La situación después de la Sentencia de la CIDDHH

Intervención de Adriana Cabrera Esteve a nombre de HIJOS URUGUAY con motivo de la Presentación de Cortos del 18 de abril de 2013, en el Centro Cultural de España (Versión resumida)

El campo de tensiones en lo que refiere a la búsqueda de una reparación integral de las víctimas del terrorismo de Estado se ha desplazado a diferentes escenarios según los momentos históricos. Pero los resultados en torno a la memoria, la verdad, la justicia y hasta la reparación económica han sido siempre magros, conseguidos con enormes dificultades algunos y siempre diferidos en el tiempo, algo que sin duda, beneficia a los victimarios.

1. Los familiares de los desaparecidos, hijos inclusive, jugamos un rol importante en la resistencia al terrorismo de Estado, impulsando las denuncias tanto en el exterior con la creación de Agrupación de Familiares de Uruguayos Desaparecidos (AFUDE) y del Secretariado Internacional de Juristas (SIJAU), como en el país con Luz Ibarburu, Martía Esther Gatti y Violeta Malugani a la cabeza. Además de las denuncias por desaparición también se denunciaban las torturas, la condiciones de detención y las prisiones prolongadas, algo que caracterizó el tipo de represión en nuestro país. Al mismo tiempo desde ese entonces había un reclamo de nunca más. Leyendo hace poco, declaraciones de Blanca Artigas en el 83, ella decía “Quisiera que nunca más las madres, las abuelas sufran lo que estamos sufriendo con estas desapariciones de nuestros hijos. Quiero que nunca más en la vida pase esto.” Esa sensación de que no le deseábamos a nadie lo que nos estaba sucediendo a nosotros, de que no queríamos ser como ellos, los victimarios, fue tomando fuerza y encontró sustento teórico en la interacción con juristas de primer nivel en ddhh que oían nuestras denuncias y nos abrían posibilidades de acción antidictatorial desde el mundo del derecho en un diálogo en que todos los protagonistas aprendíamos. Las normas internacionales de DDHH fueron así incorporadas a la lucha antidictatorial como grandes avances en la lucha de los pueblos, que contribuían al aislamiento de los regìmenes dictatoriales pero también enriquecían las propuestas alternativas desde el campo democrático…

En todo este período los polos en el campo de tensiones estaban muy claros, la ultraderecha actuando con todo el poder del Estado tomado por la fuerza de las armas y la sociedad, organizada social o políticamente reclamando derechos de primera generación: el derecho a la vida, fundamentalmente.

2. La salida de la dictadura significó un nuevo escenario. Se vivió con la esperanza de que por fin, se desarrollaran políticas reparatorias. Los familiares presentamos denuncias ante el Poder Judicial, asesorados por el grupo de abogados nucleados en IELSUR y a nivel parlamentario se formó la Comisión Parlamentaria Investigadora sobre la Desaparición de Personas a donde acudieron las víctimas y los testigos en busca de verdad y justicia. Las tensiones en esta etapa, fueron entre los civiles cómplices de la dictadura que ocupaban cargos de gobierno y los sectores progresistas empeñados en profundizar la democracia. Desde el inicio de esa etapa predominaron las opciones conservadoras. La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado fue una de las construcciones de los partidos tradicionales que tuvo en la Ley de Caducidad uno de sus vértices pero que se extendió a múltiples componentes culturales de ocultamiento y desmemoria, que ampararon las raíces económicas, políticas e ideológicas del régimen dictatorial.

Si en la lucha por el No, la sociedad civil se había puesto a sus hombros la lucha por la democracia. La Ley de Caducidad la obligó a ser protagonista una vez más de la oposición a través del Referendum. El resultado de esta consulta popular generó un enorme retroceso en las luchas populares. El gran movimiento por los derechos humanos se sumió en la desmoralización y la perplejidad…

De la evaluación del fracaso del Referendum, se destaca como error, señalado especialmente por la comunidad de ddhh en Argentina, el de que los ddhh no se plebiscitan. Como factores positivos, fue importante la divulgación que de los crímenes de la dictadura se realizó, hasta entonces desconocidos por el grueso de la población, y la gran movilización de masas que se produjo en pos de ese objetivo. Sin embargo los años posteriores a la derrota del Referendum, fueron años oscuros que empezaron a revertirse recién con las marchas de los 20 de mayos, el reagrupamiento de los familiares de desaparecidos y la aparición en la escena internacional del Juez Garzón aplicando los últimos avances de la normativa internacional y abriendo camino a nuevos procesos de cambio. La búsqueda de respaldo jurìdico para la presentación de nuevas denuncias o la solicitud de reapertura de las mismas encontraron sustento, por ejemplo en el Pacto de San José de Costa Rica que definía el delito de desaparición forzada como un delito continuado y permanente ya en noviembre de 1969. Y en la imprescribilidad de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo todas esas causas tuvieron la misma suerte: el archivo amparado en la Ley de Caducidad. Tristemente célebre fue el fiscal Enrique Moller que aconsejó archivar todas las denuncias realizadas por los familiares…

Al mismo tiempo se fue creando una cultura de impunidad hegemònica en la población uruguaya que impedía hablar, proscribía términos como democracia, justicia, desaparecidos y también ponía bajo sospecha a los que osabamos pronunciarlas. La estigmatización de las víctimas tenía respaldo popular. Ganaba la idea de no volver al pasado y una suerte de reafirmación de la derrota en la consulta popular. “Ese tema ya se saldó” parecía ser el lema de la derecha con todos sus actores: partidos y prensa. La derrota más grande había tenido lugar en la cabeza de los uruguayos.

Otro caso emblemàtico fue la denuncia de la desaparición de Elena Quinteros no sólo por su heroicidad en el momento del secuestro, sino por sus consecuencias: la ruptura de relaciones entre Venezuela y Uruguay, la tenacidad y popularidad de Tota Quinteros y una voluminosa investigación realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores que nutrió la causa y que tuvo como consecuencia el procesamiento de Juan Carlos Blanco por el juez Eduardo Cavalli y la fiscal Mirtha Guianze, visto que los civiles no estaban amparados en la Ley de Caducidad. Esta causa fue la primera causa de derechos humanos que marginó a un juez, Alejandro Recarey por ser demasiado activo en la investigación y no detenerse a la hora de llamar a declarar a los responsables del secuetro, mientras suplía a el Juez Cavalli enfermo de cáncer. Cavalli fue obligado a levantarse de su lecho de enfermo para retomar el caso de Elena.

3. Un tercer escenario es el que se configura con el gobierno de Batlle, primer presidente en recibir a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Al decir de Carlos Ramela, “el tema de los derechos humanos se nos venía encima” y como solución, el gobierno de Batlle se comprometió a investigar el destino de los desaparecidos mediante al Comisión para la Paz formada por Luis Perez Aguirre (Perico), Gonzalo Fernandez, Carlos Ramela, José Claudio Williman, Nicolás Cotugno y José D´Elía. La inicial promesa de investigar terminó consignada en el acta de intención de la comisión como “averiguar” y se fue debilitando progresivamente hasta funcionar con recursos mínimos en la Casa de Gobierno. A pesar de las expectativas ingenuas de lograr información por parte de los militares a los que se les ofreció el anonimato y la no inculpación, los resultados en la construcción de la verdad fueron demasiado magros, sin embargo por primera vez el Estado uruguayo reconoció la existencia del terrorismo de Estado en el pasado reciente.

4. Los gobiernos progresistas en la región suponen un nuevo escenario. Con la derogación y posterior declaración de nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final en Argentina, los familiares y los hijos, volvimos a presentar denuncias y a reactivar las ya existentes. Esas causas tuvieron como resultado los juicios que se están llevando a cabo en estos momentos: ¨Primer Cuerpo Ejército¨ que incluye la prisión clandestina Automotoras Orletti, ¨Plan Sistemático¨ que juzgó la desaparición de niños y la trata de vientres y la causa del ¨Plan Condor¨ actualmente en curso. Poco después, se presentaron en nuestro país, la Causa del ¨Segundo Vuelo¨ que incluye la desaparición de algunos de nuestros familiares y que luego fue acordonada con la causa por el secuestro de Adalberto Soba y de Bernarndo Arnone. Conjuntamente con las causas por los traslados del 77 y 78, ambas supusieron en 2009, la condena a 25 y 35 años de prisión de los mandos, el Goyo Alvarez, Juan Carlos Larcebeau, Nino Gavazzo, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Luis Maurente y José Sande Lima. Resultaron prófugos Manuel Cordero, actualmente en Argentina y Jorge Troccolli. A estas siguió una oleada de denuncias y la lista de acusados no ha dejado de crecer.

A pesar de las mentiras de los militares por primera vez la sociedad civil entró a los cuarteles y comenzó la búsqueda de restos, impulsados desde Presidencia. Al mismo tiempo, un grupo de historiadores fue contratado para investigar en los archivos de la represión aunque los resultados de la investigación –publicado en cinco tomos por presidencia y luego por la UDELAR– tuvo como fuente primaria más importante los testimonios de las víctimas y un acceso muy recortado a los archivos además de la inaccesibilidad a los archivos de la DI.NAC.I.E.

La iniciativa de anular la Ley de Caducidad fue precedida de una dura polémica dentro de las organizaciones de derechos humanos y del Frente Amplio, que se fueron saldando a lo largo de la campaña y sobre todo en su última etapa. La apelación a la movilización popular fue generando una acumulación politica y cultural .

Tanto la recolección de firmas como la consecución de adhesiones al voto rosado fueron dificultosos y demandaron un gran esfuerzo militante. Uno de sus puntos débiles fue la coexistencia con las elecciones nacionales que condicionó el apoyo de los partidos políticos.

A pesar de los errores el resultado del plebiscito de un 48% de los votos dejó la bandera del plebiscito en una situación diferente a la derrota del voto verde ya que al no existir votos en contra, las posiciones contrarias a la anulación de la Ley de Caducidad se sumaban a los que no se pronunciaban.La participación masiva de jóvenes en las últimas etapas de la movilización fue un hecho relevante. Sin minimizar los efectos políticos de la derrota recibida, ni sus causas tanto las puntuales como las más profundas.

5. Un nuevo campo de tensiones se crea a partir de la Sentencia de la CIDDHH sobre el caso Gelman, por un lado entre el derecho interno y las normas internacionales. Contradicción que fue allanada por la Ley 18.831, el decreto presidencial que dejaba sin efecto las decisiones administrativas de gobiernos anteriores que amparaban las causas en la Ley de Caducidad y el reconocimiento por parte del Estado de los crímenes cometidos según lo exigía la Sentencia de la CIDDHH. Cabe destatar como esfuerzo de la sociedad civil, la creación del Observatorio, el cual integramos, y que tiene como objetivo el acompañamiento de las causas judiciales logrando reestablecer la coordinación de las organizaciones de derechos humanos.

Entre los hechos positivos del último período vemos la promulgación de la ley que establece el derecho al acceso a la información pública, vieja reivindicación de las organizaciones de derechos humanos vinculadas a la búsqueda de la verdad y a la veracidad de la información; la búsqueda de los restos y la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

6. El Poder Judicial es, por fin, el último campo de tensiones a abordar. Por un lado ha tenido un rol contradictorio. La SCJ declaró inconstitucional la Ley de Caducidad en plena campaña por el voto rosado en 2009. Simultáneamente fueron surgiendo jueces y fiscales que tomaron las causas de las víctimas del terrorismo de Estado con energía y convicción al tiempo que se fueron formando en las normas internacionales de derechos humanos y como en el caso de la Jueza Mariana Mota, utilizando los recursos más avanzados. Las resoluciones de la SCJ por mayoría, estableciendo la inconstitucionalidad de los articulos 2 y 3 de la ley 18.831 relativas a la no prescripción de los delitos y a su condición de crímenes de lesa humanidad son un golpe duro a los avances en materia de verdad y justicia. Al mismo tiempo el traslado de la jueza Mariana Motta a un juzgado civil conforma una amenaza directa a jueces y fiscales actuantes en causas de DDHH. Por otro lado las contradicciones dentro del Poder Judicial siguen apareciendo. Las últimas declaraciones del Tribunal de Apelaciones contrarias a la sentencia de la SCJ, la recusación de las sentencias de cuatro miembros de la SCJ a partir de las declaraciones de Ruibal Pino, constitutivas de prejuzgamiento, por cuatro fiscales así lo demuestran. Por un lado se avanzó en el sentido de que la Ley de Caducidad ya no tiene efecto en la actualidad, por otro lado se crea la imposibilidad de juzgar negando el caracter de delitos de lesa humanidad que hace imprescriptibles a los crímenes de la dictadura al tiempo que desconoce el principio de que al impedido no le corre término, por lo que deja a todos aquellos que durante años fueron impedidos de contar y denunciar sus dramas personales sin acceso a la justicia, derecho establecido en nuestra Constitución.

Creemos, y lo dijimos en la Asamblea de la INDDHH, que la posición del Consejo de dicha institución luego del traslado de la jueza Mariana Mota afirmando la necesidad de democratizar el Poder Judicial define la estrategia de la próxima étapa. En ese sentido nos pronunciamos en su momento.

Para lograrlo creemos necesario articular con las diferentes organizaciones sociales y políticas.

En resumen, cuando decimos NUNCA MÁS, QUÉ? Nos referimos a lo que falta por saber. No hemos olvidado nuestros reclamos históricos de verdad y justicia. Sí, nos sucede que el tiempo trancurrido, los vaivenes de un sistema adormecido en la impunidad, nos traen a la cabeza, una y otra vez, la voz de León Felipe. Como Hijos podemos decir:

Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
Que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan
con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre…
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos…
y sé todos los cuentos.

Somos conscientes de que quienes aquí están comparten nuestra indignación y hartazgo por eso saludamos la iniciativa esperando que foros como estos, nos devuelvan al camino de democratización que habíamos comenzado y que hoy desde la SCJ se obstruye. Con él nos comprometemos.

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