Y al Braian, ¿quién me lo cuida?

“El orador, el maestro de escuela y la otra persona que se hallaba presente se hicieron atrás un poco y pasearon la mirada por el plano inclinado en el que se ofrecían en aquel instante, bien ordenados, los pequeños recipientes, las cabecitas que esperaban que se vertiese dentro de ellas el chorro de las realidades, para llenarlas hasta los mismos bordes”. Así describe Charles Dickens, al finalizar el primer capítulo de su novela Tiempos difíciles, publicada en 1854, la escena que “tenía lugar en la sala abovedada, lisa, desnuda y monótona de una escuela”. Con sutil ironía, Dickens, ya entonces, nos ofrece una excelente descripción de la concepción “bancaria” de la educación. Una concepción que supone que siempre es el educador quien educa, disciplina, habla, prescribe y decide qué conocimientos brindar, mientras que el educando es el que escucha, es disciplinado/educado, no puede elegir temas de su interés porque no está “preparado” para ello, ya que simplemente es un receptáculo vacío, una cabeza hueca.

Menos de un siglo después, el brasileño Paulo Freire nos dijo que no había educadores ni educandos, sino educadores-educandos y educandos-educadores; nos habló del hombre-mundo; de la necesidad de una relación dialógica entre las partes; de que no había cerebros vacíos, sino personas con diferentes experiencias y conocimientos, y sus propuestas, en vez de llenarla, nos dieron vuelta la cabeza. Freire había enseñado a escribir y a leer en 45 días a 300 trabajadores de la caña de azúcar con métodos alternativos. A partir de ese éxito se crearon círculos culturales en todo Brasil, y ese mismo éxito le valió ir a prisión cuando en 1964 los militares dieron un golpe de Estado en su país. Porque la educación que proponía era eminentemente liberadora y se enraizaba en las necesidades y saberes de su gente y de su tiempo.

¿Quiénes son los educandos-educadores de nuestro tiempo? Una niñez en la que se concentran las mayores cifras de pobreza de nuestra sociedad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2016, seis de cada 1.000 niños menores de seis años son indigentes, es decir, viven en hogares sin ingresos suficientes para cubrir las necesidades alimentarias básicas; en criollo, no tienen para comer. Según la misma fuente, 20% de los niños menores de seis años, la quinta parte de nuestra niñez, son pobres, o sea, viven en hogares en los que no es posible cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas.

Niños y adolescentes son la mitad de los pobres

En menores de tres años la situación es peor: según el Monitoreo y análisis de los procesos de cambio de la Organización Panamericana de Salud, de 2015, 32% son pobres, es decir, la tercera parte. Este dato es importante cuando abordamos los temas vinculados a la educación, no sólo por la magnitud del problema, sino por las implicancias que tienen en el desarrollo de niños y niñas en sus primeros tres años de vida los estímulos, la motivación y los afectos. En especial, a la hora de crear las sinapsis y el desarrollo neuronal necesarios para aprender a pensar.

Según la misma fuente, niños y adolescentes son la mitad de las personas en condición de pobreza, 49,6%, en Uruguay. Esta situación, por crítica que sea, es sustancialmente mejor que la que teníamos hace diez años, en 2006, cuando 53,4% de los niños menores de seis años eran pobres.

Por otra parte, la incidencia de la pobreza está altamente correlacionada con las Necesidades Básicas Insatisfechas. Por eso, cuando hablamos de pobreza hablamos también de anemias, parasitosis, desnutrición, viviendas sin baño, sin saneamiento, sin heladera, sin cocina, sin agua corriente, sin mesa donde hacer los deberes, sin sillas. Madres que crecieron con iguales o peores carencias, y muchas veces, padres ausentes.

Si además de las familias en condiciones de pobreza miramos a las familias trabajadoras, nos encontramos con ingresos que obligan a la madre (por la división sexual del trabajo, patriarcado mediante) a “elegir” entre dejar a sus hijos menores a cargo de los hijos mayores o no tener forma de alimentarlos. La escuela y los CAIF vienen a resolver el problema durante cuatro horas, pero los padres deben resolver el cuidado de sus hijos durante el resto del horario en que se encuentran en su trabajo. Esta situación obliga a la madre, a veces, a “elegir”, ya que no le conviene salir a trabajar si debe gastar lo que gana en resolver el cuidado de sus hijos. Tampoco está previsto que los trabajadores interrumpan su jornada laboral para ir a buscar a sus hijos a los centros educativos. Esta situación exige que los padres hagan malabarismos con horarios de abuelas, tías o vecinas, o que los dejen volver solos, con los riesgos que eso implica. El transporte escolar tiene como criterio -acertado, por cierto- que debe haber en el domicilio un adulto esperando al menor de edad. O sea que si bien resuelve el traslado, no resuelve, y no sería lógico que lo hiciera, el posterior cuidado de los niños. Si la madre tiene grandes motivaciones para salir a trabajar o los beneficios económicos lo justifican, se desencadena una colección de llamadas telefónicas al menor que queda solo, para asegurarse de que esté bien en ausencia de sus padres.

El ingreso a la educación preescolar de los niños desde los tres años, si bien garantiza la universalidad del acceso a la educación, deja abierto el interrogante de cómo cubrir las horas de cuidado mientras los padres trabajan.

Las escuelas y los CAIF de tiempo completo, en cantidad muy insuficiente aún, vendrían a resolver ese problema. Sin embargo, se encuentran a veces con las resistencias que emanan de una falsa dicotomía entre educación y cuidado. Dicotomía que resuelven bien los colegios privados. Entonces, mientras los estudiantes del Crandon permanecen ocho horas en el instituto, reciben una educación integral en artes, deportes e idiomas, y apoyo escolar si lo requieren, los de la escuela pública vuelven a sus hogares luego de sus cuatro horas de clases, para estar encerrados, y destinan un tiempo riquísimo de su vida frente a una pantalla mientras consumen toneladas de farináceos.

Multidisciplinariedad e interinstitucionalidad

La idea de que los centros educativos no pueden extenderse por más de cuatro horas ignora el hecho de que la educación, como la salud, es mejor cuando es multidisciplinaria y asumida por diferentes actores, porque los educandos-educadores son unidades biopsicosociales indisolubles e inseparables a los que no podemos acercarnos por partes. Existen experiencias exitosas de abordajes interinstitucionales como la de Promotores de Meriendas Saludables, impulsada en conjunto entre la Intendencia de Montevideo, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas y la Administración Nacional de Educación Pública; o más reciente aún, el Proyecto Microorganismos Eficientes Nativos, llevado adelante en la escuela 319 del barrio Casavalle, en colaboración con la Universidad de la República; o el proyecto educativo, integral e inclusivo Sacude (Salud, Cultura y Deporte) en el barrio Municipal, en el Municipio D. El camino de la interinstitucionalidad y la multidisciplinariedad podría ser una solución a la hora de brindar a nuestra infancia y adolescencia cuidados, estímulo, afectos y formación permanentes el tiempo que lo requieran. Muchas instituciones pueden sumar fuerzas en esa dirección.

En cualquier marco, cuidar-educar constituye un binomio inseparable, y en situaciones de contexto crítico se transforma en un binomio imprescindible. Los padres cuidamos-educamos cuando al enseñarles a nuestros hijos a lavarse las manos o cepillarse los dientes les hablamos de bacterias, diarreas o caries; o hablamos del agujero en la capa de ozono cuando les aplicamos protector solar y sombrero para salir a la calle; o les enseñamos a observar el entorno y algunas reglas básicas de tránsito al cruzar la calle. En la salud cuidamos-educamos cuando le informamos a un paciente de las precauciones que tendrá que encarar luego del alta, o cuando damos información sobre cómo prevenir la enfermedad, o cuando promovemos su salud, o cuando en la sala de parto invitamos al padre a ser el primero en vestir a su hijo y lo estimulamos a asumir corresponsablemente el cuidado del recién nacido. Las instituciones de gobierno y la prensa cuidan-educan cuando nos dicen cómo actuar en situaciones de emergencia o cómo lograr una mayor eficiencia energética. Porque la comunidad educativa no son sólo los estudiantes y los docentes, o a veces los padres en escuálidas comisiones de fomento; la comunidad educativa son todos los implicados en procesos educativos de la sociedad, y el rol proactivo de los padres puede estimularse con políticas inclusivas.

Si partimos de esta base, cómo entender, entonces, las disquisiciones entre horarios destinados a la educación y horarios destinados al cuidado, o instituciones destinadas a la educación y otras al cuidado. Salvo como un mecanismo de defensa ante demandas o expectativas desmedidas a las que solamente los docentes no pueden dar respuesta, aunque los colocan, con frecuencia, en el ojo de la tormenta.

¿Cuidados u oportunidades educativas?

Hace poco, dirigentes sindicales señalaban que “los niveles más bajos en los aprendizajes y los altos índices de repetición” se presentaban en las “escuelas cuyos alumnos pertenecen a hogares pobres o de extrema pobreza”, y al mismo tiempo marcaban sus reticencias ante las escuelas de tiempo completo como forma de mejorar los aprendizajes porque “no es cierto que supongan más horas de enseñanza”. “Los tiempos que insumen las ingestas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) dejan casi la misma cantidad de horas que en una escuela común”, afirmaban. Lo que no parece estar en la ecuación es que las instancias de cuidados abren posibilidades infinitas de intercambio de saberes.

Otras reticencias podrían encontrarse en el hecho de que cuidar ha sido un trabajo tradicionalmente no remunerado y femenino. Aun hoy, el último Mapa de Género de Uruguay elaborado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay, a partir de datos del INE, señala que mientras que la mujer trabaja 36 horas semanales no remuneradas y un promedio de 37 remuneradas, el hombre trabaja 19 horas semanales no remuneradas (casi la mitad que la mujer) y 44 remuneradas. O sea, mientras que la mujer adquiere maestrías en el ámbito de lo doméstico, el hombre las adquiere en el mundo de las interrelaciones sociales. Esa cultura patriarcal del trabajo posiblemente tenga como consecuencia una subvaloración de las tareas para las que antes “no se precisaba formación”, vinculadas a la reproducción de la vida. La invisibilidad del trabajo no remunerado de la mujer posiblemente esté también en la base de la lentitud con que nuestra sociedad se mueve hacia un camino de soluciones para las mujeres y, fundamentalmente, para la infancia y la adolescencia.

Estamos en un período de cambios importantes vinculados a la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Sería bueno tener en cuenta la cotidianidad de los uruguayos a la hora de diseñar su articulación con el sistema educativo.

Adriana Cabrera Esteve
Publicado en La Diaria 19-4-17

El que fue a Sevilla

“En las elecciones de este domingo se votó a los nuevos concejales de los municipios y también se eligieron los proyectos del barrio”, informó Teledoce el mismo día de las últimas elecciones de concejos vecinales. Pero la confusión no estuvo presente sólo en la prensa: algunas destacadas autoridades señalaron ante cámaras la importancia de una muy buena elección del tercer nivel de gobierno. Confundir la palabra “vecinal” con la palabra “municipal” no sería un gran problema si no entrañara desconocimiento de la normativa y también de la asignación de roles de cada organismo.

El Concejo Municipal es un órgano ejecutivo, un cuerpo colegiado de gobierno del tercer nivel, del cual surge, por ser el candidato más votado, un alcalde que lo integra; los concejos vecinales son organizaciones sociales. Los primeros fueron creados por la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana de 2009, existen en todo el país y son electos en el mismo acto de votación que el segundo nivel de gobierno.

Los segundos son elegidos en la misma instancia que los proyectos del Presupuesto Participativo, existen sólo en Montevideo y son organizados por la Intendencia de Montevideo y los municipios, pero su área de funcionamiento corresponde a la vieja división de Montevideo en 18 zonas.

El imaginario colectivo de los 90

La confusión es fundada. En el imaginario colectivo frenteamplista, la estrategia que emana del Documento Nº 6 del Frente Amplio (FA) propuso avanzar hacia una democracia participativa por medio de la creación de asambleas deliberantes zonales, que devinieron luego en concejos vecinales.

Se visualizaba como pobre que hubiera sólo un mecanismo de consulta quinquenal a la ciudadanía y se impulsaban mecanismos de participación, iniciativa, control y transparencia por parte de la sociedad civil.

La idea de democratizar la vida social, política y económica de nuestro país se sustentaba en el objetivo de cambiar las relaciones de poder. Un país en el que las grandes decisiones las tomaban, en la capital, las familias patricias de siempre, con anclaje en el capital financiero, industrial, rural o comercial, requería “una nueva geometría” entre centro y periferia, dirección y base, gobernantes y gobernados. Un nuevo equilibrio que privilegiara las necesidades y potencialidades de la gente y que compensara las presiones de las grandes corporaciones. Las funciones de los concejos vecinales incluían el asesoramiento, la iniciativa, el control, la evaluación y la colaboración en la gestión, la organización y la promoción de actividades culturales sociales y deportivas.

Sin embargo, los decretos departamentales y las leyes nacionales, consensuados entre los partidos, culminaron luego de un proceso de décadas con una Ley de Descentralización, que creó el tercer nivel de gobierno o gobierno de cercanía a nivel nacional -los municipios- y reprodujo el carácter de democracia representativa del resto de la pirámide de gobierno. Acompañada, a lo sumo, por la posibilidad discrecional de la autoridad de convocar a cabildos abiertos de información y consulta anual.

Por otra parte, la función de proponer e incidir en el presupuesto departamental fue normatizada por medio del Presupuesto Participativo. Los concejos vecinales quedaron, así, como una rémora de tiempos pasados, colocados en una suerte de no-lugar entre lo institucional y lo social.

No se los reconoce como organizaciones sociales completamente autónomas, pero tampoco son órganos consultivos o legislativos municipales a nivel territorial.

Debates entre frenteamplistas

La propuesta del gobierno departamental de instalar el voto electrónico para el Presupuesto Participativo 2016 dio pie a un fermental debate entre los vecinos y los organismos que se ocupan de la descentralización en Montevideo.

¿Cómo debe ser organizada la participación ciudadana para el control y el seguimiento de la gestión pública? ¿Cómo los vecinos pasan de ser demandantes pasivos a ser ciudadanos partícipes?

Los interrogantes dejaron en evidencia el desconcierto y la ausencia de estrategias claras, pero quedaron planteadas las cuestiones que deberán pautar el debate del próximo período en materia de construcción democrática. Un tiempo en el que los concejos vecinales tienen un rol a jugar desde lo social.

Acostumbrados a los viejos clubes de barrio, los partidos tradicionales no tienen ese problema y se han decidido a ocupar los espacios que crearon las políticas de descentralización impulsadas por el FA.

Aproximadamente la mitad de los candidatos a concejal vecinal en las elecciones recientes responden a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, se observó un comportamiento de aparato del Partido Nacional, que encartó las papeletas con sus candidatos marcados junto a los proyectos de Presupuesto Participativo, mayoritariamente vinculados a clubes privados, y se aseguró así lugares de ascendencia dentro de los concejos vecinales. Por otra parte, mientras que para los frenteamplistas los concejos vecinales son lugares devaluados, los militantes de los partidos tradicionales ven en la descentralización un buen lugar para hacer carrera política.

Lo que sucede con la descentralización es un buen ejemplo de lo que Boaventura de Souza Santos llama “el dilema del poder constituyente”.

Ha habido un constitucionalismo de avanzada en América Latina, pero sin vigilancia popular; una Constitución es papel mojado, afirma.

Si bien no estamos acá hablando de normas constitucionales, ha habido en nuestro país un impulso democratizador que se expresa en la descentralización, pero si no lo llenamos de convicción, contenidos y propuestas innovadoras, lo consume la inercia de lo ya instituido.

El rol sustantivo de los concejos vecinales (aún desprovistos de algunas de sus funciones iniciales) no ha sido ocupado por ningún otro organismo. Mantienen el rol de escucha, de generador de actividades próximas a las necesidades de la gente, de visualización de demandas. Fueron el punto de apoyo de las organizaciones de usuarios de la salud. Han sido y pueden ser organizadores de amplios debates en materias sensibles.

Un salto cualitativo imprescindible debería ser la articulación de políticas transversales en territorio. Existen ya en los diferentes barrios redes mixtas de organizaciones sociales e instituciones de gobierno que constituyen un entramado destinado a coordinar las políticas públicas referidas a la pobreza, la violencia, la promoción de la salud, el cuidado del ambiente y la mejora de la convivencia.

Allí deberán estar los concejales vecinales de todo pelo y color, aumentando la calidad de nuestra democracia.

Publicado en el suplemento Dínamo de La Diaria el 14 de noviembre de 2016

#Bonomi

Los medios masivos de comunicación, casi siempre oligopólicos, tienen el poder de construir la realidad, afirma Raúl Zaffaroni. Ante la ignorancia de lo que sucede a nuestro alrededor, recurrimos a la prensa, que dedica la mitad de los informativos a contarnos una y otra vez los crímenes más cruentos. Los más aberrantes y los que no son tanto. También recurrimos a las redes, que la mayoría de las veces también repican los artículos, los comentarios -muchas veces con mayor banalidad- de lo que sucede a nuestro alrededor. Pero, además, están el cine, las series, los juegos, todos a cual más violento. Hace un tiempo estuvo de moda Dexter, la historia de un psicópata “bueno” que sólo mataba a los malos con la misma perversidad o, mejor dicho, la inconsciencia de toda maldad, de cualquier psicópata. Pero, a su vez, si alguien no tenía suficiente imaginación sobre cómo actuar en esos casos, Dexter le ofrecía el know-how. Después de Dexter, todos podían asesinar “limpiamente”. El silencio de los inocentes y luego Hannibal asustaron a una generación; ahora hay cientos de productos audiovisuales del mismo tono, sólo que ya no corre más aquello de “Sólo en cines”. Esos manuales de criminalidad se pueden ver en un smartphone, en la tablet, la computadora o la tele.

Los invito a leer Gomorra, de Roberto Saviano. Lo leí hace unos años y me sorprendió reconocer la forma en que la mimesis retroalimentaba conductas. Los mafiosos se vestían como Uma Thurman en Kill Bill, relata Saviano, o usaban su modelo de auto, y probablemente, más de uno asesinara como ella. O sea, mientras que Quentin Tarantino trataba de representar a la mafia, la mafia representaba a Tarantino. Ya no es necesario que Dan Mitrione enseñe cómo torturar; basta con jugar Mortal Kombat y hacer clic en “descuartizar”.

Hace poco, presenté en el Taller Aquelarre la muestra fotográfica Amandla Awethusobre la vida en Marikana a dos años de la masacre de los mineros. Acompañamos la muestra con una película documental, Miners Shot Down, de Rehad Desai. La película incluye escenas reales de la masacre registradas por las cámaras de seguridad de la empresa minera y los propios registros del Ministerio del Interior Sudafricano. Las personas presentes preguntaban si se trataba de una reconstrucción de los asesinatos; costaba verlas como muertes reales tan igualitas a las de la televisión.

Y nos seguimos preguntando cómo puede ser que cosas tan sangrientas sucedan. Cómo puede ser que la realidad y su representación se mezclen en forma tan confusa y que parezca natural lo aberrante.

La antropóloga Rita Segato sostiene que existe una pedagogía de la crueldad en los medios. Compara su actitud ante los suicidios a los que se les baja el perfil -o, directamente, se omite la noticia porque se piensa que tiene un efecto de contagio- con la forma en que se abordan los crímenes, para los que no sólo se abunda en espectacularidad, sino que se repite la información. En un mundo globalizado, y gracias a la concentración de la propiedad de los medios, la percepción de la violencia también se globaliza y retroalimenta lo que Zaffaroni llama el “genocidio por goteo”, en el que los excluidos se matan unos a otros. De esta forma, afirma, nos hacen creer que la norma es la violencia. Y si no es la norma, como sucede en nuestro país, se muestra como si lo fuera, porque los Estados que no pueden garantizar la seguridad “son Estados debilitados, vulnerables, que tienen dificultades para oponer condiciones de negociación favorables a los intereses nacionales” (ver nota de Zaffaroni en Dínamo del 12/9/16). El “Renunciá Bonomi” es quizá la manifestación más clara de la estrategia de la derecha. Basta ir al Twitter y buscar #Bonomi.

La construcción de desconfianza en las instituciones y entre nosotros también confluye en esa estrategia tendiente a debilitar las democracias. El informe sobre “Los cambios de valores en la sociedad uruguaya: confianza, tolerancia, pobreza, autoridad y género”, presentado este año por la Fundación Konrad Adenauer y la Universidad Católica del Uruguay, muestra que el porcentaje de uruguayos que dice confiar en los demás tiende a disminuir en cada una de sus mediciones: desde 1996 a 2011 pasó de 22% a 14%. Paradójicamente, o no, acá vale visualizar el papel de algunos medios de comunicación que han logrado asemejar, en el imaginario colectivo, nuestra realidad a la de México, donde la confianza en los demás pasó de 31% a 12% en el mismo período. Sólo que México es la principal vía del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y tiene cerca de 30.000 desaparecidos en manos del narcotráfico.

En lo que respecta a la confianza en las instituciones, también se observa una disminución; según la misma fuente, 56% de los entrevistados tiene mucha o algo de confianza en la Policía, 59% en el gobierno, 50% en el Poder Judicial, 39% en el Parlamento. En lo que respecta a las instituciones de la sociedad civil, sólo 30% siente mucha o algo de confianza en los sindicatos y 32% en los partidos políticos. Mejora la confianza cuando se trata de las organizaciones de género, que tienen 66%, y las ambientalistas, con 67%. De seguir aumentando la desconfianza en las instituciones y en las organizaciones de la sociedad civil, se puede configurar un problema para la estabilidad democrática. Así sucedió en Brasil y Paraguay, por ejemplo.

Más allá de la credibilidad de la encuesta, recordemos que las encuestas también se equivocan y construyen opinión; las cifras de criminalidad en Uruguay muestran una realidad diferente, y así debiera ser percibida por la población si los relatos no fueran tan dispares. El Reporte 2015 de la OPP da cuenta del creciente sentimiento de inseguridad, aunque reafirma su perspectiva en cuanto a que la causalidad de la violencia y la criminalidad se ubican en problemas sociales de corte estructural, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Aunque señala la coexistencia con un enfoque en el que la criminalidad es un problema en sí mismo. Mientras que en 2003 sólo 1,4% de los uruguayos consultados manifestaba preocupación por la seguridad; en 2013 este valor aumentó a 36% de los entrevistados. El cambio de preocupación puede deberse a que problemas como el empleo, acuciantes en 2003, se fueron resolviendo. El informe mostraba también para el mismo período un leve aumento de las denuncias por homicidios, la disminución de las denuncias por hurtos y por copamientos, y un aumento de las rapiñas. Durante la interpelación al ministro del Interior, la semana pasada, se anunció para este año una disminución también en la cantidad de rapiñas y homicidios.

Sin minimizar la problemática, cabe preguntarse, entonces, si entre las medidas de gobierno prioritarias a la hora de intentar fortalecer la confianza en las instituciones democráticas, y en nuestra capacidad de actuar con otros, no deberían estar la implementación de políticas de comunicación audiovisual que en lugar de construir o redimensionar la realidad en la que vivimos la represente más fielmente, y la implementación de mecanismos independientes que le den a la ciudadanía garantías de mayor pluralidad, tal como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Publicado en La Diaria 1 de noviembre de 2016

A ella le gusta

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“Cada vez que el tipo llega a la casa, se oyen los golpes a través de las paredes. La oigo rebotar contra las cosas”, me cuenta mi compañera. “¡Denuncialo!”, le digo. “¿Y si se la agarra conmigo o con mis hijos?”, contesta. Reconozco la onda expansiva del miedo, la misma que se extiende en el espacio y en el tiempo y sostiene a las dictaduras primero y a la impunidad después. Un poder que se ejerce contra unos, pero les llega a todos. Por eso, no me sorprende cuando oigo a Boaventura de Sousa Santos hablar del fascismo que viven algunas mujeres al volver a sus casas. Pueden ejercer sus derechos civiles, pueden votar, dice, pero viven bajo el poder patriarcal en sus hogares. No se pueden comparar los dramas, pero las cifras también traen a nuestra mente analogías.

Se cuentan por centenas las muertes en una década. Es un hecho que las mujeres están subrepresentadas en la política uruguaya, algo que interpela nuestro sistema democrático. Pero también la violencia de género debe interpelarlo.

Pensar la calidad de la democracia analizando los datos de violencia de género y generaciones es obligatorio para quienes pensamos que la justicia social no es sólo una cuestión entre los que venden su fuerza de trabajo y los que detentan los medios de producción. Eliminar las desigualdades no supone sólo eliminar las económicas, sino también no considerar como subalterna o de segunda a la mitad femenina de la población y a todo el que no sea blanco ni adulto heterosexual.

La democracia no es un estado, es un proceso. De los actores políticos y sociales depende hacia dónde transitamos. Fue gracias a las organizaciones feministas que en la última década se cuantificaron los feminicidios y el problema comenzó a tener dimensión pública. Hasta entonces, la violencia intrafamiliar estaba naturalizada y el imaginario colectivo estaba plagado de frases como “a ella le gusta”, “algo habrá hecho”, “arrimale la ropa al cuerpo que se le terminan las pavadas”, “que se joda por infeliz”. El problema, siempre de “otras”, pertenecía al ámbito de lo privado. Les sucedía a las infelices, a las ignorantes, a las sumisas y, por tanto, a las despreciables. Las víctimas quedaban así bajo sospecha, revictimizadas, no generaban solidaridades ni políticas de gobierno destinadas a respetar sus derechos humanos.

Fue necesario estudiar los datos para visualizar que la violencia atravesaba a toda la sociedad y que el lugar más inseguro para muchas y muchos era el propio hogar. Sí, muchos, porque nuestra sociedad no sólo es androcéntrica, sino también adultocéntrica. Sobre los niños, las niñas y los adultos mayores suelen también reproducirse prácticas de violencia doméstica naturalizadas en nuestra cultura, entre otras cosas porque suelen ser colectivos sin voz, con nulas o escasas posibilidades de convertirse en grupos de poder. Recordemos aquello de que la letra con sangre entra.

La violencia doméstica tiene características propias, se produce la mayoría de las veces en el ámbito familiar o en el marco de una relación de pareja. En la víctima suele predominar un deseo de transformar al victimario, no de alejarse, mediado por sentimientos de vergüenza, culpa, apego o amor, acompañado por un creciente aislamiento o la destrucción de otros vínculos. Se produce como resultado de un mandato cultural que impone la idea de que la mujer es propiedad del hombre y establece roles a cumplir, una idea de lo femenino y lo masculino basada en las inequidades con fuertes raíces en nuestra cultura. De esto surge que la obligación de denunciar no debe recaer en la víctima solamente. Compete al Estado acompañar las luchas de las organizaciones sociales y reconocer en la violencia doméstica un grave problema de seguridad ciudadana, garantizar los derechos de las víctimas y educar a la población en vínculos no violentos. Ni físicos, ni psicológicos, ni sexuales, ni patrimoniales.

En Uruguay, los esfuerzos realizados para concretar una estrategia contra la violencia basada en género y generaciones, unida a la mayor visibilización del problema que han logrado organizaciones como la Coordinadora de Feminismos, que al grito de “Ni una menos” toman las calles a cada nuevo crimen, han tenido como resultado una mejor caracterización del problema, el aumento del número de denuncias, una mayor formación de funcionarios públicos y privados, una mayor capacidad de respuesta, una creciente alerta ante casos de violencia y un Plan de Acción del Gobierno. Sin embargo, estamos lejos de generar una contracultura capaz de revertir el número de víctimas.

El informe 2015 del Ministerio del Interior registra un aumento sostenido de las denuncias por violencia doméstica. Mientras que en 2005 se registraron 5.612 denuncias, en 2015 se llegó a 31.184. Un promedio de 85 denuncias por día. Si se suman los asesinatos de mujeres a las tentativas de homicidio, resulta que el año pasado cada 11 días se mató o se intentó matar a una mujer mediante violencia doméstica. La mitad de los homicidios de mujeres se da en el ámbito doméstico. Sin morbo, que 35% de las muertes se dieran por golpes con pies y manos o estrangulación denota la brutalidad de la situación. En los últimos tres años, según la misma fuente, suman 61 las mujeres asesinadas por su pareja o ex pareja (22 en 2013, 13 en 2014 y 26 en 2015).

Hay una disputa hacia más o menos democracia. Coexisten autoritarismos normativos, sociales y culturales, como el racismo y el patriarcado. En ese marco, la eliminación de la violencia doméstica es ir contra la cultura hegemónica. Tratar de detener un flagelo que promedia las dos muertes mensuales supone una agenda común de organizaciones sociales, partidos políticos y el gobierno.

 Publicado en “Dínamo”, La Diaria, el 12 de setiembre de 2016

La movilidad urbana y el derecho a la ciudad

fim bici
Por Adriana Cabrera Esteve*
Las actividades en torno al Día Mundial de la Bicicleta fueron promovidas por la IM y contaron con la coordinación de varias organizaciones que promueven el transporte activo (UNIBICI, MASA CRITICA, URUBIKE) y otras que apoyaron como la CAF. Se sustanciaron en las jornadas del FIM BICI (Festival Internacional de la Música en bici); las Jornadas de Intercambio Académico “Bicicleta y Universidad”, en las que se hicieron presentes ponentes de diferentes ciudades del mundo; y las bicicleteadas a las que se sumaron centenas de ciclistas. Concitaron también el apoyo de organizaciones sociales vinculadas a la descentralización, como el Concejo Vecinal 2, que decidió exhortar a las instituciones públicas y privadas de su barrio a “proporcionar a sus usuarios y trabajadores lugares seguros donde guardar sus bicicletas así como a incentivar el uso de las mismas como aporte a la construcción de una ciudad más sustentable”.
Esta movida por un cambio en el sistema de movilidad urbana y la importante convocatoria que logró nos trae a la memoria el texto de David Harvey: “El derecho a la ciudad”. David Harvey afirma que el derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos, se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Y para mayores coincidencias finaliza el texto argumentando, “la democratización de ese derecho y la construcción de un amplio movimiento social para hacerlo realidad son imprescindibles si los desposeídos han de recuperar el control sobre la ciudad del que durante tanto tiempo han estado privados, y desean instituir nuevos modos de urbanización”.
En mi caso, comencé a andar en bici por Montevideo en 1985 cuando luego del desexilio no tenía un sueldo y sí tenía ese medio de transporte que me resultaba rápido, gratuito y constituía una forma de realizar ejercicio sin costos adicionales. De ese período al momento actual mucho ha cambiado en la cultura de los montevideanos y cada vez son más los que se animan a bicicletear por la calzada disputando a los automóviles y al transporte colectivo su lugar. Las motivaciones son de diferente índole. Algunos lo hacen por su salud, otros por razones económicas, otros porque adhieren a la idea de realizar cambios, al decir de Harvey, en nosotros mismos para cambiar la urbe.
En materia de movilidad, democratizar la ciudad supone ejercer el derecho a usar la calzada, derecho del que se han apropiado los usuarios de automóviles y las empresas de transporte. Y para los gobernantes supone oír y dar respuesta a las demandas de los movimientos sociales en desmedro de los intereses del capital, la industria del automóvil, la del combustible, las automotoras y los propios automovilistas. Hoy, el derecho a la movilidad urbana, no es sólo bajar el precio del boleto o asegurar un transporte colectivo eficiente. Es también contemplar el medioambiente y pensar en formas más sustentables. Ejemplos comparados, hay. Una de las ponencias de las Jornadas de Intercambio Académico presentó el abordaje del tema por parte del Gobierno Provincial de San Luis, Argentina, donde a espejo de nuestro Plan Ceibal, se promulgó el Plan TUBI a través de una Ley Provincial y ya ha regalado 44.000 bicicletas. La idea es que cada niño luego de terminar el nivel primario reciba la suya. También se les imparte educación vial y se construyen bicisendas. Para los adultos, la política provincial ambientalista implica el financiamiento de bicicletas a los funcionarios del Estado. Los costos son absorbidos en un 50% por el Municipio y el otro 50% por el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. Otras ciudades de América del Sur, como San Pablo y Buenos Aires, también comienzan a crear espacios para el transporte activo.
En Montevideo, aunque se empiezan a dar los primeros pasos, queda prácticamente todo por hacer. Resolver cuál va a ser el lugar donde transiten las bicicletas, así como regular la obligación de las instituciones a ofrecer bicicletarios seguros para guardar las mismas, son dos caras de la misma moneda a la hora de incentivar el transporte activo. Ofrecer este medio de transporte en los barrios más carenciados, ya sea regalando bicicletas o ayudando a su financiación; crear ciclovías en las grandes arterias de manera que los más necesitados y los que lo deseen puedan usar este medio de transporte a la hora de dirigirse a su lugar de trabajo o estudio; proporcionar estaciones de bicicletas al lado de las terminales de ómnibus a la que puedan acceder los trabajadores y estudiantes del interior que viajan a diario a Montevideo, siguen siendo nuestros sueños para el Montevideo del futuro.
Por si fuera poco, el último informe de la UNASEV (La República 21/3/15), da cuenta de la existencia de más de dos millones de vehículos motorizados (para poco más de tres millones de habitantes), de una tasa de mortalidad de tres personas cada diez mil vehículos, y en relación a su frecuencia, tres fallecidos cada dos días. Si agregamos a ello la contaminación que emana de los caños de escape, la polución sonora, el estrés y las demandas sociales, todo parece indicar que es el momento de profundizar las políticas públicas destinadas a un cambio de modelo en la movilidad urbana que contemple las necesidades de toda la población y habilite formas sustentables de trasladarse en la ciudad. Esta es, por cierto, una preocupación más relevante que la forma en que un legislador intenta sortear una multa por su infracción de tránsito o lo bien o mal que se realizan los controles.
*Escritora