De todas maneras va

El hallazgo de hierro en nuestro territorio motivó una amplia gama de opiniones provenientes  tanto de las organizaciones sociales como del espectro político. Desde los que alentaban la esperanza de desarrollar una industria siderúrgica pujante, pasando por los que alertaban contra las concepciones extractivistas hasta los que denunciaban potenciales daños irreversibles en nuestro ecosistema. La minera Zamin Ferrous enlenteció su instalación en nuestro medio sorprendida ante una comunidad cívica acostumbrada al ejercicio democrático de debatir todos sus pasos. Sin embargo, la envergadura de los yacimientos de hierro que aparentemente posibilitaría convertir al país en el octavo productor de hierro en el mundo  y el proyecto de ley que está a discusión en el Parlamento permiten afirmar que el emprendimiento de todas maneras sigue adelante.  

Ya desde 1950 Uruguay viene investigando la existencia de yacimientos de hierro en Valentines, un viejo poblado entre los departamentos de Florida y Treinta y Tres que apenas superaba los doscientos habitantes. Primero fue el Estado, luego un grupo de geólogos alemanes, y desde 2007 la empresa minera Zamin Ferrous. Como consecuencia de la última y exitosa investigación surgió el proyecto de explotación de hierro Aratirí que, según sus promotores, permitiría la exportación de 18 millones de toneladas de mineral de hierro por año lo que supondría el ingreso anual de 1.400 millones de dólares durante veinte o treinta años e implicaría la inversión de tres mil millones de dólares. Los ingresos para la empresa serían de 2.790 millones de dólares anuales.

De qué hablamos cuando hablamos de Aratirí

Aratirí  incluiría un complejo minero, conformado por cinco minas de extracción a cielo abierto y una planta de beneficiamiento donde se separaría el hierro de la roca por trituración y métodos magnéticos, algo posible por el tipo de mineral existente en la zona, la magnetita, ambos ocuparían unas 6.210 hectáreas; un mineroducto de 212 km de longitud que comunicaría la planta con la terminal portuaria; un puerto multipropósito de aguas profundas, el primero del Cono Sur, previsto inicialmente para La Angostura y actualmente planificado para la franja costera que va entre El Palenque y Puerta del Sol en el departamento de Rocha, más la instalación de líneas de alta tensión y un emisario subacuático para vertido de aguas hacia el océano.

A nivel político partidario, a instancias de Presidencia y con participación del Poder Ejecutivo, se conformó en 2011, una Comisión Multipartidaria de Análisis de la Minería de Gran Porte. Lo acordado es la base del Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento y hoy a discusión de la Cámara de Diputados. Actualmente la Cámara definió la conformación de una Comisión Especial para el estudio de la mega minería integrada por nueve diputados, cinco frenteamplistas y cuatro de la oposición que tendría plazo hasta el 31 de marzo para estudiar el proyecto, incorporar agregados o realizar observaciones al texto inicial.

El marco legal

El proyecto de ley viene a completar un sistema de normas conformado por el Código de  Minería de 1982 y los ajustes realizados mediante la Ley 18.813 de 2011. En el mismo se expresa la necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental y visto que el hierro es un recurso no renovable, de un plan de cierre para el reacondicionamiento de la zona que garantice el uso sustentable del lugar donde se realizó la extracción. El plan de cierre implica también la recomposición en caso de haber daños del ambiente. Se establece la firma de un Contrato de Concesión entre el Poder Ejecutivo y la firma titular del proyecto. Define que el Estado debe participar de las rentas de la explotación visto que es el propietario del subsuelo por lo que se incorpora un adicional al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). Entre otras cosas, el proyecto de ley también establece qué se hará con los ingresos tributarios y el canon de producción obtenido por el Estado por  la Minería de Gran Porte: el 70% se destinaría a un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII) y el 30% restante se destinaría a los objetivos trazados por la Multipartidaria y al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los organismos de control y seguimiento de proyectos.

Otro paso en el intento de puesta a punto ante el inminente desarrollo de la actividad minera de gran porte, fue dado por el Ministerio de Trabajo que ha tomado la iniciativa de ratificar el Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en la Minería, vigente desde 1998 pero desjerarquizado dada la escasa actividad minera en nuestro país. El mismo establece que el Ministerio podrá “suspender o restringir, por motivos de seguridad y salud, las actividades mineras y el establecimiento de procedimientos eficaces que garanticen el ejercicio de los derechos  de los trabajadores”.

El Estudio de Valoración Económica Ambiental

Una etapa culminada es la elaboración de los estudios solicitados a Aratirí por parte de la Dirección Nacional de Medioambiente (DINAMA) entre los cuales está el “Estudio de Valoración Económica Ambiental del Proyecto Valentines” realizado por el Ec. Gustavo Bittencourt.

En entrevista con Cuadernos de Compañero, Bittencourt consideró a Aratirí como “un proyecto novedoso en cuanto a su ingeniería, bastante bien pensado. Tiene mucha inversión de dinero y presenta soluciones que parecen razonables, por lo menos todo lo que aparece como posible impacto ambiental puede ser mitigable con las medidas que están previstas. Por supuesto que hay riesgos ambientales, por ejemplo, la emisión de material particulado, por eso esa zona se estaría regando permanentemente. Si no se hiciera podría ser riesgoso para la salud humana en las zonas aledañas aunque estaría dispersando materiales no tóxicos, sin embargo no sería más riesgo que vivir en la ciudad. Hay que tener algunas estaciones de monitoreo que den cuenta de que se está haciendo bien. De todas maneras tendría menos impacto ambiental negativo que un tambo de dos mil cabezas al estilo de los que se están implementando y no se sabe qué hacer con los residuos sólidos”.

Con respecto al mineroducto, Bittencourt cree que no genera riesgos y en cuanto al puerto de aguas profundas, la construcción costera se había planeado en un principio “en algún lugar que hoy no tiene uso turístico, nosotros lo valoramos como si tuviera valor turístico pero eran playas profundas y peligrosas. Se hicieron estudios con biólogos, se contrataron barcos y se llegó a tener un conocimiento de la biología marina que no se tenía antes. Habría que hacer un dragado pero según los biólogos no transformaría la biología marina de la zona. Tampoco había casi impactos visuales desde los lugares donde hay turismo actualmente. En general, los costos ambientales del proyecto si las medidas de mitigación se hacen bien, no parecen ser elevados.”

El impacto en el desarrollo

En lo que refiere al impacto sobre el desarrollo, considera que cambiaría “una zona que está muy deprimida generando empleo. Sería un impacto grande durante la instalación que después se perdería al estar funcionando”. Para el economista lo más interesante es la parte de la que se apropia el Estado mediante los impuestos, “a diferencia de las plantas de celulosa que están en zona franca, acá habría una recaudación fiscal superior a lo que se cobra a todo el sector agropecuario junto. Depende de lo que se haga con eso, pero se podría destinar a la educación o a cualquier proceso que mejore las capacidades sociales. Podría ser un fondo de desarrollo interesante para un montón de cosas. Se abre la posibilidad de tener actividades conexas como usar el hierro como materia prima o un proyecto vinculado a la venta de servicios logísticos asociados al puerto de aguas profundas. En términos de crecimiento económico esto implica un salto por una vez, de golpe empezaríamos a exportar mil y pico de millones de dólares en hierro. El grueso se lo lleva la empresa, la otra parte se la queda el Estado y la otra sería los sueldos de los trabajadores. Si se usan esos recursos fiscales de una manera razonable sería como agregar una quinta pata a lo primario: la celulosa, la soja, la carne y los lácteos.”

Con respecto a los puntos débiles del proyecto Bittencourt opina que son los mismos que tiene cualquier proyecto asociado a la primarización “que por sí mismo no transfieren al resto de la economía una alta tasa de crecimiento a largo plazo. El desarrollo está asociado a la producción con agregado de conocimientos. Este proyecto no suma a esa idea de desarrollo. Lo que aporta es un fondo de recursos fiscales que se puede aplicar a esta otra idea de desarrollo. Que tengamos ahora la tasa de desempleo que tenemos tiene que ver con que tengamos 5.000 trabajadores en Conchillas trabajando para Montes del Plata. Pero a largo plazo no es en la primarización donde está el desarrollo.”

No todas son rosas

Al preguntarle sobre los riesgos intrínsecos a este proyecto, mencionó la llamada enfermedad holandesa, “o sea que el ingreso de muchos dólares ya sea por las exportaciones o por la propia inversión que se realiza termine deprimiendo el tipo de cambio, los efectos no se puedan neutralizar y eso quite rentabilidad a las actividades y disminuya la posibilidades de diversificación de la economía hacia otras actividades con mayor agregado de valor o de mayor conocimiento.” Sin embargo, en su opinión eso depende de cómo se maneje el fondo fiscal. “Creo que es una oportunidad importante” agregó, “pero no es la transformación del país. Las reglas que se les están poniendo en términos de recaudación fiscal son bastante diferentes que las de las papeleras y ahí es donde está la gran diferencia. Pero tenemos un déficit de planificación.”

Una visión diferente es la que aporta Carlos Anido, ingeniero, asesor del PIT-CNT y de REDES. Para Anido, la demanda de hierro se inscribe en el marco de “una especulación desatada luego del 2008 cuando los papeles se fundieron debido a las hipotecas basura de EEUU que intoxicaron todo el sistema mundial de bancos y fondos de inversión. La especulación a corto plazo que da la máxima ganancia se desplazó a las materias primas, los alimentos y el acaparamiento de tierras”. Según Anido esta sería la razón por la que los precios “de los metales se multiplicaron por 4 o 5 veces. Esto ni era ni es estable, forma parte de las burbujas del casino mundial en que se ha convertido el capitalismo global que van explotando sucesivamente, primero las inmobiliarias, luego las hipotecas, está llegando el momento de los metales, salvo el oro que está siendo tomado como moneda de reserva, no por su uso tecnológico que es comparativamente pequeño.”

La opinión de los ambientalistas

Para el asesor del PIT-CNT “la gran demanda de hierro proviene sobretodo de la expansión urbana mundial por la transferencia de gente del campo a la ciudad, por la construcción edilicia especulativa (torres y habitaciones donde invertir fondos de obscuro origen) y el transporte aumentado”.

“La minería también tiene sus tiburones financieros” alerta, “y estos depredadores aparecen como empresas llamadas “junior” que pescan en aguas internacionales, en general operando para otras empresas mineras más grandes, consiguiendo los permisos de explotación y haciendo el gasto político, social, de cooptación o compra de funcionarios y ex funcionarios y en general todo el trabajo sucio necesario para la obtención si es posible de la llamada “licencia social”.”

En ese contexto, Anido afirma que “América Latina está invadida de estos “proyectos” y Uruguay no es la excepción. Lo que sí es diferente es que es el único caso donde estos especuladores se intentan instalar en una planicie agrícola rica que forma parte de uno de los llamados graneros del mundo”.

Para Anido, Zamin Ferrous sería una de las empresas “junior”, “no tiene antecedentes mineros y lo que sí ha hecho en Brasil es conseguir permisos para una mina y venderlo luego a otra empresa internacional de las grandes que no ha hecho otra cosa que especular, con ganancias fáciles”, afirma. “Pensamos que un negocio similar pero más grande especulativamente se intenta aquí. Las cantidades inusuales planteadas para la extracción, las inexactitudes en la evaluación y el proyecto, los efectos sobre el campo denunciado (como tres millones de hectáreas para todos los metales, 120.000 solo para Aratirí), la costa turística y paisajística de alto valor inmobiliario y sustentable, muestran un negocio a corto plazo, no más de doce años, subsidiado en energía y en infraestructura que la rodee, todo inconveniente para el país por los empleos agrícolas y de todo tipo, incluso industriales que se pierden.”

Por último concluye que “solo manteniendo un volumen limitado se podría intentar explotar una minera no renovable que pueda articular con la producción agrícola, para ser objeto de una explotación racional, multigeneracional, poniéndole reglas al capital y al mercado, lo más sustentables posibles, haciéndose cargo de todos los costos ocultos que hoy le pasan a la sociedad, sin subsidios energéticos, con transparencia de funcionamiento y sin corrupción”.

El debate aún está abierto. Habrá seguramente más opiniones e información para enriquecerlo y probablemente nos ocupe el próximo período no sólo cuando definamos qué hacer con el yacimiento de hierro encontrado sino cuando evaluemos los resultados.

Publicado en la revista Cuadernos de Compañero Nro.10

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