A 40 años del golpe de estado ¡Nunca más!

Participación como panelista en las jornadas organizadas por la Universidad de la República, el PIT-CNT y el Instituto Cuesta-Duarte con motivo de los 40 años del golpe de estado en la mesa redonda sobre memorias políticas y políticas de memoria, coordinada por Diego Sempol e Isabel Wschebor. Estuvieron en la mesa también Aldo Marchesi, Carla Larrobla y Elbio Ferrario

La memoria como reparación

Pensamos la memoria como la capacidad de conservar determinadas informaciones, con ellas definimos nuestra identidad, decidimos nuestro presente, planificamos nuestro futuro e interactuamos con nuestro entorno.

1. La memoria desde el sujeto

En primer lugar creo que la memoria es inestable, maleable, frágil, es subjetiva y se reconstruye día a día.

Voy a poner dos ejemplos personales. A los pocos días del secuestro de mi padre, Ary Cabrera Prates. León Duarte, hoy también desaparecido, se acercó a contarme lo que habían podido averiguar sobre su detención. Me contó que los militares habían cercado su casa. Que había habido un tiroteo de varias horas, que mi padre estaba sólo y que finalmente lo habían sacado a rastras del lugar. Ese último tramo del relato fue borrado inmediatamente de mi memoria. Si lo habían sacado a rastras significaba que estaba herido y que por lo tanto tenía pocas probabilidades de sobrevivir. Muchos meses después, en un encuentro con Enrique Rodríguez Larreta, él volvió a contarme lo mismo. Al principio fue como si lo oyera por primera vez. Recién al rato pude juntar los dos recuerdos. En ese entonces yo tenía 21 años. Luego he vuelto a escuchar el mismo relato en boca de mis familiares y hace muy poco en boca de una vecina con un recuerdo muy vívido de esa noche.

Un episodio similar me sucedió hace pocos años.  Nausicaa Palomeque me hizo una entrevista con motivo de la presentación de la denuncia sobre el llamado Segundo Vuelo. Entre las preguntas, quiso saber cuándo había visto a mi padre por última vez. Al responder le conté que habíamos almorzado juntos y habíamos ido juntos a la parada del colectivo. Y que el último recuerdo de él era cuando se despedía con una sonrisa alejándose en el colectivo. Y así era la imagen que tenía en mi memoria. Inmediatamente me di cuenta de que había un error. Mi padre siempre nos acompañaba a mi hijo y a mí a la parada, esperaba a que tomáramos el ómnibus y siempre era yo la que me iba primero. Era él el que me decía adiós desde la parada. Y así se lo aclaré a la periodista. En el momento me sentí disminuida como si mi testimonio perdiera fuerza por ese traspié de mi memoria. Sin embargo no necesitaba ni treinta segundos de terapia para saber que mi inconsciente había cambiado el lugar de cada uno porque en realidad era mi padre el que se había ido y yo estaba viva. ¿En un Ford Falcon tirado en el piso? ¿O en un avión hacia los vuelos de la muerte? ¿O en una combi blanca hacia un asesinato masivo, como surge de la investigación realizada por Roger Rodríguez? Un medio de transporte y su desaparición eran los componentes de mi recuerdo.

Ha habido siempre un espacio de tensión entre nuestra subjetividad y nuestra racionalidad. Podría aburrirlos contando otras anécdotas.  De los sobrevivientes de los centros clandestinos de reclusión o de las personas que trabajan en derechos humanos. De los protagonistas, de los testigos y de los investigadores. Y lo que construimos es el producto de un filtro de nuestro inconsciente y nuestro consciente, consensuado por la repetición, la coincidencia de apreciaciones o la existencia de material probatorio.

2. La memoria social

Abordar el horror despierta resistencias en la psique. Nos cuesta creer que un ser humano sea capaz de hacerle a otro ser humano cosas tan terribles. La tortura, el asesinato, la desaparición, la trata de vientres, el robo de bebes. Todo eso ocurría en espacios llenos de cotidianeidad. “Allí se preparaban las mamaderas” contaban los sobrevivientes del Centro Clandestino de Reclusión Automotoras Orletti cuando entramos al CALEN. “Y allí estaba el tacho”. “Y allí comían los milicos”.

A nivel colectivo la memoria presenta censuras igual que a nivel personal. En Ensayo sobre la ceguera, José Saramago narra metafóricamente lo que puede suceder con una sociedad que deja de ver. Durante los años de dictadura a muchos les costaba ver. Gabriel García Márquez deja caer sobre Macondo una lluvia que provoca la amnesia, los vecinos deben escribir qué es cada cosa para no quedar completamente aturdidos. No ver, no recordar, no creer que algo grave pueda llegar a suceder son manifestaciones de los mismos procesos de construcción de la memoria individuales y colectivos. Por eso la denuncia recayó siempre en las víctimas, sus familiares, sus compañeros, los que no podían olvidar.

Supongo que por esa suerte de ingenuidad, ese no poder creer, la memoria ha sido un espacio de control y de poder de la sociedad. El pacto de silencio entre los civiles y los militares de la dictadura no sólo ha sido un factor de impunidad, también ha sido un factor de poder. Controlar el imaginario colectivo a través de los medios de comunicación y de los discursos aparentemente optimistas de mirar hacia adelante o “no tener ojos en la nuca” de los políticos de derecha fue también una forma de mantenerse en el gobierno. Que los uruguayos no recuerden que hubo blancos y colorados en el Consejo de Estado de la dictadura es producto de una gran operación de manipulación de la memoria colectiva. Que no sepan lo que sucedió, también. Que haya archivos sin desclasificar nos habla de la supervivencia de espacios de poder de la derecha. Porque vigilar cierto tipo de información, encapsularla, invisibilizarla lo hace quien tiene poder. La construcción de la memoria deviene de una confrontación de intereses. Fue así en la construcción del ser nacional y lo sigue siendo a la hora de recordar nuestro pasado reciente. Quizá esa sea la gran ironía de la teoría de los dos demonios, visualizar la reparación integral como una dádiva hacia las víctimas y no como una necesidad imperiosa de la construcción de una democracia humanista y solidaria. Democratizar la memoria ha sido hasta ahora una batalla impulsada por una parte de la sociedad: ex presos, familiares, testigos, historiadores, periodistas, antropólogos. Y si habrá sido importante. Nada más fuerte en la construcción de la memoria colectiva, que ver los huesos de los desaparecidos emanar de la tierra, contarnos cómo los asesinaron, hablarnos de lo que sufrieron.

Sin embargo, no alcanza con el impulso desde la sociedad, son necesarias políticas de Estado.

3. La memoria como garantía de no repetición

“Toda violación de los derechos humanos hace nacer un derecho a la reparación en favor de la víctima, de sus parientes o compañeros que implica, por parte del Estado, el deber de reparar y la facultad de dirigirse contra el autor”. Así comienza el Informe final elaborado y revisado por Louis Joinet en el que también participara Theo van Boven, [1] La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos). Cabe constatar que en el 2005 este documento fue modificado pero tal como fue escrito inicialmente sigue marcando una ética en materia de derechos humanos.

Con respecto a la memoria como garantía de no repetición se afirma “No se trata solamente del derecho individual que toda víctima, o sus parientes o amigos, tiene a saber qué pasó en tanto que derecho a la verdad. El derecho de saber es también un derecho colectivo que tiene su origen en la historia para evitar que en el futuro las violaciones se reproduzcan. Por contrapartida tiene, a cargo del Estado, el “deber de la memoria” a fin de prevenir contra las deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo; en efecto, el conocimiento, para un pueblo, de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como tal debe ser preservado. Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo”. Para lograrlo, la subcomisión recomendaba la formación de comisiones de investigación y la preservación de los archivos, evitando la sustracción, la destrucción u ocultamiento. “El derecho de saber implica que sean preservados los archivos. Se han de tomar una serie de medidas técnicas y de sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, perpetradas principalmente con la finalidad de asegurar la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos”. No voy a entrar aquí a hablar sobre el derecho a la justicia, pero sí quiero decir que los derechos son indivisibles. Como hemos repetido muchas veces no se puede recordar lo que no se sabe, no se puede saber ni tampoco juzgar lo que no se investiga. El derecho a la verdad, la justicia y la memoria, es la garantía de no repetición. Enseñar a reconocer los signos de un proceso de violación de los derechos humanos y desalentar los crímenes son algunas de las bondades que atribuimos a la memoria.

4. La memoria como reparación moral

También la memoria y la verdad son parte de la reparación moral de las víctimas. Machaconamente los informativos, los comunicados de las fuerzas conjuntas y hasta los textos de estudio, estigmatizaron a los opositores de la dictadura. Pensar lo que ha sido para los hijos crecer en un medio que degradaba a sus padres nos da la dimensión de la necesidad de este tipo de reparación. Devolver a las víctimas su dignidad es crucial, como también lo es, hacerlo en forma pública. Es un derecho del desaparecido o el asesinado ser recordado de acuerdo a sus valores. Como reza una vieja consigna de Familiares, todos los desaparecidos son culpables de querer un mundo mejor. Cuarenta años después, pensar los valores ideológicos que llevaron a una generación a entregar su vida por el bienestar del prójimo es difícil, sin embargo no debiera ser más difícil que entender que en nuestro país haya habido quien entregara su vida por la revolución artiguista. Es reparador para los familiares poder entender sus opciones, sus ausencias, sus postergaciones y en caso de no entenderlas, poder respetarlas, situarlas en un tiempo histórico.

5. Lo hecho

Con el gobierno frenteamplista, se ha avanzado en la búsqueda de la verdad, a través de la coordinación desde Presidencia con los equipos de historiadores y antropólogos de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en la Secretaría de Seguimiento de la COPAZ, futura Secretaría de Derechos Humanos y de las investigaciones vinculadas a las causas judiciales. Es necesario consignar la baja asignación de recursos económicos, materiales y humanos destinados a estos fines y la ausencia de políticas de memoria desde el Estado salvo las exigidas por la CIDDHH. De la misma forma que el grueso de las investigaciones se ha basado en el testimonio de las víctimas, la iniciativa de construir memorias a través de actos conmemorativos, fechas simbólicas, monumentos, elementos del paisaje urbano a los que se le asignen nombres de personas o hechos vinculados a la resistencia a la dictadura (calles, plazas, parques, escuelas, edificios públicos) o la construcción de museos en los lugares de reclusión o lugares de enterramiento, ha descansado sobre la sociedad civil. La Escuela Elena Quinteros o  la instalación de la placa recordatoria de María Claudia García de Gelman en el CALEN, exigida por la Sentencia de la CIDDHH, son algunas de las escasas excepciones. La Marcha del Silencio ha sido promovida desde las organizaciones de derechos humanos; el Memorial de los Desaparecidos desde la Comisión Pro Memorial; el  Museo de la Memoria fue impulsado por las organizaciones de ddhh en el ámbito de la Intendencia de Montevideo, al igual que los cambios en el nomenclátor departamental. Si bien se han hecho esfuerzos en la formación de docentes en temas vinculados al pasado reciente sigue quedando a criterio de cada uno la forma de abordarlos en el aula al no existir, por ejemplo, una fecha conmemorativa que obligue a explicar ese período histórico.

6. Lo que resta por hacer

Nos falta una política de Estado propia y enérgica en materia de reparación integral que incluya la construcción de la memoria como un elemento de consolidación de la democracia. Ningún período histórico termina cuando se mueren sus protagonistas, la construcción del NUNCA MÁS requiere de la objetivación de los procesos históricos, sus actores, los hechos, el contexto, las consecuencias. Experiencias comparadas hay. Sin ir muy lejos, en la otra orilla. En el que la fecha del Golpe de Estado marca un punto de reflexión en los centros de estudio sobre la dictadura o el Instituto Espacio Memoria se ocupa de “resguardar y transmitir la memoria y la historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado” con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores solidarios de la vida, la libertad y la dignidad humana”. La transformación de los centros de reclusión en museos, es otro de los ejemplos a seguir de nuestros compañeros de infortunio.

7. El desafío de la felicidad

Por último quisiera agregar que hay un efecto sanador en nuestras vidas personales cuando el Estado cumple con su deber de reparar según lo que establecen las normas internacionales, pero también pienso que ser resilientes supone lograr construir la felicidad propia y colectiva. Esa derrota o esa victoria, se juega en nuestras cabezas.


[1] En aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías de la Comisión de Derechos Humanos. “LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DETENIDOS

Publicado en La República

Aborto: Quién decide, qué decide y por quién decide

Por Adriana Cabrera Esteve*

Es curioso que la campaña en contra de la Ley Nº 18.987 o de Interrupción Voluntaria del Embarazo se base en el viejo eslogan publicitario de los plebiscitos: votar para que el pueblo decida. Más que curioso resulta demagógico o expresamente manipulador. ¿Por qué? Porque por primera vez una ley sobre salud sexual y reproductiva le da a la ciudadanía la potestad de decidir. Y así lo expresa al decir “El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Por si fuera poco la ley establece un plazo de cinco días de reflexión, plazo mayor al clásico período de veda preelectoral para decidir los destinos de nuestra ciudadanía.

Era por tanto, esta posibilidad de decidir seria y responsablemente lo que la legislación anterior prohibía obligando a mujeres y también a hombres, a buscar soluciones clandestinas ante problemas que el Estado invisibilizaba. Clandestinamente, los pobres abortaban como pobres, o en condiciones inadecuadas, y los ricos abortaban como ricos o en condiciones de higiene, con instrumental estéril, con profesionales formados por la Universidad de la República, que cobraban por dicho procedimiento. Y los que no eran ricos, pero sí conscientes de los riesgos sanitarios, solicitaban préstamos a padres, tías o abuelas para salir del paso. Es decir, el aborto era motivo de comercialización y lucro. Existía así, un mercado como único regulador: el mercado del acto médico clandestino. Y como en todo mercado no controlado, el aborto se daba en mayor número ya que las mujeres o las parejas accedían a él sin mediar ni el asesoramiento, ni la contención psicológica, ni la oferta de alternativas posibles como la adopción. De parte del usuario, estaba la urgencia, y de parte del profesional o seudo profesional, el “click caja”.

¿Se evitaban los abortos? No.

¿Disminuía así el número de abortos? No.

Según una investigación realizada por Fabián Rodríguez y publicada en “Iniciativas Sanitarias”, libro compilado por Leonel Briozzo en 2007, el 22% del total de embarazos terminaban en abortos provocados, de ellos, la mitad eran abortos inseguros o realizados en condiciones inadecuadas.

¿Estos abortos dejarían de realizarse si no existiera la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? No.

Para empezar porque estos datos son anteriores a la ley. Pero además porque los que no están especulando electoralmente con este referendum y realmente desean evitar los abortos, deberían saber que en los países en los que la interrupción del embarazo está despenalizada el número de abortos, luego de un ascenso probablemente debido a un mejor registro, disminuyó drásticamente. Según la misma fuente existen veinticinco países que habían legalizado el aborto entre los años 1975 y 1996 y que cuentan con estadísticas aceptables que demuestran que el número de abortos experimentó un descenso sostenido luego de despenalizado. Y cito: “Al contrario de lo que podría pensarse, la introducción de legislaciones liberales que se acompañan de cambios en el sistema de atención integral de la mujer transversalizados por políticas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un efecto de disminución en el número de abortos, como sucedió en  Francia e Italia”.  La evidencia científica indica entonces que si alguien quiere disminuir el número de abortos, debe sin lugar a dudas, despenalizarlo. Ese debería ser el punto de consenso. Como fue el punto de consenso para los parlamentarios que votaron la ley y que expresaron la voluntad de la ciudadanía luego de un laborioso debate de décadas. Por eso, el 23, nos quedaremos en casa. Para que amparados en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las uruguayas y los uruguayos podamos decidir sin miedo.

*Escritora

Publicado en La República

En “Tu biblioteca”, con Edelweiss y los alumnos de 3er año de la Escuela Simón Bolivar

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Hoy estuvimos con los alumnos de 3er año de la Escuela Simón Bolivar de Shangrilá. Pero el encuentro no fue en la escuela sino en Tu Biblioteca, ubicada en la Calle Venezuela a dos cuadras de Avda. Giannattasio, a la altura del KM.18.700.

Para muchos de nosotros siempre fue la biblioteca de Edelweiss, una de las compañeras pilares en impulsar el proyecto que nació en el Comité de Base del Frente Amplio de Shangrilá en 1998. De lejos, seguimos el proceso de su construcción porque Edelweiss, es Edelweiss Zahn, una compañera que conocimos como un nombre más en una lista de desaparecidos que llevábamos a los organismos internacionales para que nos ayudaran a encontrarlos. Luego de que los “blanquearan”, haciéndolos aparecer en las cárceles uruguayas junto a otros detenidos de la prisión clandestina Automotoras Orletti en Buenos Aires, siguió estando en esa lista, y nosotros pedíamos que los liberaran junto a los demás presos políticos.

Con el retorno a la democracia, Edelweiss se fue haciendo un lugarcito en la Ciudad de la Costa. Para mí, tuvo rostro mucho después, pero por suerte para los canarios, la biblioteca fue creciendo y en el 2006 lo tomó la Comisión Pro Fomento de Shangrilá. En esa época la visitamos, era un local rústico, casi un galpón que con el esfuerzo sostenido de varias compañeras estaba tomando cuerpo de verdadera biblioteca. Con ayudas de todas partes este 16 de marzo inauguraron el nuevo edificio, al lado del anterior, pero más lindo.

Hoy con nosotros estuvieron también Cyntia, Anahí, y los niños de tercero con su maestra, en un espacio confortable, amigable, desinteresado. Porque aunque hablamos de libros, lo que se respira allí es algo más lindo aún: la capacidad de crear comunidad.

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La situación después de la Sentencia de la CIDDHH

Intervención de Adriana Cabrera Esteve a nombre de HIJOS URUGUAY con motivo de la Presentación de Cortos del 18 de abril de 2013, en el Centro Cultural de España (Versión resumida)

El campo de tensiones en lo que refiere a la búsqueda de una reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado se ha desplazado a diferentes escenarios según los momentos históricos. Pero los resultados en torno a la memoria, la verdad, la justicia y hasta la reparación económica han sido siempre magros, conseguidos con enormes dificultades algunos y siempre diferidos en el tiempo, algo que sin duda, beneficia a los victimarios.

1. Los familiares de los desaparecidos, hijos inclusive, jugamos un rol importante en la resistencia al terrorismo de Estado, impulsando las denuncias tanto en el exterior con la creación de Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) y del Secretariado Internacional de Juristas (SIJAU), como en el país con Luz Ibarburu, Martía Esther Gatti y Violeta Malugani a la cabeza. Además de las denuncias por desaparición también se denunciaban las torturas, la condiciones de detención y las prisiones prolongadas, algo que caracterizó el tipo de represión en nuestro país. Al mismo tiempo desde ese entonces había un reclamo de nunca más. Leyendo hace poco, declaraciones de Blanca Artigas en el 83, ella decía “Quisiera que nunca más las madres, las abuelas sufran lo que estamos sufriendo con estas desapariciones de nuestros hijos. Quiero que nunca más en la vida pase esto.” Esa sensación de que no le deseábamos a nadie lo que nos estaba sucediendo a nosotros, de que no queríamos ser como ellos, los victimarios, fue tomando fuerza y encontró sustento teórico en la interacción con juristas de primer nivel en ddhh que oían nuestras denuncias y nos abrían posibilidades de acción antidictatorial desde el mundo del derecho en un diálogo en que todos los protagonistas aprendíamos. Las normas internacionales de DDHH fueron así incorporadas a la lucha antidictatorial como grandes avances en la lucha de los pueblos, que contribuían al aislamiento de los regìmenes dictatoriales pero también enriquecían las propuestas alternativas desde el campo democrático…

En todo este período los polos en el campo de tensiones estaban muy claros, la ultraderecha actuando con todo el poder del Estado tomado por la fuerza de las armas y la sociedad, organizada social o políticamente reclamando derechos de primera generación: el derecho a la vida, fundamentalmente.

2. La salida de la dictadura significó un nuevo escenario. Se vivió con la esperanza de que por fin, se desarrollaran políticas reparatorias. Los familiares presentamos denuncias ante el Poder Judicial, asesorados por el grupo de abogados nucleados en IELSUR y a nivel parlamentario se formó la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre la Desaparición de Personas a donde acudieron las víctimas y los testigos en busca de verdad y justicia. Las tensiones en esta etapa, fueron entre los civiles cómplices de la dictadura que ocupaban cargos de gobierno y los sectores progresistas empeñados en profundizar la democracia. Desde el inicio de esa etapa predominaron las opciones conservadoras. La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado fue una de las construcciones de los partidos tradicionales que tuvo en la Ley de Caducidad uno de sus vértices pero que se extendió a múltiples componentes culturales de ocultamiento y desmemoria, que ampararon las raíces económicas, políticas e ideológicas del régimen dictatorial.

Si en la lucha por el No, la sociedad civil se había puesto a sus hombros la lucha por la democracia. La Ley de Caducidad la obligó a ser protagonista una vez más de la oposición a través del Referendum. El resultado de esta consulta popular generó un enorme retroceso en las luchas populares. El gran movimiento por los derechos humanos se sumió en la desmoralización y la perplejidad…

De la evaluación del fracaso del Referendum, se destaca como error, señalado especialmente por la comunidad de ddhh en Argentina, el de que los ddhh no se plebiscitan. Como factores positivos, fue importante la divulgación que de los crímenes de la dictadura se realizó, hasta entonces desconocidos por el grueso de la población, y la gran movilización de masas que se produjo en pos de ese objetivo. Sin embargo los años posteriores a la derrota del Referendum, fueron años oscuros que empezaron a revertirse recién con las marchas de los 20 de mayos, el reagrupamiento de los familiares de desaparecidos y la aparición en la escena internacional del Juez Garzón aplicando los últimos avances de la normativa internacional y abriendo camino a nuevos procesos de cambio. La búsqueda de respaldo jurìdico para la presentación de nuevas denuncias o la solicitud de reapertura de las mismas encontraron sustento, por ejemplo en el Pacto de San José de Costa Rica que definía el delito de desaparición forzada como un delito continuado y permanente ya en noviembre de 1969. Y en la imprescribilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo todas esas causas tuvieron la misma suerte: el archivo amparado en la Ley de Caducidad. Tristemente célebre fue el fiscal Enrique Moller que aconsejó archivar todas las denuncias realizadas por los familiares…

Al mismo tiempo se fue creando una cultura de impunidad hegemònica en la población uruguaya que impedía hablar, proscribía términos como democracia, justicia, desaparecidos y también ponía bajo sospecha a los que osabamos pronunciarlas. La estigmatización de las víctimas tenía respaldo popular. Ganaba la idea de no volver al pasado y una suerte de reafirmación de la derrota en la consulta popular. “Ese tema ya se saldó” parecía ser el lema de la derecha con todos sus actores: partidos y prensa. La derrota más grande había tenido lugar en la cabeza de los uruguayos.

Otro caso emblemàtico fue la denuncia de la desaparición de Elena Quinteros no sólo por su heroicidad en el momento del secuestro, sino por sus consecuencias: la ruptura de relaciones entre Venezuela y Uruguay, la tenacidad y popularidad de Tota Quinteros y una voluminosa investigación realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores que nutrió la causa y que tuvo como consecuencia el procesamiento de Juan Carlos Blanco por el juez Eduardo Cavalli y la fiscal Mirtha Guianze, visto que los civiles no estaban amparados en la Ley de Caducidad. Esta causa fue la primera causa de derechos humanos que marginó a un juez, Alejandro Recarey por ser demasiado activo en la investigación y no detenerse a la hora de llamar a declarar a los responsables del secuetro, mientras suplía a el Juez Cavalli enfermo de cáncer. Cavalli fue obligado a levantarse de su lecho de enfermo para retomar el caso de Elena.

3. Un tercer escenario es el que se configura con el gobierno de Batlle, primer presidente en recibir a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Al decir de Carlos Ramela, “el tema de los derechos humanos se nos venía encima” y como solución, el gobierno de Batlle se comprometió a investigar el destino de los desaparecidos mediante al Comisión para la Paz formada por Luis Perez Aguirre (Perico), Gonzalo Fernandez, Carlos Ramela, José Claudio Williman, Nicolás Cotugno y José D´Elía. La inicial promesa de investigar terminó consignada en el acta de intención de la comisión como “averiguar” y se fue debilitando progresivamente hasta funcionar con recursos mínimos en la Casa de Gobierno. A pesar de las expectativas ingenuas de lograr información por parte de los militares a los que se les ofreció el anonimato y la no inculpación, los resultados en la construcción de la verdad fueron demasiado magros, sin embargo por primera vez el Estado uruguayo reconoció la existencia del terrorismo de Estado en el pasado reciente.

4. Los gobiernos progresistas en la región suponen un nuevo escenario. Con la derogación y posterior declaración de nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final en Argentina, los familiares y los hijos, volvimos a presentar denuncias y a reactivar las ya existentes. Esas causas tuvieron como resultado los juicios que se están llevando a cabo en estos momentos: ¨Primer Cuerpo Ejército¨ que incluye la prisión clandestina Automotoras Orletti, ¨Plan Sistemático¨ que juzgó la desaparición de niños y la trata de vientres y la causa del ¨Plan Condor¨ actualmente en curso. Poco después, se presentaron en nuestro país, la Causa del ¨Segundo Vuelo¨ que incluye la desaparición de algunos de nuestros familiares y que luego fue acordonada con la causa por el secuestro de Adalberto Soba y de Bernarndo Arnone. Conjuntamente con las causas por los traslados del 77 y 78, ambas supusieron en 2009, la condena a 25 y 35 años de prisión de los mandos, el Goyo Alvarez, Juan Carlos Larcebeau, Nino Gavazzo, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Luis Maurente y José Sande Lima. Resultaron prófugos Manuel Cordero, actualmente en Argentina y Jorge Troccolli. A estas siguió una oleada de denuncias y la lista de acusados no ha dejado de crecer.

A pesar de las mentiras de los militares por primera vez la sociedad civil entró a los cuarteles y comenzó la búsqueda de restos, impulsados desde Presidencia. Al mismo tiempo, un grupo de historiadores fue contratado para investigar en los archivos de la represión aunque los resultados de la investigación –publicado en cinco tomos por presidencia y luego por la UDELAR– tuvo como fuente primaria más importante los testimonios de las víctimas y un acceso muy recortado a los archivos además de la inaccesibilidad a los archivos de la DI.NAC.I.E.

La iniciativa de anular la Ley de Caducidad fue precedida de una dura polémica dentro de las organizaciones de derechos humanos y del Frente Amplio, que se fueron saldando a lo largo de la campaña y sobre todo en su última etapa. La apelación a la movilización popular fue generando una acumulación politica y cultural .

Tanto la recolección de firmas como la consecución de adhesiones al voto rosado fueron dificultosos y demandaron un gran esfuerzo militante. Uno de sus puntos débiles fue la coexistencia con las elecciones nacionales que condicionó el apoyo de los partidos políticos.

A pesar de los errores el resultado del plebiscito de un 48% de los votos dejó la bandera del plebiscito en una situación diferente a la derrota del voto verde ya que al no existir votos en contra, las posiciones contrarias a la anulación de la Ley de Caducidad se sumaban a los que no se pronunciaban.La participación masiva de jóvenes en las últimas etapas de la movilización fue un hecho relevante. Sin minimizar los efectos políticos de la derrota recibida, ni sus causas tanto las puntuales como las más profundas.

5. Un nuevo campo de tensiones se crea a partir de la Sentencia de la CIDDHH sobre el caso Gelman, por un lado entre el derecho interno y las normas internacionales. Contradicción que fue allanada por la Ley 18.831, el decreto presidencial que dejaba sin efecto las decisiones administrativas de gobiernos anteriores que amparaban las causas en la Ley de Caducidad y el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos según lo exigía la Sentencia de la CIDDHH. Cabe destatar como esfuerzo de la sociedad civil, la creación del Observatorio, el cual integramos, y que tiene como objetivo el acompañamiento de las causas judiciales logrando reestablecer la coordinación de las organizaciones de derechos humanos.

Entre los hechos positivos del último período vemos la promulgación de la ley que establece el derecho al acceso a la información pública, vieja reivindicación de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la búsqueda de la verdad y a la veracidad de la información; la búsqueda de los restos y la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

6. El Poder Judicial es, por fin, el último campo de tensiones a abordar. Por un lado ha tenido un rol contradictorio. La SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en plena campaña por el voto rosado en 2009. Simultáneamente fueron surgiendo jueces y fiscales que tomaron las causas de las víctimas del terrorismo de Estado con energía y convicción al tiempo que se fueron formando en las normas internacionales de derechos humanos y como en el caso de la Jueza Mariana Mota, utilizando los recursos más avanzados. Las resoluciones de la SCJ por mayoría, estableciendo la inconstitucionalidad de los articulos 2 y 3 de la ley 18.831 relativas a la no prescripción de los delitos y a su condición de crímenes de lesa humanidad son un golpe duro a los avances en materia de verdad y justicia. Al mismo tiempo el traslado de la jueza Mariana Motta a un juzgado civil conforma una amenaza directa a jueces y fiscales actuantes en causas de DDHH. Por otro lado las contradicciones dentro del Poder Judicial siguen apareciendo. Las últimas declaraciones del Tribunal de Apelaciones contrarias a la sentencia de la SCJ, la recusación de las sentencias de cuatro miembros de la SCJ a partir de las declaraciones de Ruibal Pino, constitutivas de prejuzgamiento, por cuatro fiscales así lo demuestran. Por un lado se avanzó en el sentido de que la Ley de Caducidad ya no tiene efecto en la actualidad, por otro lado se crea la imposibilidad de juzgar negando el caracter de delitos de lesa humanidad que hace imprescriptibles a los crímenes de la dictadura al tiempo que desconoce el principio de que al impedido no le corre término, por lo que deja a todos aquellos que durante años fueron impedidos de contar y denunciar sus dramas personales sin acceso a la justicia, derecho establecido en nuestra Constitución.

Creemos, y lo dijimos en la Asamblea de la INDDHH, que la posición del Consejo de dicha institución luego del traslado de la jueza Mariana Mota afirmando la necesidad de democratizar el Poder Judicial define la estrategia de la próxima étapa. En ese sentido nos pronunciamos en su momento.

Para lograrlo creemos necesario articular con las diferentes organizaciones sociales y políticas.

En resumen, cuando decimos NUNCA MÁS, QUÉ? Nos referimos a lo que falta por saber. No hemos olvidado nuestros reclamos históricos de verdad y justicia. Sí, nos sucede que el tiempo trancurrido, los vaivenes de un sistema adormecido en la impunidad, nos traen a la cabeza, una y otra vez, la voz de León Felipe. Como Hijos podemos decir:

Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan
con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre…
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos…
y sé todos los cuentos.

Somos conscientes de que quienes aquí están comparten nuestra indignación y hartazgo por eso saludamos la iniciativa esperando que foros como estos, nos devuelvan al camino de democratización que habíamos comenzado y que hoy desde la SCJ se obstruye. Con él nos comprometemos.

Todos iguales ante la Ley

 Marcha de la diversidad 2012 224

Por Adriana Cabrera Esteve

El matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo fue uno de los últimos temas de debate en el 2012 al votarse el proyecto que lo reconocería como legal en la Cámara de Diputados. Postergado a solicitud de los Partidos Blanco y Colorado promete convertirse en uno de los primeros temas del 2013 visto el compromiso de ser tratado por la Cámara de Senadores a comienzos de este año. Se trata de una temática relativamente reciente: los Países Bajos fueron los primeros en reconocerlo en 2001 aunque en la antigüedad parece haber sido una unión natural entre chinos, griegos y romanos. A Holanda le siguieron Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca. De votarse, Uruguay se convertiría en uno de los países vanguardia en materia de derechos sexuales.

Michelle Suarez comenzó a militar en Ovejas Negras en el 2010. Abogada de profesión, encontró que existía un vacío legal en el derecho nacional en lo referente al matrimonio igualitario. Entiende la Ley como un instrumento social por eso considera que es desde la sociedad de donde pueden surgir las normas y las iniciativas que vengan a solucionar sus problemas. Coincide con esta opinión el Diputado Luis Puig, quien preside la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y considera que “la aprobación de las leyes es consecuencia de la coyuntura histórica y la movilización social que las impulsa”.

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto sobre matrimonio igualitario estuvo precedida de un prolongado esfuerzo de colectivos sociales como Ovejas Negras que viene trabajando desde hace años contra la discriminación y por la igualdad de derechos”, afirma Puig.

Desde abajo

ENTREVISTAS edMichelle nos cuenta cómo surgió la iniciativa. Según ella, en Uruguay se ha recorrido el camino inverso a otros países, primero se acordó el derecho a la identidad, luego el de adopción y no se había abordado aún el derecho al matrimonio igualitario. En otros países el recorrido había sido a la inversa. Por eso Michelle decidió escribir un texto y pidió la evaluación técnica de sus colegas de la Facultad de Derecho. Con humildad pensó que le lloverían críticas pero en su lugar fue muy bien recibido e incluso le llegaron propuestas de agregados al proyecto de ley. “El derecho y la ley no van por carriles separados”, nos dice, “hay que empezar a democratizarlo”.

El Colectivo Ovejas Negras, encontró inicialmente la reacción del “no se puede”. Sin embargo luego se tomaron decisiones sustantivas de respaldo al proyecto y el 28 de junio de 2011 se lanzó la campaña por el matrimonio igualitario logrando instalarlo en el debate público. El Colectivo se entrevistó con todos los grupos que trabajan en el interior del país por la diversidad sexual y con todos los legisladores que desearon recibirlos. La mayor receptividad la encontraron en la bancada del FA que con una docena de firmas lo ingresó a la Comisión de Constitución y Código.

Por su parte el Diputado Luis Puig es optimista con respecto a los resultados legislativos. “Uruguay va en camino de sumarse a un pequeño grupo de países en el mundo que ya cuentan en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proceso de discusión al que asistimos en la región con la sanción en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario nos muestra hasta qué punto la iglesia católica y demás referentes conservadores de la sociedad están dispuestos a obstaculizar este avance en materia de derechos humanos. Estos mismos componentes están planteados en nuestro país”, afirma.

Los argumentos en contra

Entre los escollos que encontraron las organizaciones sociales durante la discusión parlamentaria estuvo el del origen etimológico. La palabra matrimonio viene de mater y está asociada a la maternidad. “Este argumento tiene que ver con una idea platónica”, discute Michelle, “de que las palabras son inmutables a través del tiempo. Lo cual parece tener poco asidero porque el derecho en sí es un instrumento de convivencia social que debe adaptarse a la sociedad en el momento de evolución que la misma está teniendo. No debe haber un divorcio entre el deber ser y el ser. Si la institución matrimonio no hubiera tenido cambios a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que nuestro derecho es de fines del Siglo XIX, las mujeres casadas serían todas incapaces y estarían sometidas a la potestad marital. No existiría el divorcio y los hijos fuera del matrimonio seguirían siendo castigados por la inmoralidad de sus padres y se les consagrarían menos derechos que a los hijos legítimos. O sea que del instituto original nos queda nada más que el nombre ya que sus características más importantes fueron desapareciendo”. Lo mismo sucede con la institución familia, agrega, que proviene del derecho romano.

El otro argumento en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario fue la existencia de la Ley de Unión Concubinaria. Para la abogada este “es un error técnico bastante grande. Cuando existen dos institutos que consagran lo mismo y ambos están vigentes uno de los dos debe dejar de existir por el principio de no contradicción y el instituto más nuevo derogaría en forma tácita al matrimonio, cosa que no se pretende. Son institutos concebidos esencialmente diferentes. Uno es un acto solemne con mínimas formalidades y el otro es un hecho social al cual la ley le da relevancia jurídica. Cuando uno se va a casar no se le pregunta si hace cinco años que está con su pareja, no se le pregunta si esa relación es estable, singular, exclusiva, pública y de índole sexual. Nunca se tiene que probar ante un juez con testigos si esas dos personas tienen relaciones sexuales”. La unión concubinaria, agrega, supone “meses de juicio público al que se llevan testigos y pruebas y si el juez no se siente lo suficientemente ilustrado puede denegar la unión. Fue consagrada para dar amparo a quienes no eligen el matrimonio por su filosofía de vida. Fue para tratar de satisfacer necesidades de parejas heterosexuales. Lentamente y de atrás se introdujeron las parejas del mismo sexo tratando de encontrar algún amparo ya que no tienen la posibilidad de elegir” entre ambas instituciones.

La última postura discordante fundamentaba “que no era un tema prioritario y eso es como no entender que los derechos humanos son complementarios e indivisibles”. “Las sociedades son como un árbol, no nos podemos distraer en épocas de bonanza con el tronco o la copa frondosa y dejar de lado sus raíces. Las raíces son las instituciones y las leyes. Si las instituciones y las leyes son injustas, son malas, no respaldan un sentimiento de justicia y esta se le niega a una parte importante de la población, ese árbol tiene mal las raíces y ante el primer empujón se cae. Nosotros ya tenemos la experiencia de una etapa triste con un Estado de Derecho que fue inoperante para responder a la realidad social a través de sus instituciones”.

Las raíces del patriarcado

En cuanto al debate en torno a la adopción que rodeó la aprobación del proyecto en diputados, la abogada aclara que “la adopción está saldada por una norma anterior”, el proyecto de matrimonio igualitario no está atado a la adopción como sucedió en otros países. “Sí, hubo un debate sobre los nombres y tiene que ver con el ámbito filiatorio desde el momento que si dos mujeres deciden tener un hijo no podemos seguir hablando de la jerarquía del apellido del padre sobre el de la madre si hay dos mamás o dos papás, entonces se da la opción de que esa pareja elija el orden de los apellidos que quiera. Por lo tanto se debe dar la opción de que el orden de los apellidos no esté jerarquizado tampoco si es un señor y una señora”. Esto se incorporó en este proyecto de ley y cuando lo propusieron “fue como tocar las raíces del patriarcado”, nos dice Michelle Suarez.

El Diputado Puig también nos habla de las dificultades que se presentaron en el tratamiento parlamentario. “En el marco de la discusión realizada en la Cámara de Representantes, representantes de partidos tradicionales pretendieron cambiar los ejes de discusión sosteniendo que el proyecto alternativo de unión civil por ellos presentado, contenía los mismos derechos sucesorios y patrimoniales que el de matrimonio igualitario presentado por el Frente Amplio. Lo que no lograron o quisieron entender aún es que este debate no trata de derechos patrimoniales o sucesorios sino que este es un debate de derechos humanos en toda su dimensión”, sostiene.

De ida y vuelta

Para Michelle Suarez “La buena salud del Estado de derecho tiene que ver con la confianza que la ciudadanía tenga en él” y para que esto se cumpla todos los derechos humanos deben ser respetados por igual. En la misma línea razona el parlamentario. “Falta aún la aprobación del proyecto por parte del Senado. Hacerlo sin más demoras ni modificaciones es un compromiso asumido por el Frente Amplio. Sin embargo, la aprobación parlamentaria del proyecto y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo no culmina este proceso”, opina. “Por el contrario, el verdadero debate en la sociedad recién comienza. La aprobación de la Ley es una condición necesaria pero insuficiente. Acortar la distancia entre la letra de la ley y la vida cotidiana es mucho más complejo y dificultoso que un mero trámite parlamentario. Los cambios en la construcción cultural de una sociedad no se realizan en un solo acto. Lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que la componen implica enfrentar la hipocresía de una sociedad pacata y machista. Incorporar el tema de la diversidad sexual como un tema central a la agenda de preocupaciones de, por ejemplo, quienes son la columna vertebral de la lucha por los derechos humanos, los trabajadores organizados, no será tarea sencilla”, afirma. Su experiencia personal, es que “tardó muchos años (tal vez demasiados) en comprender e incorporar este tema como parte integral de los derechos humanos”, confiesa. Reafirmando esta postura nos cuenta que al otro día de ser aprobado el proyecto de ley en diputados “arreciaban las bromas en las fabricas y lugares de trabajo”. Considera un desafío cultural de primer orden “que la clase trabajadora incorpore la lucha contra la discriminación en sus diferentes manifestaciones”. El camino a seguir según Puig es profundizar el intercambio y la coordinación entre las distintas formas de organización popular.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nr.11

Encuentro-despedida

Ayer acompañamos los restos de Alberto “Pocho” Mechoso. Desde el 26 de setiembre de 1976 estaba desaparecido. Lo habían secuestrado en Buenos Aires en el marco de la represión al Partido por la Victoria del Pueblo. Había sido visto en Automotoras Orletti, uno de los tantos centros de detención clandestinos de las dictaduras del Cono Sur. Luego de ser salvajemente torturado el 14 de octubre del mismo año fue tirado junto a otros siete detenidos en tambores metálicos al Canal San Fernando de la Provincia de Buenos Aires. Sus cuerpos fueron cubiertos de cal y cemento. Los otros restos identificados hasta el momento en las mismas circunstancias fueron los de Marcelo Gelman y María del Carmen Pérez,  embarazada de nueve meses. Tiempos de horror.

Aunque la tristeza no sea menos tristeza, hoy ya no está desaparecido como quisieron sus secuestradores y sus asesinos tampoco están impunes.

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De todas maneras va

El hallazgo de hierro en nuestro territorio motivó una amplia gama de opiniones provenientes  tanto de las organizaciones sociales como del espectro político. Desde los que alentaban la esperanza de desarrollar una industria siderúrgica pujante, pasando por los que alertaban contra las concepciones extractivistas hasta los que denunciaban potenciales daños irreversibles en nuestro ecosistema. La minera Zamin Ferrous enlenteció su instalación en nuestro medio sorprendida ante una comunidad cívica acostumbrada al ejercicio democrático de debatir todos sus pasos. Sin embargo, la envergadura de los yacimientos de hierro que aparentemente posibilitaría convertir al país en el octavo productor de hierro en el mundo  y el proyecto de ley que está a discusión en el Parlamento permiten afirmar que el emprendimiento de todas maneras sigue adelante.  

Ya desde 1950 Uruguay viene investigando la existencia de yacimientos de hierro en Valentines, un viejo poblado entre los departamentos de Florida y Treinta y Tres que apenas superaba los doscientos habitantes. Primero fue el Estado, luego un grupo de geólogos alemanes, y desde 2007 la empresa minera Zamin Ferrous. Como consecuencia de la última y exitosa investigación surgió el proyecto de explotación de hierro Aratirí que, según sus promotores, permitiría la exportación de 18 millones de toneladas de mineral de hierro por año lo que supondría el ingreso anual de 1.400 millones de dólares durante veinte o treinta años e implicaría la inversión de tres mil millones de dólares. Los ingresos para la empresa serían de 2.790 millones de dólares anuales.

De qué hablamos cuando hablamos de Aratirí

Aratirí  incluiría un complejo minero, conformado por cinco minas de extracción a cielo abierto y una planta de beneficiamiento donde se separaría el hierro de la roca por trituración y métodos magnéticos, algo posible por el tipo de mineral existente en la zona, la magnetita, ambos ocuparían unas 6.210 hectáreas; un mineroducto de 212 km de longitud que comunicaría la planta con la terminal portuaria; un puerto multipropósito de aguas profundas, el primero del Cono Sur, previsto inicialmente para La Angostura y actualmente planificado para la franja costera que va entre El Palenque y Puerta del Sol en el departamento de Rocha, más la instalación de líneas de alta tensión y un emisario subacuático para vertido de aguas hacia el océano.

A nivel político partidario, a instancias de Presidencia y con participación del Poder Ejecutivo, se conformó en 2011, una Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte. Lo acordado es la base del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento y hoy a discusión de la Cámara de Diputados. Actualmente la Cámara definió la conformación de una Comisión Especial para el estudio de la mega minería integrada por nueve diputados, cinco frenteamplistas y cuatro de la oposición que tendría plazo hasta el 31 de marzo para estudiar el proyecto, incorporar agregados o realizar observaciones al texto inicial.

El marco legal

El proyecto de ley viene a completar un sistema de normas conformado por el Código de  Minería de 1982 y los ajustes realizados mediante la Ley 18.813 de 2011. En el mismo se expresa la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental y visto que el hierro es un recurso no renovable, de un plan de cierre para el reacondicionamiento de la zona que garantice el uso sustentable del lugar donde se realizó la extracción. El plan de cierre implica también la recomposición en caso de haber daños del ambiente. Se establece la firma de un Contrato de Concesión entre el Poder Ejecutivo y la firma titular del proyecto. Define que el Estado debe participar de las rentas de la explotación visto que es el propietario del subsuelo por lo que se incorpora un adicional al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Entre otras cosas, el proyecto de ley también establece qué se hará con los ingresos tributarios y el canon de producción obtenido por el Estado por  la Minería de Gran Porte: el 70% se destinaría a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII) y el 30% restante se destinaría a los objetivos trazados por la Multipartidaria y al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los organismos de control y seguimiento de proyectos.

Otro paso en el intento de puesta a punto ante el inminente desarrollo de la actividad minera de gran porte, fue dado por el Ministerio de Trabajo que ha tomado la iniciativa de ratificar el Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en la Minería, vigente desde 1998 pero desjerarquizado dada la escasa actividad minera en nuestro país. El mismo establece que el Ministerio podrá “suspender o restringir, por motivos de seguridad y salud, las actividades mineras y el establecimiento de procedimientos eficaces que garanticen el ejercicio de los derechos  de los trabajadores”.

El Estudio de Valoración Económica Ambiental

Una etapa culminada es la elaboración de los estudios solicitados a Aratirí por parte de la Dirección Nacional de Medioambiente (DINAMA) entre los cuales está el “Estudio de Valoración Económica Ambiental del Proyecto Valentines” realizado por el Ec. Gustavo Bittencourt.

En entrevista con Cuadernos de Compañero, Bittencourt consideró a Aratirí como “un proyecto novedoso en cuanto a su ingeniería, bastante bien pensado. Tiene mucha inversión de dinero y presenta soluciones que parecen razonables, por lo menos todo lo que aparece como posible impacto ambiental puede ser mitigable con las medidas que están previstas. Por supuesto que hay riesgos ambientales, por ejemplo, la emisión de material particulado, por eso esa zona se estaría regando permanentemente. Si no se hiciera podría ser riesgoso para la salud humana en las zonas aledañas aunque estaría dispersando materiales no tóxicos, sin embargo no sería más riesgo que vivir en la ciudad. Hay que tener algunas estaciones de monitoreo que den cuenta de que se está haciendo bien. De todas maneras tendría menos impacto ambiental negativo que un tambo de dos mil cabezas al estilo de los que se están implementando y no se sabe qué hacer con los residuos sólidos”.

Con respecto al mineroducto, Bittencourt cree que no genera riesgos y en cuanto al puerto de aguas profundas, la construcción costera se había planeado en un principio “en algún lugar que hoy no tiene uso turístico, nosotros lo valoramos como si tuviera valor turístico pero eran playas profundas y peligrosas. Se hicieron estudios con biólogos, se contrataron barcos y se llegó a tener un conocimiento de la biología marina que no se tenía antes. Habría que hacer un dragado pero según los biólogos no transformaría la biología marina de la zona. Tampoco había casi impactos visuales desde los lugares donde hay turismo actualmente. En general, los costos ambientales del proyecto si las medidas de mitigación se hacen bien, no parecen ser elevados.”

El impacto en el desarrollo

En lo que refiere al impacto sobre el desarrollo, considera que cambiaría “una zona que está muy deprimida generando empleo. Sería un impacto grande durante la instalación que después se perdería al estar funcionando”. Para el economista lo más interesante es la parte de la que se apropia el Estado mediante los impuestos, “a diferencia de las plantas de celulosa que están en zona franca, acá habría una recaudación fiscal superior a lo que se cobra a todo el sector agropecuario junto. Depende de lo que se haga con eso, pero se podría destinar a la educación o a cualquier proceso que mejore las capacidades sociales. Podría ser un fondo de desarrollo interesante para un montón de cosas. Se abre la posibilidad de tener actividades conexas como usar el hierro como materia prima o un proyecto vinculado a la venta de servicios logísticos asociados al puerto de aguas profundas. En términos de crecimiento económico esto implica un salto por una vez, de golpe empezaríamos a exportar mil y pico de millones de dólares en hierro. El grueso se lo lleva la empresa, la otra parte se la queda el Estado y la otra sería los sueldos de los trabajadores. Si se usan esos recursos fiscales de una manera razonable sería como agregar una quinta pata a lo primario: la celulosa, la soja, la carne y los lácteos.”

Con respecto a los puntos débiles del proyecto Bittencourt opina que son los mismos que tiene cualquier proyecto asociado a la primarización “que por sí mismo no transfieren al resto de la economía una alta tasa de crecimiento a largo plazo. El desarrollo está asociado a la producción con agregado de conocimientos. Este proyecto no suma a esa idea de desarrollo. Lo que aporta es un fondo de recursos fiscales que se puede aplicar a esta otra idea de desarrollo. Que tengamos ahora la tasa de desempleo que tenemos tiene que ver con que tengamos 5.000 trabajadores en Conchillas trabajando para Montes del Plata. Pero a largo plazo no es en la primarización donde está el desarrollo.”

No todas son rosas

Al preguntarle sobre los riesgos intrínsecos a este proyecto, mencionó la llamada enfermedad holandesa, “o sea que el ingreso de muchos dólares ya sea por las exportaciones o por la propia inversión que se realiza termine deprimiendo el tipo de cambio, los efectos no se puedan neutralizar y eso quite rentabilidad a las actividades y disminuya la posibilidades de diversificación de la economía hacia otras actividades con mayor agregado de valor o de mayor conocimiento.” Sin embargo, en su opinión eso depende de cómo se maneje el fondo fiscal. “Creo que es una oportunidad importante” agregó, “pero no es la transformación del país. Las reglas que se les están poniendo en términos de recaudación fiscal son bastante diferentes que las de las papeleras y ahí es donde está la gran diferencia. Pero tenemos un déficit de planificación.”

Una visión diferente es la que aporta Carlos Anido, ingeniero, asesor del PIT-CNT y de REDES. Para Anido, la demanda de hierro se inscribe en el marco de “una especulación desatada luego del 2008 cuando los papeles se fundieron debido a las hipotecas basura de EEUU que intoxicaron todo el sistema mundial de bancos y fondos de inversión. La especulación a corto plazo que da la máxima ganancia se desplazó a las materias primas, los alimentos y el acaparamiento de tierras”. Según Anido esta sería la razón por la que los precios “de los metales se multiplicaron por 4 o 5 veces. Esto ni era ni es estable, forma parte de las burbujas del casino mundial en que se ha convertido el capitalismo global que van explotando sucesivamente, primero las inmobiliarias, luego las hipotecas, está llegando el momento de los metales, salvo el oro que está siendo tomado como moneda de reserva, no por su uso tecnológico que es comparativamente pequeño.”

La opinión de los ambientalistas

Para el asesor del PIT-CNT “la gran demanda de hierro proviene sobretodo de la expansión urbana mundial por la transferencia de gente del campo a la ciudad, por la construcción edilicia especulativa (torres y habitaciones donde invertir fondos de obscuro origen) y el transporte aumentado”.

“La minería también tiene sus tiburones financieros” alerta, “y estos depredadores aparecen como empresas llamadas “junior” que pescan en aguas internacionales, en general operando para otras empresas mineras más grandes, consiguiendo los permisos de explotación y haciendo el gasto político, social, de cooptación o compra de funcionarios y ex funcionarios y en general todo el trabajo sucio necesario para la obtención si es posible de la llamada “licencia social”.”

En ese contexto, Anido afirma que “América Latina está invadida de estos “proyectos” y Uruguay no es la excepción. Lo que sí es diferente es que es el único caso donde estos especuladores se intentan instalar en una planicie agrícola rica que forma parte de uno de los llamados graneros del mundo”.

Para Anido, Zamin Ferrous sería una de las empresas “junior”, “no tiene antecedentes mineros y lo que sí ha hecho en Brasil es conseguir permisos para una mina y venderlo luego a otra empresa internacional de las grandes que no ha hecho otra cosa que especular, con ganancias fáciles”, afirma. “Pensamos que un negocio similar pero más grande especulativamente se intenta aquí. Las cantidades inusuales planteadas para la extracción, las inexactitudes en la evaluación y el proyecto, los efectos sobre el campo denunciado (como tres millones de hectáreas para todos los metales, 120.000 solo para Aratirí), la costa turística y paisajística de alto valor inmobiliario y sustentable, muestran un negocio a corto plazo, no más de doce años, subsidiado en energía y en infraestructura que la rodee, todo inconveniente para el país por los empleos agrícolas y de todo tipo, incluso industriales que se pierden.”

Por último concluye que “solo manteniendo un volumen limitado se podría intentar explotar una minera no renovable que pueda articular con la producción agrícola, para ser objeto de una explotación racional, multigeneracional, poniéndole reglas al capital y al mercado, lo más sustentables posibles, haciéndose cargo de todos los costos ocultos que hoy le pasan a la sociedad, sin subsidios energéticos, con transparencia de funcionamiento y sin corrupción”.

El debate aún está abierto. Habrá seguramente más opiniones e información para enriquecerlo y probablemente nos ocupe el próximo período no sólo cuando definamos qué hacer con el yacimiento de hierro encontrado sino cuando evaluemos los resultados.

Publicado en la revista Cuadernos de Compañero Nro.10