Errando el bizcochazo

Por Adriana Cabrera Esteve

Llamadas 2012

La eficiencia y la eficacia del gobierno en materia de seguridad es uno de los principales caballitos de batalla de la derecha fielmente seguida por algunos de los medios de prensa privados. Cada hecho delictivo, especialmente si es muy truculento, suscita comentarios malevolentes de todo tipo y color  contra toda la administración frenteamplista. No porque sí, ya en 2011, una medición de opinión pública realizada por Equipos Mori, mostraba a la inseguridad como la preocupación más importante de la población.

Ahora bien, si el Ministerio del Interior fuera ineficaz en materia de represión al delito, no habría 9.413 personas privadas de libertad. En el 2000, había 4.369. En una década la población carcelaria se duplicó. Y desde que el Frente Amplio está en el gobierno, hay 2.409 presos más. Tenemos una de las tasas más altas de presos por habitante y a pesar de las cárceles construidas, los presos superan en 1.749 las plazas disponibles. El hacinamiento sigue siendo un hecho a superar y el uso de penas alternativas a la prisión sigue siendo también un enorme debe del Poder Judicial.

El debate en torno a la Estrategia por la Vida y la Convivencia, impulsada por el gobierno a partir de mediados del año pasado, sirvió para deconstruir algunos de los mitos en torno al tema de la seguridad. Por ejemplo, salió a luz que las principales causas de muertes violentas en nuestro país no eran los delitos sino los suicidios, los accidentes de tránsito, los accidentes de trabajo y la violencia doméstica. Todos problemas a resolver lejos del ámbito del Ministerio del Interior y muy cerca de nuestros patrones culturales.

El Reporte Social 2013, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas vuelve a darnos información relevante. Para empezar, confirma algo que desde la izquierda se ha repetido hasta el hartazgo y es que los gobiernos frenteamplistas han tenido que lidiar con la inseguridad gestada en las políticas económicas blanquicoloradas. Un estudio de la población carcelaria nos dice que en 2004, inmediatamente después de la mayor crisis económica de las últimas décadas, el 58% de los presos eran primarios. O sea incubados en la desocupación, la pobreza y la marginación que asoló a nuestra población. Expulsados de la sociedad por las políticas del último gobierno del Partido Colorado. En 2012, casi la misma cantidad (59%) son reincidentes, son los que no han podido salir del entramado de criminalidad tejido en ese período y que atraviesa nuestra sociedad, desde los que con cuello blanco se dedican al lavado de dinero hasta los que le venden “lágrimas” o “chasquis” de pasta base en cualquier “boca” del barrio a nuestros jóvenes.

Otro dato interesante está vinculado a sus probabilidades de salir de ese entramado de violencia. Según el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados que tiene como objetivo la readaptación e inclusión de los detenidos brindando asesoramiento jurídico y psicológico, capacitación e inserción laboral, apoyo en gestión de trámites, entre otras cosas; de los pocos presos que ingresan al programa, el 79% no reinciden. O sea que con programas de inclusión adecuados la reincidencia también es atacable.

Pero el dato que resulta más inquietante y que obliga a llevar la mira a otra dirección cuando hablamos de represión al delito (porque está claro que la inseguridad no es sólo un problema de represión sino de prevención), es que de las personas privadas de libertad están penadas sólo el 35,3%, el resto están detenidos en forma preventiva a la espera de que la justicia decida sobre su culpabilidad. Un problema endémico, por cierto. En el 2004, los hermanos Peirano Basso se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el derecho a ser juzgados, visto el tiempo que habían permanecido en prisión sin condena. Así que esta película ya la vimos y nos habla del grado de eficiencia y eficacia del sistema judicial al que de una vez por todas hay que hincarle el diente. Una Suprema Corte de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial, que además de “juzgar a todos los infractores de la Constitución” debe “ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial”, además de elaborar presupuestos, nombrar Jueces, nombrar Defensores de Oficio, Jueces de Paz y “nombrar, promover y destituir por sí” a los demás empleados del Poder Judicial, entre otras cosas, no puede ser otra cosa que ineficiente. Pensar la estructura del sistema judicial en clave de justicia, dotarla de agilidad y tratar de resolver ese cuello de botella conformado por la superposición de funciones parece ser una de las necesidades de la próxima etapa. Crear un Tribunal que se encargue de la administración de Justicia y un Consejo que sea responsable de la administración es una de las propuestas. El próximo programa del Frente Amplio deberá contemplarlo.

(El entrecomillado pertenece a la Constitución de la República)

Publicado en La República el 6/9/2013

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