Ni una menos

Este 2017 nos sorprendió a todos duplicando ya en el mes de enero la cifra de feminicidios. Cruentos y salvajes nos impresionan por su crueldad y nos interpelan a todos y todas. Una sociedad que se cree no violenta. La Coordinadora de Feminismos del Uruguay convoca desde hace dos años, porfiadamente, al “Ni una menos”, marchas de mujeres de todas las edades que denuncian “el sistema patriarcal y capitalista,(que) sostiene y reproduce las condiciones para que todos los días nos violenten, nos golpeen, nos violen y nos maten”. Y, “para reivindicar que nuestras vidas son parte de nuestra autonomía, que nuestros cuerpos no son mercancía, que el capital nos margina; que somos mujeres, que somos personas, que no somos territorios de dominación”.

Avergüenza que se deba reivindicar, en pleno Siglo XXI, “que somos personas”, por eso, cada uno desde su lugar, habrá de demostrar que lo sabe y que rigen para nosotras los mismos derechos que para todos. Ayer era una oportunidad de acompañarlas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

En el Día de la Mujer, mi vieja

Cuando mi viejo era perseguido durante las huelgas bancarias de 1968 y 1969, ella se juntaba con las esposas de los demás presos, los buscaban en los cuarteles y golpeaban las puertas de cuanto jerarca les pudiera informar sobre su paradero. Años después, cuando los militares lo secuestraron y lo  desaparecieron del todo, aunque ya estaban divorciados, buscó al padre de sus hijas por cielo y tierra, y otra vez se volvió a juntar con su amiga Violeta Malugani, con Luz Ibarburu, con María Bellizzi, con María Esther Gatti “a tomar el té”, forma elíptica de invitarse unas a otras a través de teléfonos pinchados y escuchas dictatoriales para protestar y denunciar por nuestros familiares desaparecidos. Siempre tuvo ovarios. Y los sigue teniendo ahora para defender, a la vejez, su derecho al libre albedrío y a decidir sobre su vida sin interferencias de nadie.

Visita a Playa Verde marzo 2017 3

“Hijas de Vidriero” en el Parlamento

Con el Colectivo de fotógrafas En Blanca y Negra inauguramos ayer la muestra itinerante “Hijas de Vidriero” en el Anexo del Parlamento. Desde el 1 de mayo de 2016 en que realizamos una intervención urbana en la Plaza de los Mártires de Chicago, ambas, la intervención urbana y la muestra itinerante, han recorrido barrios y ciudades, la mayoría de las veces a solicitud de mujeres, integrantes de comisiones de género, que identificadas con la idea de deconstruir su propia invisibilidad o la de sus compañeras, pedían mostrarlas. Salto, Rivera, Casavalle, Goes fueron algunos de los puntos donde mostramos nuestro trabajo.

En este mes de la mujer, en un momento de fortalecimiento de la lucha contra la discriminación y la desigualdad, volvemos a presentar las fotografías de este conjunto de mujeres trabajadoras que afines con nuestros propósitos prestaron su imagen con la esperanza de aportar un grano de arena a las grandes luchas de las mujeres en el mundo.

Aborto: Quién decide, qué decide y por quién decide

Por Adriana Cabrera Esteve*

Es curioso que la campaña en contra de la Ley Nº 18.987 o de Interrupción Voluntaria del Embarazo se base en el viejo eslogan publicitario de los plebiscitos: votar para que el pueblo decida. Más que curioso resulta demagógico o expresamente manipulador. ¿Por qué? Porque por primera vez una ley sobre salud sexual y reproductiva le da a la ciudadanía la potestad de decidir. Y así lo expresa al decir “El equipo interdisciplinario, actuando conjuntamente, deberá informar a la mujer de lo establecido en esta ley, de las características de la interrupción del embarazo y de los riesgos inherentes a esta práctica. Asimismo, informará sobre las alternativas al aborto provocado incluyendo los programas disponibles de apoyo social y económico, así como respecto a la posibilidad de dar su hijo en adopción.

En particular, el equipo interdisciplinario deberá constituirse en un ámbito de apoyo psicológico y social a la mujer, para contribuir a superar las causas que puedan inducirla a la interrupción del embarazo y garantizar que disponga de la información para la toma de una decisión consciente y responsable”. Por si fuera poco la ley establece un plazo de cinco días de reflexión, plazo mayor al clásico período de veda preelectoral para decidir los destinos de nuestra ciudadanía.

Era por tanto, esta posibilidad de decidir seria y responsablemente lo que la legislación anterior prohibía obligando a mujeres y también a hombres, a buscar soluciones clandestinas ante problemas que el Estado invisibilizaba. Clandestinamente, los pobres abortaban como pobres, o en condiciones inadecuadas, y los ricos abortaban como ricos o en condiciones de higiene, con instrumental estéril, con profesionales formados por la Universidad de la República, que cobraban por dicho procedimiento. Y los que no eran ricos, pero sí conscientes de los riesgos sanitarios, solicitaban préstamos a padres, tías o abuelas para salir del paso. Es decir, el aborto era motivo de comercialización y lucro. Existía así, un mercado como único regulador: el mercado del acto médico clandestino. Y como en todo mercado no controlado, el aborto se daba en mayor número ya que las mujeres o las parejas accedían a él sin mediar ni el asesoramiento, ni la contención psicológica, ni la oferta de alternativas posibles como la adopción. De parte del usuario, estaba la urgencia, y de parte del profesional o seudo profesional, el “click caja”.

¿Se evitaban los abortos? No.

¿Disminuía así el número de abortos? No.

Según una investigación realizada por Fabián Rodríguez y publicada en “Iniciativas Sanitarias”, libro compilado por Leonel Briozzo en 2007, el 22% del total de embarazos terminaban en abortos provocados, de ellos, la mitad eran abortos inseguros o realizados en condiciones inadecuadas.

¿Estos abortos dejarían de realizarse si no existiera la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo? No.

Para empezar porque estos datos son anteriores a la ley. Pero además porque los que no están especulando electoralmente con este referendum y realmente desean evitar los abortos, deberían saber que en los países en los que la interrupción del embarazo está despenalizada el número de abortos, luego de un ascenso probablemente debido a un mejor registro, disminuyó drásticamente. Según la misma fuente existen veinticinco países que habían legalizado el aborto entre los años 1975 y 1996 y que cuentan con estadísticas aceptables que demuestran que el número de abortos experimentó un descenso sostenido luego de despenalizado. Y cito: “Al contrario de lo que podría pensarse, la introducción de legislaciones liberales que se acompañan de cambios en el sistema de atención integral de la mujer transversalizados por políticas a favor de los derechos sexuales y reproductivos, tiene un efecto de disminución en el número de abortos, como sucedió en  Francia e Italia”.  La evidencia científica indica entonces que si alguien quiere disminuir el número de abortos, debe sin lugar a dudas, despenalizarlo. Ese debería ser el punto de consenso. Como fue el punto de consenso para los parlamentarios que votaron la ley y que expresaron la voluntad de la ciudadanía luego de un laborioso debate de décadas. Por eso, el 23, nos quedaremos en casa. Para que amparados en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, las uruguayas y los uruguayos podamos decidir sin miedo.

*Escritora

Publicado en La República

Todos iguales ante la Ley

 Marcha de la diversidad 2012 224

Por Adriana Cabrera Esteve

El matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo fue uno de los últimos temas de debate en el 2012 al votarse el proyecto que lo reconocería como legal en la Cámara de Diputados. Postergado a solicitud de los Partidos Blanco y Colorado promete convertirse en uno de los primeros temas del 2013 visto el compromiso de ser tratado por la Cámara de Senadores a comienzos de este año. Se trata de una temática relativamente reciente: los Países Bajos fueron los primeros en reconocerlo en 2001 aunque en la antigüedad parece haber sido una unión natural entre chinos, griegos y romanos. A Holanda le siguieron Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca. De votarse, Uruguay se convertiría en uno de los países vanguardia en materia de derechos sexuales.

Michelle Suarez comenzó a militar en Ovejas Negras en el 2010. Abogada de profesión, encontró que existía un vacío legal en el derecho nacional en lo referente al matrimonio igualitario. Entiende la Ley como un instrumento social por eso considera que es desde la sociedad de donde pueden surgir las normas y las iniciativas que vengan a solucionar sus problemas. Coincide con esta opinión el Diputado Luis Puig, quien preside la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y considera que “la aprobación de las leyes es consecuencia de la coyuntura histórica y la movilización social que las impulsa”.

La aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto sobre matrimonio igualitario estuvo precedida de un prolongado esfuerzo de colectivos sociales como Ovejas Negras que viene trabajando desde hace años contra la discriminación y por la igualdad de derechos”, afirma Puig.

Desde abajo

ENTREVISTAS edMichelle nos cuenta cómo surgió la iniciativa. Según ella, en Uruguay se ha recorrido el camino inverso a otros países, primero se acordó el derecho a la identidad, luego el de adopción y no se había abordado aún el derecho al matrimonio igualitario. En otros países el recorrido había sido a la inversa. Por eso Michelle decidió escribir un texto y pidió la evaluación técnica de sus colegas de la Facultad de Derecho. Con humildad pensó que le lloverían críticas pero en su lugar fue muy bien recibido e incluso le llegaron propuestas de agregados al proyecto de ley. “El derecho y la ley no van por carriles separados”, nos dice, “hay que empezar a democratizarlo”.

El Colectivo Ovejas Negras, encontró inicialmente la reacción del “no se puede”. Sin embargo luego se tomaron decisiones sustantivas de respaldo al proyecto y el 28 de junio de 2011 se lanzó la campaña por el matrimonio igualitario logrando instalarlo en el debate público. El Colectivo se entrevistó con todos los grupos que trabajan en el interior del país por la diversidad sexual y con todos los legisladores que desearon recibirlos. La mayor receptividad la encontraron en la bancada del FA que con una docena de firmas lo ingresó a la Comisión de Constitución y Código.

Por su parte el Diputado Luis Puig es optimista con respecto a los resultados legislativos. “Uruguay va en camino de sumarse a un pequeño grupo de países en el mundo que ya cuentan en su legislación el matrimonio entre personas del mismo sexo. El proceso de discusión al que asistimos en la región con la sanción en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario nos muestra hasta qué punto la iglesia católica y demás referentes conservadores de la sociedad están dispuestos a obstaculizar este avance en materia de derechos humanos. Estos mismos componentes están planteados en nuestro país”, afirma.

Los argumentos en contra

Entre los escollos que encontraron las organizaciones sociales durante la discusión parlamentaria estuvo el del origen etimológico. La palabra matrimonio viene de mater y está asociada a la maternidad. “Este argumento tiene que ver con una idea platónica”, discute Michelle, “de que las palabras son inmutables a través del tiempo. Lo cual parece tener poco asidero porque el derecho en sí es un instrumento de convivencia social que debe adaptarse a la sociedad en el momento de evolución que la misma está teniendo. No debe haber un divorcio entre el deber ser y el ser. Si la institución matrimonio no hubiera tenido cambios a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que nuestro derecho es de fines del Siglo XIX, las mujeres casadas serían todas incapaces y estarían sometidas a la potestad marital. No existiría el divorcio y los hijos fuera del matrimonio seguirían siendo castigados por la inmoralidad de sus padres y se les consagrarían menos derechos que a los hijos legítimos. O sea que del instituto original nos queda nada más que el nombre ya que sus características más importantes fueron desapareciendo”. Lo mismo sucede con la institución familia, agrega, que proviene del derecho romano.

El otro argumento en contra de la Ley de Matrimonio Igualitario fue la existencia de la Ley de Unión Concubinaria. Para la abogada este “es un error técnico bastante grande. Cuando existen dos institutos que consagran lo mismo y ambos están vigentes uno de los dos debe dejar de existir por el principio de no contradicción y el instituto más nuevo derogaría en forma tácita al matrimonio, cosa que no se pretende. Son institutos concebidos esencialmente diferentes. Uno es un acto solemne con mínimas formalidades y el otro es un hecho social al cual la ley le da relevancia jurídica. Cuando uno se va a casar no se le pregunta si hace cinco años que está con su pareja, no se le pregunta si esa relación es estable, singular, exclusiva, pública y de índole sexual. Nunca se tiene que probar ante un juez con testigos si esas dos personas tienen relaciones sexuales”. La unión concubinaria, agrega, supone “meses de juicio público al que se llevan testigos y pruebas y si el juez no se siente lo suficientemente ilustrado puede denegar la unión. Fue consagrada para dar amparo a quienes no eligen el matrimonio por su filosofía de vida. Fue para tratar de satisfacer necesidades de parejas heterosexuales. Lentamente y de atrás se introdujeron las parejas del mismo sexo tratando de encontrar algún amparo ya que no tienen la posibilidad de elegir” entre ambas instituciones.

La última postura discordante fundamentaba “que no era un tema prioritario y eso es como no entender que los derechos humanos son complementarios e indivisibles”. “Las sociedades son como un árbol, no nos podemos distraer en épocas de bonanza con el tronco o la copa frondosa y dejar de lado sus raíces. Las raíces son las instituciones y las leyes. Si las instituciones y las leyes son injustas, son malas, no respaldan un sentimiento de justicia y esta se le niega a una parte importante de la población, ese árbol tiene mal las raíces y ante el primer empujón se cae. Nosotros ya tenemos la experiencia de una etapa triste con un Estado de Derecho que fue inoperante para responder a la realidad social a través de sus instituciones”.

Las raíces del patriarcado

En cuanto al debate en torno a la adopción que rodeó la aprobación del proyecto en diputados, la abogada aclara que “la adopción está saldada por una norma anterior”, el proyecto de matrimonio igualitario no está atado a la adopción como sucedió en otros países. “Sí, hubo un debate sobre los nombres y tiene que ver con el ámbito filiatorio desde el momento que si dos mujeres deciden tener un hijo no podemos seguir hablando de la jerarquía del apellido del padre sobre el de la madre si hay dos mamás o dos papás, entonces se da la opción de que esa pareja elija el orden de los apellidos que quiera. Por lo tanto se debe dar la opción de que el orden de los apellidos no esté jerarquizado tampoco si es un señor y una señora”. Esto se incorporó en este proyecto de ley y cuando lo propusieron “fue como tocar las raíces del patriarcado”, nos dice Michelle Suarez.

El Diputado Puig también nos habla de las dificultades que se presentaron en el tratamiento parlamentario. “En el marco de la discusión realizada en la Cámara de Representantes, representantes de partidos tradicionales pretendieron cambiar los ejes de discusión sosteniendo que el proyecto alternativo de unión civil por ellos presentado, contenía los mismos derechos sucesorios y patrimoniales que el de matrimonio igualitario presentado por el Frente Amplio. Lo que no lograron o quisieron entender aún es que este debate no trata de derechos patrimoniales o sucesorios sino que este es un debate de derechos humanos en toda su dimensión”, sostiene.

De ida y vuelta

Para Michelle Suarez “La buena salud del Estado de derecho tiene que ver con la confianza que la ciudadanía tenga en él” y para que esto se cumpla todos los derechos humanos deben ser respetados por igual. En la misma línea razona el parlamentario. “Falta aún la aprobación del proyecto por parte del Senado. Hacerlo sin más demoras ni modificaciones es un compromiso asumido por el Frente Amplio. Sin embargo, la aprobación parlamentaria del proyecto y su promulgación por parte del Poder Ejecutivo no culmina este proceso”, opina. “Por el contrario, el verdadero debate en la sociedad recién comienza. La aprobación de la Ley es una condición necesaria pero insuficiente. Acortar la distancia entre la letra de la ley y la vida cotidiana es mucho más complejo y dificultoso que un mero trámite parlamentario. Los cambios en la construcción cultural de una sociedad no se realizan en un solo acto. Lograr la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres que la componen implica enfrentar la hipocresía de una sociedad pacata y machista. Incorporar el tema de la diversidad sexual como un tema central a la agenda de preocupaciones de, por ejemplo, quienes son la columna vertebral de la lucha por los derechos humanos, los trabajadores organizados, no será tarea sencilla”, afirma. Su experiencia personal, es que “tardó muchos años (tal vez demasiados) en comprender e incorporar este tema como parte integral de los derechos humanos”, confiesa. Reafirmando esta postura nos cuenta que al otro día de ser aprobado el proyecto de ley en diputados “arreciaban las bromas en las fabricas y lugares de trabajo”. Considera un desafío cultural de primer orden “que la clase trabajadora incorpore la lucha contra la discriminación en sus diferentes manifestaciones”. El camino a seguir según Puig es profundizar el intercambio y la coordinación entre las distintas formas de organización popular.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nr.11