ADRIANA CABRERA ESTEVE

Publicado en La República el 20 de junio de 2009

Sin duda los familiares de los detenidos desaparecidos tenemos razones para ensobrar a favor de la declaración de nulidad de la ley de caducidad en octubre. La primera y sencilla lectura es garantizar el derecho a la justicia de ellos, los desaparecidos. Porque fueron detenidos sin mediar el accionar de la justicia, fueron arrancadas sus declaraciones bajo tortura, fueron decididos sus destinos sin derecho a una mínima defensa, y les fueron aplicadas penas inexistentes, por inhumanas, en nuestro derecho: asesinato y desaparición de sus cuerpos. Es este accionar, la tortura, el asesinato y la desaparición, lo que convirtió al Estado en responsable de crímenes de lesa humanidad. Porque fue una política impulsada desde sus principales exponentes. Para realizarla habían usurpado el poder por la fuerza, perseguido y encarcelado a todos los que se le opusieron y sembrado el terror.

Por ellos, por los que fueron víctimas de la doctrina de seguridad nacional, vamos a votar a favor de anular la impunidad. Porque aclaremos, no fueron víctimas de una patota, no fueron víctimas de unos pocos desalineados, lo que hubo en nuestro país fue una política impulsada desde los altos mandos y aprendida por todos los militares del Cono Sur en la Escuela de las Américas.

Pero no sólo por ellos. Lo que está en juego en octubre es en qué tipo de sociedad queremos vivir. Lo que los familiares y luchadores por los derechos humanos hemos llamado NUNCA MÁS.

En los ´80, cuando a la apertura democrática le siguió la impunidad, todos nos sentimos vulnerables y al reclamar justicia, reclamábamos también, de alguna manera, garantías. Sentíamos que el lobo estaba allí, encerrado en los cuarteles pero listo a salir en cualquier momento con sus prácticas bárbaras. La justicia era y es una garantía de no repetición de los crímenes. Esperábamos que desalentara a los que habían torturado, asesinado y desaparecido seres humanos a no reincidir, como se espera de cualquier delincuente que no reincida en sus prácticas antisociales. Sin embargo, durante veinte años, eso no sucedió y tampoco hubo de parte de filas castrenses la construcción de una revisión autocrítica por haber violado la Constitución y avasallado las instituciones democráticas. Las dos miradas subsistieron en nuestra sociedad, sólo que una es democrática y la otra no. La otra es totalitaria y se sustenta en el no respeto a los derechos humanos.

En los últimos tiempos asistimos a un lento pero positivo proceso de democratización de nuestra sociedad y la población ha conocido mucho más sobre nuestra historia reciente que en los 20 años anteriores en que la complicidad y promiscuidad con los delincuentes de lesa humanidad eran políticas impulsadas desde algunos sectores de los partidos tradicionales en el gobierno. Estas políticas se amparaban en la necesidad de todos los uruguayos de encarar el futuro y dejar definitivamente atrás las tristezas del pasado. Es sólo que ese sentimiento común tiene dos caminos posibles, hacer las cosas bien de una vez o postergar indefinidamente la indignidad de no haber sabido defender un sistema de convivencia acorde con los valores humanistas que propugnamos. Ese dilema atraviesa la sociedad más allá de los partidos políticos. Está presente en hombres y mujeres del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente e incluso en el Frente Amplio. Trasciende las posiciones tomadas por ellos indistintamente de los mecanismos de decisión que se hayan usado para resolver sobre este tema. Por eso en las jornadas de recolección de firmas nos encontrábamos con votantes y militantes de los partidos tradicionales que firmaban, algunos lo hacían público e incluso otros se sumaron a la campaña y juntaron firmas. Es a ese sentimiento de ciudadanía responsable ante el pasado reciente que apelamos ahora cuando nos preparamos para resolver algo tan crucial para nuestra historia. Demos vuelta la página, sí, pero después de haberla leído a cabalidad. De una vez por todas hagamos las cosas bien. Para eso, nos necesitamos todos. Para construir un país más democrático es preciso la voluntad concienzuda de cada uno en un accionar colectivo.

Hacer las cosas bien supone que dejemos definitivamente atrás las herencias de la dictadura.

¿Cuáles son esas herencias?

– La desigualdad ante la ley. ¿Cómo es posible que reclamemos prisión para los responsables de hurtos y robos callejeros cuando aún no se ha juzgado a los principales criminales que ha dado nuestra sociedad? ¿Es que unos son más delincuentes que los otros? ¿Es que los delitos más pequeños los convierte en peores delincuentes?

– La impunidad de los delitos más graves que se puedan cometer contra una persona y contra una sociedad. La tortura y la desaparición forzada son considerados crímenes de lesa humanidad porque cuando se cometen la víctima es la humanidad toda. Nuestra convivencia se degrada cuando respondemos con indiferencia ante situaciones aberrantes como éstas y por eso han sido varios los reclamos que nuestros gobiernos recibieron desde organismos internacionales como Naciones Unidas y la Corte Interamericana.

– La subordinación de un poder del Estado a otro. La ley de caducidad establece que el Poder Judicial consulte al Poder Ejecutivo si puede o no juzgar las denuncias de los crímenes cometidos durante la dictadura a pesar de que nuestra Constitución establece la independencia de los tres poderes del Estado y basa en esta independencia la calidad de nuestra democracia.

– La ausencia de revisión autocrítica de parte de nuestras Fuerzas Armadas. Todos los actores de la época han escrito y fundamentado su autocrítica respecto a su accionar menos las FFAA. Estas deben decir que en iguales condiciones no actuarían de la misma forma y dejar definitivamente atrás las doctrinas que sustentaron su acciones.

– El miedo a cambiar, incluso para mejor. ¿Qué tienen para perder los que no infligieron dolor a hombres y mujeres maniatados? ¿Qué tienen para perder los que no jalaron el gatillo contra los detenidos? ¿Qué tienen para perder los que no ocultaron sus restos? ¿Qué tienen para perder los que no robaron sus hijos? Sólo tenemos para ganar una sociedad mejor.

Foto de Juan Angel Urruzola

Artículo publicado en La República el 5 de abril de 2009

Cada vez que escucho  Adiós Nonino de Piazzolla  me  pregunto cómo se le dice adiós a un padre desaparecido. El réquiem, los obituarios, todos esos rituales que el ser humano ha creado para expresar su más íntima necesidad de despedir a las personas queridas, no  parecen  funcionar cuando se trata de un desaparecido.

“Dicen que no están muertos” y sin embargo lo están. No están vivos, y  sin embargo, también lo están.

Están en ese lugar, suspendidos en el tiempo donde las despedidas no existen.

El 5 de abril se cumplen treinta y tres años del secuestro de mi padre, Ary Cabrera Prates. Número emblemático para  él, si lo hay. En comparación con otros hijos de desaparecidos,  fui  afortunada. Lo conocí. Fue mi amigo. Tengo en la memoria pequeños y grandes recuerdos.  Cuando me hacía trencitas para ir a la escuela. Durante las visitas en el cuartel de San Ramón luego de haber sido detenido en la escuela de Villa García, durante una reunión clandestina del gremio de bancarios, en la década de los ´60. Trayéndome mandarinas para alimentar mi embarazo adolescente durante la Huelga General. O de  los múltiples encuentros en plazas y boliches en la ciudad de Buenos Aires.

En un boliche, precisamente nos vimos pocos días antes de su detención. Mi hijo, entonces de dos años, tuvo allí  el último encuentro con su abuelo. Yo también, pero no lo sabíamos. Luego, nos acompañó a la parada. Un ómnibus, una silueta que se aleja, una última sonrisa.

Ese debió haber sido el adiós. Pero no lo fue. Como nos pasa a la mayoría de los familiares de detenidos desaparecidos, ellos vuelven en nuestros sueños y allí queremos retenerlos. Aunque sea.

Ese adiós  queda siempre trunco. No porque sí.

Los seres humanos vivimos en diálogo con los otros. Cuando un ser querido tiene frío, lo abrigamos, cuando tiene hambre, lo alimentamos, cuando enferma lo cuidamos, cuando muere lo enterramos, cuando es víctima de un crimen reclamamos que se haga justicia.   Así ha sido desde los primeros núcleos humanos. Y para todo eso nos organizamos como colectivo. Como sociedad nos ayudamos para procurarnos el alimento, la salud, y también para construir las instituciones que aseguren el libre desempeño de la justicia.

Esa es la parte que faltó durante estas tres últimas décadas. Primero por la dictadura, luego por la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, luego con el resultado del referéndum para derogar la ley, y luego,  lo más duro quizá, la cultura de impunidad que se  instaló  entre nosotros y que no nos permitía encarar con dignidad los problemas que emanaban de nuestra historia reciente.

En ese marco, los familiares, las organizaciones sociales y los partidos políticos que seguíamos hablando de verdad y justicia pasamos a ser presencias incómodas en nuestra sociedad. De acuerdo a las leyes de la política, a los partidos y las organizaciones se las podía estigmatizar para sacarlas del ruedo, pero a los familiares…  Era difícil.  Con qué argumentos.

Sin embargo, en la construcción de la verdad histórica, se crea una sinergia propia. Hecha de los protagonistas, de los testigos, de los que investigaron, de los que denunciaron, de los que apoyaron y dieron aliento,  a lo largo de décadas.

Hace poco me tocó escuchar a un par de viejas vecinas de El Tropezón, en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde vivía mi padre, la forma en que había sido secuestrado. En medio de la noche, con un gran operativo militar, sacado a rastras de su casa luego de resistir tres o cuatro horas. Más vívida, reconocí  la misma versión que me había llegado poco después de los hechos, y que había sido brindada por un compañero anónimo, que había corrido el riesgo de preguntar entre los vecinos, en medio de la represión del ´76 y hasta se había animado a tomar fotos de la casa. Los impactos de bala en las paredes, el portón roto. Señas de la violencia de esa noche. Ahora que es más fácil hablar, es necesario reivindicar el papel de esos, los compañeros que se jugaban el pellejo para saber qué pasaba. Los que apoyaron a los familiares y les dijeron con quién hablar cuando viajaban a Buenos Aires. Y también, a los familiares, como Luz Ibarburu,  Violeta Malugani, o María Esther Gatti de Islas que recorrieron los lugares de represión buscando a sus hijos.  Buscándolos a todos. También a las denuncias que se presentaron en el exilio,  elaborando  dossiers  y llevándolos a diferentes organismos internacionales con la esperanza, entonces, de encontrarlos vivos. Con compañeras como Tota Quinteros, Marta Casal de Gatti, Ignacio Errandonea, estuvimos en esas lides. Con una verdad inacabada por supuesto, como todas las verdades, perfectible.

Hoy, 33 años después,  tenemos la primera condena a los mandos militares por la desaparición de 28 uruguayos detenidos en Argentina, entre ellos  mi padre. Hombres y mujeres que habían sido detenidos, torturados, robado sus hijos, y trasladados a Uruguay para ser asesinados. Es un hecho histórico que abre por primera vez la posibilidad de que esta sociedad pueda mirarse al espejo, reconocerse tal cual es,  sin indignidades. Y  fundamentalmente, pueda  mirar a sus hijos, las nuevas generaciones sin la vergüenza de heredarles heridas abiertas que no supo curar.

Fue difícil que se entendiera el papel que juega la justicia en todo esto, única garantía de no repetición de los crímenes. Desde las posiciones de los familiares que habían arriado la  bandera de la justicia por considerarla una utopía inviable, a los que pensaban que presentar denuncias utilizando los agujeros que proporcionaba  la Ley de Caducidad era una forma de aceptarla. Pero lo hicimos. Presentamos denuncias en Uruguay y en Argentina que hoy siguen su curso.

También,  progresivamente va siendo comprendida por todos,  la importancia de una campaña de recolección de firmas por la nulidad de la ley de caducidad que permita que se reabran las causas archivadas en el marco de la impunidad. Un numeroso grupo de familiares  hemos trabajado desde la primera convocatoria en el impulso de ésta  iniciativa,  junto a  las otras organizaciones de la Coordinadora y  ya estamos casi en el número de firmas  suficiente para garantizar la consulta popular.

Hoy, 33 años después del secuestro, por primera vez  podemos albergar  la esperanza de que quizá… quizá ahora estemos a la altura de lo que  el sacrificio de nuestros  desaparecidos merece.  Memoria, verdad, justicia y NUNCA MÁS.