DERECHOS HUMANOS: el vaso medio vacío

A veces incurrimos en la tentación de pensar que el estado actual de los derechos humanos en Uruguay es algo que nos fue dado, que existió siempre, que no hubo actores que lo impulsaron y que tampoco hubo actores que se opusieron a esos avances. Y es difícil decirles a las nuevas generaciones de activistas y también de ciudadanos cómo se fue construyendo ese sistema de derechos humanos que tenemos hoy. Un sistema con deficiencias, con aciertos, que se estructuró en base al impulso de los progresismos. Ese conglomerado heterogéneo que trata de definir qué es lo justo y lo injusto. Que trata de caminar hacia los derechos humanos, hacia más justicia social. Que puede dejar sabor a poco pero que es lo mejor que hemos logrado construir en términos de acumulación de fuerzas para cambiar y hacer de este mundo algo mejor.

Acaba de fallecer Louis Joinet. No puedo dejar de recordar lo que fue para los familiares de detenidos desaparecidos en el exilio encontrar voces como la de él, o como la del jurista uruguayo Alejandro Artuccio, cuando sabíamos que teníamos que denunciar la desaparición de nuestros familiares pero no sabíamos cómo ni dónde y todas las puertas parecían cerradas. Ellos nos decían que había opciones para buscar y para encontrar. Nos enseñaban que había normas del derecho internacional que nos amparaban. De esas voces de juristas internacionales y también de los familiares que acudimos a los gobiernos e instituciones en el exterior, y de esas madres, hermanos e hijos que dentro del territorio se la jugaban recorriendo las morgues y golpeando las puertas de civiles y militares para preguntar dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus padres; de todas esas voces, se fue construyendo este sistema. Y también de las enormes solidaridades de los compañeros, de los investigadores, periodistas, historiadores, abogados. De ese colectivo de gente de izquierda, heterogéneo, con el nombre que quieran ponerle, porque las izquierdas siempre tienen muchos nombres, de ese espacio amplio, surgió la incipiente verdad y reparación que tenemos ahora –entendiendo por políticas de reparación, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral–.

Claro que los uruguayos siempre pensamos que el vaso está medio vacío. Tenemos esa idiosincrasia. No creo que sea un defecto; por el contrario, es la agudeza de la ciudadanía que ve el vaso medio vacío porque efectivamente la historia ha demostrado que no existen los sistemas totalmente justos, plenos, ideales. En la historia, los vasos siempre han estado medio vacíos. Entonces, identificar qué es lo que hay dentro del vaso y lo que falta es una tarea muy inteligente de los uruguayos, que no tiene que desmoralizar, sino que, al contrario, tiene que ser vista como diagnóstico y punto de partida para nuevos pasos. Por ese lado va este artículo.

En el exilio, en 1978, formamos la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También se formó el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), asesorado por juristas como Theo van Boven y Louis Joinet. A su influjo, a medida que construíamos esa red de solidaridad con el pueblo uruguayo, fuimos también aprendiendo a revalorizar la democracia y los derechos humanos. Aprendimos que democracia y derechos humanos eran dos paradigmas por los que había que transitar si uno quería cambiar el mundo para mejor, que no eran herramientas, que eran un fin en sí mismos, que eran parte de nuestro objetivo de justicia social. Ese fue un gran aporte del sistema internacional de derechos humanos a las realidades latinoamericanas.

En segundo lugar, es necesario destacar que esa verdad, que conocemos actualmente, se construyó con mucha dificultad. En esa época armábamos las listas, siempre inconclusas, de compañeros presos y de los que estaban desaparecidos. Y a veces había que pasar los nombres de uno a otro lugar, según lo que hacían los militares con ellos. Darles seguimiento a las atrocidades impulsadas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado cuando definían que un compañero iba a “destino final”, forma elíptica con la que se referían a la desaparición, fue un trabajo muy arduo que se hizo entre muchos. Cuando aparecía alguien que había logrado zafar de las cárceles o de los pozos –así se llamaba a los centros clandestinos de detención–, le solicitábamos su testimonio, le preguntábamos si había visto a alguien conocido, y de esos testimonios se empezó a armar la historia de los hechos. Esas informaciones nos fueron dando una idea de lo que estaba pasando y se fue construyendo la noción del desaparecido tal como la conocemos hoy.

En Uruguay pasó algo parecido. Se dio ese caminar juntas para buscar acá y en Argentina, o donde fuera, porque hay que decirlo: “las viejas” viajaron a donde les dijeran que podía servir. Esos fueron los primeros pasos en la construcción de la verdad. Se trabajó mucho para el referéndum luego de que se votara la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Fue una gran batalla por el respeto a la vida y a la justicia; también se trabajó mucho por el plebiscito para anular la ley de caducidad, que quizá fue un error, porque los derechos no se plebiscitan. Paralelamente, los familiares y los ex presos políticos nunca dejamos de interponer denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Y mientras sucedía todo eso, en el Frente Amplio (FA) hubo grandes debates internos sobre cómo abordar el tema de los derechos humanos, cómo reparar a las víctimas, cómo lograr la memoria, la verdad y la justicia. Sobre qué era lo posible y qué era lo imposible.

Pero además de los debates, importan los hechos. Apenas el FA tuvo el gobierno departamental de Montevideo, empezó a implementar medidas reparatorias en diálogo con las organizaciones sociales: la construcción del Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo; el Museo de la Memoria y los cambios en el nomenclátor ciudadano, y la incorporación a la plantilla de empleados de algunos de los hijos de los desaparecidos, por ese entonces jóvenes a los que en su mayoría les faltaba el apoyo de la generación destinada a apuntalarlos en la vida. Fueron los gobiernos departamentales frenteamplistas los que empezaron a reparar lo que la dictadura nos había quitado y los gobiernos nacionales de derecha habían negado y ocultado.

Durante el gobierno nacional del FA se logró, y vale la pena enumerar: la Ley de Habeas Data (18.331), que habilita a cualquier uruguayo a solicitar la información que todo organismo del Estado tenga sobre sí; la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (18.446); la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad en 2011 (18.831), que devolvió al Estado la pretensión punitiva; la Ley de Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Estado (18.596); la creación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dio continuidad a las investigaciones contratando un equipo de historiadores y antropólogos; el ingreso a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos; el acceso a una parte de los archivos de la represión; el decreto de 2011 que dejó sin efecto todas las decisiones de los gobiernos blanquicolorados que amparaban en la ley de caducidad a los criminales de lesa humanidad denunciados por las víctimas –de esta manera, y por resolución del Ejecutivo, se borró de un plumazo la caducidad–; la creación de la Fiscalía especializada en casos de Derechos Humanos; la ley que elimina la doctrina de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas; y, por último, la Ley de Sitios de Memoria, aprobada recientemente, cuya implementación está en curso.

Después de luchar tanto para que hubiera justicia en nuestro país, nos encontramos con que habíamos subestimado los estamentos más reaccionarios de nuestra sociedad. Uno de sus máximos exponentes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tal como anunciara su vocero, Jorge Ruibal Pino, estableció una muralla a los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, lejos de romper con los lastres totalitarios de un pasado de terrorismo de Estado, optaron por la complicidad del silencio y el encubrimiento de los crímenes realizados durante la dictadura. Hasta el momento, no se han encontrado las formas de lidiar con estos obstáculos para lograr una profundización democrática mayor.

Así y todo, hubo condenas, que distan de ser suficientes. Solamente 20 militares fueron condenados y seis de ellos tienen prisión domiciliaria. En la actualidad, hay 156 causas en presumario, 94 fueron archivadas y 14 tienen ejecución de sentencia, según consta en la página del Observatorio Luz Ibarburu. Mientras, los abogados del Centro Militar interponen todo tipo de dilatorias y la SCJ se niega a reconocer como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a la desaparición forzada, la tortura y la violación, haciendo oídos sordos a las normas de derecho internacional.

Los militares no han querido decir dónde están los desaparecidos, y la búsqueda del equipo de antropólogos ha tenido escasos hallazgos. El personal asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no ha sido suficiente para analizar en su totalidad los archivos a su disposición. La Ley de Reparación Integral, que sacó a muchos de la indigencia, no está aún de acuerdo a lo que exige la INDDHH. Y la Ley de Sitios de Memoria, fraguada desde las organizaciones sociales, se demoró tanto en la Cámara de Diputados, que tuvo que ser votada cuando ya no se le podía asignar recursos.

Sí, el vaso no está lleno. Y, lo que es peor, hay posibilidades de grandes retrocesos. Por eso, es necesario distinguir a quienes nos han extendido una mano de quienes pusieron obstáculos y nos han expuesto a las maniobras de contrainformación de los militares, formados para jugar, año a año, con nuestras esperanzas. Esos sectores actúan hoy y procuran el apoyo ciudadano mediante diversas opciones político-partidarias. Y por más que hablen de la importancia de los valores democráticos y hagan promesas electorales en torno a la búsqueda de los desaparecidos, ya vimos en el pasado lo que son capaces de hacer. Por eso, en octubre, votaré por que se destinen más recursos para continuar la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los archivos de la represión. Por más justicia, por más educación en derechos humanos, muy en particular para los funcionarios públicos del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas; y por más políticas de memoria que sirvan cómo antídoto contra los fundamentalismos y las prácticas autoritarias. Votaré por seguir construyendo un país más progresista.

Adriana Cabrera Esteve es hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976.

Publicado en La Diaria el 24 de septiembre de 2019

Constanza y el efecto mariposa

Mariposa

Uno de los cuentos de Ray Bradbury, El ruido de un trueno, se basa en el “efecto mariposa”. En un futuro incierto, un hombre viaja a la prehistoria y, sin querer, pisa una mariposa. Al volver, la situación política de su país ha cambiado. La teoría en que se basa sostiene que un pequeño cambio puede suscitar una serie de transformaciones que, en red, a la larga, suponen otras mayores. Algo así parece estar sucediendo con la presencia de Constanza en la escena política que, como la mariposa, viene motivando también varios cambios.

Por ejemplo, para los que participamos en el Congreso Programático Hugo Cores del Frente Amplio fue de conocimiento general, la voluntad de la mayoría de las fuerzas que apoyaban a Tabaré Vázquez de no establecer un compromiso en cuanto a la cantidad de dinero que se destinaría a la educación.  Sin embargo, hace pocos días, Tabaré nos sorprendió con la promesa de destinar el 6% del PBI a la educación, tal como algunos habíamos propuesto durante el Congreso.

Algo similar ocurrió con el compromiso de restablecer el Impuesto de Primaria a los grandes terratenientes, propuesta impulsada en el Congreso que también encontró resistencias. Y más recientemente, Tabaré nos sorprendió gratamente, asegurando que abatir las desigualdades sería una prioridad de su gobierno enfatizando la situación de la infancia.  En este tema también, su discurso hace propios planteos que desde la Encuesta Continua de Hogares de 2012 venimos denunciando. A pesar de todo lo que hemos mejorado, uno de cada cuatro niños se encuentra bajo la línea de pobreza y el 28% de los negros son pobres. Dos cifras que nos avergüenzan ya que hablan de fragmentación social, racismo y emergencias aún no resueltas. Cualquier hipótesis de resolver esta emergencia en 20 o 40 años sugiere que las prioridades nacionales deben repensarse.

Sin embargo, Tabaré no desconoce que para cumplir con estos compromisos el dinero tiene que salir de alguna parte. Es de esperar que salga de los subsidios que se adjudican al gran capital privado, de las exoneraciones impositivas a las zonas francas o de los 520 millones de dólares anuales que se destinan al Ministerio de Defensa para una guerra inexistente e improbable. ¿Es bueno que los candidatos del Frente Amplio  sostengan que la única guerra que hay que llevar adelante es contra  las malas condiciones de vida de la cuarta parte de los niños uruguayos? Por supuesto que sí. Y si ese es el efecto que tiene el haber propuesto a Constanza Moreira como precandidata a la Presidencia de la República tendremos que felicitarnos por el día que empezamos a masticar esta idea y la llevamos al  Congreso Hugo Cores.

Por otra parte, si recién comenzada la campaña tenemos estas sorpresas, habrá de esperar que en los meses que faltan Tabaré nos asombre proponiendo cerrar el Liceo Militar por violar el derecho de esos niños y adolescentes a una educación general adecuada, una de las propuestas perdidosas en el Congreso o cambiar el régimen jubilatorio de privilegios que ostentan los oficiales militares y que costeamos todos los uruguayos.

Pero además, el efecto no termina en los límites del Frente Amplio. Lacalle Pou habla de erradicar los asentamientos y Larrañaga de multiplicar las escuelas de tiempo completo. Falta que Pedro Bordaberry prometa el acceso a los archivos de Inteligencia Militar para que los familiares de los desaparecidos podamos conocer el destino de nuestros familiares.

Cabe agregar que para que este efecto positivo en la escena nacional se sostenga, es necesario que Constanza y las fuerzas que la apoyan tengan muchos votos, en junio y en octubre. De esto dependerá nuestra capacidad de incidir con propuestas de izquierda en los próximos años.

            Otro de los efectos está estrechamente vinculado al rol de las mujeres en la sociedad uruguaya. A pesar de que somos el 50% de la población, los gobiernos frenteamplistas han llenado la administración de hombres y no han podido encontrar un número superior al 20% de mujeres capaces para ocupar cargos de gestión cuando las estadísticas de la educación muestran que las mujeres tenemos mejor escolaridad que los hombres. La candidatura de una mujer a la Presidencia nos hace más democráticos, mejora la calidad de la ciudadanía femenina y conlleva implícita la exhortación a sus congéneres a animarse con orgullo a ser mujeres políticas.

Hace pocos días, volanteando en la feria por la lista 567, me tomé el trabajo, cuando les entregaba los volantes a mis vecinas de preguntarles si se animarían a votar a una mujer a la Presidencia. Algunas me contestaron que a ellas les gustaban los hombres en la política, no las mujeres. Deconstruir ese paradigma y las resistencias que despiertan los protagonismos femeninos en política, incluso entre sus iguales, todavía es una asignatura pendiente de nuestra sociedad. Por suerte, otras contestaron que sí, que por supuesto, que las mujeres podemos hacer cualquier cosa. Ojalá estas elecciones presidenciales nos dejen como rédito el posicionarnos al nivel de los países más avanzados en materia de igualdad de género también en el terreno político. Porque sí, las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, basta con que nos animemos.