Ya no

Violencia doméstica

Cada diez días, en nuestro país, una mujer es asesinada o amenazada de muerte por violencia doméstica. Es, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, el delito más denunciado luego de los hurtos y es más frecuente que las rapiñas. Sin embargo ha sido necesario un largo trabajo de visualización del tema por parte de las organizaciones feministas para que estos crímenes salieran del ámbito de lo privado y se constituyeran en un problema de todas y todos. Hasta entonces, “el no te metás”, “algo habrá hecho” era la doble victimización con la que debían lidiar las mujeres golpeadas. En el caso del maltrato a menores la doctrina también marcaba cómo educar. “La letra con sangre entra”, “déjelo llorar, no lo malcríe”, “ponélo en penitencia”, “arrímele la ropa al cuerpo que es por su bien” eran el tipo de consejos que recibían los padres y madres jóvenes. Es que al socializarnos, adquirimos reglas y costumbres que hacen transparentes o invisibles ese tipo de hábitos, y estos no pasan por el tamiz de la razón. Recién en los 70 y en nuestro país, recién a finales de los 80, la violencia comienza a perder esa suerte de “naturalización” y  emerge a la consciencia social como problema, entre otras cosas, porque empieza a cuantificarse.

En 1996, el Grupo Especial de la OMS sobre Violencia y Salud constataba que “Entre las personas de edades entre 15 y 44 años, la violencia interpersonal es la tercera causa de muerte, siendo el suicidio la cuarta y la guerra la sexta”. También se comparaba la violencia contra la mujer como una causa de muerte e incapacidad tan grave como el cáncer. Al mismo tiempo, los grupos feministas comenzaron a asociar el maltrato a la mujer con el lugar subordinado que ocupa en la sociedad.  Las relaciones de poder también explican en parte el maltrato a niños, ancianos y discapacitados. Vivimos en una sociedad en la que el poder masculino se impone sobre el femenino y el poder adulto sobre el de la infancia.  El ciclo de la violencia implica que muchas veces las mujeres entran a los juzgados como denunciantes y luego son denunciadas por maltrato a niños o ancianos, sin embargo en aproximadamente el 85% de los casos de violencia doméstica esta es ejercida por hombres. También es un hecho que mientras las mujeres tienen sus movimientos sociales a través de los que pueden colocar el tema en la agenda pública, los niños y adolescentes son pensados por el mundo adulto.

Como resultado de estos esfuerzos, en 1987, se creó en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Instituto de la Mujer, que luego pasó a ser de la Mujer y la Familia. En 1988 se creó la primera Comisaría de Defensa de la Mujer y la Familia. En 1990 se formó la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual con la participación de la mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dedicadas al tema. En 1991, el gobierno departamental de Montevideo instaló la Comisión Especial de la Mujer. Esta comisión en convenio con el Plenario de Mujeres del Uruguay (PLEMUU) inauguró el Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia que luego será una línea gratuita, el 0800-4141. El Ministerio de Salud Pública (MSP) inauguró en 1996, un Grupo de Trabajo sobre Violencia y luego participó junto al MEC en la elaboración del Plan Nacional de Prevención Detección y Atención de la Violencia Familiar. Otra línea gratuita fue aportada por ANTEL, el 0800-5050, para denuncias de maltrato a niños, niñas y adolescentes. Desde la Intendencia de Montevideo se crearon también las Comuna Mujer, servicios de atención en varios centros comunales.

Ana Soria, actual integrante de la organización Mujeres de Negro, participó en la creación, en 1999, de la Comisión de la Mujer del Zonal 14 por un grupo de concejalas y militantes y nos cuenta que “los primeros cinco años fueron maravillosos, recurrimos a gente que sabía, hicimos talleres, nos ayudó todo el mundo. Cuando hicimos un relevamiento de cuál era el tema más sentido, el problema de violencia doméstica nos pasó por arriba y casi fue el único por mucho tiempo porque era realmente alarmante. Demostramos que diferentes mujeres con diferentes estilos podían trabajar juntas y construimos Comuna Mujer. Un local en Yupes y Victoria que tiene dos días de atención con perspectiva psicosocial”.

En materia de legislación, en 1995 se incorporó al Código Penal el delito de violencia doméstica y en  2002 se votó de apuro, luego de un episodio brutal de asesinato por un hombre de esposa e hijos, la Ley 17514 que entre otras cosas define la violencia doméstica como “toda acción u omisión, directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva basada en la cohabitación y originada por parentesco, por matrimonio o por unión de hecho”. La ley, que persigue la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia doméstica también define sus distintas manifestaciones: la física, la psicológica o emocional, la sexual y la patrimonial. Al mismo tiempo creó en la órbita del MEC, el Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica que debe estar integrado por el Ministerio del Interior, MSP, INAU, el Poder Judicial, la ANEP, el Congreso de Intendentes y las ONG. La ley habilita también, por primera vez, la denuncia de terceros. Ahora los testigos pueden elegir entre sostener una situación de violencia doméstica o ayudar a sostener la denuncia.

En 2004 se crean cuatro Juzgados de Familia Especializados, llamados “de Violencia”. Un estudio coordinado por la Lic.T.S. Alicia Tommasino en 2008, consideraba que los juzgados si bien son necesarios son insuficientes y que aunque el número de denuncias que recibe ha ido en aumento, la mayoría de las víctimas recurren en primer lugar a la policía. De esta demanda surgió la importancia de preparar al personal policial. La Guía de Procedimiento Policial, de abril de 2008 intentó cubrir esta necesidad y lo más importante es que asumió la violencia doméstica como un problema de seguridad ciudadana.

“En el 2005 con el gobierno progresista se creó, siguiendo las recomendaciones de las Conferencias Internacionales sobre la situación de las mujeres (Viena, Nairobi, El Cairo y sobretodo Beijiing) un mecanismo de género encargado de diseñar, ejecutar y monitorear  políticas públicas encaminadas a lograr la equidad entre varones y mujeres. Se llamó INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES. Fue un cambio conceptual y de enorme importancia para la instalación del tema de la igualdad de género en nuestra sociedad”, subraya Cecilia Anández, coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe por la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) con 18 años de trabajo como abogada en la Casa de la Mujer de la Unión. “El Instituto diseñó el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos 2007 -2011, la gran política pública hacia las mujeres del Uruguay que se está ejecutando aún. Fue un cambio sustancial a partir de la creación de este mecanismo de género con cabeza feminista y de izquierda. Hubo otros, la creación del Consejo Nacional de Políticas Públicas para la Igualdad de Género, formado por la institucionalidad del Estado y la sociedad civil, incluida la Academia. Se comenzó a trabajar con fuerza el tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial, se creó en este sentido una mesa interinstitucional que ha dado pasos interesantes”.

El marco normativo también se fue complementando con el Decreto 494/2006 del MSP. Entre otras cosas el mismo establece que se debe incluir un Formulario sobre Violencia Doméstica en las historias clínicas de mujeres mayores de 15 años y define cuáles son las prestaciones a las que la usuaria tiene derecho. Hay también un mapa de ruta en la escuela primaria para que las docentes sepan qué hacer cuando detectan un caso de violencia doméstica.

Sin embargo, más allá del marco legal e institucional, seguramente perfectible, la construcción de una contracultura a la hegemónica sigue enfrentando grandes obstáculos  y las estadísticas mostraban en 2009 como responsables de violencia doméstica a las parejas o exparejas en un 87% de los casos. Entre el 2001 y el 2010 sumaron 350 las mujeres y niñas asesinadas en circunstancias de  violencia de género.

A horadar la cultura androcéntrica hegemónica están destinadas las campañas de denuncia que han tenido varios protagonistas y diferente tipo de actividades. Por ejemplo las que se realizan los 25 de noviembre cuando se celebra el día de la No violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida por el 1er Encuentro Internacional Feminista en 1980 y luego ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1998, en honor a tres mujeres dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, duramente torturadas y asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en 1960.

“Mujeres de Negro”, organización social por la paz, nacida en Palestina adquirió en Uruguay un perfil propio y trabaja exclusivamente contra la violencia de género. Ha logrado una importante mediatización del tema y se da cita los primeros jueves de cada mes en la Explanada Municipal. Allí se hacen presentes junto a varias siluetas sin rostro en representación de las mujeres asesinadas.

Recientemente la campaña “ACTIVATE Uruguay para poner fin a la violencia doméstica hacia las mujeres y las niñas”, lanzada en 2008 por el Secretario General de Naciones Unidas como uno de los objetivos del Milenio, se instaló en la explanada del Teatro Solís con la participación del Ballet del SODRE dirigido por Julio Bocca con el apoyo de varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Con la palabra NO, invita a ponerse en marcha, ON, y sumarse mediante diferentes formas de expresión. NO-ON continuará hasta el 8 de marzo de 2011.

Trabajar por un cambio cultural implica también la implementación de políticas de género pensadas no sólo para la mujer sino también para el hombre porque el cambio es necesariamente progresivo y entre todos. El derecho puede ser un elemento de transformación social dependiendo de quién lo aplique pero también del conocimiento o consciencia que tengamos de estos derechos. Las aprobaciones de normas son puntos en un proceso que impactan en las instituciones pero no necesariamente en nuestros discursos y en nuestras prácticas. Sin embargo, estar obligado a aplicar un protocolo, como por ejemplo la Guía de Procedimiento Policial ayuda a la unificación de las prácticas aunque las cabezas aún no estén convencidas.

Anández señala que el principal problema se encuentra en “que no hay nadie que supervise la efectivización de los mandatos judiciales. Muchas de las mujeres que han muerto este año estaban con medidas cautelares.  No hay nadie que supervise que se efectivicen las otras normas tampoco. Pero la reivindicación más fuerte es que haya una efectivización de los mandatos judiciales. La ley quizá tendría que tener modificaciones pero habla en clave de derechos humanos, es preventiva, es civil. La denuncia en la comisaría es la más usada pero es la menos efectiva si bien ha habido cambios no es el lugar más adecuado. La mejor es la Comisaría de la Mujer, donde hay personal más capacitado y la denunciante puede ser mejor escuchada. La otra posibilidad son los juzgados especializados pero es necesario que haya más juzgados y crear juzgados especializados en el Interior. La ley establece la defensoría obligatoria quiere decir que la víctima tiene que tener un defensor de oficio. La ley dice que si la mujer lo solicita no puede haber careo pero si no lo sabe a veces se hace igual, entonces le es difícil mantener la denuncia. La mujer lo vive como otra victimización. Si se ve que existe una situación de riesgo se imponen medidas cautelares la del retiro del hogar del agresor; si la mujer se tuvo que retirar porque estaba en riesgo su vida, la posibilidad de que vuelva al hogar y se retire al agresor. El alguacil es un funcionario judicial que acompaña al agresor para que retire los efectos personales de la casa, hará un inventario si lo estableciera el juez. Si tiene arma, el alguacil debe retirar el arma. Pero después no hay quien supervise las medidas cautelares. El problema es hacer que las medidas cautelares se cumplan.  Recientemente se hizo una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se presentaron todas estas situaciones que violan la Convención de Belém do Pará, que establece un mecanismo de monitorio para estos casos”.

Entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, la Comisión Interamericana de DDHH sesionó y sobre lo presentado por las organizaciones de la sociedad civil comunicó:

“La CIDH manifiesta su preocupación ante la información recibida en una audiencia temática sobre el grave problema de la violencia doméstica en Uruguay y los obstáculos significativos que enfrentan las mujeres al intentar acceder a recursos judiciales para obtener una debida protección, investigación y sanción de estos actos. La CIDH considera particularmente preocupante la información recibida sobre la falta de implementación efectiva de las medidas cautelares que garanticen la protección de las mujeres que han denunciado actos de violencia doméstica, y la influencia negativa de prejuicios discriminatorios en la sanción de estos delitos, entre otros obstáculos identificados. La CIDH exhorta al Estado de Uruguay a continuar adoptando medidas para garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia garantizado en la Convención Americana y la Convención de Belém do Pará, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Según las últimas cifras presentadas por el Ministerio del Interior el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer el número de víctimas este año ascendió a 41. El mismo día se promulgó el Decreto 317/10 que reglamenta la actuación policial en casos de violencia doméstica y se realizó un Seminario destinado al análisis del problema.

La transversalización de políticas como la educación en valores algo que atañe al MEC o la obligación de estar alerta e indagar por parte de todo el personal de salud para detectar estos  casos, algo que atañe al MSP son complementos indispensables de las políticas de cambio pero también parece necesario la protocolización y sistematización de equipos multidisciplinarios de acogida de las sobrevivientes que puedan actuar tanto en un caso de justicia penal como de realojo con el objetivo de  romper el aislamiento de la víctima y ayudarla a recuperar o lograr su autonomía personal. Y se impone también una revisión de nuestras prácticas cotidianas tendientes a corregir un modelo social que ha naturalizado las desigualdades, generacionales, de clase, de etnia y también, de género.

Publicado en Cuadernos de Compañero Nro.2 diciembre/2010

2 comentarios sobre “Ya no

  1. Me parece un exelente relato de situación que informa a muchos que como yo, saben en forma muy irregular lo que ocurre y debo confesarlo, haveces sólo nos enteramos a traves de los informastivos televisivos (!). Gracias, a parte del desarrollo “historico” y cómo se ha abierto espacio el tema en el país y de la necesidad de más herramientas para poder trabajar en todo el país (juzgados especializados) etc. el punto que no me queda claro es : además de enterarnos (lo cual es importante) me parece que el artículo no sugiere que es lo que se puede hacer desde dónde ? a dónde golpear?
    Para que te digan y enseñan a participar y dejar de ser un espectador pasivo por el hecho mezquino (de dudosa realidad) de que “a mi no me ocurre”.
    En fin un gran abrazo y un año nuevo sin Ley de Caducidad y con las cosas más claras en el FA.
    Salú !
    Alfredo.

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