humanos en toda su dimensión”, sostiene.
De ida y vuelta
Para Michelle Suarez “La buena salud del Estado de derecho tiene que ver con la confianza que la ciudadanía tenga en él” y para que esto se cumpla todos los derechos humanos deben ser respetados por igual. En la misma línea razona el parlamentario. “Falta aún la aprobación del proyecto por parte del Senado. Hacerlo sin más demoras ni modificaciones es un compromiso asumido por el Frente Amplio. Sin embargo, la aprobación parlamentaria del proyecto y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo no culmina este proceso”, opina. “Por el contrario, el verdadero debate en la sociedad recién comienza. La aprobación de la Ley es una condición necesaria pero insuficiente. Acortar la distancia entre la letra de la ley y la vida cotidiana es mucho más complejo y dificultoso que un mero trámite parlamentario. Los cambios en la construcción cultural de una sociedad no se realizan en un solo acto. Lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que la componen implica enfrentar la hipocresía de una sociedad pacata y machista. Incorporar el tema de la diversidad sexual como un tema central a la agenda de preocupaciones de, por ejemplo, quienes son la columna vertebral de la lucha por los derechos humanos, los trabajadores organizados, no será tarea sencilla”, afirma. Su experiencia personal, es que “tardó muchos años (tal vez demasiados) en comprender e incorporar este tema como parte integral de los derechos humanos”, confiesa. Reafirmando esta postura nos cuenta que al otro día de ser aprobado el proyecto de ley en diputados “arreciaban las bromas en las fabricas y lugares de trabajo”. Considera un desafío cultural de primer orden “que la clase trabajadora incorpore la lucha contra la discriminación en sus diferentes manifestaciones”. El camino a seguir según Puig es profundizar el intercambio y la coordinación entre las distintas formas de organización popular.
Publicado en Cuadernos de Compañero Nr.11
Marcha de la diversidad 2012
