Proclama de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

A LA OPINIÓN PÚBLICA

¿Puede, una persona consciente, sensible, conocedora de la realidad del Siglo XX –con sus horrores pero también sus avances en relación a los derechos y deberes de las personas- pensar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado- votada entre gallos y medias noches en 1986 bajo la prepotencia amenazante de los militares contribuiría a devolver a nuestra sociedad dignidad y paz? Sinceramente creemos que no, que ese mamarracho jurídico destinado a legalizar la impunidad de corruptos, torturadores y asesinos de la dictadura, encubierta por un apenas inteligible nombre, era sólo una aberración y una inmoralidad. Lo dijimos entonces, lo repetimos todo este tiempo y lo reiteramos hoy. En aquel entonces, junto a distintos sectores de la sociedad, oriundos de diversos partidos políticos, de diferentes religiones, de movimientos de distintos orígenes sociales y culturales, conformamos una Comisión Nacional Pro Referéndum con el fin de anular la Ley. Dijimos dos cosas al respecto: que la Comisión se disolvería una vez realizado el referéndum y que acataríamos el resultado. Con mucho esfuerzo, bajo un clima adverso donde apenas contábamos con lugar en la prensa, con sacrificio, nos lanzamos a posibilitar ese imponente acto de democracia directa, el referéndum contra la Ley. Convocábamos a un pueblo que habiendo vivido una larga dictadura, recién empezaba a recuperar el ejercicio de un Estado de Derecho, de una democracia representativa y a conocer mucho de lo acaecido. Fue un duro esfuerzo. Entre el bombardeo de mensajes adversos, mentirosos unos, atemorizantes otros, logramos el número requerido de firmas. Empezaba la etapa destinada a obtener el triunfo electoral. Nosotros votábamos la anulación a través de la papeleta verde (que equivale a la rosada de hoy). Arreció la campaña de los defensores de la impunidad. La prensa grande (radial, escrita y televisiva) optó, al igual que los sectores políticos que la habían votado en las cámaras, por una cerrada defensa de su ratificación. En tanto, a nosotros se nos negaba o se intercedía para que no se nos permitiera el uso de los espacios a los que podíamos acceder pagando. Se hizo un enorme trabajo por el “voto verde”: yendo por las casas, por las localidades, lugares de trabajo y estudio, iglesias, esquinas… tratamos de compensar la diferencia. Perdimos por 42 a 55%

Nuestro grupo, como todos los que integraban la Comisión Nacional Pro Referéndum, cumplimos con la palabra y el deber ciudadano: aceptamos el resultado. Aquel ya lejano 16 de abril de 1989, dijimos: – la ley ratifica la impunidad a los criminales, pero nosotros seguiremos buscando la verdad; es nuestro derecho y nuestro deber para con las víctimas y con el mañana; – aprovecharemos cada uno de sus resquicios para avanzar a la justicia; – continuaremos luchando por el nunca más; – seguiremos forjando la conciencia de nuestro pueblo en la defensa de la libertad y los derechos humanos; – seguiremos cultivando la memoria y rescatando la historia que quieren sepultar. Y así lo hicimos. Estábamos institucionalmente solos; éramos un puñado de personas sin recursos materiales, “a la intemperie”, sin otros fines que los que dijimos.

Fueron años duros en los que, sin embargo, recibimos la solidaridad de muchísima gente: – de los que acercaban información, los que testimoniaban; – de los que no olvidaban, los que nos acompañaban; – de los que nos invitaban a sus ámbitos cotidianos para conocer y para que otros conocieran lo ocurrido; – de los familiares de desaparecidos de países latinoamericanos; – de los que se solidarizaron de mil maneras. Gracias a todo esto pudimos seguir, a pesar de la descarga incesante de la muletilla “está laudado” y la arrogancia de los vencedores.

Después vinieron las marchas, la Comisión para la Paz, algunos juicios, los trabajos de archivo, de historia y de memoria, las excavaciones, la Secretaría de Seguimiento… la época actual que todos conocemos. Como siempre dijimos, estamos comprometidos con la verdad, con la justicia (que incluye la sanción social e internacional y descarta la venganza), con la memoria, con la prevención de los crímenes de lesa humanidad, con la condena al terrorismo de Estado, con la vigencia de la libertad y el Estado de Derecho. Fue el atropello a estas cosas que hizo posible la desaparición forzada de nuestros familiares y destrozó vidas, familias y sociedades. Nosotros padecemos las consecuencias más cercanas del problema, pero es la ciudadanía, la sociedad, en última instancia, la que debe buscar las formas de su mejor solución posible. La dictadura no fue una lucha entre dos demonios. Fue arrebatarle al pueblo su libertad para robarle su destino. Sus consecuencias aún las estamos pagando como país y como pueblo, aunque muchos lo ignoren, otros no lo sientan y otros se desentiendan. Poco a poco la gente ha ido retomando la tarea de reconstruir la sociedad, de rescatar la memoria, de respetar más a las personas, de fomentar el desarrollo humano de todos, de profundizar la democracia, de construir la “felicidad pública”. Hemos tratado y tratamos siempre desde nuestra modestia, de apoyar, con el máximo respeto, a los protagonistas de cada una de estas acciones. En el año 2007, un grupo de ciudadanos planteó realizar un nuevo referéndum. Como grupo analizamos la propuesta de participar en la campaña de recolección de firmas. La estudiamos desde diferentes ángulos: ético, doctrinario, jurídico, político, práctico. Finalmente no hubo acuerdo entre nosotros sobre cuál era el mejor camino a seguir. Por tanto, como Grupo, no nos integramos a esa campaña. Cada uno quedó en libertad, como tantas veces en la vida de nuestra asociación, de adoptar el proceder que estimara más pertinente. Pero es importante remarcar un concepto: la discrepancia estaba en el camino a seguir en la lucha contra la impunidad; no estaba -ni está- en que la ley de caducidad es nula, aberrante e inmoral. Desde que se votó estamos contra ella. Hoy, el esfuerzo de la Coordinadora dio sus frutos. Se consiguieron las firmas. El 25 de octubre estamos convocados. El pueblo tiene planteada la opción. Sabemos que hay muchas personas que tienen dudas sobre la conveniencia de este referéndum. Son dudas del pasado. Ahora sólo podemos optar por anular la Ley. Nada puede traer peores consecuencias a la causa de los derechos humanos, a la dignidad de nuestro pueblo y de nuestro país, que se ratifique por segunda vez la infame ley de impunidad.

Madres y Familiares va a estar junto a los compañeros de la Coordinadora este 29 de julio. Ello no implica que ahora nos integremos a la Coordinadora, sino que expresa nuestro compromiso de sumar esfuerzos para la anulación de la Ley. Por tanto, invitamos a cada uno de nuestros compatriotas, cualquiera sea su partido político, su religión, su edad o cualquier otra peculiaridad, a reflexionar seriamente la decisión que adoptará. Apelamos a lo más profundo de su razón y de su corazón, para dar otro paso más para derrotar la impunidad de los criminales; para favorecer el camino de la verdad y la justicia.

Llamamos a sumarse a la campaña para que en octubre finalmente podamos anular la Ley que ampara a los criminales y menoscaba la dignidad de los orientales. Para seguir construyendo la dignidad, sobre la base de la verdad, la justicia, la memoria y el nunca más, convocamos a votar SI a la anulación.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

29 de Julio 2009

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