Nada fue de regalo. A las demandas de los vecinos, los presupuestos participativos, siempre insuficientes para las grandes transformaciones pero buenos indicadores de la voluntad popular, hay que agregarle la fuerza de las políticas públicas en favor de los que menos tienen. También la energía de hombres y mujeres comprometidos con ellas. Se puede seguir transformando Montevideo y tenemos cinco años más para continuar avanzando.
Por Adriana Cabrera Esteve*
La noche en que Tabaré Vázquez fue proclamado candidato a la Presidencia de la República por el Frente Amplio presentó diez propuestas de gobierno. Uno de ellas, la profundización de la descentralización, proceso iniciado en 1990 durante el primer mandato frenteamplista en la Intendencia de Montevideo. La descentralización comenzó con la división administrativa del departamento en dieciocho zonas, la creación de los Centros Comunales Zonales y la figura del Coordinador Zonal. Luego, también durante el gobierno de Tabaré Vázquez, se intentó avanzar en la descentralización participativa y se crearon e instalaron las Juntas Locales, de carácter ejecutivo, y los Concejos Vecinales (CV), de carácter consultivo. Entre las funciones de los CV se incluía el asesoramiento, la iniciativa, la colaboración en la elaboración del presupuesto municipal proponiendo gastos e inversiones, el control, la evaluación y la colaboración en la gestión, la organización y promoción de actividades culturales sociales y deportivas. Más tarde se organizaría el territorio de Montevideo en Regiones. En 2003 se creó la figura del Defensor del Vecino, nombrado por primera vez en 2006. En ese año también, con el primer gobierno frenteamplista en Canelones, se integraron 29 Juntas Locales en ese departamento.
Momentos importantes de participación en la gestión lo constituyen los Presupuestos Participativos, instancias en las que por votación directa los montevideanos decidimos a qué proyectos de iniciativa ciudadana asignar recursos. La ciudad ha ido cambiando su fisonomía y la calidad de sus servicios a instancias de grupos de vecinos organizados que diagnostican una necesidad, proponen una solución, lo convierten en proyecto y lo someten a consulta ciudadana. La mayoría de las veces, los fondos no suelen ser suficientes. Sin embargo la carga democrática que revisten estos proyectos luego de haber sido apropiados por el conjunto de los vecinos ha hecho que los gobiernos departamentales les transfieran fondos centrales para llevarlos adelante, tal es el caso del Parque Líber Seregni y la Policlínica de Casavalle, por ejemplo. Uno destinado a la construcción de un espacio público, otro a la mejora de un servicio.
Descentralización en todo el país
En 2010, el proceso de descentralización da un gran salto en complejidad al instalarse el tercer nivel de gobierno, 89 Municipios en todo el país, ocho de ellos en Montevideo y 29 en Canelones. Fruto de la Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana de 2009, las Juntas Locales se transformaron en Concejos Municipales presididos por un Alcalde, electos en simultaneidad con las elecciones departamentales. Los Concejos Vecinales mantuvieron sus funciones y se agregó la realización de Cabildos Abiertos para la elaboración de propuestas presupuestales de cara al territorio. En ellos participan el Gobierno Municipal, los Concejos Vecinales y los vecinos y organizaciones sociales de la zona.
Al abrigo del Documento 6, y luego de largas negociaciones con la oposición para lograr una normativa que contuviera la idea original de construir una democracia participativa, el proceso de descentralización cumplió su mayoría de edad y reclama ser evaluado. Una iniciativa en ese sentido son los Diálogos Abiertos, impulsados desde la comuna capitalina y los gobiernos municipales para deliberar colectivamente sobre la participación social y ciudadana en Montevideo, su situación y sus perspectivas.
Democracia participativa
La idea de democratizar la vida social, política y económica de nuestro país se sustentaba en el objetivo de cambiar las relaciones de poder en nuestra sociedad. Un país en el que las grandes decisiones las tomaban en la capital las familias patricias de siempre con anclaje en el capital financiero, industrial, rural o comercial requería una nueva geometría entre centro y periferia, dirección y base, gobernantes y gobernados. Un nuevo equilibrio que privilegiara las necesidades de la gente, consultada, hasta ese momento, cada cinco años, pero sin poder para compensar las presiones de las grandes corporaciones.
Construir un sistema más democrático, que creara los canales de ida y vuelta para compartir la toma de decisiones. Un sistema en el que circulara la información de los que conocen la realidad porque conviven en ella y en la dirección contraria, la información de las dificultades para dar solución a esas necesidades y que de esa interacción surgieran decisiones colectivas y apropiadas por todas las partes.
Lo consideramos antes, y lo seguimos considerando, un complemento a la democracia representativa que nos había acostumbrado a delegar nuestra representación en otro y no ser, nosotros mismos, los actores de las transformaciones.
La democracia participativa supone también la construcción de espacios donde la población se forma en la toma decisiones lejos de la publicidad, la presión mediática y las promesas electorales pero cerca de lo que le acontece en el día a día, lo que conoce y sobre lo que puede y debe tomar decisiones. Al mismo tiempo, la tarea de control que se les asigna exige de transparencia en la gestión.
Los órganos descentralizados participativos son también aportes a lo identitario y desde ahí, estructuradores de cultura. Cultura de convivencia desde la diversidad de ideas, de opiniones, de género, de etnia, de nivel económico o de educación. Es el territorio donde los saberes se combinan y respetan sin desdibujarse.
Caudillos vs Concejos
Entre las contradicciones del tercer nivel de gobierno, salvo en el caso de Montevideo, encontramos que si bien la Ley que lo crea tiene entre sus principios la participación ciudadana, queda a iniciativa de cada Municipio su implementación. “Cada Municipio creará los ámbitos necesarios y los mecanismos adecuados, dependiendo de la temática y de los niveles organizativos de la sociedad, para que la población participe de la información, consulta, iniciativa y control de los asuntos de su competencia, los que deberán ser implementados bajo su responsabilidad política” versa la Ley. El resultado de esta ambigüedad es que se ha fortalecido el papel de caudillos locales sin por eso aumentar la participación de la ciudadanía en las decisiones municipales a pesar de que se establece con claridad sus atribuciones.
En el otro polo, en Montevideo, donde la participación a través de los CV está normatizada, estos sufren de cierto aislamiento. Ninguneados por unos por su “baja jerarquía política” visto que sus decisiones no son conminativas, y cuestionados por los defensores de la democracia puramente representativa, los CV, importante bastión de la construcción democrática con base territorial, enfrentan en soledad el desánimo y la confusión.
Redes en territorio como potenciadoras de políticas públicas
Seguimos creyendo que las bases que sustentaron el inicio de la transformación democrática de nuestro Estado en 1990, con la primera experiencia de gobierno frenteamplista, siguen vigentes. Y más aún, creemos que son el instrumento imprescindible para impulsar políticas públicas con sentido transversal. Es en el territorio donde confluyen los diferentes programas de gobierno y es desde allí donde se potencian. Ni la educación, ni la seguridad, ni la salud, ni la protección social, ni la defensa de la diversidad, ni el cuidado del medioambiente pueden instrumentarse desde una sola institución. La coordinación supone una sinergia que multiplica los resultados mientras que la atomización de los programas de políticas públicas los debilita y los aísla. Es imprescindible la interacción entre los CV y las redes territoriales. Apostar al desarrollo de Redes potentes de salud, de primera infancia, de drogas, de adultos mayores, de cultura y deportes, de medio ambiente entre otros temas que convocan a la población, recoge las mejores experiencias de este proceso. Al mismo tiempo se trata de promover e innovar en formas de consulta y participación directa de la población como los presupuestos participativos, las asambleas de salud, los Cabildos, utilizando todos los mecanismos de comunicación que nuestra sociedad dispone y aumentar las atribuciones de los CV. Estos pueden ser los articuladores de estas redes y sus impulsores, mucho más que depositarios de la representación social. De esta forma rejerarquizamos las concepciones fundantes de la democracia participativa y las mantenemos como norte.
*Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.16
