Cuarenta y dos años después: Derechos Humanos y desmemoria

00A 42 años del Golpe de Estado quedan demasiadas asignaturas pendientes y todavía seguimos entrando en nuevos ciclos de esperanza, una y otra vez. Todos sabemos a esta altura que sin información no hay más verdad histórica que la que se ha logrado recopilar a través del testimonio de las víctimas, el acceso a unos pocos archivos y las excavaciones para encontrar un puñadito de restos óseos. ¿Es poca? No. Unos años atrás, los familiares soñábamos con que un gobierno reconociera los delitos de lesa humanidad y el terrorismo de Estado que implicó la dictadura. ¿Es suficiente? Tampoco. Crear otra comisión de la verdad si no encontramos una forma de sortear el pacto de silencio en el que se amparan los criminales de lesa humanidad, podría llegar a convertirse en el nuevo distractor quinquenal.
Jorge Batlle creó la COPAZ y ella permitió a los militares dar información en forma anónima sobre el destino de los desaparecidos. Se garantizó que su información no llegaría a la Justicia y que nadie sabría quién había brindado los datos. El resultado fue un grupo de expertos en inteligencia militar (que es lo que son) abocados a desinformar. Hacer revivir la esperanza, y luego frustrarla es una forma de tortura sistemática hacia las víctimas en la que son expertos. Las víctimas, ávidas de creer, o sea nosotros, recorrimos ese camino. El único resultado positivo fue que por primera vez el gobierno reconoció los crímenes de Estado.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos tuvo que publicar su propio “A todos ellos” libro con el que intentó sistematizar toda la información recabada por diferentes generaciones de investigadores (víctimas, periodistas e historiadores) para aportar algo más denso y científico en materia de información.
Con el gobierno de Tabaré Vázquez, lo que se llamó Comisión de Seguimiento de la COPAZ, a solicitud de los familiares, mantuvo sus puertas abiertas, pero la confiabilidad en las buenas intenciones de la patota militar se mantuvo. Así, por ejemplo, se le mostró a Macarena el lugar donde no yacía su madre ante las cámaras televisivas. Sin embargo, los antropólogos y los historiadores sí realizaron un trabajo científico y tuvieron algunos logros.
El gobierno de José Mujica, a pesar de su intención de no mantener “viejitos presos”, aceptó la Sentencia de la CIDDHH que obligó a Uruguay a reparar a las víctimas de delitos de lesa humanidad. Por reparación debe entenderse su reparación moral a través del acceso a la verdad, la memoria y la justicia. La Secretaría de DDHH amplió su cometido pero para cumplirlo hubiera necesitado mucho más personal especializado. El resultado es que todavía no se ha sistematizado ni siquiera el archivo encontrado por la ex Ministra de Defensa Azucena Berrutti en el ex CGIOR durante el primer gobierno frenteamplista.
Hoy contamos con la nueva comisión instalada por Tabaré Vazquez cuando aún era presidente electo. El problema es que si esta comisión no accede a los archivos de inteligencia militar y a la Secretaria de DDHH, además de la excelente persona que la dirige, Isabel Wschebor, no se le asigna personal suficiente para investigar toda la información que surja y la que ya tiene, estaremos una vez más ante una nueva frustración para las grandes multitudes que cada 20 de mayo recorren 18 de julio. Eso sí, cada vez habrá menos testigos y víctimas encabezando la marcha.
Esta última Marcha del Silencio traté de ir entre las primeras filas. Vi a León Gieco bastante cerca pero no vi a Luisa Cuesta, ni a Luz Ibarburu, ni a María Esther Gatti, ni a Quica Errandonea, ni a Tota Quinteros, ni a Violeta Malugani, ni a Blanca Artigas, tampoco vi a otros tantos luchadores por los DDHH que ya no están. Y no me quise alejar de esa tercera fila para que los pocos familiares que estábamos entre la multitud que solidariamente llevaba nuestros carteles fuéramos visibles aunque no nos reconocieran. Note sí, las nuevas generaciones de sobrinos, hijos y nietos de los que ya no están. Fui también al plenario de Familiares y recordé las ricas tortas saladas que traían las viejas para que fueran más llevaderas las discusiones enconadas en las que nos entrelazábamos con la buena intención de lograr verdad y justicia. La verdad, es que la mesa nos quedaba grande. Las organizaciones de DDHH tienen que buscar solidaridad porque una parte del sistema político, el Poder Judicial y personajes como el Ministro Fernandez Huidobro, los han ridiculizado, estigmatizado y trabajado para lograr su aislamiento sistemático, su debilitamiento, su frustración, su división, su desaliento. Y me pregunto, cómo una sociedad puede permanecer anestesiada, año tras año, ante tanta barbarie como la que se cometió por un puñado de civiles y militares con el poder de las armas. ¿Cómo se puede barrer bajo la alfombra contraviniendo todas las normas internacionales en ddhh? Porque el tiempo. Esa variable implacable. Y la lentitud de las respuestas lo hace posible. Me pregunto también si queremos una sociedad de desmemoria para nuestros hijos. Porque de ser así, ellos no van a saber reconocer los signos de autoritarismo si llegaran a presentarse en el futuro, tampoco van a saber cómo salirles al cruce antes de que se consoliden esos procesos y sea tarde.
*Hija de Ary Cabrera Prates, desaparecido en abril de 1976

Publicado en La República 1 de julio de 2015

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