INDDHH: Mejor imposible

Escribe: Adriana Cabrera Esteve

Largamente anhelada, la creación de la Institución de Derechos Humanos (INDDHH) parece ir tomando forma.

La preocupación por dotar a los derechos humanos de una cierta institucionalidad se esbozaba ya en las recomendaciones que Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos presentó a la Comisión para la Paz durante el gobierno de Jorge Batlle. Se formulaba entonces la necesidad de una institución o un ombudsman o comisionado.

Culminado el proceso de la COPAZ, con escasos resultados en materia de investigación, la necesidad de un organismo destinado a encontrar la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura seguía vigente.

Poco después, en el Congreso “Héctor Rodríguez”, el Frente Amplio resolvió impulsar la creación de una estructura institucional de integración gubernamental y no gubernamental, con autonomía, para promocionar y proteger los derechos humanos en nuestro país. Para algunos esta institución podría ser un símil de lo que fue la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina, para otros, no. Con la asunción del gobierno por parte del Frente Amplio se resolvió que la investigación de los crímenes del terrorismo de Estado se realizara desde la Comisión de Seguimiento de la COPAZ en el ámbito de Presidencia y que la creación de una INDDHH fuera llevada adelante desde el Parlamento. Es así que en 2006 se presentó un proyecto de ley que le asignaba a la INDDHH el cometido de promoción y protección de los DDHH, impulsar la armonización de la legislación nacional a las exigencias internacionales en la materia, emitir opiniones y recomendaciones, recibir e investigar denuncias, entre otras. La misma gozaría de autonomía, estaría en la órbita del Poder Legislativo y contaría con la participación de la sociedad civil.

La Ley 18.446 fue votada en diciembre de 2008 y quedó para el gobierno siguiente la responsabilidad de echarla a andar. Fue así que en mayo próximo pasado se votó en la Asamblea General la integración del Consejo Directivo. A pesar de las acusaciones de los partidos políticos de derecha en cuanto a la pluralidad de la propuesta, la ley establecía que debía expresar la pluralidad de las fuerzas sociales y así lo hizo. Fueron elegidos por mayoría simple luego de dos intentos de hacerlo por los dos tercios que estable la ley, Juan Raúl Ferreira, Ariela Peralta, Juan Faroppa, Mariana González y Mirtha Guianze. Los mismos deberán asumir antes de cumplirse los 45 días posteriores a la votación.

El Consejo tiene entre sus funciones la de convocar a la Asamblea Nacional de DDHH en la que participarán las organizaciones sociales que tengan como finalidad la lucha por los derechos humanos y que se hayan registrado ante el mismo Consejo con anterioridad. Es sin duda un hecho sin precedentes en nuestra historia y que marcará el próximo período en cuanto a la construcción de una nueva cultura más respetuosa del otro. No sólo por las implicancias de que exista una institución abocada a analizar toda la temática en DDHH sino por el rol participativo que se asigna a las fuerzas sociales. Es de aclarar, que cuando se habla de derechos humanos se trata de una visión integral de los mismos. Podrán participar entonces en este ámbito no sólo las organizaciones que hayan destinado su existencia a la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia con respecto al terrorismo de estado, sino también las organizaciones que han trabajado por la equidad de género o en contra de la violencia doméstica, por el derecho a la diversidad sexual, por los derechos de la infancia, por el medioambiente, etc.

Para saber quiénes pueden sentirse incluidos en esta convocatoria, conviene entonces recordar las tres generaciones de derechos humanos:

La primera incluye los derechos cívicos y políticos. Son el derecho a la vida, la libertad, a la libertad de opinión, pensamiento y expresión, a la justicia, a la de reunión y asociación, a no recibir tratos degradantes. Todos garantizados sin importar raza, sexo, situación socioeconómica.

La segunda generación incluye los derechos sociales, económicos y culturales. Son por ejemplo, el derecho al trabajo, a la sindicalización, a la seguridad social, a un nivel de vida que asegure la salud biopsicosocial, vivienda, educación,  entre otros.

Por último, la tercera generación, debe garantizar el derecho a un medio ambiente sustentable, a la solidaridad, a la paz, a la diversidad cultural. Se habla incluso de una cuarta generación que incluiría por ejemplo, los que surgen de la comunicación digital y del desarrollo productivo.

En conclusión, si entendemos que allá donde haya una necesidad existe un derecho a respetar, estamos ante la creación no sólo de una institución ante la cual se podrán presentar denuncias sino ante la creación de un gran foro democrático al que se podrán presentar miradas y propuestas sobre el conjunto de fenómenos que atraviesan nuestra sociedad y que esperamos, marque una época.

Publicado en Participando Junio 2012

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