DERECHOS HUMANOS: el vaso medio vacío

A veces incurrimos en la tentación de pensar que el estado actual de los derechos humanos en Uruguay es algo que nos fue dado, que existió siempre, que no hubo actores que lo impulsaron y que tampoco hubo actores que se opusieron a esos avances. Y es difícil decirles a las nuevas generaciones de activistas y también de ciudadanos cómo se fue construyendo ese sistema de derechos humanos que tenemos hoy. Un sistema con deficiencias, con aciertos, que se estructuró en base al impulso de los progresismos. Ese conglomerado heterogéneo que trata de definir qué es lo justo y lo injusto. Que trata de caminar hacia los derechos humanos, hacia más justicia social. Que puede dejar sabor a poco pero que es lo mejor que hemos logrado construir en términos de acumulación de fuerzas para cambiar y hacer de este mundo algo mejor.

Acaba de fallecer Louis Joinet. No puedo dejar de recordar lo que fue para los familiares de detenidos desaparecidos en el exilio encontrar voces como la de él, o como la del jurista uruguayo Alejandro Artuccio, cuando sabíamos que teníamos que denunciar la desaparición de nuestros familiares pero no sabíamos cómo ni dónde y todas las puertas parecían cerradas. Ellos nos decían que había opciones para buscar y para encontrar. Nos enseñaban que había normas del derecho internacional que nos amparaban. De esas voces de juristas internacionales y también de los familiares que acudimos a los gobiernos e instituciones en el exterior, y de esas madres, hermanos e hijos que dentro del territorio se la jugaban recorriendo las morgues y golpeando las puertas de civiles y militares para preguntar dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus padres; de todas esas voces, se fue construyendo este sistema. Y también de las enormes solidaridades de los compañeros, de los investigadores, periodistas, historiadores, abogados. De ese colectivo de gente de izquierda, heterogéneo, con el nombre que quieran ponerle, porque las izquierdas siempre tienen muchos nombres, de ese espacio amplio, surgió la incipiente verdad y reparación que tenemos ahora –entendiendo por políticas de reparación, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral–.

Claro que los uruguayos siempre pensamos que el vaso está medio vacío. Tenemos esa idiosincrasia. No creo que sea un defecto; por el contrario, es la agudeza de la ciudadanía que ve el vaso medio vacío porque efectivamente la historia ha demostrado que no existen los sistemas totalmente justos, plenos, ideales. En la historia, los vasos siempre han estado medio vacíos. Entonces, identificar qué es lo que hay dentro del vaso y lo que falta es una tarea muy inteligente de los uruguayos, que no tiene que desmoralizar, sino que, al contrario, tiene que ser vista como diagnóstico y punto de partida para nuevos pasos. Por ese lado va este artículo.

En el exilio, en 1978, formamos la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. También se formó el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), asesorado por juristas como Theo van Boven y Louis Joinet. A su influjo, a medida que construíamos esa red de solidaridad con el pueblo uruguayo, fuimos también aprendiendo a revalorizar la democracia y los derechos humanos. Aprendimos que democracia y derechos humanos eran dos paradigmas por los que había que transitar si uno quería cambiar el mundo para mejor, que no eran herramientas, que eran un fin en sí mismos, que eran parte de nuestro objetivo de justicia social. Ese fue un gran aporte del sistema internacional de derechos humanos a las realidades latinoamericanas.

En segundo lugar, es necesario destacar que esa verdad, que conocemos actualmente, se construyó con mucha dificultad. En esa época armábamos las listas, siempre inconclusas, de compañeros presos y de los que estaban desaparecidos. Y a veces había que pasar los nombres de uno a otro lugar, según lo que hacían los militares con ellos. Darles seguimiento a las atrocidades impulsadas por las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado cuando definían que un compañero iba a “destino final”, forma elíptica con la que se referían a la desaparición, fue un trabajo muy arduo que se hizo entre muchos. Cuando aparecía alguien que había logrado zafar de las cárceles o de los pozos –así se llamaba a los centros clandestinos de detención–, le solicitábamos su testimonio, le preguntábamos si había visto a alguien conocido, y de esos testimonios se empezó a armar la historia de los hechos. Esas informaciones nos fueron dando una idea de lo que estaba pasando y se fue construyendo la noción del desaparecido tal como la conocemos hoy.

En Uruguay pasó algo parecido. Se dio ese caminar juntas para buscar acá y en Argentina, o donde fuera, porque hay que decirlo: “las viejas” viajaron a donde les dijeran que podía servir. Esos fueron los primeros pasos en la construcción de la verdad. Se trabajó mucho para el referéndum luego de que se votara la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Fue una gran batalla por el respeto a la vida y a la justicia; también se trabajó mucho por el plebiscito para anular la ley de caducidad, que quizá fue un error, porque los derechos no se plebiscitan. Paralelamente, los familiares y los ex presos políticos nunca dejamos de interponer denuncias tanto en Argentina como en Uruguay. Y mientras sucedía todo eso, en el Frente Amplio (FA) hubo grandes debates internos sobre cómo abordar el tema de los derechos humanos, cómo reparar a las víctimas, cómo lograr la memoria, la verdad y la justicia. Sobre qué era lo posible y qué era lo imposible.

Pero además de los debates, importan los hechos. Apenas el FA tuvo el gobierno departamental de Montevideo, empezó a implementar medidas reparatorias en diálogo con las organizaciones sociales: la construcción del Memorial de los Desaparecidos en el Cerro de Montevideo; el Museo de la Memoria y los cambios en el nomenclátor ciudadano, y la incorporación a la plantilla de empleados de algunos de los hijos de los desaparecidos, por ese entonces jóvenes a los que en su mayoría les faltaba el apoyo de la generación destinada a apuntalarlos en la vida. Fueron los gobiernos departamentales frenteamplistas los que empezaron a reparar lo que la dictadura nos había quitado y los gobiernos nacionales de derecha habían negado y ocultado.

Durante el gobierno nacional del FA se logró, y vale la pena enumerar: la Ley de Habeas Data (18.331), que habilita a cualquier uruguayo a solicitar la información que todo organismo del Estado tenga sobre sí; la ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (18.446); la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad en 2011 (18.831), que devolvió al Estado la pretensión punitiva; la Ley de Reparación de las Víctimas del Terrorismo de Estado (18.596); la creación de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, que dio continuidad a las investigaciones contratando un equipo de historiadores y antropólogos; el ingreso a los cuarteles a buscar los restos de los desaparecidos; el acceso a una parte de los archivos de la represión; el decreto de 2011 que dejó sin efecto todas las decisiones de los gobiernos blanquicolorados que amparaban en la ley de caducidad a los criminales de lesa humanidad denunciados por las víctimas –de esta manera, y por resolución del Ejecutivo, se borró de un plumazo la caducidad–; la creación de la Fiscalía especializada en casos de Derechos Humanos; la ley que elimina la doctrina de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas; y, por último, la Ley de Sitios de Memoria, aprobada recientemente, cuya implementación está en curso.

Después de luchar tanto para que hubiera justicia en nuestro país, nos encontramos con que habíamos subestimado los estamentos más reaccionarios de nuestra sociedad. Uno de sus máximos exponentes, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tal como anunciara su vocero, Jorge Ruibal Pino, estableció una muralla a los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, lejos de romper con los lastres totalitarios de un pasado de terrorismo de Estado, optaron por la complicidad del silencio y el encubrimiento de los crímenes realizados durante la dictadura. Hasta el momento, no se han encontrado las formas de lidiar con estos obstáculos para lograr una profundización democrática mayor.

Así y todo, hubo condenas, que distan de ser suficientes. Solamente 20 militares fueron condenados y seis de ellos tienen prisión domiciliaria. En la actualidad, hay 156 causas en presumario, 94 fueron archivadas y 14 tienen ejecución de sentencia, según consta en la página del Observatorio Luz Ibarburu. Mientras, los abogados del Centro Militar interponen todo tipo de dilatorias y la SCJ se niega a reconocer como crímenes de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, a la desaparición forzada, la tortura y la violación, haciendo oídos sordos a las normas de derecho internacional.

Los militares no han querido decir dónde están los desaparecidos, y la búsqueda del equipo de antropólogos ha tenido escasos hallazgos. El personal asignado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente no ha sido suficiente para analizar en su totalidad los archivos a su disposición. La Ley de Reparación Integral, que sacó a muchos de la indigencia, no está aún de acuerdo a lo que exige la INDDHH. Y la Ley de Sitios de Memoria, fraguada desde las organizaciones sociales, se demoró tanto en la Cámara de Diputados, que tuvo que ser votada cuando ya no se le podía asignar recursos.

Sí, el vaso no está lleno. Y, lo que es peor, hay posibilidades de grandes retrocesos. Por eso, es necesario distinguir a quienes nos han extendido una mano de quienes pusieron obstáculos y nos han expuesto a las maniobras de contrainformación de los militares, formados para jugar, año a año, con nuestras esperanzas. Esos sectores actúan hoy y procuran el apoyo ciudadano mediante diversas opciones político-partidarias. Y por más que hablen de la importancia de los valores democráticos y hagan promesas electorales en torno a la búsqueda de los desaparecidos, ya vimos en el pasado lo que son capaces de hacer. Por eso, en octubre, votaré por que se destinen más recursos para continuar la búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los archivos de la represión. Por más justicia, por más educación en derechos humanos, muy en particular para los funcionarios públicos del Poder Judicial y las Fuerzas Armadas; y por más políticas de memoria que sirvan cómo antídoto contra los fundamentalismos y las prácticas autoritarias. Votaré por seguir construyendo un país más progresista.

Adriana Cabrera Esteve es hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976.

Publicado en La Diaria el 24 de septiembre de 2019

INAUGURACIÓN DEL SITIO DE MEMORIA DE TOLEDO

El 30 de agosto fue inaugurado el Sitio de Memoria de Toledo. El mismo había sido declarado Sitios de Memoria por la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM), en su sesión del 6 de marzo de 2019. El predio ubicado cerca del Batallón 14 de Paracaidistas de Toledo, Canelones, en el que fueron hallados los restos de Julio Castro (2011) y Ricardo Blanco Valiente (2012) en fosas clandestinas.

El mismo fue solicitado ante la CNHSM por parte del Colectivo de Memoria de Toledo integrado por vecinas y vecinos de esa localidad quienes tienen como objetivo promover valores de paz, democracia, justicia social, participación y derechos humanos. Este colectivo también se movilizó para el reconocimiento oficial del que luego fuera denominado “Camino a la Memoria” por parte de la Junta Departamental de Canelones el 21 de setiembre de 2018, próximo al Batallón 14.

Los acontecimientos ocurridos en ese lugar son representativos de las prácticas violentas enmarcadas en el terrorismo de estado que marcó a nuestro país en tiempos de dictadura. La CNHSM entiende necesario salvaguardar el predio, crear las condiciones para su conservación, investigación, mantenimiento y divulgación de lo ocurrido con el propósito de resignificar nuestro presente a partir del conocimiento de lo ocurrido en el pasado.

El predio fue declarado Monumento Histórico Nacional el 2 de diciembre de 2014 por parte del Ministerio de Educación  y Cultura, a solicitud de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y de la Secretaría para los Derechos Humanos.  Había sido entregado en comodato a la Intendencia Canaria por parte del Ministerio de Defensa Nacional en 2013.

Julio Castro, nacido en 1908 se graduó de maestro en 1927. Fue director de escuela, inspector de primaria, docente de Magisterio, activo impulsor de las Misiones Sociopedagógicas de 1945, fundador de la Federación Uruguaya de Magisterio, colaborador de UNESCO y periodista. Fue detenido el 1 de agosto de 1977 en la intersección de Rivera y Llambí. Estuvo desaparecido 34 años. Sus restos evidenciaron el trato violento al que fuera sometido. Alambres y ligaduras en las manos, fractura perimorten en costilla y evidencia del impacto de un proyectil en el cráneo.

Ricardo Blanco Valiente, nacido en 1938, fue funcionario de UTE en la ciudad de Mercedes y luego tuvo un almacén en el barrio de Sayago, Montevideo. Fue detenido en su domicilio de la calle Carlos Ferreira Odetto, el 15 de enero de 1979. Estuvo 34 años desaparecido. El análisis de sus restos reveló una fractura en fémur derecho, otra en una costilla derecha y una lesión por arma de fuego en fémur izquierdo.

Hallazgo en el Batallón 13

El 27 de agosto el Grupo de Investigación en Antropología Forense  ( GIAF) encontró los restos de, lo que suponemos, es un detenido desaparecido, en el ex Batallón de Infantería Blindado Nº 13 . Le sucederá una larga espera de la información sobre los estudios antropológicos y de ADN. Los Familiares de Desaparecidos estuvimos presentes.

Surcados por arañazos

“En esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. […] Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas”. (Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino)

El 29 de junio tomó estado parlamentario el proyecto de Ley de Sitios de la Memoria Histórica. Fue presentado por el senador Marcos Carámbula y discutido y consensuado por la Red Pro Sitios de Memoria, que integran la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Crysol, el Museo de la Memoria, la Asociación Ágora, la Fundación Zelmar Michelini, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo, el Área de Derechos Humanos de la Universidad de la República, el Servicio Paz y Justicia, entre otros.

El proyecto de ley es otra iniciativa que se articula con la ya existente 18.596, sobre la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, que reconoce su responsabilidad en cuanto a los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado y el derecho de las víctimas a la reparación. En su artículo 8, establece: “En todos los sitios públicos donde notoriamente se identifique que se hayan producido violaciones a los derechos humanos de las referidas en la presente ley, el Estado colocará en su exterior y en lugar visible para la ciudadanía, placas o expresiones materiales simbólicas recordatorias de dichos hechos; podrá definir el destino de memorial para aquellos edificios o instalaciones que recuerden esas violaciones y podrá determinar la celebración de fechas conmemorativas de la verificación de los hechos”.

La creación de instancias, sitios y marcas es una herramienta importante para las políticas públicas de memoria, que aportan a la reparación simbólica de las víctimas del terrorismo de Estado, con el objetivo de devolverles su dignidad y deconstruir el relato dominante durante décadas, así como al conocimiento de la verdad y la realización de la justicia. En Uruguay, la mayoría de las veces, estas iniciativas han recaído en las víctimas o sus familiares. La Marcha del Silencio, al cumplirse los 20 años del asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, fue y es una de las principales manifestaciones de memoria y tuvo como principales protagonistas a los familiares de los desaparecidos y los asesinados. El Memorial de los Desaparecidos se inauguró el 10 de diciembre de 2001 en el Parque Vaz Ferreira, del Cerro; fue promovido por una comisión nacional y auspiciado por la Intendencia de Montevideo (IM), la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Junta Departamental de Montevideo. El Museo de la Memoria, en lo que fuera la casaquinta del dictador general Máximo Santos, fue también un proyecto de organizaciones sociales en conjunto con la IM. Los cambios en el nomenclátor no sólo respondieron a iniciativas de los diferentes niveles de gobierno, sino también a impulsos locales de vecinos y familiares de las víctimas. Así se incluyó en la memoria colectiva del territorio a Héctor Gutiérrez Ruiz, a Zelmar Michelini, a Walter Medina, a Enrique Erro, a Líber Arce, a Washington Pérez, a Susana Pintos, entre otros. Las marcas de memoria que encontramos en varios lugares, por ejemplo a las puertas del teatro El Galpón o en el Obelisco de los Constituyentes de 1830, son el resultado del proyecto Memorias de la Resistencia, impulsado por referentes de la sociedad civil. El Memorial para los Desaparecidos de Mercedes, inaugurado el año pasado, fue también una iniciativa de las organizaciones de derechos humanos.

La mencionada ley 18.596 habilitó más recientemente a colocar marcas de memoria en los lugares de represión. Diversas iniciativas han sido presentadas ante la Comisión Especial del Ministerio de Educación y Cultura, con resultados positivos, y las marcas fueron instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional, por ejemplo, la de la Cárcel de Cabildo o la de la Dirección de Información e Inteligencia Policial.

Crear y educar en un nuevo relato que incorpore la verdad histórica supone estos espacios de homenaje y reconocimiento. Sin embargo, es de anotar la inexistencia en Uruguay de espacios de memoria en los lugares que fueron centros clandestinos y no clandestinos de represión, como la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotoras Orletti, en Argentina, y el Memorial de la Resistencia de San Pablo en Brasil, donde antes funcionara el Departamento de Orden Político y Social. La iniciativa del Espacio Memorias para la Paz que pretendía crear un Museo para la Paz en la cárcel de Punta de Rieles y su entorno tuvo que conformarse con la plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles.

En estos momentos hay dos iniciativas en curso. Una es el sitio del Servicio de Información de Defensa, que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. El edificio perteneció luego al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) y hoy aloja a la INDDHH. Por allí pasaron los secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay en el marco del Plan Cóndor, en su mayoría aún desaparecidos. El lugar fue adaptado para el funcionamiento del CALEN primero y para la INDDHH después. Del relato de los sobrevivientes surge que casi no quedan huellas de cómo era entonces. La otra iniciativa proviene del Museo de la Memoria, que pretende construir un sitio abierto al público en el galpón 4 del Servicio de Material y Armamento, conocido como 300 Carlos o Infierno Grande, donde fueron torturados y asesinados presos políticos durante la dictadura. En el predio lindero al Batallón 13 fueron encontrados los restos de Fernando Miranda. La Red Pro Sitios de Memoria impulsa otros proyectos similares, cada uno con sus particularidades.

Creemos que la invisibilidad de esos espacios físicos contribuye a ocultar el pasado reciente. Los sitios de memoria son “una herramienta para la materialización de los hechos allí ocurridos”, reza el proyecto; de ahí la importancia de una ley que los resguarde. No sólo a los efectos de encontrar restos de desaparecidos, sino también de visibilizar el modus operandi de los represores y los rastros en muros y pisos que muchas veces subsisten a pesar de la pintura. Los sitios son escenarios de crímenes y como tales deberían haber sido tratados, para permitir a las víctimas su reconocimiento, para hacer estudios periciales y para crear equipos multidisciplinarios que determinasen las medidas necesarias para evitar su deterioro.

La memoria está unida indisolublemente a la búsqueda de la verdad y la justicia. Por eso los espacios físicos donde se cometieron violaciones a los derechos humanos deben ser preservados también como evidencia y se debe garantizar su accesibilidad y su intangibilidad. En Uruguay hay medidas que impiden innovar sobre algunos predios militares. Sin embargo, el transcurso del tiempo, el pacto de silencio de los militares y el ocultamiento de información han tenido como consecuencia su manipulación, transformación y a veces desaparición; es el caso de la casona de la calle Millán (Millán 4269), donde actualmente existe una cooperativa de viviendas.

Al mismo tiempo, la derecha, lejos de establecer una mirada autocrítica sobre el pasado, se ha reafirmado en su discurso, lo ha fortalecido con un equipo de abogados y expertos, y lo difunde a diario en las redes por medio de un grupo de trolls creados para tal fin. La omertá es, a esta altura, una patología con visos de cronicidad de nuestra democracia. Dos testimonios recientes de soldados parecen ser una grieta en esa pared oscura. Disputar ese relato con evidencias, existentes, por cierto, explayarnos y enriquecer la defensa de las libertades democráticas es un imperativo del momento político nacional e internacional.

La reconstrucción de la verdad tiene una dimensión personal y una dimensión colectiva. Es una verdad dinámica que cambia con nuevos aportes, a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad. Esa verdad siempre precaria es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y a hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella. Una identidad difícil de objetivar, por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir errores y estar alerta ante propuestas revisionistas. Estos sitios contribuyen a educar en derechos como garantía de no repetición y, en diálogo con la comunidad, a construir nuevas subjetividades. El cambio de uso de estos lugares crea nuevas relaciones y resignifica el territorio. Estas transformaciones siguen siendo un debe. Por otra parte, no deja de indignar la lentitud pasmosa con la que los gobiernos progresistas han avanzado en el análisis de los archivos, el sometimiento a la justicia de los responsables y la construcción proactiva de la memoria como garantía de un nunca más al terrorismo de Estado. Quizás estemos aún a tiempo de dar un giro a la situación. Nutrirnos de expertise, decisiones políticas y ejecutividad, y volcar los recursos materiales y humanos suficientes para desentrañar nuestro pasado.

Hija de Ary Cabrera Prates, detenido desaparecido el 5 de abril de 1976

Publicado en Dínamo/La Diaria el 28/8/17

Lembrar é resistir

El DOPS, Departamento de Orden Política y Social, hoy convertido en lugar de memoria, fue la institución estatal en San Pablo, encargada del disciplinamiento de la sociedad y la represión de toda forma de oposición al gobierno brasileño antes y durante la dictadura . Se encargaba de investigar a las organizaciones políticas, sociales, hasta organizaciones de vecinos; censurar medios de prensa y emitir un certificado de buena conducta necesario para conseguir empleo. Allí eran inerrogados y torturados los presos.

El actual Memorial de la Resistencia forma parte de la Pinacoteca de San Pablo.

Cuarenta y dos años después: Derechos Humanos y desmemoria

00A 42 años del Golpe de Estado quedan demasiadas asignaturas pendientes y todavía seguimos entrando en nuevos ciclos de esperanza, una y otra vez. Todos sabemos a esta altura que sin información no hay más verdad histórica que la que se ha logrado recopilar a través del testimonio de las víctimas, el acceso a unos pocos archivos y las excavaciones para encontrar un puñadito de restos óseos. ¿Es poca? No. Unos años atrás, los familiares soñábamos con que un gobierno reconociera los delitos de lesa humanidad y el terrorismo de Estado que implicó la dictadura. ¿Es suficiente? Tampoco. Crear otra comisión de la verdad si no encontramos una forma de sortear el pacto de silencio en el que se amparan los criminales de lesa humanidad, podría llegar a convertirse en el nuevo distractor quinquenal.
Jorge Batlle creó la COPAZ y ella permitió a los militares dar información en forma anónima sobre el destino de los desaparecidos. Se garantizó que su información no llegaría a la Justicia y que nadie sabría quién había brindado los datos. El resultado fue un grupo de expertos en inteligencia militar (que es lo que son) abocados a desinformar. Hacer revivir la esperanza, y luego frustrarla es una forma de tortura sistemática hacia las víctimas en la que son expertos. Las víctimas, ávidas de creer, o sea nosotros, recorrimos ese camino. El único resultado positivo fue que por primera vez el gobierno reconoció los crímenes de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos tuvo que publicar su propio “A todos ellos” libro con el que intentó sistematizar toda la información recabada por diferentes generaciones de investigadores (víctimas, periodistas e historiadores) para aportar algo más denso y científico en materia de información.
Con el gobierno de Tabaré Vázquez, lo que se llamó Comisión de Seguimiento de la COPAZ, a solicitud de los familiares, mantuvo sus puertas abiertas, pero la confiabilidad en las buenas intenciones de la patota militar se mantuvo. Así, por ejemplo, se le mostró a Macarena el lugar donde no yacía su madre ante las cámaras televisivas. Sin embargo, los antropólogos y los historiadores sí realizaron un trabajo científico y tuvieron algunos logros.
El gobierno de José Mujica, a pesar de su intención de no mantener “viejitos presos”, aceptó la Sentencia de la CIDDHH que obligó a Uruguay a reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Por reparación debe entenderse su reparación moral a través del acceso a la verdad, la memoria y la justicia. La Secretaría de DDHH amplió su cometido pero para cumplirlo hubiera necesitado mucho más personal especializado. El resultado es que todavía no se ha sistematizado ni siquiera el archivo encontrado por la ex Ministra de Defensa Azucena Berrutti en el ex CGIOR durante el primer gobierno frenteamplista.
Hoy contamos con la nueva comisión instalada por Tabaré Vazquez cuando aún era presidente electo. El problema es que si esta comisión no accede a los archivos de inteligencia militar y a la Secretaria de DDHH, además de la excelente persona que la dirige, Isabel Wschebor, no se le asigna personal suficiente para investigar toda la información que surja y la que ya tiene, estaremos una vez más ante una nueva frustración para las grandes multitudes que cada 20 de mayo recorren 18 de julio. Eso sí, cada vez habrá menos testigos y víctimas encabezando la marcha.
Esta última Marcha del Silencio traté de ir entre las primeras filas. Vi a León Gieco bastante cerca pero no vi a Luisa Cuesta, ni a Luz Ibarburu, ni a María Esther Gatti, ni a Quica Errandonea, ni a Tota Quinteros, ni a Violeta Malugani, ni a Blanca Artigas, tampoco vi a otros tantos luchadores por los DDHH que ya no están. Y no me quise alejar de esa tercera fila para que los pocos familiares que estábamos entre la multitud que solidariamente llevaba nuestros carteles fuéramos visibles aunque no nos reconocieran. Note sí, las nuevas generaciones de sobrinos, hijos y nietos de los que ya no están. Fui también al plenario de Familiares y recordé las ricas tortas saladas que traían las viejas para que fueran más llevaderas las discusiones enconadas en las que nos entrelazábamos con la buena intención de lograr verdad y justicia. La verdad, es que la mesa nos quedaba grande. Las organizaciones de DDHH tienen que buscar solidaridad porque una parte del sistema político, el Poder Judicial y personajes como el Ministro Fernandez Huidobro, los han ridiculizado, estigmatizado y trabajado para lograr su aislamiento sistemático, su debilitamiento, su frustración, su división, su desaliento. Y me pregunto, cómo una sociedad puede permanecer anestesiada, año tras año, ante tanta barbarie como la que se cometió por un puñado de civiles y militares con el poder de las armas. ¿Cómo se puede barrer bajo la alfombra contraviniendo todas las normas internacionales en ddhh? Porque el tiempo. Esa variable implacable. Y la lentitud de las respuestas lo hace posible. Me pregunto también si queremos una sociedad de desmemoria para nuestros hijos. Porque de ser así, ellos no van a saber reconocer los signos de autoritarismo si llegaran a presentarse en el futuro, tampoco van a saber cómo salirles al cruce antes de que se consoliden esos procesos y sea tarde.
*Hija de Ary Cabrera Prates, desaparecido en abril de 1976

Publicado en La República 1 de julio de 2015

20a MARCHA DEL SILENCIO

Luisa Cuesta 1 xHoy es la 20a Marcha del Silencio. A esos veinte años de marchas, hay que sumarle los otros. Para unos han pasado cuarenta años desde la desaparición de nuestro familiar. Más de cuarenta para otros. Menos de cuarenta también. Porque el terrorismo de Estado secuestró, desapareció, asesinó antes, durante y después de la dictadura. Y a pesar de eso, la gran mayoría de los crímenes siguen impunes. Queremos verdad para saber lo que sucedió. Eso en nuestro país quiere decir acceso a los archivos de inteligencia militar que ningún gobierno entregó todavía. La CIA desarchiva sus documentos a los 30 años, ¿por qué nosotros no? No hay Comisión para la verdad que pueda resolver la falta de información cuando todavía hay quienes defienden la omertá. Queremos memoria para no repetir los errores del pasado. Y queremos una Justicia que funcione acorde con las normas internacionales más avanzadas, para que la impunidad sea una mala palabra.

Hoy vamos a marchar sin Luisa Cuesta, que todavía no sabe dónde está Nebio. También vamos a marchar sin Luz, María Esther, Quica, Blanca, Violeta, Tota y la lista sigue.

Ya no hay más tiempo. Es ahora.

Desde hoy Lugar Común en el Centro Cívico Costa Urbana de Ciudad de la Costa

Desde hoy se puede ver “Lugar Común” en el Centro Cívico Costa Urbana de Ciudad de la Costa. La muestra la instalamos el viernes pasado y hoy estuvimos ultimando algunos detalles. La Mesa Redonda sobre niñez y pobreza será el 25 de febrero a las 19hs.

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