Fotografía de Juan Ángel Urruzola
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Hugo Cores y el Congreso del FA: Gobernar es luchar
Por Adriana Cabrera Esteve
Que el próximo Congreso del Frente Amplio lleve el nombre de Hugo Cores es de una enorme carga simbólica. No se puede pensar en Hugo, sin pensar en su capacidad de lucha por justicia social; no se puede pensar en él, sin pensar en derechos humanos.
Si tuviera que atribuir a algo su compromiso con los ddhh, diría que tuvo tres vertientes. La primera fue el valor que los viejos anarquistas dieron a la solidaridad. Esta estuvo integrada a su propuesta ideológica, creían en la construcción de una sociedad basada en la solidaridad. Mucho después, durante el “pachecato” y la dictadura militar este valor se tradujo en solidaridad con los presos políticos y sus familias.
Siendo marxista, Hugo siempre reivindicó el compromiso del anarquismo con los valores ideológicos, valores vinculados a la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia, la cooperación y muy en particular a la defensa de estos valores con sus prácticas de vida, por eso, se convirtieron en una ética personal.
La segunda vertiente se podría decir que venía de su propia experiencia existencial. Como todos los luchadores de su época, Hugo conoció la tortura y la prisión. Desde las luchas juveniles, la represión a los bancarios en el 68 y 69, luego en 1971, hasta la más dura en Buenos Aires donde fue secuestrado un 14 de abril de 1975. Allí se encontraba organizando el congreso fundacional del PVP cuando fue secuestrado en un bar. Lo habían estado esperando en el Correo Central donde tenía una casilla de correo. Allí comenzó la persecución. Logró escapar del Correo, subió a un ómnibus seguido por los autos de los militares y concluyó en un bar de Alem y Sarmiento donde antes de ser capturado gritó que era Hugo Cores, que lo querían secuestrar y pidió que llamaran a un senador de la República Argentina. Ya detenido, Hugo siguió gritando su nombre y pidiendo que alguien denunciara su secuestro. Fueron días de durísimas torturas pero había logrado que su foto y el relato de su secuestro estuvieran en la prensa nacional e internacional. Apareció en una comisaría de San Justo. Luego fue trasladado al Penal de Sierra Chica. Fue la solidaridad lo que impidió su desaparición. El jurista argentino Leandro Despouy y el francés, Jean–Louis Weil protagonizaron las gestiones que terminarían con su aparición y posterior exilio en Francia. Este vínculo daría lugar a lo que pienso fue la tercera vertiente, la relación con el grupo de juristas nacionales e internacionales que aportarían desde el conocimiento del derecho, el marco teórico a la táctica de denuncias que impulsaría Hugo y el Partido por la Victoria del Pueblo en Europa primero y en América Latina después. Las denuncias ante el Tribunal Russell, la creación del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, el apoyo a la lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los presos políticos, la denuncia de la dictadura uruguaya ante los organismos internacionales y también la coordinación y la unidad con todas las fuerzas que se oponían a la dictadura.
Estas ideas no sólo aportarían a la lucha por la democracia, sino que se convirtieron en una mirada sobre la construcción de ciudadanía. Ya no se trataba de la solidaridad hacia las víctimas de la dictadura, sino de las normas que deben regir la convivencia en un Estado democrático. La impunidad quebraba y quiebra esas normas básicas: igualdad ante la ley, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que sea reparado el daño, el acceso a la justicia, las garantías de no repetición de los crímenes. Por eso en julio del 2005 decía: “la labor del FA no se agota con proponer soluciones económicas sino con un nuevo concepto de ciudadanía. Una cultura solidaria, antagónica a la que propone el neoliberalismo. Solidaridad y no ley-de-la-selva. Verdad y no ocultamiento. Justicia y no impunidad. La movilización espiritual y cultural de la nación, de sus jóvenes, de sus creadores, de sus artesanos, sus artistas, sus intelectuales, sus obreros y de sus empresarios, que quieren crecer y hacer crecer al país, todo eso, es una propuesta que va más allá de la acción administrativa del gobierno”.
Hugo veía el gobierno como un campo de lucha. Lucha como en la vida misma. Entre el compromiso de la acción política y la pasividad, entre el pensamiento crítico y la inercia, entre los simplismos demagógicos y los razonamientos complejos, entre la inflexibilidad o la atención a las divergencias, entre ser razonables y adaptativos o atrevernos a luchar por aquellas banderas que son “nuestra memoria y nuestra identidad”. No basta con tener el gobierno, es necesario “enamorar” como se dice últimamente. Enamorar, mostrar que se está haciendo lo que prometimos y “denunciar los obstáculos que las derechas nos han colocado en el camino”.
En varios temas este Congreso tiene esas disyuntivas.
Tenemos un Poder Judicial que se ha convertido en un bastión de la derecha. ¿Por qué no decirlo? Las sentencias de la SCJ alarman a la comunidad internacional mientras, por si teníamos dudas sobre su origen ideológico, van acompañadas de la jactancia del Semanario Búsqueda. Protegen los intereses de los terratenientes, de los acreedores de PLUNA y de los criminales de lesa humanidad y violan los derechos de los magistrados y las víctimas de la dictadura, amparados en la independencia de poderes que no supieron defender cuando debían eliminar la Ley de Caducidad que sí la violaba. Nuestro congreso debe incorporar este tema a su agenda. Proponerle a la ciudadanía desconcentrar el poder que tiene actualmente el máximo órgano del Poder Judicial y reformar también la Ley de la Judicatura dotando de transparencia y estableciendo criterios claros de ingreso y ascenso de los magistrados.
Se debe reimplantar el impuesto de Primaria a los terratenientes, eliminar los privilegios jubilatorios de los militares, poner impuestos a las zonas francas para que las riquezas sean mejor distribuidas y poder atacar ese 24% de pobreza infantil que aún nos avergüenza. Para eso estamos, para favorecer a los desposeídos, para construir mayor justicia social. Son estas medidas las que entusiasmarán a las nuevas generaciones como han entusiasmado la agenda de derechos y la Ley de Medios. Sabemos que son espacios de poder duros pero no por eso intocables.
Hugo supo de divergencias y de unidad de acción. Durante su juventud fue un integrante orgánico de la FAU en una familia de comunistas y un marxista no ortodoxo entre anarquistas. Su madurez lo encontró estudiando a los estructuralistas marxistas, a Gramsci, muy cerca de las luchas y lejos del marxismo leninismo ortodoxo. Es esa mixtura entre valores ideológicos comprometidos con la lucha de los más humildes, su vida, los derechos humanos y la filiación al marxismo crítico lo que dio la significación a sus aportes que hoy homenajeamos ante este nuevo congreso del FA.
Fotografía de Juan Angel Urruzola
Publicado en Voces 21/11/13
Poder Judicial: un debate necesario
Por Adriana Cabrera Esteve
Publicado en La República 26/10/13
Ya hace unas semanas, cuando nos visitara, Pablo De Greiff, relator de la ONU, al presentar su informe ante la prensa afirmó que las últimas decisiones de la SCJ son una amenaza para la justicia. Al parecer habrían despertado alarma no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional por lo que él sugirió capacitación continuada, reformas y mejoramiento del Poder Judicial. En el mismo sentido han apuntado las declaraciones de la Institución Nacional de DDHH.
Hay varios temas a pensar. La SCJ tiene demasiadas competencias concentradas. Tiene poder disciplinario respecto a los jueces, los abogados y los funcionarios, administra el presupuesto, decide la constitucionalidad de las leyes y además hace jurisdicción o sea resuelve en casación los casos que llegan a esa instancia. Ese es un poder enorme. Sin duda debe conservar el poder jurisdiccional. El problema es que la SCJ también resuelve a quién designa y a quién asciende, si crea un juzgado, si le da recursos. Y estas decisiones, las toma muchas veces como respuesta a los fallos con los que no está de acuerdo. Algo que seguramente intimida a muchos de los jueces, cuestiona su independencia y vulnera sus derechos. Por otra parte, para garantizar el nivel y calidad de los jueces sería deseable que entraran por concurso y ascendieran por concurso pero esto no es lo que sucede. ¿Por qué razón confiamos en su aptitud para resolver los destinos de los ciudadanos en los múltiples aspectos de nuestras vidas vinculados a la justicia? Una forma de encarar este problema podría ser la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura algo que se podría hacer con mayorías simples en el Parlamento, con las que ya contamos. Pero de lo que no cabe dudas es que debiera formar parte del programa del Frente Amplio a discutirse los próximos 23 y 24 de noviembre.
Hoy la SCJ decide por sí y ante sí los traslados de los magistrados. Existe un método para establecer su calificación. A cada uno lo califican sus organismos superiores. Sin embargo, los jueces no pueden saber cómo los califican ni por qué. Pueden conjeturar pero la transparencia brilla por su ausencia.
Los funcionarios judiciales también dependen de la SCJ. Existe una Dirección General de Asuntos Administrativos cuyos integrantes también son designados por la SCJ.
Sería bueno que la función administrativa dependiera de otro organismo. La INDDHH aconseja la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura. Este podría ser incluso electivo. En algunos países hay un ministerio de justicia que administra el presupuesto del Poder Judicial sin embargo la propuesta que presentó la Unidad de DDHH, Participación y Compromiso y luego el Pilar de Transformación Democrática del Estado y la Sociedad a la Comisión de Programa del FA retomaba la inicialmente realizada por la INDDHH. A pesar del respaldo técnico de la iniciativa, esta desapareció del documento final de programa propuesto a la militancia frenteamplista para su discusión. No sabemos por qué. Lo que está claro es que independizar la administración de los recursos humanos y materiales debería ser una prioridad si queremos mejorar la calidad del servicio que brinda la institución y asegurar su transparencia.
El gran ausente de nuestro sistema judicial es el usuario. En nuestro país el usuario no es parte del proceso judicial como lo es en Argentina donde existe la figura del querellante. Si a esto agregamos que la mayoría de nuestros juicios no son orales y públicos sino a puertas cerradas y entre papeles, queda claro que al usuario/ciudadano sólo le queda enterarse del resultado de sus denuncias por la TV. Modernizar al Poder Judicial e incorporar la presencia de los usuarios como se ha hecho en otros ámbitos del Estado podría ser un avance en la democratización del país. Lejos de ser una herejía, en otros países, por ejemplo los anglosajones y entre ellos EEUU, los jurados están formados por grupos de ciudadanos. Esta es una forma de participación en la administración de la justicia que ni proponemos ni denostamos pero que rompe con la noción de que todo lo que sucede dentro de los juzgados para que sea independiente debe estar bajo la égida de la SCJ.
Otra “herejía” a deconstruir es la propuesta de crear un Tribunal Superior Constitucional que sea independiente de la SCJ, en varios países de América existe el Tribunal Constitucional. Esto es así, porque decidir la constitucionalidad o no de las leyes es una función distinta a la de decidir sobre las sentencias. Crearlo, igual que crear un Consejo Superior de la Magistratura supone reformar la Constitución. Sin embargo debatir qué tipo de Poder Judicial queremos sólo puede ser saludable para nuestra democracia y sin lugar a dudas una asignatura pendiente.
Modelo para armar
Por Adriana Cabrera Esteve
La propuesta de la Unidad de Derechos Humanos, Participación y Compromiso de la Comisión de Programa del FA ratifica la histórica obligación de nuestra fuerza política con la reparación integral de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el pasado reciente, entiéndase por tal: la memoria, la verdad y la justicia. Reafirma el carácter universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos abordando en forma integral nuestra responsabilidad para con ellos. Y plantea la reforma del Poder Judicial. Por el rol fundamental del sistema judicial en la protección de las libertades y los derechos de la ciudadanía esta propuesta resulta central a la hora de pensar no sólo los derechos humanos sino también la calidad del estado que queremos en términos democráticos y también funcionales.
Varias razones hacen imperiosa esta reforma. Por un lado la situación en materia de seguridad pública. Permanentemente se piensa la falta de represión policial como factor unicausal de la inseguridad. Sin embargo, varios datos de la realidad demuestran que es un tema polémico y plagado de contradicciones. Mientras la derecha reclama más represión o la baja de la edad de imputabilidad, la izquierda históricamente ha apostado a las políticas sociales. No por eso, el gobierno frenteamplista ha sido ingenuo. Nunca como durante el gobierno frenteamplista se ha perseguido tanto a los grande narcotraficantes y a los delincuentes de guante blanco. Tampoco la fuerza política lo ha sido. Durante 2012, a instancias del Presidente Mujica, la Estrategia por la Vida y la Convivencia fue fruto de una discusión generalizada intentando remover patrones culturales de larga data como la violencia doméstica, responsable del 2,9% de las muertes violentas; o los suicidios, culpables del 43,4%, o los accidentes de tránsito que suponen, nada más ni nada menos, que el 36.7% de las muertes violentas en nuestro país.
El cuello de botella
En comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más bajas, 6.1 cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países del continente como Venezuela encontramos tasas de 57 cada 100.000 o en Colombia, 20 cada 100.000. Sin embargo la percepción de la ciudadanía, crónica roja de por medio, no incorpora esos datos y la sensación de inseguridad llega a amplios sectores de la población presionando sobre los jerarcas del Ministerio del Interior. Tampoco incorpora que el homicidio es el delito con menor brecha de procesamiento. Es decir que la gran mayoría son encarcelados. El problema es que, sin importar la causa, la gran mayoría de los presos no tienen sentencia. Sólo el 37% de los privados de libertad son penados. Este dato de la realidad, no sólo cuestiona la eficiencia del Poder Judicial, también deja en evidencia la desprotección del 63% de los encarcelados que podrían, eventualmente, ser considerados inocentes al finalizar el juicio. Mientras tanto, el tiempo de prisión no es inofensivo. El 59% de reincidentes contabilizados en 2012 nos dan la idea de que para muchos, la cárcel resulta ser una “escuela del crimen” en vez de un lugar de rehabilitación. Al mismo tiempo, mientras que hay 7.664 plazas en las cárceles, hay 9.413 presos. A 1.749 presos, también se les están violando sus derechos porque estar privado de libertad no quiere decir estar hacinado. La lentitud en los plazos judiciales es extensiva a la justicia no penal, por ejemplo a los juicios laborales.
Evitaría el hacinamiento, un Poder Judicial más eficaz que resolviera ágilmente las causas judiciales y que usara penas alternativas.
La impunidad
Otro ejemplo de ineficiencia judicial la encontramos en los juicios vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de estado. El Observatorio Luz Ibarburu creado recientemente contabilizó 215 causas por violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría presentadas entre 2011 y 2012 pero también un número importante datan de la salida a la dictadura. La información que brinda sobre las causas no es nada menor. Las principales son la tortura, el asesinato, la privación de libertad y la desaparición forzada. Todos delitos graves. Sin embargo, de todas ellas 169 (78%) se encuentran en etapa de presumario, 32% fueron archivadas, 15% están en etapa de sumario, y sólo un 1% ha tenido sentencia. Mientras tanto, el tiempo pasa y garantiza a los responsables de crímenes de lesa humanidad, su impunidad.
Mirándola de adentro
Paralelamente, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) viene denunciando la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial y en la formación de los magistrados. Repetidamente ha manifestado su preocupación ante distintos ámbitos del gobierno. Reclaman la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura dando garantías en el ingreso, ascenso y calidad técnica de los magistrados. Como forma de lograrlo exigen sustituir la antigüedad por el concurso. También piden una política de descentralización en concordancia con otras áreas del Estado. En ese sentido proponen la reinstalación de la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo y la creación de Tribunales de Apelaciones en las regiones alejadas del interior del país, muy en particular en el norte. Además, han expresado su preocupación por la superintendencia administrativa que ejerce la SCJ que aunque delega funciones en la Dirección Nacional y en las Divisiones, modifica sus decisiones, con un resultado de marchas y contramarchas que tienen como consecuencia la inercia de los mandos medios.
Todos los caminos conducen a Roma
Cabe señalar que, recientemente, ante la decisión de la SCJ, sin fundamento, de trasladar a la Jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió un comunicado sobre la administración de justicia y los derechos humanos en el que aconsejaba actualizar al sistema judicial acorde a los instrumentos internacionales de manera de convertirse en un verdadero garante del estado de derecho. En ese sentido aconsejaba la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la sanción de un nuevo Código del Proceso Penal actualmente en trámite en el Parlamento.
La INDDHH tiene entre sus funciones la de “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales” y es en base a esta potestad que realiza sus propuestas.
La propuesta
Asegurando la garantía de independencia al Poder Judicial en tanto poder del estado, parece imprescindible encarar una serie de cambios en el sentido de dotarlo de transparencia y a su vez de solvencia. En ese sentido la propuesta programática debería considerar la creación de un Consejo Superior de la Magistratura que asuma las funciones administrativas y asegure la carrera judicial incluyendo la convocatoria a los magistrados, su selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados, régimen disciplinario y especialización técnica; y un Tribunal Constitucional que atienda los temas relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ambas medidas requieren reformas constitucionales. De esta forma se liberaría a la SCJ de la superposición de funciones, principal factor de ineficiencia, permitiéndole concentrarse en la tarea jurisdiccional. Además se propone la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura de forma de que se establezca un sistema transparente de ingresos, ascensos y movilidad de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Otra propuesta es la reforma del Ministerio Público y Fiscal con la idea de garantizar a los magistrados fiscales su carrera profesional, tanto en la convocatoria como en la selección, capacitación, especialización, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario.
Por último, la formación en derechos humanos es una preocupación del programa de gobierno propuesto tanto para los funcionarios del sistema judicial como para otros actores de la sociedad para lo que se propone un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.
Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.13
Errando el bizcochazo
Por Adriana Cabrera Esteve
La eficiencia y la eficacia del gobierno en materia de seguridad es uno de los principales caballitos de batalla de la derecha fielmente seguida por algunos de los medios de prensa privados. Cada hecho delictivo, especialmente si es muy truculento, suscita comentarios malevolentes de todo tipo y color contra toda la administración frenteamplista. No porque sí, ya en 2011, una medición de opinión pública realizada por Equipos Mori, mostraba a la inseguridad como la preocupación más importante de la población.
Ahora bien, si el Ministerio del Interior fuera ineficaz en materia de represión al delito, no habría 9.413 personas privadas de libertad. En el 2000, había 4.369. En una década la población carcelaria se duplicó. Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, hay 2.409 presos más. Tenemos una de las tasas más altas de presos por habitante y a pesar de las cárceles construidas, los presos superan en 1.749 las plazas disponibles. El hacinamiento sigue siendo un hecho a superar y el uso de penas alternativas a la prisión sigue siendo también un enorme debe del Poder Judicial.
El debate en torno a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, impulsada por el gobierno a partir de mediados del año pasado, sirvió para deconstruir algunos de los mitos en torno al tema de la seguridad. Por ejemplo, salió a luz que las principales causas de muertes violentas en nuestro país no eran los delitos sino los suicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y la violencia doméstica. Todos problemas a resolver lejos del ámbito del Ministerio del Interior y muy cerca de nuestros patrones culturales.
El Reporte Social 2013, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas vuelve a darnos información relevante. Para empezar, confirma algo que desde la izquierda se ha repetido hasta el hartazgo y es que los gobiernos frenteamplistas han tenido que lidiar con la inseguridad gestada en las políticas económicas blanquicoloradas. Un estudio de la población carcelaria nos dice que en 2004, inmediatamente después de la mayor crisis económica de las últimas décadas, el 58% de los presos eran primarios. O sea incubados en la desocupación, la pobreza y la marginación que asoló a nuestra población. Expulsados de la sociedad por las políticas del último gobierno del Partido Colorado. En 2012, casi la misma cantidad (59%) son reincidentes, son los que no han podido salir del entramado de criminalidad tejido en ese período y que atraviesa nuestra sociedad, desde los que con cuello blanco se dedican al lavado de dinero hasta los que le venden “lágrimas” o “chasquis” de pasta base en cualquier “boca” del barrio a nuestros jóvenes.
Otro dato interesante está vinculado a sus probabilidades de salir de ese entramado de violencia. Según el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que tiene como objetivo la readaptación e inclusión de los detenidos brindando asesoramiento jurídico y psicológico, capacitación e inserción laboral, apoyo en gestión de trámites, entre otras cosas; de los pocos presos que ingresan al programa, el 79% no reinciden. O sea que con programas de inclusión adecuados la reincidencia también es atacable.
Pero el dato que resulta más inquietante y que obliga a llevar la mira a otra dirección cuando hablamos de represión al delito (porque está claro que la inseguridad no es sólo un problema de represión sino de prevención), es que de las personas privadas de libertad están penadas sólo el 35,3%, el resto están detenidos en forma preventiva a la espera de que la justicia decida sobre su culpabilidad. Un problema endémico, por cierto. En el 2004, los hermanos Peirano Basso se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a ser juzgados, visto el tiempo que habían permanecido en prisión sin condena. Así que esta película ya la vimos y nos habla del grado de eficiencia y eficacia del sistema judicial al que de una vez por todas hay que hincarle el diente. Una Suprema Corte de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, que además de “juzgar a todos los infractores de la Constitución” debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, además de elaborar presupuestos, nombrar Jueces, nombrar Defensores de Oficio, Jueces de Paz y “nombrar, promover y destituir por sí” a los demás empleados del Poder Judicial, entre otras cosas, no puede ser otra cosa que ineficiente. Pensar la estructura del sistema judicial en clave de justicia, dotarla de agilidad y tratar de resolver ese cuello de botella conformado por la superposición de funciones parece ser una de las necesidades de la próxima etapa. Crear un Tribunal que se encargue de la administración de Justicia y un Consejo que sea responsable de la administración es una de las propuestas. El próximo programa del Frente Amplio deberá contemplarlo.
(El entrecomillado pertenece a la Constitución de la República)
Publicado en La República el 6/9/2013
Una vez más, ser joven no es delito
El viernes 8 de setiembre tuvo lugar una nueva carrera bajo la consigna SER JOVEN NO ES DELITO. Miles de jóvenes provenientes de todo el país y de diferentes barrios de Montevideo se agolparon en 18 de julio. Esta vez, fueron 21.000 los inscritos en el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). Año tras años son más. Como son más los que se dan cuenta que la estigmatización que sufren los jóvenes no tiene lugar en una sociedad democrática y humanista. Al fin y al cabo, ¿para qué estamos si no es para dejar un mejor planeta y una mejor sociedad para las nuevas generaciones? ¡Tratémoslos a ellos mucho mejor de lo que nos trataron a nosotros! Simplemente de eso se trata.
Omertá: mi participación en 40 X 40.
Fotografía digital – 2013
40 años del golpe/40 miradas
A 40 años del golpe de estado ¡Nunca más!
Participación como panelista en las jornadas organizadas por la Universidad de la República, el PIT-CNT y el Instituto Cuesta-Duarte con motivo de los 40 años del golpe de estado en la mesa redonda sobre memorias políticas y políticas de memoria, coordinada por Diego Sempol e Isabel Wschebor. Estuvieron en la mesa también Aldo Marchesi, Carla Larrobla y Elbio Ferrario
La memoria como reparación
Pensamos la memoria como la capacidad de conservar determinadas informaciones, con ellas definimos nuestra identidad, decidimos nuestro presente, planificamos nuestro futuro e interactuamos con nuestro entorno.
1. La memoria desde el sujeto
En primer lugar creo que la memoria es inestable, maleable, frágil, es subjetiva y se reconstruye día a día.
Voy a poner dos ejemplos personales. A los pocos días del secuestro de mi padre, Ary Cabrera Prates. León Duarte, hoy también desaparecido, se acercó a contarme lo que habían podido averiguar sobre su detención. Me contó que los militares habían cercado su casa. Que había habido un tiroteo de varias horas, que mi padre estaba sólo y que finalmente lo habían sacado a rastras del lugar. Ese último tramo del relato fue borrado inmediatamente de mi memoria. Si lo habían sacado a rastras significaba que estaba herido y que por lo tanto tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Muchos meses después, en un encuentro con Enrique Rodríguez Larreta, él volvió a contarme lo mismo. Al principio fue como si lo oyera por primera vez. Recién al rato pude juntar los dos recuerdos. En ese entonces yo tenía 21 años. Luego he vuelto a escuchar el mismo relato en boca de mis familiares y hace muy poco en boca de una vecina con un recuerdo muy vívido de esa noche.
Un episodio similar me sucedió hace pocos años. Nausicaa Palomeque me hizo una entrevista con motivo de la presentación de la denuncia sobre el llamado Segundo Vuelo. Entre las preguntas, quiso saber cuándo había visto a mi padre por última vez. Al responder le conté que habíamos almorzado juntos y habíamos ido juntos a la parada del colectivo. Y que el último recuerdo de él era cuando se despedía con una sonrisa alejándose en el colectivo. Y así era la imagen que tenía en mi memoria. Inmediatamente me di cuenta de que había un error. Mi padre siempre nos acompañaba a mi hijo y a mí a la parada, esperaba a que tomáramos el ómnibus y siempre era yo la que me iba primero. Era él el que me decía adiós desde la parada. Y así se lo aclaré a la periodista. En el momento me sentí disminuida como si mi testimonio perdiera fuerza por ese traspié de mi memoria. Sin embargo no necesitaba ni treinta segundos de terapia para saber que mi inconsciente había cambiado el lugar de cada uno porque en realidad era mi padre el que se había ido y yo estaba viva. ¿En un Ford Falcon tirado en el piso? ¿O en un avión hacia los vuelos de la muerte? ¿O en una combi blanca hacia un asesinato masivo, como surge de la investigación realizada por Roger Rodríguez? Un medio de transporte y su desaparición eran los componentes de mi recuerdo.
Ha habido siempre un espacio de tensión entre nuestra subjetividad y nuestra racionalidad. Podría aburrirlos contando otras anécdotas. De los sobrevivientes de los centros clandestinos de reclusión o de las personas que trabajan en derechos humanos. De los protagonistas, de los testigos y de los investigadores. Y lo que construimos es el producto de un filtro de nuestro inconsciente y nuestro consciente, consensuado por la repetición, la coincidencia de apreciaciones o la existencia de material probatorio.
2. La memoria social
Abordar el horror despierta resistencias en la psique. Nos cuesta creer que un ser humano sea capaz de hacerle a otro ser humano cosas tan terribles. La tortura, el asesinato, la desaparición, la trata de vientres, el robo de bebes. Todo eso ocurría en espacios llenos de cotidianeidad. “Allí se preparaban las mamaderas” contaban los sobrevivientes del Centro Clandestino de Reclusión Automotoras Orletti cuando entramos al CALEN. “Y allí estaba el tacho”. “Y allí comían los milicos”.
A nivel colectivo la memoria presenta censuras igual que a nivel personal. En Ensayo sobre la ceguera, José Saramago narra metafóricamente lo que puede suceder con una sociedad que deja de ver. Durante los años de dictadura a muchos les costaba ver. Gabriel García Márquez deja caer sobre Macondo una lluvia que provoca la amnesia, los vecinos deben escribir qué es cada cosa para no quedar completamente aturdidos. No ver, no recordar, no creer que algo grave pueda llegar a suceder son manifestaciones de los mismos procesos de construcción de la memoria individuales y colectivos. Por eso la denuncia recayó siempre en las víctimas, sus familiares, sus compañeros, los que no podían olvidar.
Supongo que por esa suerte de ingenuidad, ese no poder creer, la memoria ha sido un espacio de control y de poder de la sociedad. El pacto de silencio entre los civiles y los militares de la dictadura no sólo ha sido un factor de impunidad, también ha sido un factor de poder. Controlar el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación y de los discursos aparentemente optimistas de mirar hacia adelante o “no tener ojos en la nuca” de los políticos de derecha fue también una forma de mantenerse en el gobierno. Que los uruguayos no recuerden que hubo blancos y colorados en el Consejo de Estado de la dictadura es producto de una gran operación de manipulación de la memoria colectiva. Que no sepan lo que sucedió, también. Que haya archivos sin desclasificar nos habla de la supervivencia de espacios de poder de la derecha. Porque vigilar cierto tipo de información, encapsularla, invisibilizarla lo hace quien tiene poder. La construcción de la memoria deviene de una confrontación de intereses. Fue así en la construcción del ser nacional y lo sigue siendo a la hora de recordar nuestro pasado reciente. Quizá esa sea la gran ironía de la teoría de los dos demonios, visualizar la reparación integral como una dádiva hacia las víctimas y no como una necesidad imperiosa de la construcción de una democracia humanista y solidaria. Democratizar la memoria ha sido hasta ahora una batalla impulsada por una parte de la sociedad: ex presos, familiares, testigos, historiadores, periodistas, antropólogos. Y si habrá sido importante. Nada más fuerte en la construcción de la memoria colectiva, que ver los huesos de los desaparecidos emanar de la tierra, contarnos cómo los asesinaron, hablarnos de lo que sufrieron.
Sin embargo, no alcanza con el impulso desde la sociedad, son necesarias políticas de Estado.
3. La memoria como garantía de no repetición
“Toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor”. Así comienza el Informe final elaborado y revisado por Louis Joinet en el que también participara Theo van Boven, [1] La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Cabe constatar que en el 2005 este documento fue modificado pero tal como fue escrito inicialmente sigue marcando una ética en materia de derechos humanos.
Con respecto a la memoria como garantía de no repetición se afirma “No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo”. Para lograrlo, la subcomisión recomendaba la formación de comisiones de investigación y la preservación de los archivos, evitando la sustracción, la destrucción u ocultamiento. “El derecho de saber implica que sean preservados los archivos. Se han de tomar una serie de medidas técnicas y de sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, perpetradas principalmente con la finalidad de asegurar la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”. No voy a entrar aquí a hablar sobre el derecho a la justicia, pero sí quiero decir que los derechos son indivisibles. Como hemos repetido muchas veces no se puede recordar lo que no se sabe, no se puede saber ni tampoco juzgar lo que no se investiga. El derecho a la verdad, la justicia y la memoria, es la garantía de no repetición. Enseñar a reconocer los signos de un proceso de violación de los derechos humanos y desalentar los crímenes son algunas de las bondades que atribuimos a la memoria.
4. La memoria como reparación moral
También la memoria y la verdad son parte de la reparación moral de las víctimas. Machaconamente los informativos, los comunicados de las fuerzas conjuntas y hasta los textos de estudio, estigmatizaron a los opositores de la dictadura. Pensar lo que ha sido para los hijos crecer en un medio que degradaba a sus padres nos da la dimensión de la necesidad de este tipo de reparación. Devolver a las víctimas su dignidad es crucial, como también lo es, hacerlo en forma pública. Es un derecho del desaparecido o el asesinado ser recordado de acuerdo a sus valores. Como reza una vieja consigna de Familiares, todos los desaparecidos son culpables de querer un mundo mejor. Cuarenta años después, pensar los valores ideológicos que llevaron a una generación a entregar su vida por el bienestar del prójimo es difícil, sin embargo no debiera ser más difícil que entender que en nuestro país haya habido quien entregara su vida por la revolución artiguista. Es reparador para los familiares poder entender sus opciones, sus ausencias, sus postergaciones y en caso de no entenderlas, poder respetarlas, situarlas en un tiempo histórico.
5. Lo hecho
Con el gobierno frenteamplista, se ha avanzado en la búsqueda de la verdad, a través de la coordinación desde Presidencia con los equipos de historiadores y antropólogos de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Secretaría de Seguimiento de la COPAZ, futura Secretaría de Derechos Humanos y de las investigaciones vinculadas a las causas judiciales. Es necesario consignar la baja asignación de recursos económicos, materiales y humanos destinados a estos fines y la ausencia de políticas de memoria desde el Estado salvo las exigidas por la CIDDHH. De la misma forma que el grueso de las investigaciones se ha basado en el testimonio de las víctimas, la iniciativa de construir memorias a través de actos conmemorativos, fechas simbólicas, monumentos, elementos del paisaje urbano a los que se le asignen nombres de personas o hechos vinculados a la resistencia a la dictadura (calles, plazas, parques, escuelas, edificios públicos) o la construcción de museos en los lugares de reclusión o lugares de enterramiento, ha descansado sobre la sociedad civil. La Escuela Elena Quinteros o la instalación de la placa recordatoria de María Claudia García de Gelman en el CALEN, exigida por la Sentencia de la CIDDHH, son algunas de las escasas excepciones. La Marcha del Silencio ha sido promovida desde las organizaciones de derechos humanos; el Memorial de los Desaparecidos desde la Comisión Pro Memorial; el Museo de la Memoria fue impulsado por las organizaciones de ddhh en el ámbito de la Intendencia de Montevideo, al igual que los cambios en el nomenclátor departamental. Si bien se han hecho esfuerzos en la formación de docentes en temas vinculados al pasado reciente sigue quedando a criterio de cada uno la forma de abordarlos en el aula al no existir, por ejemplo, una fecha conmemorativa que obligue a explicar ese período histórico.
6. Lo que resta por hacer
Nos falta una política de Estado propia y enérgica en materia de reparación integral que incluya la construcción de la memoria como un elemento de consolidación de la democracia. Ningún período histórico termina cuando se mueren sus protagonistas, la construcción del NUNCA MÁS requiere de la objetivación de los procesos históricos, sus actores, los hechos, el contexto, las consecuencias. Experiencias comparadas hay. Sin ir muy lejos, en la otra orilla. En el que la fecha del Golpe de Estado marca un punto de reflexión en los centros de estudio sobre la dictadura o el Instituto Espacio Memoria se ocupa de “resguardar y transmitir la memoria y la historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado” con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores solidarios de la vida, la libertad y la dignidad humana”. La transformación de los centros de reclusión en museos, es otro de los ejemplos a seguir de nuestros compañeros de infortunio.
7. El desafío de la felicidad
Por último quisiera agregar que hay un efecto sanador en nuestras vidas personales cuando el Estado cumple con su deber de reparar según lo que establecen las normas internacionales, pero también pienso que ser resilientes supone lograr construir la felicidad propia y colectiva. Esa derrota o esa victoria, se juega en nuestras cabezas.
[1] En aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos. “LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DETENIDOS”
Publicado en La República
La situación después de la Sentencia de la CIDDHH
Intervención de Adriana Cabrera Esteve a nombre de HIJOS URUGUAY con motivo de la Presentación de Cortos del 18 de abril de 2013, en el Centro Cultural de España (Versión resumida)
El campo de tensiones en lo que refiere a la búsqueda de una reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado se ha desplazado a diferentes escenarios según los momentos históricos. Pero los resultados en torno a la memoria, la verdad, la justicia y hasta la reparación económica han sido siempre magros, conseguidos con enormes dificultades algunos y siempre diferidos en el tiempo, algo que sin duda, beneficia a los victimarios.
1. Los familiares de los desaparecidos, hijos inclusive, jugamos un rol importante en la resistencia al terrorismo de Estado, impulsando las denuncias tanto en el exterior con la creación de Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) y del Secretariado Internacional de Juristas (SIJAU), como en el país con Luz Ibarburu, Martía Esther Gatti y Violeta Malugani a la cabeza. Además de las denuncias por desaparición también se denunciaban las torturas, la condiciones de detención y las prisiones prolongadas, algo que caracterizó el tipo de represión en nuestro país. Al mismo tiempo desde ese entonces había un reclamo de nunca más. Leyendo hace poco, declaraciones de Blanca Artigas en el 83, ella decía “Quisiera que nunca más las madres, las abuelas sufran lo que estamos sufriendo con estas desapariciones de nuestros hijos. Quiero que nunca más en la vida pase esto.” Esa sensación de que no le deseábamos a nadie lo que nos estaba sucediendo a nosotros, de que no queríamos ser como ellos, los victimarios, fue tomando fuerza y encontró sustento teórico en la interacción con juristas de primer nivel en ddhh que oían nuestras denuncias y nos abrían posibilidades de acción antidictatorial desde el mundo del derecho en un diálogo en que todos los protagonistas aprendíamos. Las normas internacionales de DDHH fueron así incorporadas a la lucha antidictatorial como grandes avances en la lucha de los pueblos, que contribuían al aislamiento de los regìmenes dictatoriales pero también enriquecían las propuestas alternativas desde el campo democrático…
En todo este período los polos en el campo de tensiones estaban muy claros, la ultraderecha actuando con todo el poder del Estado tomado por la fuerza de las armas y la sociedad, organizada social o políticamente reclamando derechos de primera generación: el derecho a la vida, fundamentalmente.
2. La salida de la dictadura significó un nuevo escenario. Se vivió con la esperanza de que por fin, se desarrollaran políticas reparatorias. Los familiares presentamos denuncias ante el Poder Judicial, asesorados por el grupo de abogados nucleados en IELSUR y a nivel parlamentario se formó la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre la Desaparición de Personas a donde acudieron las víctimas y los testigos en busca de verdad y justicia. Las tensiones en esta etapa, fueron entre los civiles cómplices de la dictadura que ocupaban cargos de gobierno y los sectores progresistas empeñados en profundizar la democracia. Desde el inicio de esa etapa predominaron las opciones conservadoras. La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado fue una de las construcciones de los partidos tradicionales que tuvo en la Ley de Caducidad uno de sus vértices pero que se extendió a múltiples componentes culturales de ocultamiento y desmemoria, que ampararon las raíces económicas, políticas e ideológicas del régimen dictatorial.
Si en la lucha por el No, la sociedad civil se había puesto a sus hombros la lucha por la democracia. La Ley de Caducidad la obligó a ser protagonista una vez más de la oposición a través del Referendum. El resultado de esta consulta popular generó un enorme retroceso en las luchas populares. El gran movimiento por los derechos humanos se sumió en la desmoralización y la perplejidad…
De la evaluación del fracaso del Referendum, se destaca como error, señalado especialmente por la comunidad de ddhh en Argentina, el de que los ddhh no se plebiscitan. Como factores positivos, fue importante la divulgación que de los crímenes de la dictadura se realizó, hasta entonces desconocidos por el grueso de la población, y la gran movilización de masas que se produjo en pos de ese objetivo. Sin embargo los años posteriores a la derrota del Referendum, fueron años oscuros que empezaron a revertirse recién con las marchas de los 20 de mayos, el reagrupamiento de los familiares de desaparecidos y la aparición en la escena internacional del Juez Garzón aplicando los últimos avances de la normativa internacional y abriendo camino a nuevos procesos de cambio. La búsqueda de respaldo jurìdico para la presentación de nuevas denuncias o la solicitud de reapertura de las mismas encontraron sustento, por ejemplo en el Pacto de San José de Costa Rica que definía el delito de desaparición forzada como un delito continuado y permanente ya en noviembre de 1969. Y en la imprescribilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo todas esas causas tuvieron la misma suerte: el archivo amparado en la Ley de Caducidad. Tristemente célebre fue el fiscal Enrique Moller que aconsejó archivar todas las denuncias realizadas por los familiares…
Al mismo tiempo se fue creando una cultura de impunidad hegemònica en la población uruguaya que impedía hablar, proscribía términos como democracia, justicia, desaparecidos y también ponía bajo sospecha a los que osabamos pronunciarlas. La estigmatización de las víctimas tenía respaldo popular. Ganaba la idea de no volver al pasado y una suerte de reafirmación de la derrota en la consulta popular. “Ese tema ya se saldó” parecía ser el lema de la derecha con todos sus actores: partidos y prensa. La derrota más grande había tenido lugar en la cabeza de los uruguayos.
Otro caso emblemàtico fue la denuncia de la desaparición de Elena Quinteros no sólo por su heroicidad en el momento del secuestro, sino por sus consecuencias: la ruptura de relaciones entre Venezuela y Uruguay, la tenacidad y popularidad de Tota Quinteros y una voluminosa investigación realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores que nutrió la causa y que tuvo como consecuencia el procesamiento de Juan Carlos Blanco por el juez Eduardo Cavalli y la fiscal Mirtha Guianze, visto que los civiles no estaban amparados en la Ley de Caducidad. Esta causa fue la primera causa de derechos humanos que marginó a un juez, Alejandro Recarey por ser demasiado activo en la investigación y no detenerse a la hora de llamar a declarar a los responsables del secuetro, mientras suplía a el Juez Cavalli enfermo de cáncer. Cavalli fue obligado a levantarse de su lecho de enfermo para retomar el caso de Elena.
3. Un tercer escenario es el que se configura con el gobierno de Batlle, primer presidente en recibir a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Al decir de Carlos Ramela, “el tema de los derechos humanos se nos venía encima” y como solución, el gobierno de Batlle se comprometió a investigar el destino de los desaparecidos mediante al Comisión para la Paz formada por Luis Perez Aguirre (Perico), Gonzalo Fernandez, Carlos Ramela, José Claudio Williman, Nicolás Cotugno y José D´Elía. La inicial promesa de investigar terminó consignada en el acta de intención de la comisión como “averiguar” y se fue debilitando progresivamente hasta funcionar con recursos mínimos en la Casa de Gobierno. A pesar de las expectativas ingenuas de lograr información por parte de los militares a los que se les ofreció el anonimato y la no inculpación, los resultados en la construcción de la verdad fueron demasiado magros, sin embargo por primera vez el Estado uruguayo reconoció la existencia del terrorismo de Estado en el pasado reciente.
4. Los gobiernos progresistas en la región suponen un nuevo escenario. Con la derogación y posterior declaración de nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final en Argentina, los familiares y los hijos, volvimos a presentar denuncias y a reactivar las ya existentes. Esas causas tuvieron como resultado los juicios que se están llevando a cabo en estos momentos: ¨Primer Cuerpo Ejército¨ que incluye la prisión clandestina Automotoras Orletti, ¨Plan Sistemático¨ que juzgó la desaparición de niños y la trata de vientres y la causa del ¨Plan Condor¨ actualmente en curso. Poco después, se presentaron en nuestro país, la Causa del ¨Segundo Vuelo¨ que incluye la desaparición de algunos de nuestros familiares y que luego fue acordonada con la causa por el secuestro de Adalberto Soba y de Bernarndo Arnone. Conjuntamente con las causas por los traslados del 77 y 78, ambas supusieron en 2009, la condena a 25 y 35 años de prisión de los mandos, el Goyo Alvarez, Juan Carlos Larcebeau, Nino Gavazzo, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Luis Maurente y José Sande Lima. Resultaron prófugos Manuel Cordero, actualmente en Argentina y Jorge Troccolli. A estas siguió una oleada de denuncias y la lista de acusados no ha dejado de crecer.
A pesar de las mentiras de los militares por primera vez la sociedad civil entró a los cuarteles y comenzó la búsqueda de restos, impulsados desde Presidencia. Al mismo tiempo, un grupo de historiadores fue contratado para investigar en los archivos de la represión aunque los resultados de la investigación –publicado en cinco tomos por presidencia y luego por la UDELAR– tuvo como fuente primaria más importante los testimonios de las víctimas y un acceso muy recortado a los archivos además de la inaccesibilidad a los archivos de la DI.NAC.I.E.
La iniciativa de anular la Ley de Caducidad fue precedida de una dura polémica dentro de las organizaciones de derechos humanos y del Frente Amplio, que se fueron saldando a lo largo de la campaña y sobre todo en su última etapa. La apelación a la movilización popular fue generando una acumulación politica y cultural .
Tanto la recolección de firmas como la consecución de adhesiones al voto rosado fueron dificultosos y demandaron un gran esfuerzo militante. Uno de sus puntos débiles fue la coexistencia con las elecciones nacionales que condicionó el apoyo de los partidos políticos.
A pesar de los errores el resultado del plebiscito de un 48% de los votos dejó la bandera del plebiscito en una situación diferente a la derrota del voto verde ya que al no existir votos en contra, las posiciones contrarias a la anulación de la Ley de Caducidad se sumaban a los que no se pronunciaban.La participación masiva de jóvenes en las últimas etapas de la movilización fue un hecho relevante. Sin minimizar los efectos políticos de la derrota recibida, ni sus causas tanto las puntuales como las más profundas.
5. Un nuevo campo de tensiones se crea a partir de la Sentencia de la CIDDHH sobre el caso Gelman, por un lado entre el derecho interno y las normas internacionales. Contradicción que fue allanada por la Ley 18.831, el decreto presidencial que dejaba sin efecto las decisiones administrativas de gobiernos anteriores que amparaban las causas en la Ley de Caducidad y el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos según lo exigía la Sentencia de la CIDDHH. Cabe destatar como esfuerzo de la sociedad civil, la creación del Observatorio, el cual integramos, y que tiene como objetivo el acompañamiento de las causas judiciales logrando reestablecer la coordinación de las organizaciones de derechos humanos.
Entre los hechos positivos del último período vemos la promulgación de la ley que establece el derecho al acceso a la información pública, vieja reivindicación de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la búsqueda de la verdad y a la veracidad de la información; la búsqueda de los restos y la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
6. El Poder Judicial es, por fin, el último campo de tensiones a abordar. Por un lado ha tenido un rol contradictorio. La SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en plena campaña por el voto rosado en 2009. Simultáneamente fueron surgiendo jueces y fiscales que tomaron las causas de las víctimas del terrorismo de Estado con energía y convicción al tiempo que se fueron formando en las normas internacionales de derechos humanos y como en el caso de la Jueza Mariana Mota, utilizando los recursos más avanzados. Las resoluciones de la SCJ por mayoría, estableciendo la inconstitucionalidad de los articulos 2 y 3 de la ley 18.831 relativas a la no prescripción de los delitos y a su condición de crímenes de lesa humanidad son un golpe duro a los avances en materia de verdad y justicia. Al mismo tiempo el traslado de la jueza Mariana Motta a un juzgado civil conforma una amenaza directa a jueces y fiscales actuantes en causas de DDHH. Por otro lado las contradicciones dentro del Poder Judicial siguen apareciendo. Las últimas declaraciones del Tribunal de Apelaciones contrarias a la sentencia de la SCJ, la recusación de las sentencias de cuatro miembros de la SCJ a partir de las declaraciones de Ruibal Pino, constitutivas de prejuzgamiento, por cuatro fiscales así lo demuestran. Por un lado se avanzó en el sentido de que la Ley de Caducidad ya no tiene efecto en la actualidad, por otro lado se crea la imposibilidad de juzgar negando el caracter de delitos de lesa humanidad que hace imprescriptibles a los crímenes de la dictadura al tiempo que desconoce el principio de que al impedido no le corre término, por lo que deja a todos aquellos que durante años fueron impedidos de contar y denunciar sus dramas personales sin acceso a la justicia, derecho establecido en nuestra Constitución.
Creemos, y lo dijimos en la Asamblea de la INDDHH, que la posición del Consejo de dicha institución luego del traslado de la jueza Mariana Mota afirmando la necesidad de democratizar el Poder Judicial define la estrategia de la próxima étapa. En ese sentido nos pronunciamos en su momento.
Para lograrlo creemos necesario articular con las diferentes organizaciones sociales y políticas.
En resumen, cuando decimos NUNCA MÁS, QUÉ? Nos referimos a lo que falta por saber. No hemos olvidado nuestros reclamos históricos de verdad y justicia. Sí, nos sucede que el tiempo trancurrido, los vaivenes de un sistema adormecido en la impunidad, nos traen a la cabeza, una y otra vez, la voz de León Felipe. Como Hijos podemos decir:
Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan
con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre…
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos…
y sé todos los cuentos.
Somos conscientes de que quienes aquí están comparten nuestra indignación y hartazgo por eso saludamos la iniciativa esperando que foros como estos, nos devuelvan al camino de democratización que habíamos comenzado y que hoy desde la SCJ se obstruye. Con él nos comprometemos.
