Modelo para armar

Por Adriana Cabrera Esteve5

La propuesta de la Unidad de Derechos Humanos, Participación y Compromiso de la Comisión de Programa del FA ratifica la histórica obligación de nuestra fuerza política con la reparación integral de los crímenes de lesa humanidad cometidos por civiles y militares en el pasado reciente, entiéndase por tal: la memoria, la verdad y la justicia. Reafirma el carácter universal, interdependiente e indivisible de los derechos humanos abordando en forma integral nuestra responsabilidad para con ellos. Y plantea la reforma del Poder Judicial. Por el rol fundamental del sistema judicial en la protección de las libertades y los derechos de la ciudadanía esta propuesta resulta central a la hora de pensar no sólo los derechos humanos sino también la calidad del estado que queremos en términos democráticos y también funcionales.

 Varias razones hacen imperiosa esta reforma. Por un lado la situación en materia de seguridad pública. Permanentemente se piensa la falta de represión policial como factor unicausal de la inseguridad. Sin embargo, varios datos de la realidad demuestran que es un tema polémico  y plagado de contradicciones. Mientras la derecha reclama más represión o la baja de la edad de imputabilidad, la izquierda históricamente ha apostado a las políticas sociales. No por eso, el gobierno frenteamplista ha sido ingenuo. Nunca  como durante el gobierno frenteamplista se ha perseguido tanto a los grande narcotraficantes y a los delincuentes de guante blanco. Tampoco la fuerza política lo ha sido. Durante 2012, a instancias del Presidente Mujica, la Estrategia por la Vida y la Convivencia fue fruto de una discusión generalizada intentando remover patrones culturales de larga data como la violencia doméstica, responsable del 2,9% de las muertes violentas; o los suicidios, culpables del 43,4%, o los accidentes de tránsito que suponen, nada más ni nada menos, que el 36.7% de las muertes violentas en nuestro país.

 El cuello de botella

 En comparación con otros países latinoamericanos, Uruguay tiene una de las tasas de homicidios más bajas, 6.1 cada 100.000 habitantes, mientras que en otros países del continente como Venezuela encontramos tasas de 57 cada 100.000 o en Colombia, 20 cada 100.000. Sin embargo la percepción de la ciudadanía, crónica roja de por medio, no incorpora esos datos  y la sensación de inseguridad llega a amplios sectores de la población   presionando sobre los jerarcas del Ministerio del Interior. Tampoco incorpora que el homicidio es el delito con menor brecha de procesamiento. Es decir que la gran mayoría son encarcelados. El problema es que, sin importar la causa,  la gran mayoría de los presos no tienen sentencia. Sólo el 37% de los privados de libertad son penados. Este dato de la realidad, no sólo cuestiona la eficiencia del Poder Judicial, también deja en evidencia la desprotección del 63% de los encarcelados que podrían, eventualmente, ser considerados inocentes al finalizar el juicio. Mientras tanto, el tiempo de prisión no es inofensivo. El 59% de reincidentes contabilizados en 2012 nos dan la idea de que para muchos, la cárcel resulta ser una “escuela del crimen” en vez de un lugar de rehabilitación. Al mismo tiempo, mientras que hay 7.664 plazas en las cárceles, hay 9.413 presos. A 1.749 presos, también se les están violando sus derechos porque estar privado de libertad no quiere decir estar hacinado. La lentitud en los plazos judiciales es extensiva a la justicia no penal, por ejemplo a los juicios laborales.

Evitaría el hacinamiento, un Poder Judicial más eficaz que resolviera ágilmente las causas judiciales y que usara penas alternativas.

La impunidad

Otro ejemplo de ineficiencia judicial la encontramos en los juicios vinculados a crímenes cometidos durante el terrorismo de estado. El Observatorio Luz Ibarburu creado recientemente contabilizó 215 causas por violaciones a los derechos humanos. La gran mayoría presentadas entre 2011 y 2012 pero también un número importante datan de la salida a la dictadura. La información que brinda sobre las causas no es nada menor. Las principales son la tortura, el asesinato, la privación de libertad y la desaparición forzada. Todos delitos graves. Sin embargo, de todas ellas 169 (78%) se encuentran en etapa de presumario, 32% fueron archivadas, 15% están en etapa de sumario, y sólo un 1% ha tenido sentencia. Mientras tanto, el tiempo pasa y garantiza a los responsables de crímenes de lesa humanidad, su impunidad.

Mirándola de adentro

Paralelamente, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) viene denunciando la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial y en la formación de los magistrados. Repetidamente ha manifestado su preocupación ante distintos ámbitos del gobierno. Reclaman la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura dando garantías en el ingreso, ascenso y calidad técnica de los magistrados. Como forma de lograrlo exigen sustituir la antigüedad por el concurso. También piden una política de descentralización en concordancia con otras áreas del Estado. En ese sentido proponen la reinstalación de la Justicia de Paz en los barrios en Montevideo y la creación de Tribunales de Apelaciones en las regiones alejadas del interior del país, muy en particular en el norte. Además, han expresado su preocupación por la superintendencia administrativa que ejerce la SCJ que aunque delega funciones en la Dirección Nacional y en las Divisiones, modifica sus decisiones, con un resultado de marchas y contramarchas que tienen como consecuencia la inercia de los mandos medios.

Todos los caminos conducen a Roma

 Cabe señalar que, recientemente, ante la decisión de la SCJ, sin fundamento, de trasladar a la Jueza Mariana Mota quien estaba a cargo de la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió un comunicado sobre la administración de justicia y los derechos humanos en el que aconsejaba actualizar al sistema judicial acorde a los instrumentos internacionales de manera de convertirse en un verdadero garante del estado de derecho. En ese sentido aconsejaba la creación de un Consejo Superior de la Magistratura, un Tribunal Superior Constitucional, la reforma del Ministerio Público y Fiscal y la sanción de un nuevo Código del Proceso Penal actualmente en trámite en el Parlamento.

La INDDHH tiene entre sus funciones la de “promover la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales” y es en base a esta potestad que realiza sus propuestas.

 La propuesta  

Asegurando la garantía de independencia al Poder Judicial en tanto poder del estado, parece imprescindible encarar una serie de cambios en el sentido de dotarlo de transparencia y a su vez de solvencia. En ese sentido la propuesta programática debería considerar la creación de un Consejo Superior de la Magistratura que asuma las funciones administrativas y asegure la carrera judicial incluyendo la convocatoria a los magistrados, su selección, capacitación, régimen de ascensos y traslados, régimen disciplinario y especialización técnica; y un Tribunal Constitucional que atienda los temas relacionados con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ambas medidas requieren reformas constitucionales. De esta forma se liberaría a la SCJ de la superposición de funciones, principal factor de ineficiencia, permitiéndole concentrarse en la tarea jurisdiccional. Además se propone la reforma de la Ley Orgánica de la Judicatura de forma de que se establezca un sistema transparente de ingresos, ascensos y movilidad de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial. Otra propuesta es la reforma del Ministerio Público y Fiscal con la idea de garantizar a los magistrados fiscales su carrera profesional, tanto en la convocatoria como en la selección, capacitación, especialización, régimen de ascensos y traslados y régimen disciplinario.

Por último, la formación en derechos humanos es una preocupación del programa de gobierno propuesto tanto para los funcionarios del sistema judicial como para otros actores de la sociedad para lo que se propone un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.13

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