El que fue a Sevilla

“En las elecciones de este domingo se votó a los nuevos concejales de los municipios y también se eligieron los proyectos del barrio”, informó Teledoce el mismo día de las últimas elecciones de concejos vecinales. Pero la confusión no estuvo presente sólo en la prensa: algunas destacadas autoridades señalaron ante cámaras la importancia de una muy buena elección del tercer nivel de gobierno. Confundir la palabra “vecinal” con la palabra “municipal” no sería un gran problema si no entrañara desconocimiento de la normativa y también de la asignación de roles de cada organismo.

El Concejo Municipal es un órgano ejecutivo, un cuerpo colegiado de gobierno del tercer nivel, del cual surge, por ser el candidato más votado, un alcalde que lo integra; los concejos vecinales son organizaciones sociales. Los primeros fueron creados por la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana de 2009, existen en todo el país y son electos en el mismo acto de votación que el segundo nivel de gobierno.

Los segundos son elegidos en la misma instancia que los proyectos del Presupuesto Participativo, existen sólo en Montevideo y son organizados por la Intendencia de Montevideo y los municipios, pero su área de funcionamiento corresponde a la vieja división de Montevideo en 18 zonas.

El imaginario colectivo de los 90

La confusión es fundada. En el imaginario colectivo frenteamplista, la estrategia que emana del Documento Nº 6 del Frente Amplio (FA) propuso avanzar hacia una democracia participativa por medio de la creación de asambleas deliberantes zonales, que devinieron luego en concejos vecinales.

Se visualizaba como pobre que hubiera sólo un mecanismo de consulta quinquenal a la ciudadanía y se impulsaban mecanismos de participación, iniciativa, control y transparencia por parte de la sociedad civil.

La idea de democratizar la vida social, política y económica de nuestro país se sustentaba en el objetivo de cambiar las relaciones de poder. Un país en el que las grandes decisiones las tomaban, en la capital, las familias patricias de siempre, con anclaje en el capital financiero, industrial, rural o comercial, requería “una nueva geometría” entre centro y periferia, dirección y base, gobernantes y gobernados. Un nuevo equilibrio que privilegiara las necesidades y potencialidades de la gente y que compensara las presiones de las grandes corporaciones. Las funciones de los concejos vecinales incluían el asesoramiento, la iniciativa, el control, la evaluación y la colaboración en la gestión, la organización y la promoción de actividades culturales sociales y deportivas.

Sin embargo, los decretos departamentales y las leyes nacionales, consensuados entre los partidos, culminaron luego de un proceso de décadas con una Ley de Descentralización, que creó el tercer nivel de gobierno o gobierno de cercanía a nivel nacional -los municipios- y reprodujo el carácter de democracia representativa del resto de la pirámide de gobierno. Acompañada, a lo sumo, por la posibilidad discrecional de la autoridad de convocar a cabildos abiertos de información y consulta anual.

Por otra parte, la función de proponer e incidir en el presupuesto departamental fue normatizada por medio del Presupuesto Participativo. Los concejos vecinales quedaron, así, como una rémora de tiempos pasados, colocados en una suerte de no-lugar entre lo institucional y lo social.

No se los reconoce como organizaciones sociales completamente autónomas, pero tampoco son órganos consultivos o legislativos municipales a nivel territorial.

Debates entre frenteamplistas

La propuesta del gobierno departamental de instalar el voto electrónico para el Presupuesto Participativo 2016 dio pie a un fermental debate entre los vecinos y los organismos que se ocupan de la descentralización en Montevideo.

¿Cómo debe ser organizada la participación ciudadana para el control y el seguimiento de la gestión pública? ¿Cómo los vecinos pasan de ser demandantes pasivos a ser ciudadanos partícipes?

Los interrogantes dejaron en evidencia el desconcierto y la ausencia de estrategias claras, pero quedaron planteadas las cuestiones que deberán pautar el debate del próximo período en materia de construcción democrática. Un tiempo en el que los concejos vecinales tienen un rol a jugar desde lo social.

Acostumbrados a los viejos clubes de barrio, los partidos tradicionales no tienen ese problema y se han decidido a ocupar los espacios que crearon las políticas de descentralización impulsadas por el FA.

Aproximadamente la mitad de los candidatos a concejal vecinal en las elecciones recientes responden a los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, se observó un comportamiento de aparato del Partido Nacional, que encartó las papeletas con sus candidatos marcados junto a los proyectos de Presupuesto Participativo, mayoritariamente vinculados a clubes privados, y se aseguró así lugares de ascendencia dentro de los concejos vecinales. Por otra parte, mientras que para los frenteamplistas los concejos vecinales son lugares devaluados, los militantes de los partidos tradicionales ven en la descentralización un buen lugar para hacer carrera política.

Lo que sucede con la descentralización es un buen ejemplo de lo que Boaventura de Souza Santos llama “el dilema del poder constituyente”.

Ha habido un constitucionalismo de avanzada en América Latina, pero sin vigilancia popular; una Constitución es papel mojado, afirma.

Si bien no estamos acá hablando de normas constitucionales, ha habido en nuestro país un impulso democratizador que se expresa en la descentralización, pero si no lo llenamos de convicción, contenidos y propuestas innovadoras, lo consume la inercia de lo ya instituido.

El rol sustantivo de los concejos vecinales (aún desprovistos de algunas de sus funciones iniciales) no ha sido ocupado por ningún otro organismo. Mantienen el rol de escucha, de generador de actividades próximas a las necesidades de la gente, de visualización de demandas. Fueron el punto de apoyo de las organizaciones de usuarios de la salud. Han sido y pueden ser organizadores de amplios debates en materias sensibles.

Un salto cualitativo imprescindible debería ser la articulación de políticas transversales en territorio. Existen ya en los diferentes barrios redes mixtas de organizaciones sociales e instituciones de gobierno que constituyen un entramado destinado a coordinar las políticas públicas referidas a la pobreza, la violencia, la promoción de la salud, el cuidado del ambiente y la mejora de la convivencia.

Allí deberán estar los concejales vecinales de todo pelo y color, aumentando la calidad de nuestra democracia.

Publicado en el suplemento Dínamo de La Diaria el 14 de noviembre de 2016

Este pueblo no se ahoga con marullo*

Por Adriana Cabrera Esteve

Festejos en la noche del 26 de octubreEstamos terminando un largo período de campaña electoral por el gobierno nacional. Resta ahora una segunda etapa, las elecciones departamentales y municipales. Hasta ahora la campaña ha tenido algunas aristas propias. La “positiva” de Lacalle y el enorme accionar de la derecha a través de los medios jugaron al camuflaje como forma de captar votos. Se empoderaron de los logros del FA y borraron de un plumazo, apelando a lo positivo de la desmemoria, la incapacidad de los partidos tradicionales, no sólo de gestionar bien el país si no de incorporar las necesidades populares como una de las principales variables a resolver.
A la operación mediática se sumaron las lecturas “ponderadas” de las encuestas de opinión por parte de algunos voceros que dejaron al descubierto el poco rigor científico con el que operan en períodos de zafra como este y la necesidad por parte del Estado de tener sus propios medidores de opinión, por ejemplo en manos del actual Instituto de Estadística. Algo que bien utilizado, podría ir informando a la ciudadanía, registrando las subjetividades de la población, retroalimentando la gestión, las proyecciones y las perspectivas.
La fuerte oposición entre derecha e izquierda subyacente en la contienda electoral tuvo en los virales de “Nany” una síntesis de alta calidad que aportaron densidad al debate, decodificando a través del humor, al estilo de los mejores conjuntos carnavaleros, lo que estaba en juego no sólo para las grandes mayorías sino también para los que se han beneficiado de la política económica y la agenda de derechos impulsadas por el Frente Amplio. “Nany” también demostró que jugar al centro, algo que intentaron algunos desmarcándose de sus contenidos, no sirve para aclarar ante la población las cosas que están en juego en un acto eleccionario. Molestó a algunos y hubo quejas de Lacalle y disculpas insólitas, por parte de actores que utilizan lenguajes y juicios mucho más agresivos o aplauden humoradas similares, por ejemplo, del personaje de Carlos Tanco: Darwin Desbocatti. Lo que indica que Nany puso el dedo en la llaga, o por lo menos algunas llagas.
Las elecciones dieron más del 56% de los votos válidos al Frente Amplio. Por primera vez, el FA logró superar el 50% sobradamente. Algo que ha sido preocupación de la militancia frenteamplista y que sigue siendo un tema de fondo para el próximo período. Por otro lado, las cifras parecen mostrar una votación no solo al candidato, sino principalmente a la fuerza política. De hecho, el Partido Socialista y el Frente Líber Seregni, dos de los principales sustentos políticos de Tabaré Vázquez, disminuyeron su votación.
Se juega en este período, una correcta lectura de esos números. Algo que por el momento no aparece en la selección realizada por el próximo mandatario del gabinete ministerial.
El próximo período abre condiciones para avanzar mucho en procesos de democratización, reducción de las desigualdades y consagración de nuevos derechos. No sólo porque volvemos a tener mayorías parlamentarias sino porque la población está dando muestras de una sensibilidad política acorde a los derechos conquistados. El triunfo del No a la Baja es una señal importante de que se puede dar los debates de fondo y construir el respaldo ciudadano contra las manipulaciones sistemáticas. Eso no implica dejar de preocuparnos por el 47% que votó sí a la baja de la edad de imputabilidad penal exigiendo mejores respuestas en materia de seguridad. La participación de las organizaciones sociales marcando la agenda de los últimos años debiera ser una señal de por dónde caminar en el próximo período. De alguna manera, la población ha dicho, parafraseando a Calle 13 en su hermosa canción “Latinoamérica”: este pueblo no se ahoga con marullo.
Participar y ser protagonistas en los diferentes espacios sociales y políticos son parte de los desafíos no solo para la 3311 sino para el conjunto del FA. Fortalecer el FA como fuerza política que promueva la movilización ciudadana, que llene de contenidos al movimiento y a las redes, ampliar los órganos de descentralización de los gobiernos departamentales y municipales, poner oreja a las demandas de la gente debiera ser parte esencial de nuestra hoja de ruta para el próximo período.
*De la canción “Latinoamérica” de Calle 13

*Editorial escrita para Cuadernos de Compañero Nro.17

¡Sí, podemos!

4Por Adriana Cabrera Esteve*

Estas elecciones internas presentan un elemento nuevo en la realidad nacional: la mayor jerarquía de la cuestión de género. En primer lugar, porque una mujer es precandidata a la Presidencia de la República. En segundo lugar, porque se aplicará, por fin, la Ley 18.476 o Ley de Cuotas. En su segundo artículo, la Ley establece que tanto para elegir las autoridades nacionales y departamentales de los partidos políticos como en las listas de candidatos para las elecciones nacionales y departamentales, las Juntas Departamentales, las Juntas Locales Autónomas, las Juntas Electorales y las Intendencias, se deberá incluir personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes, por lo menos en los primeros quince lugares. Pero, en el artículo quinto, aclara que esta disposición sólo regirá para las elecciones nacionales y departamentales de los años 2014 y 2015, respectivamente. Luego, la experiencia deberá ser evaluada. La Ley también llamada Ley de Ternas o de Participación Política Femenina, fue promulgada en 2009 luego de tres laboriosos años. Y hasta aquí lo que se logró.

Con sus carencias supone, sin duda, un cambio en calidad de la democracia uruguaya y un desafío para quienes han levantado la bandera de la equidad de género en el escenario político. Es también una prueba para todas aquellas que tengan la oportunidad de ocupar esos lugares ya que lo que hagan será mirado con lupa y no faltará quienes las exhorten a renunciar para ceder su lugar a un hombre. Lo fermental de este período sólo puede evaluarse si miramos la situación de la que venimos y en la que aún estamos.

El sufragio femenino en Uruguay fue aprobado recién en 1932 y se hizo efectivo en 1938. La primera mujer ministra, por un corto período, fue Alba Roballo, por el Partido Colorado, en 1968. En el gobierno de Tabaré Vázquez, hubo la mayor cantidad de mujeres Secretarias de Estado llegando a haber cinco en algún momento del período.  En el segundo gobierno del FA supo haber una en trece (actualmente hay dos). Sólo para tener en cuenta, en Suecia, la presencia femenina en el Gabinete Ministerial es del 52%.

En lo que refiere a la presencia femenina en el Parlamento, esta ha ido, felizmente, en aumento, aunque nada que entusiasme demasiado. De un 4.6% en 1989 pasamos en 2009 a un 13%, año en el que fueron electas cuatro senadoras y quince diputadas. Y entre tanto, durante el primer gobierno frenteamplista, tuvieron que digerir el veto presidencial a una demanda histórica del movimiento de mujeres como fue el artículo que legalizaba el aborto en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Algo que tuvo que subsanarse en la segunda legislatura frenteamplista.

En lo departamental, en 2010 se dio un gran salto al ser electas tres mujeres como Intendentas. Y en las Juntas Departamentales, el porcentaje pasó de un 15.3% en 2005 a un 17.1% en 2010.

La creación del tercer nivel de gobierno abrió nuevas posibilidades a la participación de mujeres en instancias de gestión de la cosa pública. Cada Municipio con un mínimo de cinco mil habitantes tiene un gobierno municipal formado por cinco concejales de los cuales el más votado es el alcalde o alcaldesa y preside el concejo. De 89 municipios, 23 están encabezados por mujeres.

A nivel internacional, América Latina tiene actualmente, tres presidentas mujeres. Según el informe 2013 del Foro Económico Mundial la participación política de las mujeres ha mejorado en los últimos años sustantivamente, Nicaragua, por ejemplo, ocupa el quinto lugar mundial luego de los países nórdicos. Pero Uruguay se encuentra entre los peores de Latinoamérica junto a Paraguay, Honduras, Perú y República Dominicana.

Históricamente, la división del trabajo ha destinado las mujeres al espacio privado y los hombres al ámbito público. A lo largo de los siglos, los saberes y destrezas de ellas se han desarrollado en la esfera del hogar y cuando salieron al mercado de trabajo lo hicieron mayoritariamente en el área de los servicios. Hospitales y escuelas están llenos de personal femenino. Mientras tanto, los hombres adquirían saberes y destrezas en el espacio público. La política ha sido un espacio de poder masculino por excelencia y los liderazgos tanto de partidos políticos, organizaciones sociales o incluso en el ámbito empresarial han recaído mayoritariamente sobre hombres. La toma de decisiones sobre el conjunto de la sociedad, también el 52% femenino, ha estado en sus manos. Por eso fue necesaria una norma que diera un giro contundente a la postergación de género. Postergación que trajo consigo la invisibilidad de lo que le ocurre a gran parte de la población, no sólo las mujeres si no también los que estaban a su cargo, niños, niñas, adultos y adultas mayores, discapacitados y discapacitadas. Por ejemplo, datos recientes de la II Encuesta de Salud Adolecente indican que en nuestro país 8,6 % de las niñas y muchachas de 13 a 16 años han sufrido agresiones sexuales y también 4,8 % de los varones de la misma edad. ¿Era esto relevante antes? No. ¿Se denunciaba? Tampoco.

La desnaturalización de la violencia doméstica, de la trata de niños y niñas, de las condiciones del trabajo doméstico no remunerado, de la discriminación por etnias u orientación sexual son algunos de los avances que han acompañado la incorporación de la mujer a la política nacional. Pero además, a la política uruguaya le ha hecho falta la mirada femenina también para los problemas que atañen a la población masculina y los grandes temas de la sociedad.

Tendremos que recuperar el tiempo perdido. Comienza un quinquenio en el que habrá que hacer la diferencia, dejar nuestra marca en la historia. Para eso, es necesario que aprendamos a hacer política también entre nosotras y con otras. Construir cada una su espacio. Cambiar las relaciones de competencia que nos impone el sistema por relaciones de solidaridad. Necesitamos destinar toda nuestra energía a lo mucho que hay para hacer.

*Editorial de Cuadernos de Compañero Nro.15

Constanza y el efecto mariposa

Mariposa

Uno de los cuentos de Ray Bradbury, El ruido de un trueno, se basa en el “efecto mariposa”. En un futuro incierto, un hombre viaja a la prehistoria y, sin querer, pisa una mariposa. Al volver, la situación política de su país ha cambiado. La teoría en que se basa sostiene que un pequeño cambio puede suscitar una serie de transformaciones que, en red, a la larga, suponen otras mayores. Algo así parece estar sucediendo con la presencia de Constanza en la escena política que, como la mariposa, viene motivando también varios cambios.

Por ejemplo, para los que participamos en el Congreso Programático Hugo Cores del Frente Amplio fue de conocimiento general, la voluntad de la mayoría de las fuerzas que apoyaban a Tabaré Vázquez de no establecer un compromiso en cuanto a la cantidad de dinero que se destinaría a la educación.  Sin embargo, hace pocos días, Tabaré nos sorprendió con la promesa de destinar el 6% del PBI a la educación, tal como algunos habíamos propuesto durante el Congreso.

Algo similar ocurrió con el compromiso de restablecer el Impuesto de Primaria a los grandes terratenientes, propuesta impulsada en el Congreso que también encontró resistencias. Y más recientemente, Tabaré nos sorprendió gratamente, asegurando que abatir las desigualdades sería una prioridad de su gobierno enfatizando la situación de la infancia.  En este tema también, su discurso hace propios planteos que desde la Encuesta Continua de Hogares de 2012 venimos denunciando. A pesar de todo lo que hemos mejorado, uno de cada cuatro niños se encuentra bajo la línea de pobreza y el 28% de los negros son pobres. Dos cifras que nos avergüenzan ya que hablan de fragmentación social, racismo y emergencias aún no resueltas. Cualquier hipótesis de resolver esta emergencia en 20 o 40 años sugiere que las prioridades nacionales deben repensarse.

Sin embargo, Tabaré no desconoce que para cumplir con estos compromisos el dinero tiene que salir de alguna parte. Es de esperar que salga de los subsidios que se adjudican al gran capital privado, de las exoneraciones impositivas a las zonas francas o de los 520 millones de dólares anuales que se destinan al Ministerio de Defensa para una guerra inexistente e improbable. ¿Es bueno que los candidatos del Frente Amplio  sostengan que la única guerra que hay que llevar adelante es contra  las malas condiciones de vida de la cuarta parte de los niños uruguayos? Por supuesto que sí. Y si ese es el efecto que tiene el haber propuesto a Constanza Moreira como precandidata a la Presidencia de la República tendremos que felicitarnos por el día que empezamos a masticar esta idea y la llevamos al  Congreso Hugo Cores.

Por otra parte, si recién comenzada la campaña tenemos estas sorpresas, habrá de esperar que en los meses que faltan Tabaré nos asombre proponiendo cerrar el Liceo Militar por violar el derecho de esos niños y adolescentes a una educación general adecuada, una de las propuestas perdidosas en el Congreso o cambiar el régimen jubilatorio de privilegios que ostentan los oficiales militares y que costeamos todos los uruguayos.

Pero además, el efecto no termina en los límites del Frente Amplio. Lacalle Pou habla de erradicar los asentamientos y Larrañaga de multiplicar las escuelas de tiempo completo. Falta que Pedro Bordaberry prometa el acceso a los archivos de Inteligencia Militar para que los familiares de los desaparecidos podamos conocer el destino de nuestros familiares.

Cabe agregar que para que este efecto positivo en la escena nacional se sostenga, es necesario que Constanza y las fuerzas que la apoyan tengan muchos votos, en junio y en octubre. De esto dependerá nuestra capacidad de incidir con propuestas de izquierda en los próximos años.

            Otro de los efectos está estrechamente vinculado al rol de las mujeres en la sociedad uruguaya. A pesar de que somos el 50% de la población, los gobiernos frenteamplistas han llenado la administración de hombres y no han podido encontrar un número superior al 20% de mujeres capaces para ocupar cargos de gestión cuando las estadísticas de la educación muestran que las mujeres tenemos mejor escolaridad que los hombres. La candidatura de una mujer a la Presidencia nos hace más democráticos, mejora la calidad de la ciudadanía femenina y conlleva implícita la exhortación a sus congéneres a animarse con orgullo a ser mujeres políticas.

Hace pocos días, volanteando en la feria por la lista 567, me tomé el trabajo, cuando les entregaba los volantes a mis vecinas de preguntarles si se animarían a votar a una mujer a la Presidencia. Algunas me contestaron que a ellas les gustaban los hombres en la política, no las mujeres. Deconstruir ese paradigma y las resistencias que despiertan los protagonismos femeninos en política, incluso entre sus iguales, todavía es una asignatura pendiente de nuestra sociedad. Por suerte, otras contestaron que sí, que por supuesto, que las mujeres podemos hacer cualquier cosa. Ojalá estas elecciones presidenciales nos dejen como rédito el posicionarnos al nivel de los países más avanzados en materia de igualdad de género también en el terreno político. Porque sí, las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, basta con que nos animemos.

Hugo Cores y el Congreso del FA: Gobernar es luchar

hugo cores

Por Adriana Cabrera Esteve                                                                                                                                           

Que el próximo Congreso del Frente Amplio lleve el nombre de Hugo Cores es de una enorme carga simbólica.  No se puede pensar en Hugo, sin pensar en su capacidad de lucha por justicia social; no se puede pensar en él, sin pensar en derechos humanos.

Si tuviera que atribuir a algo su compromiso con los ddhh, diría que tuvo tres vertientes. La primera fue el valor que los viejos anarquistas dieron a la solidaridad. Esta estuvo integrada a su propuesta  ideológica, creían en la construcción de una sociedad basada en la solidaridad. Mucho después, durante el “pachecato” y la dictadura militar este valor se tradujo en solidaridad con los presos políticos y sus familias.

Siendo marxista, Hugo siempre reivindicó el compromiso del anarquismo con los valores ideológicos, valores vinculados a la defensa de la libertad, la igualdad, la justicia, la cooperación y muy en particular a la defensa de estos valores con sus prácticas de vida, por eso, se convirtieron en una ética personal.

La segunda vertiente se podría decir que venía de su propia experiencia existencial. Como todos los luchadores de su época, Hugo conoció la tortura y la prisión. Desde las luchas juveniles, la represión a los bancarios en el 68 y 69, luego en 1971, hasta la más dura en Buenos Aires donde fue secuestrado un 14 de abril de 1975. Allí se encontraba organizando el congreso fundacional del PVP cuando fue secuestrado en un bar. Lo habían estado esperando en el Correo Central donde tenía una casilla de correo. Allí comenzó la persecución. Logró escapar del Correo,  subió a un ómnibus seguido por los autos de los militares y concluyó en un bar de Alem y Sarmiento donde antes de ser capturado gritó que era Hugo Cores, que lo querían secuestrar y pidió que llamaran a un senador de la República Argentina. Ya detenido, Hugo siguió gritando su nombre y pidiendo que alguien denunciara su secuestro. Fueron días de durísimas torturas pero había logrado que su foto y el relato de su secuestro estuvieran en la prensa nacional e internacional. Apareció   en una comisaría de San Justo. Luego fue trasladado al Penal de Sierra Chica. Fue la solidaridad lo que impidió su desaparición. El jurista argentino Leandro Despouy y el francés, Jean–Louis Weil protagonizaron las gestiones que terminarían con su aparición y posterior  exilio  en Francia. Este vínculo daría lugar a lo que pienso fue la tercera vertiente, la relación con el grupo de juristas nacionales e internacionales que aportarían desde el conocimiento del derecho, el marco teórico a la táctica de denuncias que impulsaría Hugo y el Partido por la Victoria del Pueblo en Europa primero y en América Latina después. Las denuncias ante el Tribunal Russell, la creación del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, el apoyo a la lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos y de los presos políticos, la denuncia de la dictadura uruguaya ante los organismos internacionales y también la coordinación y la unidad con todas las fuerzas que se oponían a la dictadura.

Estas ideas no sólo aportarían a la lucha por la democracia, sino que se convirtieron en una mirada sobre la construcción de ciudadanía. Ya no se trataba de la solidaridad hacia las víctimas de la dictadura, sino de las normas que deben regir la convivencia en un Estado democrático. La impunidad quebraba y quiebra esas normas básicas: igualdad ante la ley, el derecho de las víctimas a conocer la verdad, a que sea reparado el daño, el acceso a la justicia, las garantías de no repetición de los crímenes. Por eso en julio del 2005 decía: “la labor del FA no se agota con proponer soluciones económicas sino con un nuevo concepto de ciudadanía. Una cultura solidaria, antagónica a la que propone el neoliberalismo. Solidaridad y no ley-de-la-selva. Verdad y no ocultamiento. Justicia y no impunidad. La movilización espiritual y cultural de la nación, de sus jóvenes, de sus creadores, de sus artesanos, sus artistas, sus intelectuales, sus obreros y de sus empresarios, que quieren crecer y hacer crecer al país, todo eso, es una propuesta que va más allá de la acción administrativa del gobierno”.

Hugo veía el gobierno como un campo de lucha. Lucha como en la vida misma. Entre el compromiso de la acción política y la pasividad, entre el pensamiento crítico y la inercia, entre los simplismos demagógicos y los razonamientos complejos, entre la inflexibilidad o la atención a las divergencias, entre ser razonables y adaptativos o atrevernos a luchar por aquellas banderas que son “nuestra memoria y nuestra identidad”. No basta con tener el gobierno, es necesario “enamorar” como se dice últimamente. Enamorar, mostrar que se está haciendo lo que prometimos y “denunciar los obstáculos que las derechas nos han colocado en el camino”.

En varios temas este Congreso tiene esas disyuntivas.

Tenemos un Poder Judicial que se ha convertido en un bastión de la derecha. ¿Por qué no decirlo? Las sentencias de la SCJ alarman a la comunidad internacional mientras,   por si teníamos dudas sobre su origen ideológico, van acompañadas de la jactancia del Semanario Búsqueda. Protegen los intereses de los terratenientes, de los acreedores de PLUNA y de los criminales de lesa humanidad y violan los derechos de los magistrados y las víctimas de la dictadura, amparados en la independencia de poderes que no supieron defender cuando debían eliminar la Ley de Caducidad que sí la violaba. Nuestro congreso debe incorporar este tema a su agenda. Proponerle a la ciudadanía desconcentrar el poder que tiene actualmente el máximo órgano del Poder Judicial y reformar también la Ley de la Judicatura dotando de transparencia y estableciendo criterios claros de ingreso y ascenso de los magistrados.

Se debe reimplantar el impuesto de Primaria a los terratenientes, eliminar los privilegios jubilatorios de los militares, poner impuestos a las zonas francas para que las riquezas sean mejor distribuidas y poder atacar ese 24% de pobreza infantil  que aún nos avergüenza. Para eso estamos, para favorecer a los desposeídos, para construir mayor justicia social. Son estas medidas las que entusiasmarán a las nuevas generaciones como han entusiasmado la agenda de derechos y la Ley de Medios. Sabemos que son espacios de poder duros pero no por eso intocables.

Hugo supo de divergencias y de unidad de acción. Durante su juventud fue un integrante orgánico de la FAU en una familia de comunistas y un marxista no ortodoxo entre anarquistas. Su madurez lo encontró estudiando a los estructuralistas marxistas, a Gramsci, muy cerca de las luchas y lejos del marxismo leninismo ortodoxo. Es esa mixtura entre valores ideológicos comprometidos con la lucha de los más humildes, su vida, los derechos humanos y la filiación al marxismo crítico lo que dio la significación a sus aportes que hoy homenajeamos ante este nuevo congreso del FA.

 Fotografía de Juan Angel Urruzola

Publicado en Voces 21/11/13

Poder Judicial: un debate necesario

Por Adriana Cabrera Esteve

Publicado en La República 26/10/13

Ya hace unas semanas, cuando nos visitara,  Pablo De Greiff, relator de la ONU, al presentar su informe ante la prensa afirmó que las últimas decisiones de la SCJ son una amenaza para la justicia. Al parecer habrían despertado alarma no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional por lo que él sugirió capacitación continuada, reformas y mejoramiento del Poder Judicial. En el mismo sentido han apuntado las declaraciones de la Institución Nacional de DDHH.

Hay varios temas a pensar. La SCJ tiene demasiadas competencias concentradas. Tiene poder disciplinario respecto a los jueces, los abogados y los funcionarios, administra el presupuesto, decide la constitucionalidad de las leyes y además hace jurisdicción  o sea resuelve en casación los casos que llegan a esa instancia. Ese es un poder enorme. Sin duda debe conservar el poder jurisdiccional.  El problema es que la SCJ también resuelve a quién designa y a quién asciende, si crea un juzgado, si le da recursos. Y estas decisiones, las toma muchas veces como respuesta a los fallos con los que no está de acuerdo. Algo que seguramente intimida a muchos de los jueces, cuestiona su independencia y vulnera sus derechos. Por otra parte, para garantizar el nivel y calidad de los jueces sería deseable que entraran por concurso y ascendieran por concurso pero esto no es lo que sucede. ¿Por qué razón confiamos en su aptitud para resolver los destinos de los ciudadanos en los múltiples aspectos de nuestras vidas vinculados a la justicia? Una forma de encarar este problema podría ser la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura algo que se podría hacer con mayorías simples en el Parlamento, con las que ya contamos. Pero de lo que no cabe dudas es que debiera formar parte del programa del Frente Amplio a discutirse los próximos 23 y 24 de noviembre.

Hoy la SCJ decide por sí y ante sí los traslados de los magistrados. Existe un método para establecer su calificación. A cada uno lo califican sus organismos superiores. Sin embargo, los jueces no pueden saber cómo los califican ni por qué. Pueden conjeturar pero la transparencia brilla por su ausencia.

Los funcionarios judiciales también dependen de la SCJ. Existe una Dirección General de Asuntos Administrativos cuyos integrantes también son designados por la SCJ.

Sería bueno que la función administrativa dependiera de otro organismo. La INDDHH aconseja la creación de un Consejo Nacional de la Magistratura. Este podría ser incluso electivo. En algunos países hay un ministerio de justicia que administra el presupuesto del Poder Judicial sin embargo la propuesta que presentó la Unidad de DDHH, Participación y Compromiso y luego el Pilar de Transformación Democrática del Estado y la Sociedad a la Comisión de Programa del FA retomaba la inicialmente realizada por la INDDHH. A pesar del respaldo técnico de la iniciativa, esta desapareció del documento final de programa propuesto a la militancia frenteamplista para su discusión. No sabemos por qué. Lo que está claro es que independizar la administración de los recursos humanos y materiales debería ser una prioridad si queremos mejorar la calidad del servicio que brinda la institución y asegurar su transparencia.

El gran ausente de nuestro sistema judicial es el usuario. En nuestro país el usuario no es parte del proceso judicial como lo es en Argentina donde existe la figura del querellante. Si a esto agregamos que la mayoría de nuestros juicios no son orales y públicos sino a puertas cerradas y entre papeles, queda claro que al usuario/ciudadano sólo le queda enterarse del resultado de sus denuncias por la TV. Modernizar al Poder Judicial e incorporar la presencia de los usuarios como se ha hecho en otros ámbitos del Estado podría ser un avance en la democratización del país. Lejos de ser una herejía, en otros países, por ejemplo los anglosajones y entre ellos EEUU, los jurados están formados por grupos de ciudadanos. Esta es una forma de participación en la administración de la justicia que ni proponemos ni denostamos pero que rompe con la noción de que todo lo que sucede dentro de los juzgados para que sea independiente debe estar bajo la égida de la SCJ.

Otra “herejía” a deconstruir es la propuesta de crear un Tribunal Superior Constitucional que sea independiente de la SCJ, en varios países de América existe el Tribunal Constitucional. Esto es así, porque decidir la constitucionalidad o no de las leyes es una función distinta a la de decidir sobre las sentencias. Crearlo, igual que crear un Consejo Superior de la Magistratura supone reformar la Constitución. Sin embargo debatir qué tipo de Poder Judicial queremos sólo puede ser saludable para nuestra democracia y sin lugar a  dudas una asignatura pendiente.

Modelo para armar

Por Adriana Cabrera Esteve5

La propuesta de la Unidad de Derechos Humanos, Participación y Compromiso de la Comisión de Programa del FA ratifica la histórica obligación de nuestra fuerza política con la reparación integral de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el pasado reciente, entiéndase por tal: la memoria, la verdad y la justicia. Reafirma el carácter universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos abordando en forma integral nuestra responsabilidad para con ellos. Y plantea la reforma del Poder Judicial. Por el rol fundamental del sistema judicial en la protección de las libertades y los derechos de la ciudadanía esta propuesta resulta central a la hora de pensar no sólo los derechos humanos sino también la calidad del estado que queremos en términos democráticos y también funcionales.

 Varias razones hacen imperiosa esta reforma. Por un lado la situación en materia de seguridad pública. Permanentemente se piensa la falta de represión policial como factor unicausal de la inseguridad. Sin embargo, varios datos de la realidad demuestran que es un tema polémico  y plagado de contradicciones. Mientras la derecha reclama más represión o la baja de la edad de imputabilidad, la izquierda históricamente ha apostado a las políticas sociales. No por eso, el gobierno frenteamplista ha sido ingenuo. Nunca  como durante el gobierno frenteamplista se ha perseguido tanto a los grande narcotraficantes y a los delincuentes de guante blanco. Tampoco la fuerza política lo ha sido. Durante 2012, a instancias del Presidente Mujica, la Estrategia por la Vida y la Convivencia fue fruto de una discusión generalizada intentando remover patrones culturales de larga data como la violencia doméstica, responsable del 2,9% de las muertes violentas; o los suicidios, culpables del 43,4%, o los accidentes de tránsito que suponen, nada más ni nada menos, que el 36.7% de las muertes violentas en nuestro país.

 El cuello de botella

 En comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más bajas, 6.1 cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países del continente como Venezuela encontramos tasas de 57 cada 100.000 o en Colombia, 20 cada 100.000. Sin embargo la percepción de la ciudadanía, crónica roja de por medio, no incorpora esos datos  y la sensación de inseguridad llega a amplios sectores de la población   presionando sobre los jerarcas del Ministerio del Interior. Tampoco incorpora que el homicidio es el delito con menor brecha de procesamiento. Es decir que la gran mayoría son encarcelados. El problema es que, sin importar la causa,  la gran mayoría de los presos no tienen sentencia. Sólo el 37% de los privados de libertad son penados. Este dato de la realidad, no sólo cuestiona la eficiencia del Poder Judicial, también deja en evidencia la desprotección del 63% de los encarcelados que podrían, eventualmente, ser considerados inocentes al finalizar el juicio. Mientras tanto, el tiempo de prisión no es inofensivo. El 59% de reincidentes contabilizados en 2012 nos dan la idea de que para muchos, la cárcel resulta ser una “escuela del crimen” en vez de un lugar de rehabilitación. Al mismo tiempo, mientras que hay 7.664 plazas en las cárceles, hay 9.413 presos. A 1.749 presos, también se les están violando sus derechos porque estar privado de libertad no quiere decir estar hacinado. La lentitud en los plazos judiciales es extensiva a la justicia no penal, por ejemplo a los juicios laborales.

Evitaría el hacinamiento, un Poder Judicial más eficaz que resolviera ágilmente las causas judiciales y que usara penas alternativas.

La impunidad

Otro ejemplo de ineficiencia judicial la encontramos en los juicios vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de estado. El Observatorio Luz Ibarburu creado recientemente contabilizó 215 causas por violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría presentadas entre 2011 y 2012 pero también un número importante datan de la salida a la dictadura. La información que brinda sobre las causas no es nada menor. Las principales son la tortura, el asesinato, la privación de libertad y la desaparición forzada. Todos delitos graves. Sin embargo, de todas ellas 169 (78%) se encuentran en etapa de presumario, 32% fueron archivadas, 15% están en etapa de sumario, y sólo un 1% ha tenido sentencia. Mientras tanto, el tiempo pasa y garantiza a los responsables de crímenes de lesa humanidad, su impunidad.

Mirándola de adentro

Paralelamente, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) viene denunciando la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial y en la formación de los magistrados. Repetidamente ha manifestado su preocupación ante distintos ámbitos del gobierno. Reclaman la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura dando garantías en el ingreso, ascenso y calidad técnica de los magistrados. Como forma de lograrlo exigen sustituir la antigüedad por el concurso. También piden una política de descentralización en concordancia con otras áreas del Estado. En ese sentido proponen la reinstalación de la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo y la creación de Tribunales de Apelaciones en las regiones alejadas del interior del país, muy en particular en el norte. Además, han expresado su preocupación por la superintendencia administrativa que ejerce la SCJ que aunque delega funciones en la Dirección Nacional y en las Divisiones, modifica sus decisiones, con un resultado de marchas y contramarchas que tienen como consecuencia la inercia de los mandos medios.

Todos los caminos conducen a Roma

 Cabe señalar que, recientemente, ante la decisión de la SCJ, sin fundamento, de trasladar a la Jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió un comunicado sobre la administración de justicia y los derechos humanos en el que aconsejaba actualizar al sistema judicial acorde a los instrumentos internacionales de manera de convertirse en un verdadero garante del estado de derecho. En ese sentido aconsejaba la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la sanción de un nuevo Código del Proceso Penal actualmente en trámite en el Parlamento.

La INDDHH tiene entre sus funciones la de “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales” y es en base a esta potestad que realiza sus propuestas.

 La propuesta  

Asegurando la garantía de independencia al Poder Judicial en tanto poder del estado, parece imprescindible encarar una serie de cambios en el sentido de dotarlo de transparencia y a su vez de solvencia. En ese sentido la propuesta programática debería considerar la creación de un Consejo Superior de la Magistratura que asuma las funciones administrativas y asegure la carrera judicial incluyendo la convocatoria a los magistrados, su selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados, régimen disciplinario y especialización técnica; y un Tribunal Constitucional que atienda los temas relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ambas medidas requieren reformas constitucionales. De esta forma se liberaría a la SCJ de la superposición de funciones, principal factor de ineficiencia, permitiéndole concentrarse en la tarea jurisdiccional. Además se propone la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura de forma de que se establezca un sistema transparente de ingresos, ascensos y movilidad de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Otra propuesta es la reforma del Ministerio Público y Fiscal con la idea de garantizar a los magistrados fiscales su carrera profesional, tanto en la convocatoria como en la selección, capacitación, especialización, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario.

Por último, la formación en derechos humanos es una preocupación del programa de gobierno propuesto tanto para los funcionarios del sistema judicial como para otros actores de la sociedad para lo que se propone un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.13

Errando el bizcochazo

Por Adriana Cabrera Esteve

Llamadas 2012

La eficiencia y la eficacia del gobierno en materia de seguridad es uno de los principales caballitos de batalla de la derecha fielmente seguida por algunos de los medios de prensa privados. Cada hecho delictivo, especialmente si es muy truculento, suscita comentarios malevolentes de todo tipo y color  contra toda la administración frenteamplista. No porque sí, ya en 2011, una medición de opinión pública realizada por Equipos Mori, mostraba a la inseguridad como la preocupación más importante de la población.

Ahora bien, si el Ministerio del Interior fuera ineficaz en materia de represión al delito, no habría 9.413 personas privadas de libertad. En el 2000, había 4.369. En una década la población carcelaria se duplicó. Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, hay 2.409 presos más. Tenemos una de las tasas más altas de presos por habitante y a pesar de las cárceles construidas, los presos superan en 1.749 las plazas disponibles. El hacinamiento sigue siendo un hecho a superar y el uso de penas alternativas a la prisión sigue siendo también un enorme debe del Poder Judicial.

El debate en torno a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, impulsada por el gobierno a partir de mediados del año pasado, sirvió para deconstruir algunos de los mitos en torno al tema de la seguridad. Por ejemplo, salió a luz que las principales causas de muertes violentas en nuestro país no eran los delitos sino los suicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y la violencia doméstica. Todos problemas a resolver lejos del ámbito del Ministerio del Interior y muy cerca de nuestros patrones culturales.

El Reporte Social 2013, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas vuelve a darnos información relevante. Para empezar, confirma algo que desde la izquierda se ha repetido hasta el hartazgo y es que los gobiernos frenteamplistas han tenido que lidiar con la inseguridad gestada en las políticas económicas blanquicoloradas. Un estudio de la población carcelaria nos dice que en 2004, inmediatamente después de la mayor crisis económica de las últimas décadas, el 58% de los presos eran primarios. O sea incubados en la desocupación, la pobreza y la marginación que asoló a nuestra población. Expulsados de la sociedad por las políticas del último gobierno del Partido Colorado. En 2012, casi la misma cantidad (59%) son reincidentes, son los que no han podido salir del entramado de criminalidad tejido en ese período y que atraviesa nuestra sociedad, desde los que con cuello blanco se dedican al lavado de dinero hasta los que le venden “lágrimas” o “chasquis” de pasta base en cualquier “boca” del barrio a nuestros jóvenes.

Otro dato interesante está vinculado a sus probabilidades de salir de ese entramado de violencia. Según el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que tiene como objetivo la readaptación e inclusión de los detenidos brindando asesoramiento jurídico y psicológico, capacitación e inserción laboral, apoyo en gestión de trámites, entre otras cosas; de los pocos presos que ingresan al programa, el 79% no reinciden. O sea que con programas de inclusión adecuados la reincidencia también es atacable.

Pero el dato que resulta más inquietante y que obliga a llevar la mira a otra dirección cuando hablamos de represión al delito (porque está claro que la inseguridad no es sólo un problema de represión sino de prevención), es que de las personas privadas de libertad están penadas sólo el 35,3%, el resto están detenidos en forma preventiva a la espera de que la justicia decida sobre su culpabilidad. Un problema endémico, por cierto. En el 2004, los hermanos Peirano Basso se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a ser juzgados, visto el tiempo que habían permanecido en prisión sin condena. Así que esta película ya la vimos y nos habla del grado de eficiencia y eficacia del sistema judicial al que de una vez por todas hay que hincarle el diente. Una Suprema Corte de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, que además de “juzgar a todos los infractores de la Constitución” debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, además de elaborar presupuestos, nombrar Jueces, nombrar Defensores de Oficio, Jueces de Paz y “nombrar, promover y destituir por sí” a los demás empleados del Poder Judicial, entre otras cosas, no puede ser otra cosa que ineficiente. Pensar la estructura del sistema judicial en clave de justicia, dotarla de agilidad y tratar de resolver ese cuello de botella conformado por la superposición de funciones parece ser una de las necesidades de la próxima etapa. Crear un Tribunal que se encargue de la administración de Justicia y un Consejo que sea responsable de la administración es una de las propuestas. El próximo programa del Frente Amplio deberá contemplarlo.

(El entrecomillado pertenece a la Constitución de la República)

Publicado en La República el 6/9/2013

Una vez más, ser joven no es delito

El viernes 8 de setiembre tuvo lugar una nueva carrera bajo la consigna SER JOVEN NO ES DELITO. Miles de jóvenes provenientes de todo el país y de diferentes barrios de Montevideo se agolparon en 18 de julio. Esta vez, fueron 21.000 los inscritos en el Instituto Nacional de la Juventud (INJU). Año tras años son más. Como son más los que se dan cuenta que la estigmatización que sufren los jóvenes no tiene lugar en una sociedad democrática y humanista. Al fin y al cabo, ¿para qué estamos si no es para dejar un mejor planeta y una mejor sociedad para las nuevas generaciones? ¡Tratémoslos a ellos mucho mejor de lo que nos trataron a nosotros!  Simplemente de eso se trata.

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