A veces incurrimos en la tentación de pensar que el estado actual de los derechos humanos en Uruguay es algo que nos fue dado, que existió siempre, que no hubo actores que lo impulsaron y que tampoco hubo actores que se opusieron a esos avances. Y es difícil decirles a las nuevas generaciones de activistas y también de ciudadanos cómo se fue construyendo ese sistema de derechos humanos que tenemos hoy. Un sistema con deficiencias, con aciertos, que se estructuró en base al impulso de los progresismos. Ese conglomerado heterogéneo que trata de definir qué es lo justo y lo injusto. Que trata de caminar hacia los derechos humanos, hacia más justicia social. Que puede dejar sabor a poco pero que es lo mejor que hemos logrado construir en términos de acumulación de fuerzas para cambiar y hacer de este mundo algo mejor.
Acaba de fallecer Louis Joinet. No puedo dejar de recordar lo que fue para los familiares de detenidos desaparecidos en el exilio encontrar voces como la de él, o como la del jurista uruguayo Alejandro Artuccio, cuando sabíamos que teníamos que denunciar la desaparición de nuestros familiares pero no sabíamos cómo ni dónde y todas las puertas parecían cerradas. Ellos nos decían que había opciones para buscar y para encontrar. Nos enseñaban que había normas del derecho internacional que nos amparaban. De esas voces de juristas internacionales y también de los familiares que acudimos a los gobiernos e instituciones en el exterior, y de esas madres, hermanos e hijos que dentro del territorio se la jugaban recorriendo las morgues y golpeando las puertas de civiles y militares para preguntar dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus padres; de todas esas voces, se fue construyendo este sistema. Y también de las enormes solidaridades de los compañeros, de los investigadores, periodistas, historiadores, abogados. De ese colectivo de gente de izquierda, heterogéneo, con el nombre que quieran ponerle, porque las izquierdas siempre tienen muchos nombres, de ese espacio amplio, surgió la incipiente verdad y reparación que tenemos ahora –entendiendo por políticas de reparación, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral–.
Claro que los uruguayos siempre pensamos que el vaso está medio vacío. Tenemos esa idiosincrasia. No creo que sea un defecto; por el contrario, es la agudeza de la ciudadanía que ve el vaso medio vacío porque efectivamente la historia ha demostrado que no existen los sistemas totalmente justos, plenos, ideales. En la historia, los vasos siempre han estado medio vacíos. Entonces, identificar qué es lo que hay dentro del vaso y lo que falta es una tarea muy inteligente de los uruguayos, que no tiene que desmoralizar, sino que, al contrario, tiene que ser vista como diagnóstico y punto de partida para nuevos pasos. Por ese lado va este artículo.
En el exilio, en 1978, formamos la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También se formó el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), asesorado por juristas como Theo van Boven y Louis Joinet. A su influjo, a medida que construíamos esa red de solidaridad con el pueblo uruguayo, fuimos también aprendiendo a revalorizar la democracia y los derechos humanos. Aprendimos que democracia y derechos humanos eran dos paradigmas por los que había que transitar si uno quería cambiar el mundo para mejor, que no eran herramientas, que eran un fin en sí mismos, que eran parte de nuestro objetivo de justicia social. Ese fue un gran aporte del sistema internacional de derechos humanos a las realidades latinoamericanas.
En segundo lugar, es necesario destacar que esa verdad, que conocemos actualmente, se construyó con mucha dificultad. En esa época armábamos las listas, siempre inconclusas, de compañeros presos y de los que estaban desaparecidos. Y a veces había que pasar los nombres de uno a otro lugar, según lo que hacían los militares con ellos. Darles seguimiento a las atrocidades impulsadas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado cuando definían que un compañero iba a “destino final”, forma elíptica con la que se referían a la desaparición, fue un trabajo muy arduo que se hizo entre muchos. Cuando aparecía alguien que había logrado zafar de las cárceles o de los pozos –así se llamaba a los centros clandestinos de detención–, le solicitábamos su testimonio, le preguntábamos si había visto a alguien conocido, y de esos testimonios se empezó a armar la historia de los hechos. Esas informaciones nos fueron dando una idea de lo que estaba pasando y se fue construyendo la noción del desaparecido tal como la conocemos hoy.
En Uruguay pasó algo parecido. Se dio ese caminar juntas para buscar acá y en Argentina, o donde fuera, porque hay que decirlo: “las viejas” viajaron a donde les dijeran que podía servir. Esos fueron los primeros pasos en la construcción de la verdad. Se trabajó mucho para el referéndum luego de que se votara la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Fue una gran batalla por el respeto a la vida y a la justicia; también se trabajó mucho por el plebiscito para anular la ley de caducidad, que quizá fue un error, porque los derechos no se plebiscitan. Paralelamente, los familiares y los ex presos políticos nunca dejamos de interponer denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Y mientras sucedía todo eso, en el Frente Amplio (FA) hubo grandes debates internos sobre cómo abordar el tema de los derechos humanos, cómo reparar a las víctimas, cómo lograr la memoria, la verdad y la justicia. Sobre qué era lo posible y qué era lo imposible.
Pero además de los debates, importan los hechos. Apenas el FA tuvo el gobierno departamental de Montevideo, empezó a implementar medidas reparatorias en diálogo con las organizaciones sociales: la construcción del Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo; el Museo de la Memoria y los cambios en el nomenclátor ciudadano, y la incorporación a la plantilla de empleados de algunos de los hijos de los desaparecidos, por ese entonces jóvenes a los que en su mayoría les faltaba el apoyo de la generación destinada a apuntalarlos en la vida. Fueron los gobiernos departamentales frenteamplistas los que empezaron a reparar lo que la dictadura nos había quitado y los gobiernos nacionales de derecha habían negado y ocultado.
Durante el gobierno nacional del FA se logró, y vale la pena enumerar: la Ley de Habeas Data (18.331), que habilita a cualquier uruguayo a solicitar la información que todo organismo del Estado tenga sobre sí; la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (18.446); la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad en 2011 (18.831), que devolvió al Estado la pretensión punitiva; la Ley de Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Estado (18.596); la creación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dio continuidad a las investigaciones contratando un equipo de historiadores y antropólogos; el ingreso a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos; el acceso a una parte de los archivos de la represión; el decreto de 2011 que dejó sin efecto todas las decisiones de los gobiernos blanquicolorados que amparaban en la ley de caducidad a los criminales de lesa humanidad denunciados por las víctimas –de esta manera, y por resolución del Ejecutivo, se borró de un plumazo la caducidad–; la creación de la Fiscalía especializada en casos de Derechos Humanos; la ley que elimina la doctrina de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas; y, por último, la Ley de Sitios de Memoria, aprobada recientemente, cuya implementación está en curso.
Después de luchar tanto para que hubiera justicia en nuestro país, nos encontramos con que habíamos subestimado los estamentos más reaccionarios de nuestra sociedad. Uno de sus máximos exponentes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tal como anunciara su vocero, Jorge Ruibal Pino, estableció una muralla a los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, lejos de romper con los lastres totalitarios de un pasado de terrorismo de Estado, optaron por la complicidad del silencio y el encubrimiento de los crímenes realizados durante la dictadura. Hasta el momento, no se han encontrado las formas de lidiar con estos obstáculos para lograr una profundización democrática mayor.
Así y todo, hubo condenas, que distan de ser suficientes. Solamente 20 militares fueron condenados y seis de ellos tienen prisión domiciliaria. En la actualidad, hay 156 causas en presumario, 94 fueron archivadas y 14 tienen ejecución de sentencia, según consta en la página del Observatorio Luz Ibarburu. Mientras, los abogados del Centro Militar interponen todo tipo de dilatorias y la SCJ se niega a reconocer como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a la desaparición forzada, la tortura y la violación, haciendo oídos sordos a las normas de derecho internacional.
Los militares no han querido decir dónde están los desaparecidos, y la búsqueda del equipo de antropólogos ha tenido escasos hallazgos. El personal asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no ha sido suficiente para analizar en su totalidad los archivos a su disposición. La Ley de Reparación Integral, que sacó a muchos de la indigencia, no está aún de acuerdo a lo que exige la INDDHH. Y la Ley de Sitios de Memoria, fraguada desde las organizaciones sociales, se demoró tanto en la Cámara de Diputados, que tuvo que ser votada cuando ya no se le podía asignar recursos.
Sí, el vaso no está lleno. Y, lo que es peor, hay posibilidades de grandes retrocesos. Por eso, es necesario distinguir a quienes nos han extendido una mano de quienes pusieron obstáculos y nos han expuesto a las maniobras de contrainformación de los militares, formados para jugar, año a año, con nuestras esperanzas. Esos sectores actúan hoy y procuran el apoyo ciudadano mediante diversas opciones político-partidarias. Y por más que hablen de la importancia de los valores democráticos y hagan promesas electorales en torno a la búsqueda de los desaparecidos, ya vimos en el pasado lo que son capaces de hacer. Por eso, en octubre, votaré por que se destinen más recursos para continuar la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los archivos de la represión. Por más justicia, por más educación en derechos humanos, muy en particular para los funcionarios públicos del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas; y por más políticas de memoria que sirvan cómo antídoto contra los fundamentalismos y las prácticas autoritarias. Votaré por seguir construyendo un país más progresista.
Adriana Cabrera Esteve es hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976.
Publicado en La Diaria el 24 de septiembre de 2019
