Cuarenta y dos años después: Derechos Humanos y desmemoria

00A 42 años del Golpe de Estado quedan demasiadas asignaturas pendientes y todavía seguimos entrando en nuevos ciclos de esperanza, una y otra vez. Todos sabemos a esta altura que sin información no hay más verdad histórica que la que se ha logrado recopilar a través del testimonio de las víctimas, el acceso a unos pocos archivos y las excavaciones para encontrar un puñadito de restos óseos. ¿Es poca? No. Unos años atrás, los familiares soñábamos con que un gobierno reconociera los delitos de lesa humanidad y el terrorismo de Estado que implicó la dictadura. ¿Es suficiente? Tampoco. Crear otra comisión de la verdad si no encontramos una forma de sortear el pacto de silencio en el que se amparan los criminales de lesa humanidad, podría llegar a convertirse en el nuevo distractor quinquenal.
Jorge Batlle creó la COPAZ y ella permitió a los militares dar información en forma anónima sobre el destino de los desaparecidos. Se garantizó que su información no llegaría a la Justicia y que nadie sabría quién había brindado los datos. El resultado fue un grupo de expertos en inteligencia militar (que es lo que son) abocados a desinformar. Hacer revivir la esperanza, y luego frustrarla es una forma de tortura sistemática hacia las víctimas en la que son expertos. Las víctimas, ávidas de creer, o sea nosotros, recorrimos ese camino. El único resultado positivo fue que por primera vez el gobierno reconoció los crímenes de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos tuvo que publicar su propio “A todos ellos” libro con el que intentó sistematizar toda la información recabada por diferentes generaciones de investigadores (víctimas, periodistas e historiadores) para aportar algo más denso y científico en materia de información.
Con el gobierno de Tabaré Vázquez, lo que se llamó Comisión de Seguimiento de la COPAZ, a solicitud de los familiares, mantuvo sus puertas abiertas, pero la confiabilidad en las buenas intenciones de la patota militar se mantuvo. Así, por ejemplo, se le mostró a Macarena el lugar donde no yacía su madre ante las cámaras televisivas. Sin embargo, los antropólogos y los historiadores sí realizaron un trabajo científico y tuvieron algunos logros.
El gobierno de José Mujica, a pesar de su intención de no mantener “viejitos presos”, aceptó la Sentencia de la CIDDHH que obligó a Uruguay a reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Por reparación debe entenderse su reparación moral a través del acceso a la verdad, la memoria y la justicia. La Secretaría de DDHH amplió su cometido pero para cumplirlo hubiera necesitado mucho más personal especializado. El resultado es que todavía no se ha sistematizado ni siquiera el archivo encontrado por la ex Ministra de Defensa Azucena Berrutti en el ex CGIOR durante el primer gobierno frenteamplista.
Hoy contamos con la nueva comisión instalada por Tabaré Vazquez cuando aún era presidente electo. El problema es que si esta comisión no accede a los archivos de inteligencia militar y a la Secretaria de DDHH, además de la excelente persona que la dirige, Isabel Wschebor, no se le asigna personal suficiente para investigar toda la información que surja y la que ya tiene, estaremos una vez más ante una nueva frustración para las grandes multitudes que cada 20 de mayo recorren 18 de julio. Eso sí, cada vez habrá menos testigos y víctimas encabezando la marcha.
Esta última Marcha del Silencio traté de ir entre las primeras filas. Vi a León Gieco bastante cerca pero no vi a Luisa Cuesta, ni a Luz Ibarburu, ni a María Esther Gatti, ni a Quica Errandonea, ni a Tota Quinteros, ni a Violeta Malugani, ni a Blanca Artigas, tampoco vi a otros tantos luchadores por los DDHH que ya no están. Y no me quise alejar de esa tercera fila para que los pocos familiares que estábamos entre la multitud que solidariamente llevaba nuestros carteles fuéramos visibles aunque no nos reconocieran. Note sí, las nuevas generaciones de sobrinos, hijos y nietos de los que ya no están. Fui también al plenario de Familiares y recordé las ricas tortas saladas que traían las viejas para que fueran más llevaderas las discusiones enconadas en las que nos entrelazábamos con la buena intención de lograr verdad y justicia. La verdad, es que la mesa nos quedaba grande. Las organizaciones de DDHH tienen que buscar solidaridad porque una parte del sistema político, el Poder Judicial y personajes como el Ministro Fernandez Huidobro, los han ridiculizado, estigmatizado y trabajado para lograr su aislamiento sistemático, su debilitamiento, su frustración, su división, su desaliento. Y me pregunto, cómo una sociedad puede permanecer anestesiada, año tras año, ante tanta barbarie como la que se cometió por un puñado de civiles y militares con el poder de las armas. ¿Cómo se puede barrer bajo la alfombra contraviniendo todas las normas internacionales en ddhh? Porque el tiempo. Esa variable implacable. Y la lentitud de las respuestas lo hace posible. Me pregunto también si queremos una sociedad de desmemoria para nuestros hijos. Porque de ser así, ellos no van a saber reconocer los signos de autoritarismo si llegaran a presentarse en el futuro, tampoco van a saber cómo salirles al cruce antes de que se consoliden esos procesos y sea tarde.
*Hija de Ary Cabrera Prates, desaparecido en abril de 1976

Publicado en La República 1 de julio de 2015

20a MARCHA DEL SILENCIO

Luisa Cuesta 1 xHoy es la 20a Marcha del Silencio. A esos veinte años de marchas, hay que sumarle los otros. Para unos han pasado cuarenta años desde la desaparición de nuestro familiar. Más de cuarenta para otros. Menos de cuarenta también. Porque el terrorismo de Estado secuestró, desapareció, asesinó antes, durante y después de la dictadura. Y a pesar de eso, la gran mayoría de los crímenes siguen impunes. Queremos verdad para saber lo que sucedió. Eso en nuestro país quiere decir acceso a los archivos de inteligencia militar que ningún gobierno entregó todavía. La CIA desarchiva sus documentos a los 30 años, ¿por qué nosotros no? No hay Comisión para la verdad que pueda resolver la falta de información cuando todavía hay quienes defienden la omertá. Queremos memoria para no repetir los errores del pasado. Y queremos una Justicia que funcione acorde con las normas internacionales más avanzadas, para que la impunidad sea una mala palabra.

Hoy vamos a marchar sin Luisa Cuesta, que todavía no sabe dónde está Nebio. También vamos a marchar sin Luz, María Esther, Quica, Blanca, Violeta, Tota y la lista sigue.

Ya no hay más tiempo. Es ahora.

La movilidad urbana y el derecho a la ciudad

fim bici
Por Adriana Cabrera Esteve*
Las actividades en torno al Día Mundial de la Bicicleta fueron promovidas por la IM y contaron con la coordinación de varias organizaciones que promueven el transporte activo (UNIBICI, MASA CRITICA, URUBIKE) y otras que apoyaron como la CAF. Se sustanciaron en las jornadas del FIM BICI (Festival Internacional de la Música en bici); las Jornadas de Intercambio Académico “Bicicleta y Universidad”, en las que se hicieron presentes ponentes de diferentes ciudades del mundo; y las bicicleteadas a las que se sumaron centenas de ciclistas. Concitaron también el apoyo de organizaciones sociales vinculadas a la descentralización, como el Concejo Vecinal 2, que decidió exhortar a las instituciones públicas y privadas de su barrio a “proporcionar a sus usuarios y trabajadores lugares seguros donde guardar sus bicicletas así como a incentivar el uso de las mismas como aporte a la construcción de una ciudad más sustentable”.
Esta movida por un cambio en el sistema de movilidad urbana y la importante convocatoria que logró nos trae a la memoria el texto de David Harvey: “El derecho a la ciudad”. David Harvey afirma que el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Y para mayores coincidencias finaliza el texto argumentando, “la democratización de ese derecho y la construcción de un amplio movimiento social para hacerlo realidad son imprescindibles si los desposeídos han de recuperar el control sobre la ciudad del que durante tanto tiempo han estado privados, y desean instituir nuevos modos de urbanización”.
En mi caso, comencé a andar en bici por Montevideo en 1985 cuando luego del desexilio no tenía un sueldo y sí tenía ese medio de transporte que me resultaba rápido, gratuito y constituía una forma de realizar ejercicio sin costos adicionales. De ese período al momento actual mucho ha cambiado en la cultura de los montevideanos y cada vez son más los que se animan a bicicletear por la calzada disputando a los automóviles y al transporte colectivo su lugar. Las motivaciones son de diferente índole. Algunos lo hacen por su salud, otros por razones económicas, otros porque adhieren a la idea de realizar cambios, al decir de Harvey, en nosotros mismos para cambiar la urbe.
En materia de movilidad, democratizar la ciudad supone ejercer el derecho a usar la calzada, derecho del que se han apropiado los usuarios de automóviles y las empresas de transporte. Y para los gobernantes supone oír y dar respuesta a las demandas de los movimientos sociales en desmedro de los intereses del capital, la industria del automóvil, la del combustible, las automotoras y los propios automovilistas. Hoy, el derecho a la movilidad urbana, no es sólo bajar el precio del boleto o asegurar un transporte colectivo eficiente. Es también contemplar el medioambiente y pensar en formas más sustentables. Ejemplos comparados, hay. Una de las ponencias de las Jornadas de Intercambio Académico presentó el abordaje del tema por parte del Gobierno Provincial de San Luis, Argentina, donde a espejo de nuestro Plan Ceibal, se promulgó el Plan TUBI a través de una Ley Provincial y ya ha regalado 44.000 bicicletas. La idea es que cada niño luego de terminar el nivel primario reciba la suya. También se les imparte educación vial y se construyen bicisendas. Para los adultos, la política provincial ambientalista implica el financiamiento de bicicletas a los funcionarios del Estado. Los costos son absorbidos en un 50% por el Municipio y el otro 50% por el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. Otras ciudades de América del Sur, como San Pablo y Buenos Aires, también comienzan a crear espacios para el transporte activo.
En Montevideo, aunque se empiezan a dar los primeros pasos, queda prácticamente todo por hacer. Resolver cuál va a ser el lugar donde transiten las bicicletas, así como regular la obligación de las instituciones a ofrecer bicicletarios seguros para guardar las mismas, son dos caras de la misma moneda a la hora de incentivar el transporte activo. Ofrecer este medio de transporte en los barrios más carenciados, ya sea regalando bicicletas o ayudando a su financiación; crear ciclovías en las grandes arterias de manera que los más necesitados y los que lo deseen puedan usar este medio de transporte a la hora de dirigirse a su lugar de trabajo o estudio; proporcionar estaciones de bicicletas al lado de las terminales de ómnibus a la que puedan acceder los trabajadores y estudiantes del interior que viajan a diario a Montevideo, siguen siendo nuestros sueños para el Montevideo del futuro.
Por si fuera poco, el último informe de la UNASEV (La República 21/3/15), da cuenta de la existencia de más de dos millones de vehículos motorizados (para poco más de tres millones de habitantes), de una tasa de mortalidad de tres personas cada diez mil vehículos, y en relación a su frecuencia, tres fallecidos cada dos días. Si agregamos a ello la contaminación que emana de los caños de escape, la polución sonora, el estrés y las demandas sociales, todo parece indicar que es el momento de profundizar las políticas públicas destinadas a un cambio de modelo en la movilidad urbana que contemple las necesidades de toda la población y habilite formas sustentables de trasladarse en la ciudad. Esta es, por cierto, una preocupación más relevante que la forma en que un legislador intenta sortear una multa por su infracción de tránsito o lo bien o mal que se realizan los controles.
*Escritora

Una vez más nos convoca la violencia doméstica

Los uruguayos debemos hacer cambios culturales profundos. Uno de ellos mirar para dentro. En nuestros hogares y en nosotros mismos. Veintisiete mujeres murieron este año por violencia doméstica, algunas mediante una brutalidad que conmueve a nuestra ciudadanía más indiferente. En el primer semestre de este año, el Ministerio del Interior recibió 14.065 denuncias de violencia doméstica. Pero hay más. Según el observatorio de la CEPAL, casi la mitad de las mujeres uruguayas, un 45%, tuvo alguna vez en su vida una relación violenta; el 43% ha vivido violencia emocional o psicológica por parte de su pareja o ex pareja; el 19,9 ha sufrido violencia económica; el 14,8, violencia física y el 6,7, violencia sexual. Todo esto, en medio de una campaña sistemática por parte de la organizaciones sociales y el sistema político.

Habrá que rasgar los muros de la indiferencia. Acercarnos a las víctimas. Aprender a actuar en los casos que identificamos con factores de riesgo. Prevenir porque luego no hay espacio para curar. Y fundamentalmente, cambiar nuestras relaciones de convivencia. Querernos más en este pasaje tan leve y fugaz que es la vida.

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Hugo Cores y el Congreso del FA: Gobernar es luchar

hugo cores

Por Adriana Cabrera Esteve                                                                                                                                           

Que el próximo Congreso del Frente Amplio lleve el nombre de Hugo Cores es de una enorme carga simbólica.  No se puede pensar en Hugo, sin pensar en su capacidad de lucha por justicia social; no se puede pensar en él, sin pensar en derechos humanos.

Si tuviera que atribuir a algo su compromiso con los ddhh, diría que tuvo tres vertientes. La primera fue el valor que los viejos anarquistas dieron a la solidaridad. Esta estuvo integrada a su propuesta  ideológica, creían en la construcción de una sociedad basada en la solidaridad. Mucho después, durante el “pachecato” y la dictadura militar este valor se tradujo en solidaridad con los presos políticos y sus familias.

Siendo marxista, Hugo siempre reivindicó el compromiso del anarquismo con los valores ideológicos, valores vinculados a la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia, la cooperación y muy en particular a la defensa de estos valores con sus prácticas de vida, por eso, se convirtieron en una ética personal.

La segunda vertiente se podría decir que venía de su propia experiencia existencial. Como todos los luchadores de su época, Hugo conoció la tortura y la prisión. Desde las luchas juveniles, la represión a los bancarios en el 68 y 69, luego en 1971, hasta la más dura en Buenos Aires donde fue secuestrado un 14 de abril de 1975. Allí se encontraba organizando el congreso fundacional del PVP cuando fue secuestrado en un bar. Lo habían estado esperando en el Correo Central donde tenía una casilla de correo. Allí comenzó la persecución. Logró escapar del Correo,  subió a un ómnibus seguido por los autos de los militares y concluyó en un bar de Alem y Sarmiento donde antes de ser capturado gritó que era Hugo Cores, que lo querían secuestrar y pidió que llamaran a un senador de la República Argentina. Ya detenido, Hugo siguió gritando su nombre y pidiendo que alguien denunciara su secuestro. Fueron días de durísimas torturas pero había logrado que su foto y el relato de su secuestro estuvieran en la prensa nacional e internacional. Apareció   en una comisaría de San Justo. Luego fue trasladado al Penal de Sierra Chica. Fue la solidaridad lo que impidió su desaparición. El jurista argentino Leandro Despouy y el francés, Jean–Louis Weil protagonizaron las gestiones que terminarían con su aparición y posterior  exilio  en Francia. Este vínculo daría lugar a lo que pienso fue la tercera vertiente, la relación con el grupo de juristas nacionales e internacionales que aportarían desde el conocimiento del derecho, el marco teórico a la táctica de denuncias que impulsaría Hugo y el Partido por la Victoria del Pueblo en Europa primero y en América Latina después. Las denuncias ante el Tribunal Russell, la creación del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, el apoyo a la lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los presos políticos, la denuncia de la dictadura uruguaya ante los organismos internacionales y también la coordinación y la unidad con todas las fuerzas que se oponían a la dictadura.

Estas ideas no sólo aportarían a la lucha por la democracia, sino que se convirtieron en una mirada sobre la construcción de ciudadanía. Ya no se trataba de la solidaridad hacia las víctimas de la dictadura, sino de las normas que deben regir la convivencia en un Estado democrático. La impunidad quebraba y quiebra esas normas básicas: igualdad ante la ley, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que sea reparado el daño, el acceso a la justicia, las garantías de no repetición de los crímenes. Por eso en julio del 2005 decía: “la labor del FA no se agota con proponer soluciones económicas sino con un nuevo concepto de ciudadanía. Una cultura solidaria, antagónica a la que propone el neoliberalismo. Solidaridad y no ley-de-la-selva. Verdad y no ocultamiento. Justicia y no impunidad. La movilización espiritual y cultural de la nación, de sus jóvenes, de sus creadores, de sus artesanos, sus artistas, sus intelectuales, sus obreros y de sus empresarios, que quieren crecer y hacer crecer al país, todo eso, es una propuesta que va más allá de la acción administrativa del gobierno”.

Hugo veía el gobierno como un campo de lucha. Lucha como en la vida misma. Entre el compromiso de la acción política y la pasividad, entre el pensamiento crítico y la inercia, entre los simplismos demagógicos y los razonamientos complejos, entre la inflexibilidad o la atención a las divergencias, entre ser razonables y adaptativos o atrevernos a luchar por aquellas banderas que son “nuestra memoria y nuestra identidad”. No basta con tener el gobierno, es necesario “enamorar” como se dice últimamente. Enamorar, mostrar que se está haciendo lo que prometimos y “denunciar los obstáculos que las derechas nos han colocado en el camino”.

En varios temas este Congreso tiene esas disyuntivas.

Tenemos un Poder Judicial que se ha convertido en un bastión de la derecha. ¿Por qué no decirlo? Las sentencias de la SCJ alarman a la comunidad internacional mientras,   por si teníamos dudas sobre su origen ideológico, van acompañadas de la jactancia del Semanario Búsqueda. Protegen los intereses de los terratenientes, de los acreedores de PLUNA y de los criminales de lesa humanidad y violan los derechos de los magistrados y las víctimas de la dictadura, amparados en la independencia de poderes que no supieron defender cuando debían eliminar la Ley de Caducidad que sí la violaba. Nuestro congreso debe incorporar este tema a su agenda. Proponerle a la ciudadanía desconcentrar el poder que tiene actualmente el máximo órgano del Poder Judicial y reformar también la Ley de la Judicatura dotando de transparencia y estableciendo criterios claros de ingreso y ascenso de los magistrados.

Se debe reimplantar el impuesto de Primaria a los terratenientes, eliminar los privilegios jubilatorios de los militares, poner impuestos a las zonas francas para que las riquezas sean mejor distribuidas y poder atacar ese 24% de pobreza infantil  que aún nos avergüenza. Para eso estamos, para favorecer a los desposeídos, para construir mayor justicia social. Son estas medidas las que entusiasmarán a las nuevas generaciones como han entusiasmado la agenda de derechos y la Ley de Medios. Sabemos que son espacios de poder duros pero no por eso intocables.

Hugo supo de divergencias y de unidad de acción. Durante su juventud fue un integrante orgánico de la FAU en una familia de comunistas y un marxista no ortodoxo entre anarquistas. Su madurez lo encontró estudiando a los estructuralistas marxistas, a Gramsci, muy cerca de las luchas y lejos del marxismo leninismo ortodoxo. Es esa mixtura entre valores ideológicos comprometidos con la lucha de los más humildes, su vida, los derechos humanos y la filiación al marxismo crítico lo que dio la significación a sus aportes que hoy homenajeamos ante este nuevo congreso del FA.

 Fotografía de Juan Angel Urruzola

Publicado en Voces 21/11/13

Poder Judicial: un debate necesario

Por Adriana Cabrera Esteve

Publicado en La República 26/10/13

Ya hace unas semanas, cuando nos visitara,  Pablo De Greiff, relator de la ONU, al presentar su informe ante la prensa afirmó que las últimas decisiones de la SCJ son una amenaza para la justicia. Al parecer habrían despertado alarma no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional por lo que él sugirió capacitación continuada, reformas y mejoramiento del Poder Judicial. En el mismo sentido han apuntado las declaraciones de la Institución Nacional de DDHH.

Hay varios temas a pensar. La SCJ tiene demasiadas competencias concentradas. Tiene poder disciplinario respecto a los jueces, los abogados y los funcionarios, administra el presupuesto, decide la constitucionalidad de las leyes y además hace jurisdicción  o sea resuelve en casación los casos que llegan a esa instancia. Ese es un poder enorme. Sin duda debe conservar el poder jurisdiccional.  El problema es que la SCJ también resuelve a quién designa y a quién asciende, si crea un juzgado, si le da recursos. Y estas decisiones, las toma muchas veces como respuesta a los fallos con los que no está de acuerdo. Algo que seguramente intimida a muchos de los jueces, cuestiona su independencia y vulnera sus derechos. Por otra parte, para garantizar el nivel y calidad de los jueces sería deseable que entraran por concurso y ascendieran por concurso pero esto no es lo que sucede. ¿Por qué razón confiamos en su aptitud para resolver los destinos de los ciudadanos en los múltiples aspectos de nuestras vidas vinculados a la justicia? Una forma de encarar este problema podría ser la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura algo que se podría hacer con mayorías simples en el Parlamento, con las que ya contamos. Pero de lo que no cabe dudas es que debiera formar parte del programa del Frente Amplio a discutirse los próximos 23 y 24 de noviembre.

Hoy la SCJ decide por sí y ante sí los traslados de los magistrados. Existe un método para establecer su calificación. A cada uno lo califican sus organismos superiores. Sin embargo, los jueces no pueden saber cómo los califican ni por qué. Pueden conjeturar pero la transparencia brilla por su ausencia.

Los funcionarios judiciales también dependen de la SCJ. Existe una Dirección General de Asuntos Administrativos cuyos integrantes también son designados por la SCJ.

Sería bueno que la función administrativa dependiera de otro organismo. La INDDHH aconseja la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura. Este podría ser incluso electivo. En algunos países hay un ministerio de justicia que administra el presupuesto del Poder Judicial sin embargo la propuesta que presentó la Unidad de DDHH, Participación y Compromiso y luego el Pilar de Transformación Democrática del Estado y la Sociedad a la Comisión de Programa del FA retomaba la inicialmente realizada por la INDDHH. A pesar del respaldo técnico de la iniciativa, esta desapareció del documento final de programa propuesto a la militancia frenteamplista para su discusión. No sabemos por qué. Lo que está claro es que independizar la administración de los recursos humanos y materiales debería ser una prioridad si queremos mejorar la calidad del servicio que brinda la institución y asegurar su transparencia.

El gran ausente de nuestro sistema judicial es el usuario. En nuestro país el usuario no es parte del proceso judicial como lo es en Argentina donde existe la figura del querellante. Si a esto agregamos que la mayoría de nuestros juicios no son orales y públicos sino a puertas cerradas y entre papeles, queda claro que al usuario/ciudadano sólo le queda enterarse del resultado de sus denuncias por la TV. Modernizar al Poder Judicial e incorporar la presencia de los usuarios como se ha hecho en otros ámbitos del Estado podría ser un avance en la democratización del país. Lejos de ser una herejía, en otros países, por ejemplo los anglosajones y entre ellos EEUU, los jurados están formados por grupos de ciudadanos. Esta es una forma de participación en la administración de la justicia que ni proponemos ni denostamos pero que rompe con la noción de que todo lo que sucede dentro de los juzgados para que sea independiente debe estar bajo la égida de la SCJ.

Otra “herejía” a deconstruir es la propuesta de crear un Tribunal Superior Constitucional que sea independiente de la SCJ, en varios países de América existe el Tribunal Constitucional. Esto es así, porque decidir la constitucionalidad o no de las leyes es una función distinta a la de decidir sobre las sentencias. Crearlo, igual que crear un Consejo Superior de la Magistratura supone reformar la Constitución. Sin embargo debatir qué tipo de Poder Judicial queremos sólo puede ser saludable para nuestra democracia y sin lugar a  dudas una asignatura pendiente.

Modelo para armar

Por Adriana Cabrera Esteve5

La propuesta de la Unidad de Derechos Humanos, Participación y Compromiso de la Comisión de Programa del FA ratifica la histórica obligación de nuestra fuerza política con la reparación integral de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el pasado reciente, entiéndase por tal: la memoria, la verdad y la justicia. Reafirma el carácter universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos abordando en forma integral nuestra responsabilidad para con ellos. Y plantea la reforma del Poder Judicial. Por el rol fundamental del sistema judicial en la protección de las libertades y los derechos de la ciudadanía esta propuesta resulta central a la hora de pensar no sólo los derechos humanos sino también la calidad del estado que queremos en términos democráticos y también funcionales.

 Varias razones hacen imperiosa esta reforma. Por un lado la situación en materia de seguridad pública. Permanentemente se piensa la falta de represión policial como factor unicausal de la inseguridad. Sin embargo, varios datos de la realidad demuestran que es un tema polémico  y plagado de contradicciones. Mientras la derecha reclama más represión o la baja de la edad de imputabilidad, la izquierda históricamente ha apostado a las políticas sociales. No por eso, el gobierno frenteamplista ha sido ingenuo. Nunca  como durante el gobierno frenteamplista se ha perseguido tanto a los grande narcotraficantes y a los delincuentes de guante blanco. Tampoco la fuerza política lo ha sido. Durante 2012, a instancias del Presidente Mujica, la Estrategia por la Vida y la Convivencia fue fruto de una discusión generalizada intentando remover patrones culturales de larga data como la violencia doméstica, responsable del 2,9% de las muertes violentas; o los suicidios, culpables del 43,4%, o los accidentes de tránsito que suponen, nada más ni nada menos, que el 36.7% de las muertes violentas en nuestro país.

 El cuello de botella

 En comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más bajas, 6.1 cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países del continente como Venezuela encontramos tasas de 57 cada 100.000 o en Colombia, 20 cada 100.000. Sin embargo la percepción de la ciudadanía, crónica roja de por medio, no incorpora esos datos  y la sensación de inseguridad llega a amplios sectores de la población   presionando sobre los jerarcas del Ministerio del Interior. Tampoco incorpora que el homicidio es el delito con menor brecha de procesamiento. Es decir que la gran mayoría son encarcelados. El problema es que, sin importar la causa,  la gran mayoría de los presos no tienen sentencia. Sólo el 37% de los privados de libertad son penados. Este dato de la realidad, no sólo cuestiona la eficiencia del Poder Judicial, también deja en evidencia la desprotección del 63% de los encarcelados que podrían, eventualmente, ser considerados inocentes al finalizar el juicio. Mientras tanto, el tiempo de prisión no es inofensivo. El 59% de reincidentes contabilizados en 2012 nos dan la idea de que para muchos, la cárcel resulta ser una “escuela del crimen” en vez de un lugar de rehabilitación. Al mismo tiempo, mientras que hay 7.664 plazas en las cárceles, hay 9.413 presos. A 1.749 presos, también se les están violando sus derechos porque estar privado de libertad no quiere decir estar hacinado. La lentitud en los plazos judiciales es extensiva a la justicia no penal, por ejemplo a los juicios laborales.

Evitaría el hacinamiento, un Poder Judicial más eficaz que resolviera ágilmente las causas judiciales y que usara penas alternativas.

La impunidad

Otro ejemplo de ineficiencia judicial la encontramos en los juicios vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de estado. El Observatorio Luz Ibarburu creado recientemente contabilizó 215 causas por violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría presentadas entre 2011 y 2012 pero también un número importante datan de la salida a la dictadura. La información que brinda sobre las causas no es nada menor. Las principales son la tortura, el asesinato, la privación de libertad y la desaparición forzada. Todos delitos graves. Sin embargo, de todas ellas 169 (78%) se encuentran en etapa de presumario, 32% fueron archivadas, 15% están en etapa de sumario, y sólo un 1% ha tenido sentencia. Mientras tanto, el tiempo pasa y garantiza a los responsables de crímenes de lesa humanidad, su impunidad.

Mirándola de adentro

Paralelamente, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) viene denunciando la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial y en la formación de los magistrados. Repetidamente ha manifestado su preocupación ante distintos ámbitos del gobierno. Reclaman la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura dando garantías en el ingreso, ascenso y calidad técnica de los magistrados. Como forma de lograrlo exigen sustituir la antigüedad por el concurso. También piden una política de descentralización en concordancia con otras áreas del Estado. En ese sentido proponen la reinstalación de la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo y la creación de Tribunales de Apelaciones en las regiones alejadas del interior del país, muy en particular en el norte. Además, han expresado su preocupación por la superintendencia administrativa que ejerce la SCJ que aunque delega funciones en la Dirección Nacional y en las Divisiones, modifica sus decisiones, con un resultado de marchas y contramarchas que tienen como consecuencia la inercia de los mandos medios.

Todos los caminos conducen a Roma

 Cabe señalar que, recientemente, ante la decisión de la SCJ, sin fundamento, de trasladar a la Jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió un comunicado sobre la administración de justicia y los derechos humanos en el que aconsejaba actualizar al sistema judicial acorde a los instrumentos internacionales de manera de convertirse en un verdadero garante del estado de derecho. En ese sentido aconsejaba la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la sanción de un nuevo Código del Proceso Penal actualmente en trámite en el Parlamento.

La INDDHH tiene entre sus funciones la de “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales” y es en base a esta potestad que realiza sus propuestas.

 La propuesta  

Asegurando la garantía de independencia al Poder Judicial en tanto poder del estado, parece imprescindible encarar una serie de cambios en el sentido de dotarlo de transparencia y a su vez de solvencia. En ese sentido la propuesta programática debería considerar la creación de un Consejo Superior de la Magistratura que asuma las funciones administrativas y asegure la carrera judicial incluyendo la convocatoria a los magistrados, su selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados, régimen disciplinario y especialización técnica; y un Tribunal Constitucional que atienda los temas relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ambas medidas requieren reformas constitucionales. De esta forma se liberaría a la SCJ de la superposición de funciones, principal factor de ineficiencia, permitiéndole concentrarse en la tarea jurisdiccional. Además se propone la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura de forma de que se establezca un sistema transparente de ingresos, ascensos y movilidad de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Otra propuesta es la reforma del Ministerio Público y Fiscal con la idea de garantizar a los magistrados fiscales su carrera profesional, tanto en la convocatoria como en la selección, capacitación, especialización, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario.

Por último, la formación en derechos humanos es una preocupación del programa de gobierno propuesto tanto para los funcionarios del sistema judicial como para otros actores de la sociedad para lo que se propone un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.13

Errando el bizcochazo

Por Adriana Cabrera Esteve

Llamadas 2012

La eficiencia y la eficacia del gobierno en materia de seguridad es uno de los principales caballitos de batalla de la derecha fielmente seguida por algunos de los medios de prensa privados. Cada hecho delictivo, especialmente si es muy truculento, suscita comentarios malevolentes de todo tipo y color  contra toda la administración frenteamplista. No porque sí, ya en 2011, una medición de opinión pública realizada por Equipos Mori, mostraba a la inseguridad como la preocupación más importante de la población.

Ahora bien, si el Ministerio del Interior fuera ineficaz en materia de represión al delito, no habría 9.413 personas privadas de libertad. En el 2000, había 4.369. En una década la población carcelaria se duplicó. Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, hay 2.409 presos más. Tenemos una de las tasas más altas de presos por habitante y a pesar de las cárceles construidas, los presos superan en 1.749 las plazas disponibles. El hacinamiento sigue siendo un hecho a superar y el uso de penas alternativas a la prisión sigue siendo también un enorme debe del Poder Judicial.

El debate en torno a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, impulsada por el gobierno a partir de mediados del año pasado, sirvió para deconstruir algunos de los mitos en torno al tema de la seguridad. Por ejemplo, salió a luz que las principales causas de muertes violentas en nuestro país no eran los delitos sino los suicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y la violencia doméstica. Todos problemas a resolver lejos del ámbito del Ministerio del Interior y muy cerca de nuestros patrones culturales.

El Reporte Social 2013, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas vuelve a darnos información relevante. Para empezar, confirma algo que desde la izquierda se ha repetido hasta el hartazgo y es que los gobiernos frenteamplistas han tenido que lidiar con la inseguridad gestada en las políticas económicas blanquicoloradas. Un estudio de la población carcelaria nos dice que en 2004, inmediatamente después de la mayor crisis económica de las últimas décadas, el 58% de los presos eran primarios. O sea incubados en la desocupación, la pobreza y la marginación que asoló a nuestra población. Expulsados de la sociedad por las políticas del último gobierno del Partido Colorado. En 2012, casi la misma cantidad (59%) son reincidentes, son los que no han podido salir del entramado de criminalidad tejido en ese período y que atraviesa nuestra sociedad, desde los que con cuello blanco se dedican al lavado de dinero hasta los que le venden “lágrimas” o “chasquis” de pasta base en cualquier “boca” del barrio a nuestros jóvenes.

Otro dato interesante está vinculado a sus probabilidades de salir de ese entramado de violencia. Según el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que tiene como objetivo la readaptación e inclusión de los detenidos brindando asesoramiento jurídico y psicológico, capacitación e inserción laboral, apoyo en gestión de trámites, entre otras cosas; de los pocos presos que ingresan al programa, el 79% no reinciden. O sea que con programas de inclusión adecuados la reincidencia también es atacable.

Pero el dato que resulta más inquietante y que obliga a llevar la mira a otra dirección cuando hablamos de represión al delito (porque está claro que la inseguridad no es sólo un problema de represión sino de prevención), es que de las personas privadas de libertad están penadas sólo el 35,3%, el resto están detenidos en forma preventiva a la espera de que la justicia decida sobre su culpabilidad. Un problema endémico, por cierto. En el 2004, los hermanos Peirano Basso se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a ser juzgados, visto el tiempo que habían permanecido en prisión sin condena. Así que esta película ya la vimos y nos habla del grado de eficiencia y eficacia del sistema judicial al que de una vez por todas hay que hincarle el diente. Una Suprema Corte de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, que además de “juzgar a todos los infractores de la Constitución” debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, además de elaborar presupuestos, nombrar Jueces, nombrar Defensores de Oficio, Jueces de Paz y “nombrar, promover y destituir por sí” a los demás empleados del Poder Judicial, entre otras cosas, no puede ser otra cosa que ineficiente. Pensar la estructura del sistema judicial en clave de justicia, dotarla de agilidad y tratar de resolver ese cuello de botella conformado por la superposición de funciones parece ser una de las necesidades de la próxima etapa. Crear un Tribunal que se encargue de la administración de Justicia y un Consejo que sea responsable de la administración es una de las propuestas. El próximo programa del Frente Amplio deberá contemplarlo.

(El entrecomillado pertenece a la Constitución de la República)

Publicado en La República el 6/9/2013