Compartiendo afectos, ayer en el Parque Liber Seregni

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En el marco del mes de la mujer, ayer, se llevó a cabo “Compartiendo afectos”, una feria de salud y género en el Municipio B. La fotógrafa Ana Casamayou llevó adelante un taller de retrato, hubo música, clases abiertas de gimnasia, juegos inflables para niños y no tan inflables como las viejas carreras de embolsados, juegos de aros y acrobacia. Estuvimos presentes también los concejales vecinales y se homenajeó a viejas y queridas luchadoras de nuestro barrio. Una gran apuesta a la buena convivencia y la participación en la zona.

Desde hoy Lugar Común en el Centro Cívico Costa Urbana de Ciudad de la Costa

Desde hoy se puede ver “Lugar Común” en el Centro Cívico Costa Urbana de Ciudad de la Costa. La muestra la instalamos el viernes pasado y hoy estuvimos ultimando algunos detalles. La Mesa Redonda sobre niñez y pobreza será el 25 de febrero a las 19hs.

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invitacion lugar común nueva fecha

Casavalle era una fiesta

La inauguración el 10 de diciembre de la plaza de Casavalle, uno de los lugares más pobres del país, contó con una asistencia multitudinaria. El barrio era una fiesta. Un espacio de juegos, una cancha multiuso, una cancha de fútbol ocupada por mesas de comida más una buena cantidad de actividades y espectáculos contribuyeron a la algarabía general. A los que fuimos a ver, la alegría todavía nos dura.

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A cien años del saneamiento: arte en las bocas de tormenta

Entre el 8 y el 10 de noviembre con motivo de los cien años de gestión pública del saneamiento de Montevideo se convocó a un conjunto de artistas a decorar las bocas de tormenta. Participaron 250. El sábado montamos nuestras bicicletas y salimos a ver los resultados. La propuesta está enmarcada en el programa Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013.

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Instalando Lugar Común

Ayer, a pesar del embotellamiento producido en la ruta 1 por el incendio de un automóvil y el calor de una primavera indecisa logramos llegar a Las Piedras para instalar Lugar Común en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja. Y así, más o menos, nos fue. Hoy inauguramos.

Acá va el link de Fotograma 2013, del cuál Lugar Común forma parte. http://fotograma2013.montevideo.gub.uy/node/3815

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Modelo para armar

Por Adriana Cabrera Esteve5

La propuesta de la Unidad de Derechos Humanos, Participación y Compromiso de la Comisión de Programa del FA ratifica la histórica obligación de nuestra fuerza política con la reparación integral de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el pasado reciente, entiéndase por tal: la memoria, la verdad y la justicia. Reafirma el carácter universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos abordando en forma integral nuestra responsabilidad para con ellos. Y plantea la reforma del Poder Judicial. Por el rol fundamental del sistema judicial en la protección de las libertades y los derechos de la ciudadanía esta propuesta resulta central a la hora de pensar no sólo los derechos humanos sino también la calidad del estado que queremos en términos democráticos y también funcionales.

 Varias razones hacen imperiosa esta reforma. Por un lado la situación en materia de seguridad pública. Permanentemente se piensa la falta de represión policial como factor unicausal de la inseguridad. Sin embargo, varios datos de la realidad demuestran que es un tema polémico  y plagado de contradicciones. Mientras la derecha reclama más represión o la baja de la edad de imputabilidad, la izquierda históricamente ha apostado a las políticas sociales. No por eso, el gobierno frenteamplista ha sido ingenuo. Nunca  como durante el gobierno frenteamplista se ha perseguido tanto a los grande narcotraficantes y a los delincuentes de guante blanco. Tampoco la fuerza política lo ha sido. Durante 2012, a instancias del Presidente Mujica, la Estrategia por la Vida y la Convivencia fue fruto de una discusión generalizada intentando remover patrones culturales de larga data como la violencia doméstica, responsable del 2,9% de las muertes violentas; o los suicidios, culpables del 43,4%, o los accidentes de tránsito que suponen, nada más ni nada menos, que el 36.7% de las muertes violentas en nuestro país.

 El cuello de botella

 En comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más bajas, 6.1 cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países del continente como Venezuela encontramos tasas de 57 cada 100.000 o en Colombia, 20 cada 100.000. Sin embargo la percepción de la ciudadanía, crónica roja de por medio, no incorpora esos datos  y la sensación de inseguridad llega a amplios sectores de la población   presionando sobre los jerarcas del Ministerio del Interior. Tampoco incorpora que el homicidio es el delito con menor brecha de procesamiento. Es decir que la gran mayoría son encarcelados. El problema es que, sin importar la causa,  la gran mayoría de los presos no tienen sentencia. Sólo el 37% de los privados de libertad son penados. Este dato de la realidad, no sólo cuestiona la eficiencia del Poder Judicial, también deja en evidencia la desprotección del 63% de los encarcelados que podrían, eventualmente, ser considerados inocentes al finalizar el juicio. Mientras tanto, el tiempo de prisión no es inofensivo. El 59% de reincidentes contabilizados en 2012 nos dan la idea de que para muchos, la cárcel resulta ser una “escuela del crimen” en vez de un lugar de rehabilitación. Al mismo tiempo, mientras que hay 7.664 plazas en las cárceles, hay 9.413 presos. A 1.749 presos, también se les están violando sus derechos porque estar privado de libertad no quiere decir estar hacinado. La lentitud en los plazos judiciales es extensiva a la justicia no penal, por ejemplo a los juicios laborales.

Evitaría el hacinamiento, un Poder Judicial más eficaz que resolviera ágilmente las causas judiciales y que usara penas alternativas.

La impunidad

Otro ejemplo de ineficiencia judicial la encontramos en los juicios vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de estado. El Observatorio Luz Ibarburu creado recientemente contabilizó 215 causas por violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría presentadas entre 2011 y 2012 pero también un número importante datan de la salida a la dictadura. La información que brinda sobre las causas no es nada menor. Las principales son la tortura, el asesinato, la privación de libertad y la desaparición forzada. Todos delitos graves. Sin embargo, de todas ellas 169 (78%) se encuentran en etapa de presumario, 32% fueron archivadas, 15% están en etapa de sumario, y sólo un 1% ha tenido sentencia. Mientras tanto, el tiempo pasa y garantiza a los responsables de crímenes de lesa humanidad, su impunidad.

Mirándola de adentro

Paralelamente, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) viene denunciando la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial y en la formación de los magistrados. Repetidamente ha manifestado su preocupación ante distintos ámbitos del gobierno. Reclaman la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura dando garantías en el ingreso, ascenso y calidad técnica de los magistrados. Como forma de lograrlo exigen sustituir la antigüedad por el concurso. También piden una política de descentralización en concordancia con otras áreas del Estado. En ese sentido proponen la reinstalación de la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo y la creación de Tribunales de Apelaciones en las regiones alejadas del interior del país, muy en particular en el norte. Además, han expresado su preocupación por la superintendencia administrativa que ejerce la SCJ que aunque delega funciones en la Dirección Nacional y en las Divisiones, modifica sus decisiones, con un resultado de marchas y contramarchas que tienen como consecuencia la inercia de los mandos medios.

Todos los caminos conducen a Roma

 Cabe señalar que, recientemente, ante la decisión de la SCJ, sin fundamento, de trasladar a la Jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió un comunicado sobre la administración de justicia y los derechos humanos en el que aconsejaba actualizar al sistema judicial acorde a los instrumentos internacionales de manera de convertirse en un verdadero garante del estado de derecho. En ese sentido aconsejaba la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la sanción de un nuevo Código del Proceso Penal actualmente en trámite en el Parlamento.

La INDDHH tiene entre sus funciones la de “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales” y es en base a esta potestad que realiza sus propuestas.

 La propuesta  

Asegurando la garantía de independencia al Poder Judicial en tanto poder del estado, parece imprescindible encarar una serie de cambios en el sentido de dotarlo de transparencia y a su vez de solvencia. En ese sentido la propuesta programática debería considerar la creación de un Consejo Superior de la Magistratura que asuma las funciones administrativas y asegure la carrera judicial incluyendo la convocatoria a los magistrados, su selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados, régimen disciplinario y especialización técnica; y un Tribunal Constitucional que atienda los temas relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ambas medidas requieren reformas constitucionales. De esta forma se liberaría a la SCJ de la superposición de funciones, principal factor de ineficiencia, permitiéndole concentrarse en la tarea jurisdiccional. Además se propone la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura de forma de que se establezca un sistema transparente de ingresos, ascensos y movilidad de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Otra propuesta es la reforma del Ministerio Público y Fiscal con la idea de garantizar a los magistrados fiscales su carrera profesional, tanto en la convocatoria como en la selección, capacitación, especialización, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario.

Por último, la formación en derechos humanos es una preocupación del programa de gobierno propuesto tanto para los funcionarios del sistema judicial como para otros actores de la sociedad para lo que se propone un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.13

Errando el bizcochazo

Por Adriana Cabrera Esteve

Llamadas 2012

La eficiencia y la eficacia del gobierno en materia de seguridad es uno de los principales caballitos de batalla de la derecha fielmente seguida por algunos de los medios de prensa privados. Cada hecho delictivo, especialmente si es muy truculento, suscita comentarios malevolentes de todo tipo y color  contra toda la administración frenteamplista. No porque sí, ya en 2011, una medición de opinión pública realizada por Equipos Mori, mostraba a la inseguridad como la preocupación más importante de la población.

Ahora bien, si el Ministerio del Interior fuera ineficaz en materia de represión al delito, no habría 9.413 personas privadas de libertad. En el 2000, había 4.369. En una década la población carcelaria se duplicó. Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, hay 2.409 presos más. Tenemos una de las tasas más altas de presos por habitante y a pesar de las cárceles construidas, los presos superan en 1.749 las plazas disponibles. El hacinamiento sigue siendo un hecho a superar y el uso de penas alternativas a la prisión sigue siendo también un enorme debe del Poder Judicial.

El debate en torno a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, impulsada por el gobierno a partir de mediados del año pasado, sirvió para deconstruir algunos de los mitos en torno al tema de la seguridad. Por ejemplo, salió a luz que las principales causas de muertes violentas en nuestro país no eran los delitos sino los suicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y la violencia doméstica. Todos problemas a resolver lejos del ámbito del Ministerio del Interior y muy cerca de nuestros patrones culturales.

El Reporte Social 2013, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas vuelve a darnos información relevante. Para empezar, confirma algo que desde la izquierda se ha repetido hasta el hartazgo y es que los gobiernos frenteamplistas han tenido que lidiar con la inseguridad gestada en las políticas económicas blanquicoloradas. Un estudio de la población carcelaria nos dice que en 2004, inmediatamente después de la mayor crisis económica de las últimas décadas, el 58% de los presos eran primarios. O sea incubados en la desocupación, la pobreza y la marginación que asoló a nuestra población. Expulsados de la sociedad por las políticas del último gobierno del Partido Colorado. En 2012, casi la misma cantidad (59%) son reincidentes, son los que no han podido salir del entramado de criminalidad tejido en ese período y que atraviesa nuestra sociedad, desde los que con cuello blanco se dedican al lavado de dinero hasta los que le venden “lágrimas” o “chasquis” de pasta base en cualquier “boca” del barrio a nuestros jóvenes.

Otro dato interesante está vinculado a sus probabilidades de salir de ese entramado de violencia. Según el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que tiene como objetivo la readaptación e inclusión de los detenidos brindando asesoramiento jurídico y psicológico, capacitación e inserción laboral, apoyo en gestión de trámites, entre otras cosas; de los pocos presos que ingresan al programa, el 79% no reinciden. O sea que con programas de inclusión adecuados la reincidencia también es atacable.

Pero el dato que resulta más inquietante y que obliga a llevar la mira a otra dirección cuando hablamos de represión al delito (porque está claro que la inseguridad no es sólo un problema de represión sino de prevención), es que de las personas privadas de libertad están penadas sólo el 35,3%, el resto están detenidos en forma preventiva a la espera de que la justicia decida sobre su culpabilidad. Un problema endémico, por cierto. En el 2004, los hermanos Peirano Basso se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a ser juzgados, visto el tiempo que habían permanecido en prisión sin condena. Así que esta película ya la vimos y nos habla del grado de eficiencia y eficacia del sistema judicial al que de una vez por todas hay que hincarle el diente. Una Suprema Corte de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, que además de “juzgar a todos los infractores de la Constitución” debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, además de elaborar presupuestos, nombrar Jueces, nombrar Defensores de Oficio, Jueces de Paz y “nombrar, promover y destituir por sí” a los demás empleados del Poder Judicial, entre otras cosas, no puede ser otra cosa que ineficiente. Pensar la estructura del sistema judicial en clave de justicia, dotarla de agilidad y tratar de resolver ese cuello de botella conformado por la superposición de funciones parece ser una de las necesidades de la próxima etapa. Crear un Tribunal que se encargue de la administración de Justicia y un Consejo que sea responsable de la administración es una de las propuestas. El próximo programa del Frente Amplio deberá contemplarlo.

(El entrecomillado pertenece a la Constitución de la República)

Publicado en La República el 6/9/2013

Montando “Al borde” en el Centro Cultural Terminal Goes

“Al borde” comienza a circular. Luego de estar en el atrio municipal, la muestra recorrerá los barrios de Montevideo. Desde hoy se encuentra en el Centro Cultural Terminal Goes, cito en Gral.Flores y Domingo Aramburú. Se podrá ver entre las 10hs y las 20hs, hasta el 21 de julio de 2013.

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